El gobierno progresista no se propuso en ningún momento desmantelar el aparato represivo policial-militar, y ahora está pagando las consecuencias. Varios acontecimientos recientes están demostrando que no basta con designar a personas probas y confiables para dirigir los ministerios que tienen a su cargo las fuerzas armadas y policiales para que esas fuerzas actúen en […]
El gobierno progresista no se propuso en ningún momento desmantelar el aparato represivo policial-militar, y ahora está pagando las consecuencias. Varios acontecimientos recientes están demostrando que no basta con designar a personas probas y confiables para dirigir los ministerios que tienen a su cargo las fuerzas armadas y policiales para que esas fuerzas actúen en consonancia con los nuevos tiempos. Es así, que -de hecho- en estos momentos el gobierno tiene en el seno del Estado a una «Quinta Columna» (*) que opera en su contra.
Los vergonzosos «Informes» del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que incluso debieron (y seguramente deberán) ser «ampliados» una y otra vez a medida en que iban quedando en evidencia sus mentiras y sus ocultamientos, demuestran que, o los mandos no son confiables, o no tienen la autoridad suficiente como para ordenar a sus subordinados decir la verdad de una vez por todas. Es así que el presidente Vázquez fue dejado en ridículo por haber confiado en ellos, y afirmar que se había encontrado la tumba de María Claudia García de Gelman «con un 99% de certeza».
Lo mismo parece estar sucediendo en la Policía. Mientras el ministro José Díaz propugna el diálogo y la negociación, muchos de sus subordinados siguen aplicando las mismas deleznables prácticas heredadas de la dictadura y cultivadas durante los anteriores gobiernos democráticos. Todos en Montevideo sabían que el viernes 4 la movida en la Ciudad Vieja iba a ser «pesada». Sin embargo, las fuerzas policiales recién comenzaron a actuar cuando los hechos estuvieron consumados, reprimiendo en lugar de prevenir. Como lo dijo el ministro José Mujica: «la policía llegó tarde y mal». Y aquí hay sólo dos opciones: o los mandos policiales son una manga de inútiles, o se demoraron a propósito.
Pero además, el gobierno progresista tiene también una «Quinta Columna» insospechada en el sistema judicial. Por un lado, tiene fiscales como Raúl Moller, que se abrogan la potestad de la pretensión punitiva del Estado e impiden que se investiguen los casos que el Poder Ejecutivo excluye expresamente de la Ley de Caducidad, como es el de María Claudia García de Gelman. Por otro lado, tiene jueces como Fernández Lecchini, que lo ponen en la situación más incómoda posible, al juzgar a los presuntos participantes de los desmanes en la Ciudad Vieja por sus ideas y no por sus actos. (» – ¿Usted profesa un ideal anticapitalista? Nombre alguna organización o partido político capitalista o imperialista», le preguntó el juez a uno de los detenidos, y éste contestó: » – El Frente Amplio»).
El gobierno progresista se mueve en un terreno muy pantanoso y parece no darse cuenta de ello. Peca de ingenuo al creer que los mismos policías y militares que reprimieron al pueblo durante décadas, se pueden «reciclar». Ha promovido a varios militares acusados de violadores de los derechos humanos; y mientras los mismos policías sindicalizados exigen el desmatelamiento del «aparato represivo de la dictadura», también ha promovido a varios policías condenados por la represión en el hospital filtro en 1994 (ver www.serpaj.org.uy/inf97/filtro.htm). Los bretes en los que lo ha metido esta «quinta columna» militar-civil-judicial, deberían de provocar en el gobierno una fuerte e inmediata reacción, so pena de -por ingenuo- pagar las culpas de otros. A no ser que las cosas sean de otro modo, y el ingenuo sea quien escribe…
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(*) No hay consenso sobre el origen de la expresión «quinta columna», pero todo indica que surgió en la Guerra Civil española, durante el asedio de Madrid por cuatro columnas de las tropas fascistas. Al parecer, unos u otros, sublevados o asediados, acuñaron el concepto «quinta columna» para referirse a los madrileños que, desde el interior de Madrid, y siendo parte de la población civil, trabajaron y conspiraron para facilitar la entrada de las tropas fascistas en la capital española.