En Honduras se aplica una política sistemática de persecución estatal y destrucción física de activistas sociales y sus organizaciones, orientada a diezmar los descontentos masivos que provoca el gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo y la dictadura impuesta desde hace casi dos años. Se trata de un mecanismo de regulación sistémica violenta en una segunda fase […]
En Honduras se aplica una política sistemática de persecución estatal y destrucción física de activistas sociales y sus organizaciones, orientada a diezmar los descontentos masivos que provoca el gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo y la dictadura impuesta desde hace casi dos años.
Se trata de un mecanismo de regulación sistémica violenta en una segunda fase del endurecimiento del Estado (después del golpe de 2009), como dispositivo de dominación y concentración del uso de la fuerza para imponer un proyecto de liberación de mercados y limitación/desaparición de los derechos sociales y laborales. Una respuesta total sin concesiones a las movilizaciones sociales que crecen como la espuma.
El eje donde reside la trasmutación del poder de facto es el Consejo Hondureño de Empresas Privadas–Ejército–Gobierno de Facto que sostiene a Lobo/Micheletti–Embajada de los Estados Unidos.
Es una clásica dictadura de intereses en un país de la periferia, que funge como garante de las libertades económicas de las empresas trasnacionales, aquellas locales pero articuladas a los circuitos del comercio internacional, los órganos del monopolio de la violencia (policías, ejército, inteligencia), los terratenientes poderosos y la clase política golpista de utilidades compartidas con sectores de países centrales como los Estados Unidos.
La tipología del «delito» que aplica esta dictadura es calificada como «sedición y manifestación ilícita», conceptos acuñados por gobierno dictatoriales pretéritos en el continente, sobre todo en el Cono Sur, Argentina, Chile y Paraguay, bajo la máxima de que «todos los disidentes son criminales, todos deben ir a los tribunales»… Y si no es así, a los cementerios.
El uso de las corporaciones castrenses y policiales van de la mano de la aparición de estructuras clandestinas paramilitares (dead squads) que suman decenas de activistas asesinados o desaparecidos, así como familiares de estos, y periodistas críticos ultimados con lujo de violencia, colocando a este país centroamericano entre los más inseguros para el gremio de la información en el continente.
En octubre de 2009, una comisión de la ONU informó sobre la posibilidad de ingreso a Honduras de paramilitares colombianos, ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para sembrar el terror en el marco del golpe de Estado y proteger grandes propiedades de terrenos de los finqueros y magnates locales.
La existencia de los escuadrones de la muerte es denunciada por las organizaciones de los derechos humanos y por los movimientos sociales y de resistencia. Estas estructuras del terror paramilitar se mueven con la cobertura de los aparatos de seguridad del régimen de Porfirio Lobo.
Los métodos usados por todo el aparato represivo son las acciones espectaculares contra gremios de trabajadores y sectores críticos, control de territorios para cercar las movilizaciones en las calles, toques de queda en regiones consideradas críticas, choque frontal con las fuerzas opositoras y esparcimiento del miedo a través de un manejo sistemático de propaganda que garantice la represión con bajo o sin costos políticos para los ejecutores.
Los niveles de coerción se combinan con el uso manipulado de las leyes, el ejercicio del Estado de derecho a conveniencia de los gobernantes y la criminalización de las disidencias que igual justifica su detención individual o masiva, lo mismo que su «acción punitiva», y acciones ilegales de grupos paramilitares que a la sombra del Estado realiza acciones de represión selectiva.
Se trata de un nivel sistemático de persecución con métodos planificados de las instancias del gobierno de facto, lo que indica la existencia de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad registrados como la desaparición forzada ya documentada ampliamente. En Honduras se cometen crímenes de Estado que deben ser investigados y enjuiciados, y la comunidad internacional debe proseguir cerrando canales diplomáticos a Honduras, mientras el gobierno no desista de sumar violaciones a las garantías individuales de sus ciudadanos.
El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) publicó un informe sobre la violación de los derechos humanos en el contexto del Paro Cívico Nacional y las movilizaciones de los 65 mil profesores del magisterio que se desarrollaron en las últimas semanas.
En grados diversos, la represión desatada abarcó todo el territorio nacional. Entre el 29 y 30 de marzo fueron detenidas 51 personas en San Pedro Sula, sobre todo estudiantes y profesores universitarios, 11 personas heridas de bala y una más con un objeto contener de gases de dispersión.
En la capital Tegucigalpa se registraron sobrevuelos de helicópteros en la Universidad y el ataque de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército lanzando bombas lacrimógenas al interior del campus y dejando como saldo varios desmayados y afectados por los gases.
En el departamento de Valle también la policía y el ejército lanzaron gases lacrimógenos al interior de viviendas en las que se encontraban, adultos mayores, niños y niñas. Un bebé de dos meses de nacido fue trasladado con cuadro de asfixia a un centro asistencial después de sortear a la policía que impedía a los padres prestar ayuda médica.
En el departamento de Cortés se detuvieron a otras 17 personas con lujo de violencia. La organización civil detalla allí que cinco personas fueron lesionadas en la cabeza (Alejandro Duarte García), golpes en las piernas (Luciano Barrera Monroy); y lesiones en sus muslos (Haydee Márquez del Cid, Junior Mejía Murillo y Gloria Marina Perdomo).
En el Municipio de Ajuterique, departamento de Comayagua, 500 familias fueron desalojadas violentamente por las fuerzas represivas, luego de permanecer por siete años en un predio recuperado para vivir y generar proyectos autosustentables.
La represión generalizada, además de un intento por cerrar la pinza del poder ilegitimo de Lobo, busca «estabilizar» con el silencio de los sepulcros a la nación centroamericana y orientarlo hacia la profundización sostenida del desmantelamiento de los derechos de la población trabajadora, aplicación de políticas de corte neoliberal administrativo, despojo de tierras a la población campesina para entregarlas a finqueros e instaurar un Estado «menos político y más administrativo», una noche de invierno de dictaduras, un Estado pinochetista de nuevo tipo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.