Solo el «derecho colectivo a soñar» puede ser tan o más importante que los derechos humanos en su concepción más amplia -económicos, sociales, culturales y de la persona-. El derecho a soñar es sinónimo de búsqueda de alternativas, en lo micro, en lo macro, en una construcción social cotidiana o en la elaboración de conceptos […]
Solo el «derecho colectivo a soñar» puede ser tan o más importante que los derechos humanos en su concepción más amplia -económicos, sociales, culturales y de la persona-. El derecho a soñar es sinónimo de búsqueda de alternativas, en lo micro, en lo macro, en una construcción social cotidiana o en la elaboración de conceptos y teorías que promueven el bien común. Una apuesta a comprender de otra manera el planeta, la solidaridad internacional y las múltiples y variadas relaciones entre los seres humanos.
Tierra, democracia social, ética colectiva
Un municipio donde cada trabajador gana lo mismo, en torno a 1.200 euros -por 35 horas mensuales de trabajo-, en una España que sigue sumida en su fuerte crisis estructural y en una Andalucía donde las cifras de desempleo superaban en 2014 el 30 % de la población económicamente activa.
Marinaleda, con apenas 25 kilómetros cuadrados y menos de 3000 habitantes, su economía fundamentalmente agrícola y un gobierno de izquierda desde hace 35 años, ha logrado consolidar un modelo «alternativo-micro» de sociedad. Con 15 euros por mes cada familia puede contar con una vivienda. Los precios de los servicios son reducidos; la guardería con comedor no cuesta más de 12 euros mensuales por niño.
Un Estado social resultado de otra forma de hacer y entender la participación y la política. Y en el cual el partido que gobierna y el fuerte sindicato agrícola refuerzan mutuamente sus sinergias usando los instrumentos institucionales del Ayuntamiento para implementar avances sustantivos tras una concepción de democracia social efectiva.
Si la lucha por la tierra -con ocupaciones, huelgas, protestas de diversos tipos – fue la palanca que propulsó los avances sociales, el combate lleva décadas y exigió paciencia y creatividad, en una región de gran concentración rural donde el 2 % de los propietarios poseen más del 50 % del terreno. Pero la agricultura no resultaba suficiente y se implementó entonces una propuesta de industria local a través del Grupo Cooperativo Humar que permite desarrollar el sector secundario -fábrica de conservas-, la mejor arma contra el desempleo, que en Marinaleda es inexistente.
La «utopía hacia la paz», tal como lo indica el escudo-logo de Marinaleda, se fue concretando en una construcción participativa amplia que acepta hoy con toda certeza que «el poder no es neutro». Experiencia solventada en una estricta rigurosidad ética que se expresa, por ejemplo, en la decisión de los gobernantes del Ayuntamiento de no tener salarios ni bonificaciones especiales. Y que hoy, en 2015, sigue moldeando un proyecto alternativo basado en la solidaridad humana.
Los «sin tierra» piensan en la sociedad entera
A casi 10 mil kilómetros de ese laboratorio andaluz, el Movimiento de los Trabajadores rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, que realizó en febrero del 2014 su 6to congreso con la participación de miles de delegados, ejercita cotidianamente su «derecho colectivo a las alternativas».
Considerado uno de los actores sociales más importantes del continente latinoamericano, promotor destacado de la red internacional Vía Campesina, ha integrado en torno a la lucha por la tierra y la reforma agraria toda una nueva concepción de poder.
Cada nueva ocupación de extensiones improductivas se acompaña, como primer acto simbólico, de la construcción de una escuelita para los hijos de los ocupantes. Cada movilización rural busca reforzarse con una amplia alianza ciudadana. Los cargos dirigentes son rotativos; se da un ir y volver permanente de la dirección (coordinación) a las bases y viceversa; no existe ni presidente ni secretario general y la conducción es colectiva y descentralizada.
En los últimos años, las luchas comunes y consensuadas se han convertido casi en una obsesión política para el MST. Abriendo su acción a otros actores del mundo rural, del urbano, de la academia, de la sociedad civil en general, para lograr una articulación más integral de sus objetivos y combates en sinergia.
