Es habitual oir a los integrantes del elenco de gobierno -trátese del Presidente de la República como de sus Ministros, directores de Entes y Organismos descentralizados o legisladores- decir que gobiernan con la Constitución de la República en una mano y el Programa aprobado por la ciudadanía el 31 de octubre en la otra. Es […]
Es habitual oir a los integrantes del elenco de gobierno -trátese del Presidente de la República como de sus Ministros, directores de Entes y Organismos descentralizados o legisladores- decir que gobiernan con la Constitución de la República en una mano y el Programa aprobado por la ciudadanía el 31 de octubre en la otra.
Es más, cada vez que la prensa consulta sobre algún elemento que parece no adecuarse a las definiciones programáticas o incluso constitucionales, el gobierno ratifica que no se ha apartado de esa letra, trátese de la reforma constitucional del Agua, las empresas públicas, los acuerdos con el FMI, Derechos Humanos, la salud reproductiva por nombrar algunos de los temas más discutibles.
El conflicto que surgió en GASEBA denunciando tratativas secretas entre la empresa francesa y la PETROBRAS, es una de esas cuestiones que daría como para que el gobierno demuestre en los hechos el cumplimiento del programa, como también lo son el agua, ANTEL, ANCAP, etc.
La Compañía del Gas así como Pluna fueron de los temas que -tras el acuerdo del FA con fuerzas no frenteamplistas -inclusive el Foro Batllista de Sanguinetti- se quitaron del texto sobre las empresas públicas a plebiscitar en 1992, quedando sólo ANTEL. Hecho que hizo posible a la postre la privatización de ambos Entes.
No podemos dejar pasar por alto el giro inesperado que tomo el coflicto de GASEBA que encuentra unidos en este momento, intereses de trabajadores y de gobierno -como surge de las declaraciones de voceros tanto de uno como de otro lado- en torno a un acuerdo rápido con Petrobras.
Debemos expresar la extrañeza que nos provoca que el reclamo de los trabajadores de GASEBA, como del sector de la Energía o el propio PIT-CNT quienes históricamente se han manifestado contrarios a las privatizaciones y así lo ha expresado en todas las instancia de lucha en defensa del Patrimonio Nacional, no sea porque ANCAP, que tiene un porcentaje de las acciones del Gasoducto del Sur, asuma el control de GASEBA.
LLama la atención que se llegue al extremo de ir a pedirle al embajador brasileño en Uruguay y al Canciller de la República que viaja este lunes a Brasilia para que «apuren» a la PETROBRAS.
Es incomprensible que luego de una propuesta de asociación con ANCAP como la que hizo la petrolera brasileña, trabajadores y gobierno reclamen su presencia en nuestro país. Pero volvamos al Programa aprobado por la ciudadanía y que surgió del Congreso del Frente Amplio, ratificado posteriormente por la dirección del EP y de la NM, y veamos que fue en concreto lo que se resolvió en materia de empresas públicas y su privatización o -como se suele decir ahora- las «concesiones» o «tercerizaciones» de estos servicios
El programa dice:
«En nuestro país, con el retorno a la democracia, los sucesivos intentos reformistas de corte neoliberal de los partidos tradicionales tienen como mentores y/o coordinadores a los organismos financieros internacionales y buscan demonizar al Estado, no para destruirlo, sino para transformarlo en un instrumento funcional a la estrategia global neoliberal. La resistencia popular, cuya máxima expresión fue el resultado del plebiscito de 1992, impidió en esa coyuntura que lograran su objetivo; más allá de que persisten con sus claras intenciones de desmantelar el Estado bajo las más diversas formas e iniciativas. Conforme a derecho, el gobierno progresista procederá a examinar la legitimidad de las operaciones realizadas, a aplicar el más estricto control del cumplimiento de obligaciones y, caso a caso, a la eventual adecuación contractual posible, en aquellas áreas prioritarias en el marco de una estrategia de transformaciones orientadas a la salvaguarda del auténtico interés nacional.» (Eje Democratización de la Sociedad y el Estado).
Hasta ahora, que sepamos, el único contrato revisado fue el de la consesión de la Ruta 1 y el de Uragua -este último realizado durante el gobierno de Jorge Batlle-. No se han evaluado ni se ha anunciado voluntad de hacerlo, los contratos con las restantes concesionarias de agua o de telecomunicaciones o de la propia GASEBA, más allá de las denuncias de incumplimiento denunciadas por los respectivos gremios. Nada se sabe de las restantes concesiones en la ANP, en AFE u otras áreas de transporte.
Este control no sólo está en el Programa sino que fue anunciado -desde Francia- por el actual Presidente de la República como fue citado por agencias internacionales y diarios nacionales en aquel momento (El Observador, La Juventud). Pero el Programa no se quedó sólo en la revisión de los contratos sino que fue más allá y al marcar los objetivos de este gobierno en su introducción no solo claro es clao sino contundente.
El programa expresa:
«Debe quedar claro que el Uruguay necesita un cambio real que sólo se alcanzará con un proyecto que se proponga recuperar el sentido de nación a partir de una posición de soberanía. De esta manera necesitamos recuperar para el Estado el control de las áreas estratégicas, de modo de transformarlo en una herramienta a favor de los intereses nacionales. Para fortalecer a la sociedad con la descentralización del aparato estatal y para poner al servicio de la producción y el empleo las palancas de desarrollo que posee. Todo en el sentido de servir al país, dentro de los valores democráticos y republicanos.»
Estas citas son por demás suficientes como para legitimar por ejemplo, que el gobierno pueda asumir ya el suministro y distribución del agua potable en Maldonado y Canelones y cumplir no sólo con el programa sino también con la Constitución de la República, como es norte de este gobiernos según lo ha planteado reiteradamente el SR. Presidente de la República.
La cita de estos párrafos del Programa son suficientes, también, como para revisar la subasta de ANTEL y rever una medida que afecta no sólo la soberanía del país sino el desarrollo económico como denuncian integrantes de la Unidad de Telecomunicaciones de la CIP; esto da para revisar los incumplimientos en que ha caído GASEBA y recuperar para «el Estado un área estratégica.» Es más habilitan al gobierno, en cumplimiento del programa a que el Estado recupere PLUNA y el uso de bandera nacional en la navegación aérea y a AFE tal y como lo sostiene el documento de apoyo de las Grandes Líneas en materia de políticas de transporte.
Entonces, el Programa y la Constitución están, la expresión de voluntad del gobierno por cumplir con ambos, también. Lo único que falta entonces, es que se lleve a la práctica.