El poder ejecutivo considera de «alto riesgo» político presentarse a la audiencia fijada para el lunes 17 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se pondrá sobre la mesa la incompatibilidad de la ley de caducidad con convenciones internacionales firmadas por el país. Por ello, pocas […]
El poder ejecutivo considera de «alto riesgo» político presentarse a la audiencia fijada para el lunes 17 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se pondrá sobre la mesa la incompatibilidad de la ley de caducidad con convenciones internacionales firmadas por el país.
Por ello, pocas horas antes de que Tabaré Vázquez emprendiera la gira por Europa, en las principales oficinas del Edificio Libertad se evaluaba la posibilidad de faltar a la citación y, paralelamente, se intentó que la parte denunciante, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), desistiera de viajar a la sede del organismo internacional, en Washington.
Sin embargo, ninguno de esos extremos fructificó. El representante permanente ante la OEA, Diego Fischer -bajo órdenes estrictas del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández-, será el encargado de exponer ante los ministros de la comisión un detallado informe sobre los «avances» en la política gubernamental respecto de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
En la otra parte del estrado se sentará el enviado del IELSUR, Jorge Pan, quien cuestionará al Estado uruguayo por la vigencia de la ley de caducidad, y fundamentalmente al Poder Judicial por no actuar de acuerdo a su investidura en los casos de investigaciones por delitos de lesa humanidad, y en especial por mirar hacia un costado cuando desde Argentina se enviaron los pedidos de arresto con fines extraditorios de militares uruguayos que participaron del Plan Cóndor.
La audiencia fue solicitada por el IELSUR el 24 de noviembre de 2004, como consecuencia de la postura asumida por el gobierno de Jorge Batlle y por la actual Suprema Corte de Justicia en los casos de extradición. El IELSUR relató que el gobierno de entonces se negó a dar pasaje a la justicia del pedido argentino «dado que a su criterio se afectaba el orden público del ordenamiento jurídico nacional». Explicó también que el Poder Ejecutivo «se atribuyó facultades que no le son propias en nuestro ordenamiento constitucional» y que corresponden a la justicia. El IELSUR había pedido la intervención de la SCJ, pero el 20 setiembre de 2004 ésta sostuvo que «el Poder Judicial carece de competencia para emitir cualquier pronunciamiento en vía jurisdiccional sobre el fondo de la cuestión».
Para solicitar la audiencia internacional el IELSUR se apoyó en el informe 29/1992 de la CIDH, que el 2 de octubre de 1992 concluyó que la ley de caducidad es «incompatible con el artículo 18 (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención sobre Derechos Humanos» y recomendó al Estado uruguayo la «adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante el período de facto». Los gobiernos de Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle se opusieron tajantemente a reconsiderar cualquier cambio de postura respecto a la ley de caducidad.
CAMBIOS. El Ejecutivo que asumió en marzo generó cambios en la política de derechos humanos, pero nunca habló de derogar la ley de caducidad, aunque sí de cumplirla a cabalidad, a diferencia de sus predecesores. Según confiaron a BRECHA fuentes cercanas a Tabaré Vázquez, el presidente consideró hace algunos días que concurrir a la audiencia en Washington «desgastaría» la imagen de su gobierno y estimó preferible no enviar delegados a la misma. Pero esa posición no concitó unanimidades. Hubo en el gobierno quienes apuntaron que la Comisión Interamericana y otros organismos internacionales de derechos humanos podrían interpretar como «soberbia» la actitud de Uruguay.
Uno de los que se manifestaron en ese sentido fue el canciller Reinaldo Gargano, quien esgrimió ante Vázquez la contradicción que significaría optar por un camino que administraciones anteriores no recorrieron, a pesar de que mantenían una defensa cerrada de la ley de caducidad. Didier Opertti, canciller de gobiernos colorados, se recordó, envió a representantes en su momento. El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, coincidió con Gargano. ¿Pero qué actitud debería asumir el representante uruguayo el lunes próximo? Por un lado, se manejó la posibilidad de que Diego Fischer se plantara en una actitud de escucha: «Señores de la CIDH, dígannos qué hacer». Esa opción se descartó por el riesgo de que la comisión elevara los antecedentes a la Corte Interamericana y ésta respondiera con un categórico «deroguen la ley de caducidad». «El gobierno quedaría en un brete», señalaron las fuentes de BRECHA.
Finalmente, se decidió que Fischer resaltara con lujo de detalles los pasos que el gobierno está dando en pro de averiguar la verdad sobre el destino de los desaparecidos. El delegado expondrá también que el Poder Ejecutivo dejó fuera del alcance de la ley de caducidad varios casos (los de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, y el de María Claudia García de Gelman) y que anunció su disposición a dar trámite a los pedidos de arresto con fines extraditorios de militares acusados de violar los derechos humanos en Argentina.
Antes de elegir esa vía, el gobierno, vía Gonzalo Fernández, intentó, en una reunión celebrada la semana pasada, convencer a dos representantes del IELSUR (Pan y Francisco Ottonelli) de la oportunidad de prorrogar la audiencia hasta el año próximo, vistos los esfuerzos actuales para esclarecer los hechos y los trabajos de búsqueda de cuerpos que se están llevando a cabo en diversos predios. La organización no gubernamental rechazó ese planteo. Sí se manejó la posibilidad de que en la propia cita de Washington se acuerde el envío a Montevideo de una delegación de la CIDH para que evalúe la evolución de la situación en los próximos meses. Además, el gobierno se comprometería a «analizar» la posibilidad de dar vía libre a la justicia para que investigue «a fondo» todos los casos de desapariciones, sin pronunciarse en particular sobre si la indagatoria está o no comprendida dentro de la ley de caducidad o alegando la eventualidad de que estén involucrados civiles.
Se dejaría incluso abierta la puerta al envío a prisión de represores, tal como advirtió recientemente el presidente Vázquez cuando amenazó con que si no se encuentran restos y si se comprueba que los militares mintieron se consideraría a las desapariciones como delitos permanentes, que por tanto escapan a la ley de caducidad. ¿Y la justicia? Ella también estará sentada en el banquillo de los acusados el lunes 17. ¿Por qué dejó que el gobierno de Jorge Batlle decidiera por el Poder Judicial cuando llegaron pedidos de arresto desde Argentina? En Washington la SCJ no esgrimirá defensa alguna. Hasta ahora, ha optado por manejarse según soplan los vientos del Ejecutivo, y es muy probable que lo siga haciendo, aun si aquéllos cambian radicalmente de rumbo.