El gobierno electo lo dejó establecido en el programa de gobierno que entregó a los partidos políticos, en su anexo destinado a las «orientaciones de la conducción económica del gobierno electo». Entre las propuestas establecidas para duplicar la tasa de inversión bruta interna se incluye, «estimular la conformación de un ámbito propicio a la inversión, […]
El gobierno electo lo dejó establecido en el programa de gobierno que entregó a los partidos políticos, en su anexo destinado a las «orientaciones de la conducción económica del gobierno electo». Entre las propuestas establecidas para duplicar la tasa de inversión bruta interna se incluye, «estimular la conformación de un ámbito propicio a la inversión, por la vía del establecimiento y el mantenimiento de reglas claras de juego, el respeto a los contratos y la promoción de las ventajas que ofrece el país, especialmente en el entorno regional.»
En ese marco, el gobierno de izquierda respetará los contratos vigentes, y sólo hará caer una determinada concesión, en caso de incumplimiento.
En tal sentido, las autoridades del gobierno electo mantienen contacto con representantes de la empresa Uragua, un consorcio conformado por una empresa pública vasca, que en España se dedica al suministro de agua potable y saneamiento en el País Vasco. Las autoridades de la concesionaria radicada en Uruguay, manifestó su disposición de retirarse del país y dejar de prestar el servicio de suministro de agua potable y saneamiento. Este consorcio extranjero, está conformado por la estatal Aguas de Bilbao, Iberdrola y BBK.
El designado subsecretario de Vivienda Jaime Igorra manifestó a LA REPUBLICA que se están manteniendo reuniones «de forma serena» con este consorcio, donde el Estado español tiene su participación, «a fin de lograr las garantías para todas las partes», ya que esta empresa, «no tiene interés en desprestigiarse».
Puso como ejemplo, el negocio que realizara Ancap en Argentina, y que si se llegara el caso de que todas las estaciones de servicio pasaran a manos del Estado argentino, nuestro país no podría retirarse «de la noche a la mañana».
El futuro jerarca informó que en una de las reuniones mantenidas con esta empresa, sus representantes manifestaron que no tienen la posibilidad económica de hacerse cargo del saneamiento en el departamento de Maldonado, ya que lo recaudado por la prestación del servicio, apenas alcanza para hacer frente al pago del canon al Estado, que son mensualmente unos U$S 600 mil.
Sobre el resultado de la reforma constitucional que haría caer las concesiones actuales, Igorra dijo que existen dos interpretaciones: una que los contratos hechos en buena fe hay que respetarlos, y otros que aseguran que las concesiones caen de forma inmediata. «Esta situación deberá dirimirla el próximo gobierno con el tiempo y con la mayor paciencia posible.»
Aclaró que la empresa, por el momento deberá seguir prestando el servicio y en caso de retirarse, será el Estado el que marcará las pautas.
Indicó que «afortunadamente» Uragua está prestando correctamente la distribución de agua potable, pero manifestó que no está en condiciones de realizar el saneamiento. No obstante, el subsecretario designado dijo que hasta el momento no está en condiciones de responder si será OSE la que se encargará de realizar la evacuación de estas aguas en Maldonado. Sobre la manifiesta falta de rentabilidad de la empresa vasca, Igorra afirmó que a la concesionaria se le dijo que tenía asegurada la clientela en Maldonado y Canelones, pero que a mediados del 2002, la realidad fue diferente, y la ecuación económica desde ese momento le fue perjudicial a Uragua. Es que el canon lo debían pagar a un dólar en alza, mientras cobraba las tarifas a un peso devaluado.
Recordó que en su momento la concesionaria de Maldonado solicitó la pesificación del canon, teniendo en cuenta que la Intendencia capitalina había modificado el contrato con la empresa encargada de las obras en el Hotel Carrasco. Pero eso no se dio.
Igorra advirtió que el Estado debe cumplir con la responsabilidad de encargarse del saneamiento y la distribución de agua potable, aunque precisó que el gobierno electo resolvió en su programa de gobierno que los contratos se cumplen, y que el resultado del plebiscito está sujeto a interpretación constitucional.
Aclaró que «la bomba hasta el 1º de marzo la tiene el gobierno actual», y que luego buscarán las soluciones serenas en tiempo y forma.
El subsecretario designado indicó que los uruguayos apoyaron la reforma constitucional, bajo la advertencia de la Universidad de la República de que este tema se votó sin una suficiente discusión.
Granucci crítico
En cuanto al destino de la empresa Uragua, el director forista de OSE, Hugo Granucci, manifestó a LA REPUBLICA: «Ya todo está arreglado. El gobierno electo modificará todo lo que se aprobó en el plebiscito.
No expropiará ni los tajamares y a Uragua le modificará el canon y el programa de obras.»
Tomás Castro, director nacionalista del ente del agua, señaló que Uragua «saca mucho más dinero que para pagar el canon. Acá nos quejamos todos, y son en estos meses de verano donde más recaudan». Enfatizó que si la concesionaria se quiere quedar va a tener que cumplir. «No creo que piense perder los U$S 20 millones de garantía por rescisión de contrato», dijo Castro. Aclaró que seguramente el gobierno electo, no hará caer la concesión si cumple con el contrato. Adriana Marquisio (FFOSE) dijo a LA REPUBLICA no conocer la versión de que Uragua no disponía de dinero para realizar el saneamiento en Maldonado, por lo cual manifestó que hasta tanto no se enterara de esta situación no haría declaraciones.