Tanto la justicia argentina como uruguaya siguen avanzando en la investigación por los crímenes, torturas y desapariciones durante las últimas dictaduras militares ocurridas en Sudamérica. Ayer en Montevideo, el coronel uruguayo retirado Gilberto Vázquez confesó ante la jueza Gabriela Merialdo y la fiscal María del Huerto Martínez haber sido el autor «ideológico» del Plan Cóndor, […]
Tanto la justicia argentina como uruguaya siguen avanzando en la investigación por los crímenes, torturas y desapariciones durante las últimas dictaduras militares ocurridas en Sudamérica.
Ayer en Montevideo, el coronel uruguayo retirado Gilberto Vázquez confesó ante la jueza Gabriela Merialdo y la fiscal María del Huerto Martínez haber sido el autor «ideológico» del Plan Cóndor, la operación de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en la década de 1970, que se constituyó en una organización clandestina internacional que practicó el terrorismo de Estado, con la cooperación de los Estados Unidos.
Las confesiones del ex represor se dan en el marco de la causa por un vuelo clandestino que habría llevado militantes uruguayos, luego desaparecidos, desde Argentina hacía el país vecino en la banda oriental.
Asimismo, se está evaluando un pedido del juez Luis Charles, también de Uruguay, para unificar la causa anteriormente citada con la que este magistrado lleva adelante por la desaparición de tres uruguayos en Argentina, que habrían pasado por el tristemente conocido Automotores Orletti, un centro de detención clandestino en Buenos Aires.
La existencia del vuelo clandestino ocurrido en octubre de 1976 que investiga Merialdo, fue confirmada por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Enrique Bonelli, en un informe elevado hace un año al Poder Ejecutivo.
«El Plan Cóndor consistía en pasarse información de un gobierno a otro de la región, producto de la lucha antisubversiva. Yo no participé de la parte operativa, de las ejecuciones, sino que me encargaba de lo intelectual, era el ideólogo», reveló el militar Vázquez, según informó la agencia AFP. De esta manera, el ex represor afirmó no tener conocimiento sobre el mencionado vuelo.
Gilberto Vázquez se encuentra encarcelado junto a otros cinco ex militares y policías todos bajo detención preventiva por un pedido argentino de extradición por su presunta participación en el Plan Cóndor.
La semana pasada, según fuentes judiciales, Vázquez había admitido ante el juez Charles que él era el encargado de las estrategias para trasladar detenidos políticos desde Buenos Aires a Montevideo, las que según su declaración eran ejecutadas por el teniente coronel retirado José Gavazzo, quien también será interrogado por la jueza Merialdo.
Gavazzo admitió ante Charles haber sido «oficial de enlace» en Automotores Orletti, y que su tarea consistía en «intercambiar información y listas de personas».
Ya en una oportunidad el represor Vázquez había asegurado ante la justicia de su país que del centro clandestino de detención Automotores Orletti, en Buenos Aires, «nadie salía vivo».
Se especula que los militares retirados uruguayos optaron por hablar ante la justicia local para ser procesados en Uruguay, evitando o demorando así su envío a los tribunales argentinos en caso de un fallo en ese sentido.
Por otra parte otro militar uruguayo detenido, el coronel retirado uruguayo Ernesto Rama, negó el juez Charles haber actuado en dicho centro e insistió en que nunca participó en casos de desaparición de personas.
El ex coronel también afirmó que el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), donde estuvo alistado, nunca actuó en Automotores Orletti.
Rama es investigado por la desaparición en Argentina de los uruguayos Washington Barrios, Adalberto Soba y Alberto Mechoso. El primero era integrante de la guerrilla de los Tupamaros y desapareció en 1974 en la ciudad argentina de Córdoba.
En tanto Soba y Mechoso integraban el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de Uruguay, y se habían refugiado en Buenos Aires a raíz del golpe de Estado en Uruguay de 1973. Desaparecieron en septiembre de 1976 en Argentina, seis meses después de instalada dictadura que derrocó a la presidente Isabel Martínez e Perón.
La justicia de Uruguay tiene a su cargo el esclarecimiento de esas desapariciones, que han sido expresamente excluidas de la Ley de Caducidad que perdonó a los militares uruguayos de las violaciones de los derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985.