Aunque las miradas se dirigen sólo a la novedad del covid‑19, los problemas de siempre no sólo continúan, sino que se agravan. La violencia y las condiciones inhumanas en las cárceles no es novedad. Sin embargo, desde mediados de febrero la actitud de las fuerzas represivas mutó en la vía pública y la agresividad creció en las cárceles.
A principios de marzo la Institución Nacional de Derechos Humanos registró 23 denuncias por maltrato policial, cinco de ellas provenientes de personas privadas de libertad en la Unidad Número 4 (antes Comcar), según Wilder Tayler, director de dicha institución.
El lunes el Parlamento recibió la denuncia de un grupo de familiares de presos en el módulo transitorio ME03 de la Unidad Número 1 (Punta de Rieles). Días antes compañeros de módulo presos les avisaron a las madres de estos que sus hijos estaban recluidos en celdas sin poder acceder al agua ni a la luz, hacer llamadas, ni salir al patio y a comprar productos de higiene del economato, esenciales en un momento de emergencia sanitaria nacional.
Luego de semanas de visitas negadas, este martes las madres pudieron visitar a sus hijos, quienes describieron cómo la Guardia Republicana (policía militarizada) los despierta con gases lacrimógenos, una acción que, debido al encierro, puede tener como consecuencia la muerte de los internos. Una de las madres contó a Brecha que su hijo intentó salir de la celda para conseguir agua y le tiraron perdigones de goma.
Desde hacía días, producto de la rotura de un caño, los reclusos bebían agua del inodoro y no podían bañarse ni salir de la celdas, en las que conviven entre dos y tres presos. Una madre contó que un compañero de su hijo se infligió cortes para que lo sacaran de la celda y que su hijo iba a comenzar una huelga de hambre.
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, informó a Brecha que la denuncia ya fue trasladada a las nuevas autoridades y que este miércoles comenzaron a reparar las instalaciones y a enviar a los presos a otros módulos. Las denuncias serán investigadas, agregó.
El ME03 es un módulo de tránsito para personas que requieren mayor seguridad por haber tenido enfrentamientos con otros presos, pero termina funcionando como lugar de “castigo y aislamiento”, señaló Petit.
Sanciones de diversa índole fueron la razón de que los denunciantes estuvieran en ese módulo. La madre de uno de ellos contó que hace un tiempo otro preso había entrado a la celda con una varilla y lo había apuñalado. Las madres de otros jóvenes indicaron que operarias del Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr) les dijeron que sus hijos estaban ahí como sanción por pelear con otros presos.
Según el relato de las madres, el régimen de visitas ha mostrado alteraciones desde mediados de febrero y más aún luego de que en el Ministerio del Interior asumieron las nuevas autoridades. Antes lo habitual era que la Guardia Republicana escoltara a los presos hasta el salón de visitas y allí los revisara antes y después del encuentro. Ahora, durante las dos horas, los dejan esposados de pies y manos, y la guardia porta armas de caño largo mientras los vigila.
Esta semana la organización civil Nada Crece a la Sombra divulgó, a través de las redes sociales, un video en el que Daniel “Turco” Márquez, médico e integrante del colectivo, explicó que las cárceles son lugares propicios para la propagación del covid‑19 debido a la falta de luz, la poca circulación de aire y la aglomeración de personas. Sin embargo, la organización acompaña la resolución del Inr de no suspender las visitas. “Las visitas son un apoyo fundamental para las personas privadas de libertad, tanto en lo económico como en la salud emocional de estas”, dice Márquez en el video. Afirma que la interrupción de las visitas puede tener consecuencias negativas en la salud y la seguridad de las cárceles (véase “Cuando el encierro no es voluntario”, en esta edición, página 10).
La Unidad 1 se construyó en un régimen de asociación público‑privada y fue pensada como una “cárcel modelo”, por su infraestructura. Desde que se estrenó, en enero de 2018, en ella viven 1.960 presos y trabajan 220 operadores. La seguridad está a cargo de la Guardia Republicana y el lugar está equipado con cámaras de seguridad.
A fines de 2019 el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario comenzó el taller Aprendiendo Juntos. Formación de Promotores de Derechos Humanos, dirigido a los internos de Punta de Rieles con la intención de plantear los problemas, como las “fricciones con la guardia policial y las dificultades de acceso a la visita”, y proponer posibles soluciones, según consta en una noticia publicada en la página web del Parlamento.