Aún con la preocupación de prevenir y mitigar los impactos de un final ineluctable, hacer una analogía entre la presencia del Anglo y la de Botnia y Ence en Fray Bentos, bajo el supuesto de que es inevitable y bueno para el país acoger el nuevo modelo productivo de la forestación y la celulosa, exige […]
Aún con la preocupación de prevenir y mitigar los impactos de un final ineluctable, hacer una analogía entre la presencia del Anglo y la de Botnia y Ence en Fray Bentos, bajo el supuesto de que es inevitable y bueno para el país acoger el nuevo modelo productivo de la forestación y la celulosa, exige no sólo colocar en un segundo plano la cuestión ambiental sino ignorar también otras grandes diferencias entre ambos casos.
En un artículo publicado en el semanario Brecha, del 18/11/05, titulado «Otra forma de ver el problema de las celulosas. La lección del Anglo», el sociólogo José Arocena hace una analogía entre el proceso de instalación, producción y cierre del Frigorífico Anglo en Fray Bentos y el correspondiente a las plantas de celulosa de Botnia y Ence en la zona, con el fin de extraer algunas enseñanzas y previsiones para el futuro.
Antes que nada, debemos destacar que, más allá de la discusión que entablaremos a continuación con dicho artículo, la presentación de Arocena parte de un punto de vista serio y meditado, que merece nuestro respeto. La aclaración resulta necesaria, porque la proliferación de simplificaciones groseras, afirmaciones absolutas y adjetivos descalificadores hace por momentos bastante difícil el desarrollo de un debate adecuado sobre una cuestión compleja y de gran relevancia para el país.
Como punto de partida, para Arocena «es estratégicamente más importante prever los posibles efectos negativos de la monoindustria, que preocuparse solamente por los efectos ambientales», que «son controlables y aplicando las tecnologías actuales se reduce mucho el impacto negativo». Y agrega: «El debate ambiental es importante, pero en buena medida su virulencia (sic) se acrecienta porque no se percibe un proyecto nacional de desarrollo en el que se inserte este tipo de emprendimiento».
La preocupación de Arocena es que no se olviden las lecciones de la experiencia del Frigorífico Anglo –la cual asemeja, en grandes rasgos, a los actuales proyectos de inversión en la producción de celulosa–, para que no vuelva a repetirse la decadencia económica y social que se abatió sobre la población de Fray Bentos tras el cierre de aquella industria. Para «atenuar el efecto negativo de la crisis monoindustrial», propone una acción capaz de crear «un tejido diversificado de nuevas empresas».
La desvalorización de la cuestión ambiental
En primer lugar, digamos que las opiniones de Arocena acerca de la importancia de los problemas ambientales en juego, y la forma de manejarlos por medio de la tecnología, son un reflejo fiel del pensamiento predominante en el país, especialmente entre los académicos y profesionales universitarios destacados dentro del gobierno del Frente Amplio. En este enfoque, lo ambiental es sólo un aspecto de la realidad, que afecta pero no incluye al individuo, y pretender que ocupe todo el escenario es un error.
Algunas cifras comparativas
La «Liebig Extract of Meat Company Limited», que luego se convertiría en el Frigorífico Anglo, fue constituida en 1865, con capitales ingleses. La Liebig Co. en la industria, el Banco de Londres y Río de la Plata en las finanzas y el primer empréstito del gobierno uruguayo fueron las avanzadas de la inversión extranjera en el Uruguay. En 1884 se estimó en 6,5 millones de libras el total de las inversiones británicas en el país.
A pesar de la importancia en su época, la inversión que dio origen el Anglo fue bastante menor que las actuales en curso y prometidas en el futuro inmediato para forestación y plantas de celulosa. Por otra parte, la presencia de la Liebig Co., que llegó a procesar a un ritmo de 150.000 vacunos por año, no alteró la estructura de la propiedad de la tierra vigente en el país, mientras que el modelo de la celulosa va acompañado de una fuerte concentración y extranjerización en la propiedad de los establecimientos.