Uno de los objetivos actuales más trascendentes para el MST es la soberanía alimentaria. Lo que implica confrontar al modelo de producción del agro-negocio -con su prioridad exportadora- y denunciar activamente, por ejemplo, el uso abusivo de tóxicos. Cada brasilero consume hoy en sus alimentos unos 5 litros de veneno por año y la confrontación contra ese esquema debe ser obra del conjunto de la sociedad brasilera, que debe incluir, también, según el MST, el debate por un cambio de paradigma en el campo.
El MST ha logrado ya que más de 400 mil familias obtengan parcelas. Centenas de cooperativas y asociaciones en los asentamientos aseguran la producción de alimentos. Completada por el desarrollo – al igual que en la experiencia andaluza de Marinaleda- de la agro-industria. Los «Sin Tierra» contestan el modelo que considera a la tierra como una simple mercancía, que pregona el mono-cultivo, que visualiza en la agro-exportación su principal objetivo y que desprecia totalmente la naturaleza, el medio, el suelo y el ser humano mismo. Y fortalecen el paradigma de la producción familiar agro-ecológica que se sustenta en la cooperación agrícola con el necesario ingrediente de la agro-industria. El MST es ya, por ejemplo, en Río Gran del Sur, uno de los principales productores del arroz bio debidamente certificado. Miles de toneladas de sus productos agrícolas enriquecen -con debidos acuerdos oficiales- la dieta básica de los escolares en todo el Brasil.
Las ciudades del futuro
De la campaña a los centros urbanos, solo un paso a recorrer. Del arroz biológico certificado en Río Grande del Sur al presupuesto participativo como herramienta de democracia directa, apenas facetas de un mismo y novedoso ejercicio del «derecho a soñar».
Porto Alegre, la capital de ese Estado sureño de Brasil, se lanzó a la invención de esta herramienta. Corría el año 1989 y el Partido de los Trabajadores (PT) acababa de ganar las elecciones en ese municipio. Momento oportuno para someter las prioridades financieras y presupuestarias a un ejercicio gradual y paulatino de análisis colectivo, a través de asambleas de ciudadanos que designan delegados, y que van desde los barrios y comarcas hasta la ciudad entera.
Sería la experiencia novedosa del presupuesto participativo el imán que atrajo la convocatoria en dicha ciudad al 1er Foro Social Mundial en 2001, que luego de 14 años de existencia y nueve cónclaves centralizados realizados en tres continentes diferentes, se ha convertido en el espacio de reflexión e intercambio más amplio con el que cuenta actualmente la sociedad civil planetaria organizada. Y que ahora vuelve a auto-convocarse para la última semana de marzo 2015 en la capital de Túnez.
A poco más de 25 años de esa primera experiencia brasilera de presupuesto participativo, más de 1’500 ciudades del mundo entero de las más diversas dimensiones -Brasilia, Buenos Aires, Bolonia, Sevilla, Málaga, Portland, Ontario, Yokohama etc. – lo ejercitan actualmente en sus más diversas variantes y modalidades.
La ciudad del mañana está en construcción, enfatizan urbanistas comprometidos socialmente, quienes en estos últimos años enriquecen conceptos y propuestas. Los millones de amenazados de expulsiones urbanas constituyen el rostro humano del trágico decorado social. Y Brasil es un caso emblemático visible internacionalmente por los costos sociales que implicó la construcción de los estadios para albergar el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016. «Todo individuo debe apropiarse del conjunto de la ciudad», enfatizan. Y esto significa disputar los espacios públicos, luchar por el agua potable, la construcción de escuelas y dispensarios, cloacas y transporte colectivo.
