El Poder Ejecutivo se mantiene firme en la decisión que tomó respecto a la aplicación de la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre, y anunció que vetará el proyecto de ley interpretativo presentado por el Partido Nacional en caso de que éste sea aprobado por el Parlamento. El martes, el Partido Nacional presentó un […]
El Poder Ejecutivo se mantiene firme en la decisión que tomó respecto a la aplicación de la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre, y anunció que vetará el proyecto de ley interpretativo presentado por el Partido Nacional en caso de que éste sea aprobado por el Parlamento.
El martes, el Partido Nacional presentó un proyecto de ley interpretativo de la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre que estatiza los servicios de agua potable y saneamiento [apoyado por la dirigencia del Frente Amplio].
La iniciativa blanca establece que la reforma aprobada no tiene efecto retroactivo y que las consecuencias de la enmienda «no afectan la situación jurídica de los prestadores de servicios públicos» que deriven de «relaciones» jurídicas creadas con anterioridad al 31 de octubre de 2004″.
Agrega que «los actos y contratos que vinculan a dichos prestadores con personas jurídicas públicas estatales continuarán vigentes en todos sus términos y condiciones». Sostiene además que «la entrada en vigencia de la mencionada reforma constitucional no generará derecho alguno a indemnización a favor de los prestadores mencionados».
El proyecto presentado por los blancos, busca dejar sin efecto la resolución del Poder Ejecutivo de comenzar a aplicar la reforma aprobada. Para Jorge Batlle, quien ayer viajó a Costa Rica, la norma constitucional es clara: las actuales concesiones a privados de los servicios de agua y saneamiento deben caer. Por ello se espera que finalmente hoy el Ejecutivo se comunique con OSE para informarle que debe comenzar a dar los pasos para que los servicios que se prestan fundamentalmente en Canelones y Maldonado vuelvan a ser prestados por el Estado.
Además, el gobierno anunció que en caso de que el proyecto sea aprobado antes del cambio de autoridades, lo vetará.
«Es el peor proyecto de ley que podían presentar», dijo el prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa. Para el representante del gobierno la iniciativa blanca es «claramente institucional. Como dijo (el constitucionalista Horacio) Cassinelli Muñoz, es un disparate jurídico. No cabe duda que no se puede interpretar y tergiversar la voluntad popular y, por lo tanto, nosotros estamos absolutamente contrarios a esa ley interpretativa».
«Acá hay una sola biblioteca que es la defensa de la Constitución. Así como hay gente que se llama defensores de las leyes (aludiendo a los blancos) nosotros somos defensores de la Constitución, y la Constitución es muy clara. Es decir, durante todo un año se estuvo juntando firmas bajo el propio título de decir «bajemos las concesiones», y como muy bien dice Cassinelli Muñoz eso no es un problema de retroactividad, es un problema de aplicación inmediata de las leyes». Para el integrante del Ejecutivo, con esta iniciativa se está «revirtiendo la lógica» que establece que el Parlamento cumple con lo que pide la ciudadanía. «Acá es al revés, lo que es increíble», afirmó.
Los integrantes de la Comisión que impulsó la reforma constitucional, entienden que el proyecto interpretativo va contra lo resuelto el 31 de octubre. «La entrada en vigencia de la reforma, las dos concesiones realizadas con empresas privadas deben ser recuperadas a favor del Estado uruguayo. No caben dos interpretaciones». En un comunicado emitido ayer, se exige además que «los privados abandonen el servicio, pero también exigimos al gobierno actual que realice esta transferencia cuidando del interés patrimonial del país. Estas empresas han incumplido con sus contratos y la normativa ambiental vigente, estos elementos deben hacerse pesar en las negociaciones».
Parlamento decide
En tanto, en el Parlamento comenzaron las negociaciones para que el proyecto blanco sea tratado.
El presidente del Senado, Luis Hierro López, adelantó ayer que llevará adelante los contactos necesarios para levantar el receso parlamentario a fin de que se trate el proyecto de ley. Hierro indicó que se buscará concretar una sesión para el 1º de diciembre, a fin de que se autorice el pase de la iniciativa a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos.
Si bien la iniciativa se aprueba por mayoría simple en ambas cámaras, aún no hay seguridad de que el proyecto sea aprobado, debido a las diferencias internas en la izquierda.