Quienes añoraban los tiempos de la dictadura militar en El Salvador van a estar muy contentos. Y es que con la legalización de recompensas por denuncias anónimas contra pandilleros estamos regresando a los tiempos de la organización ORDEN (Organización Democrática Nacionalista).
Se recuerda que esta fue creada originalmente para vigilar a la población campesina; fue el instrumento del ejército salvadoreño para recoger información para los servicios de inteligencia, a la vez que actuaba como fuerza operativa para los trabajos sucios contra la insurgencia y como base social para el reclutamiento inmediato.
La legalización de esta estrategia fue publicada el 9 de junio en el Diario Oficial denominada normativa sobre la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo.
¿Cuál es la si similitud entre ORDEN (Organización Democrática Nacionalista) la Ley de recompensas del actual gobierno?
ORDEN era una estructura que estaba formada por altos mandos militares responsables directamente ante el Presidente de la República, y funcionaba como el cerebro de una red de seguridad que abarcaba todo el país, proporcionando información y ordenando el funcionamiento de los escuadrones de la muerte. La importancia de ORDEN reside en haber sido una organización compuesta por campesinos y asalariados agrícolas, quienes se encargaban de la represión en su propio medio. En 1967, esta estructura paramilitar llegó a movilizar a más de cien mil personas. No fue hasta 1967, que se hizo público su existencia y funcionamiento y más tarde sirvió como base de apoyo electoral para el PCN, el cual, venció en todas las elecciones desde 1962 hasta 1969.
Hoy, con la nueva Ley de Recompensas, el Gobierno salvadoreño oficializó el mecanismo que se guiará para recompensar a personas que denuncien a pandilleros. La normativa no determina los montos a pagar por cada denuncia. En el artículo dos de la Ley establece que la policía elaborará una lista que contenga la referencia de miembros de organizaciones terroristas, esta lista será utilizada por los ciudadanos que se conviertan en informantes de la policía. Según la normativa, la PNC recopilará la información que la población brinde y esta será analizada, para luego pasar a una validación con las autoridades respectivas y determinar si se hace efectivo o no el pago de la recompensa. La Ley ha creado un número de teléfono que será empleado por los denunciantes.
La Ley de Recompensas, el Gobierno salvadoreño recoge la idea de ORDEN (Organización Democrática Nacionalista), es decir, construir con los ciudadanos una organización, estructurada desde los mandos superiores de la PNC. Una estructura que trabajará en el anonimato, por dos razones, la primera para garantizar la seguridad de sus miembros y segundo para justificar las capturas arbitrarias de supuestas denuncias ciudadanas. Esta estrategia es denunciada desde ya por Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad, ella asegura «que las autoridades están usando este mecanismo para intentar dar legalidad a esas detenciones». El artículo cinco de la normativa señala que las personas que denuncien a pandilleros serán registradas a través de mecanismos que permitan «la confidencialidad y protección del informante». Lo mismo ocurría en los tiempos de ORDEN, no sabías si te había capturado la policía o los Escuadrones de la Muerte porque no podrías identificarlos.
Lo triste de esta estrategia es también que un derecho fundamental como la libertad se violente por el Estado con base en señalamientos sin fundamento, que cualquier puede hacer por venganza, envidias o resentimientos. Recuérdese que la sociedad salvadoreña hoy está dividida en el bando que apoya al gobierno y los opositores. De allí que los opositores al régimen pueden ser acusados de mareros y ser capturados como en los tiempos de ORDEN solo bastaba que alguien lo acusara de ser guerrillero como para que lo detuvieran y lo asesinaran. Más allá de las recompensas está el hecho de que el gobierno se apoye en la población civil para realizar actividades de inteligencia. Esto demuestra quizás que sus planes de seguridad, si es que los tienen, son un fracaso. Además, una cosa es cumplir con el deber de denunciar los delitos y otra es establecer de manera permanente una red de personas para informarle al gobierno, lo cual estimula la posibilidad de que se atribuyen hechos falsos que terminen en detenciones arbitrarias como ya ha pasado.
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