Con la mayoría parlamentaria casi asegurada, y un 48% en la primera vuelta, el Frente Amplio llegará al balotaje del 30 de noviembre -donde seguramente revalide la presidencia- con una idea: aprobar la ley de servicios de comunicación en diciembre, antes de que José Mujica le entregue la banda presidencial, casi con seguridad, a Tabaré […]
Con la mayoría parlamentaria casi asegurada, y un 48% en la primera vuelta, el Frente Amplio llegará al balotaje del 30 de noviembre -donde seguramente revalide la presidencia- con una idea: aprobar la ley de servicios de comunicación en diciembre, antes de que José Mujica le entregue la banda presidencial, casi con seguridad, a Tabaré Vázquez. Así continuará con las medidas progresivas que el FA ha impulsado desde que llegó al gobierno, en 2005.
En diciembre de 2013, la Cámara de Diputados de Uruguay consiguió la media sanción para el proyecto de ley de servicios de comunicación. Desde ese momento, el proyecto no se movió a diputados, en un compás de espera que mucho tuvo que ver con el año electoral, y todo lo que ello genera. Sin embargo ahora, confiado en un nuevo triunfo el próximo 30 de noviembre, y con la mayoría casi confirmada en el Congreso, fue el propio Tabaré Vázquez el que lanzó recientemente la frase «esta ley es impostergable», demostrando que su aprobación será de primer orden antes del fin del mandato de José Mujica. «Si bien esta administración aprobará una ley largamente esperada, será responsabilidad del próximo gobierno su reglamentación, implementación y cumplimiento», dijo Tabaré, quien cree que el Senado puede tomar el caso en diciembre y resolver, en favor de la propuesta presentada por el oficialismo.
Probablemente el artículo 10 sea el que mejor grafique la importancia de esta nueva legislación: allí se consagra que «el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisuales, en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios, así como reconociendo y promoviendo la existencia de servicios de comunicación audiovisual comerciales, públicos y comunitarios». Más adelante, el artículo 22 es más específico en cuanto a los nuevos medios -y sus prerrogativas-, al reconocer que «el derecho a la libertad de expresión comprende el derecho de todas las personas a fundar, instalar y operar cualquier clase de servicio de comunicación audiovisual». Como se ve, un articulado progresivo, en sintonía con el ya aprobado en otros países de la región -Argentina y Ecuador, entre otros- y al que se comienza a discutir -aún embrionariamente- en Brasil.
El propio José Mujica había afirmado, en 2013, que el proyecto «procura establecer derechos y obligaciones claras y precisas, contemplar procesos transparentes y respetuosos del debido proceso», tras la manipulación de algunos medios hegemónicos sobre el contenido de la ley. De conseguirse su aprobación en diciembre, sería un nueva conquista de su gobierno, tras la aprobación de otras importantes legislaciones por parte de la iniciativa de las administraciones del Frente Amplio, tales como la ley de matrimonio igualitario; de salud sexual y reproductiva; de participación política; de identidad de género; de trabajo doméstico; y de empleo juvenil.
La reciente primera vuelta, donde con 48% el Frente Amplio consiguió rozar el triunfo casi sin la necesidad de acceder al balotaje, ha sido el espaldarazo que le otorgó la necesaria solidez al Frente Amplio para avanzar en la resolución de este tema. También, claro, la hegemonía de votos que dentro del Frente Amplio logró el espacio de José Mujica, uno de los principales impulsores de esta medida que podría ayudar a paliar una situación claramente monopólica: tres grupos -Romay, De Feo/Fontaina, y Cardoso/Scheck- manejan la casi totalidad del mercado de televisión abierta en el país.
Juan Manuel Karg (@jmkarg). Analista Internacional