Y en este marco, las alternativas proliferan en el mundo en paralelo a la agudización de las tensiones urbanas como resultado de la concentración excesiva. Por ejemplo las más de 250 Community Land Trust, estructuras colectivas de propiedad terrena nacidas en Estados Unidos a partir de los años 80. Y que ahora se extienden a China e India. O bien las cooperativas de propiedad en otras tantas ciudades del planeta con la intención de favorecer una democratización del acceso a la propiedad urbana con sentido social. Así mismo las propuestas de agricultura urbana o periurbana en expansión; los huertos colectivos; y tantas otras iniciativas socio-culturales barriales que intentan modificar los paradigmas de pertenencia y apropiación ciudadana. Y que se suman a otras tantas formas de cuestionamiento a los valores hegemónicos del sistema dominante.
Las Zonas a Defender (ZAD), espacios de resistencia
Ejemplo emblemático de la movilización resistente en Europa. Son experiencias de resistencia ciudadana que por decenas atraviesan el territorio francés y se extienden en otros países y regiones – Bélgica, el País Vasco, etc.- reactualizando una metodología de lucha basada en la ocupación territorial. Su objetivo principal: oponerse a los GPII (Grandes Proyectos Inútiles e Impuestos), pretensiosas obras de «desarrollo» que no tienen en cuenta ni del medio ambiente ni la consulta de las poblaciones aledañas.
Zonas de construcción diferidas (según los promotores inmobiliarios), Zonas a Defender (ZAD), según los resistentes, son espacios para vivir, -es decir superficies ocupadas con otro paradigma de vida-, resultantes de luchas, en particular, contra grandes proyectos de infraestructura.
Sean éstos el «pospuesto» aeropuerto de Notre-Dame-des Landes, en la Loire atlántica; o la fallida represa concebida para la irrigación en el Tarn -cuyas protestas costaron la vida en octubre del 2014 del militante Remi Fraisse- ; o en la región del Rhône contra el Gran Estadio de «l’Olympique lyonnais».
Luchas tenaces, muchas veces heroicas y de largo alcance – de meses, años, e incluso lustros- que cuestionan radicalmente valores de crecimiento, producción, consumo y propiedad, para proyectar una nueva forma de ciudadanía y responsabilidad colectiva. Otro «mundo posible», ya, aquí, ahora.
Existe otro pensamiento posible…
En los últimos años, de la mano especialmente de la explosión de la participación indígena en nuevos procesos políticos latinoamericanos – Bolivia, Ecuador etc.- fue consustanciándose la concepción del «Buen Vivir» como una alternativa al desarrollo convencional. Concepto fuertemente presente en gran parte de los pueblos indígenas del continente pero que gana en visibilidad política en las nuevas constituciones de esos dos Estados andinos.
La nueva relación con la «Madre Tierra»; la ruptura con la lógica antropocéntrica tan propia al capitalismo y al socialismo real; el cuestionamiento a conceptos hasta ahora invulnerables como el de desarrollo y crecimiento; ha ido abriendo un marco que realimenta también en el Norte reflexiones interesantes.
Por ejemplo las teorías/concepciones como las del «descrecimiento», que han ganado espacio intelectual en Francia, Suiza y otros países europeos.
Sin subestimar la revitalización de la reflexión sobre el «eco socialismo», que si bien no es nueva, adquiere cierta actualidad en el debate actual europeo a la luz, especialmente, de la crisis del pensamiento social demócrata.
Incluyendo el nacimiento de nuevas «teorías» como las del «bien común» o «bien público», en tanto proyecto económico abierto a las empresas que busca implantar una economía sostenible y alternativa a los mercados financieros.
Incorporando también las constantes reflexiones sobre la comunicación alternativa como necesidad y condición ideológica para acercar mundos, promover la conjunción de experiencias, revitalizar el debate sobre conceptos y paradigmas.
Prácticas locales, experiencias globales, teorías reanimadas, nuevas formas de pensamiento…Una búsqueda concreta, un zigzag propositivo, un ejercicio activo del «ciudadano global» para no negociar su derecho a soñar. Y revitalizarlo colectivamente entre el 24 y el 28 de marzo en el próximo Foro Social Mundial de la capital tunecina.
Sergio Ferrari en colaboración con la Agenda Latinoamericana 2015 y E-CHANGER/COMUNDO