María Julia Hernández, directora del servicio legal del arzobispado de San Salvador, anunció ayer que ha gestionado ante un tribunal salvadoreño la reapertura del juicio por la llamada matanza de El Mozote, uno de los episodios más cruentos de la guerra civil en esta nación centroamericana. Hernández, quien fue asistente del asesinado arzobispo Óscar Romero, […]
María Julia Hernández, directora del servicio legal del arzobispado de San Salvador, anunció ayer que ha gestionado ante un tribunal salvadoreño la reapertura del juicio por la llamada matanza de El Mozote, uno de los episodios más cruentos de la guerra civil en esta nación centroamericana. Hernández, quien fue asistente del asesinado arzobispo Óscar Romero, señaló que el arzobispado ha recabado pruebas y realizado gestiones para que se juzgue uno de los crímenes que más han dañado «la dignidad humana». «Es una vergüenza que El Salvador insista en mantener en la impunidad estás atrocidades», señaló la abogada.
La matanza de El Mozote fue una operación contra la guerrilla iniciada el 8 de diciembre de 1981 y culminada cinco días después en una extensa zona del municipio de Meanguera (Morazán). El centro neurálgico se ubicó en el caserío de El Mozote, donde el ejército creía que existía una base de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Testimonios de supervivientes indican que, debido a la persecución, los hombres de dichos caseríos habían huido, de tal forma que en la zona quedaron familias indefensas, especialmente mujeres, ancianos y menores de edad.
Según los datos del arzobispado, más de 1.000 personas fueron asesinadas, y se conoce la identidad de 809 de éstas. De todo esto tiene constancia la ONU, a través del informe de la Comisión de la Verdad, y la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estudia el caso en la actualidad.
La presidenta de Tutela aseveró que una de las pruebas que existen ahora y no había en 1994 ?cuando se sobreseyó la causa contra los implicados de acuerdo con la Amnistía General de 1993? son los restos exhumados de diversas fosas comunes, que fueron localizadas gracias a supervivientes y a las labores de un equipo argentino de antropología forense. «En la fosa 1, conocida como el convento, y ubicada detrás de la parroquia, se localizaron 143 esqueletos, 136 de los cuales pertenecían a menores de edad que tenían una edad promedio de seis años. De todos los masacrados, el 70% eran menores de edad».
La demanda de reapertura, basada en que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no se pueden amnistiar, se presentó el 23 de noviembre pasado al juez Jorge Alberto Guzmán. Se pide al juez que ordene, entre otras acciones, que se extradite de Estados Unidos al general retirado Guillermo García, ex ministro de Defensa, así como la detención provisional de otros cuatro altos oficiales, entre ellos el ex jefe de la Aviación, Juan Rafael Bustillo. «Si el Gobierno dice que está en contra de reabrir heridas, lo que le decimos es que la verdad y la justicia lo que hacen es cerrar heridas. Queremos justicia y cerrar paso a la impunidad que avergüenza a El Salvador», declaró María Julia Hernández.