Las diferencias del impacto social entre el Anglo y Botnia y Ence son bastante grandes también. Mientras el frigorífico llegó a emplear directamente de 3 a 5 mil trabajadores –una tercera parte de los habitantes de Fray Bentos, según las crónicas–, las plantas de celulosa juntas prometen ocupación directa para 600 personas, cuando la ciudad cuenta hoy con 22.000 habitantes. Quizás para mitigar este impacto, las forestadoras hablan en su propaganda de 25.000 puestos generados por su presencia en el país…
El impacto de la celulosa en el empleo se vuelve directamente negativo si se le restan las cifras de aquellas actividades que se sienten amenazadas por la instalación de las nuevas plantas, tales como el turismo, la pesca artesanal y la apicultura, la lechería y la agricultura, que emplean a unas dos mil personas. De esta manera, no hay suma, sino sustitución de una actividad por otra, con mucho menor oferta de trabajo.
En definitiva, este es el pensamiento en que han sido formados las generaciones que pasaron por la antigua Universidad de la República. Las más recientes universidades privadas no han introducido a este respecto otra visión (José Arocena se desempeñó como Rector en la Universidad Católica del Uruguay). Salvo honrosas excepciones, en esos ámbitos impera el presupuesto positivista según el cual la naturaleza está ahí para ser sometida por la inteligencia del Hombre en su exclusivo beneficio.
Esa noción va acompañada por una confianza ilimitada en la capacidad y sabiduría del Ser Humano para desarrollar la ciencia y la tecnología necesarias a tal fin. Los efectos negativos sobre el medio ambiente son todos superables. Si todavía no se consiguió eliminarlos, ya se llegará. «Estamos usando las mejores tecnologías disponibles», es la frase de moda; una versión elegante de la más popular «¡es lo que hay, valor!» ¿Crisis ambiental planetaria? Aquí no existe, nosotros somos el «Uruguay Natural».
La rigidez de las respuestas del gobierno ante los cuestionamientos ambientales a las plantas de celulosa es una expresión de ese enfoque, sumada a la creencia de que la sociedad uruguaya no se inquieta demasiado al respecto. Y esto va más allá de las esferas académicas y de gobierno. Para algunos analistas, el ambiente sigue en esa categoría de grupos y temas discriminados que defienden unos pocos. Los debates del Protocolo de Kyoto, por ejemplo, se exponen como si fueran ajenos al Uruguay.
Estas apreciaciones contrastan, sin embargo, con una encuesta encomendada por la propia DINAMA, aunque no muy difundida, en donde 79% de los uruguayos apoyó la idea de que «proteger el ambiente es tan importante como promover el crecimiento económico». Además, 50% consideró que la prioridad uno debe estar en la protección del ambiente, mientras que un 34% se la asignó al crecimiento económico. No se percibió ningún cambio en la comunicación oficial posterior a esta encuesta.
De ahí que parezca más un problema de formación y de convicciones arraigadas que de sentido de la realidad, acompañadas de una suerte de despotismo ilustrado que supone que, si son temas técnicos, sólo los técnicos pueden determinar. Y esto se refleja en el estrecho concepto de participación manejado desde el gobierno, que no genera espacios de discusión y, menos aún, de decisión con los actores afectados. A lo sumo, se le ofrecen explicaciones y se le pide confianza en los técnicos.
No está demás registrar que en este tema, y sólo en este tema, hay una coincidencia total entre el enfoque del gobierno actual y el de sus predecesores, al punto de haber convocado a la única interpelación con fines laudatorios hacia el gobierno de toda la historia parlamentaria del país. Ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional tuvieron o les interesa desarrollar una política ambiental nacional y, mucho menos, dar apoyo a formas de participación que supongan ampliar esta esmirriada democracia.
Política de desarrollo y previsión estratégica
El tamaño del Uruguay y la envergadura de los proyectos de producción de celulosa, con la consiguiente consolidación y ampliación del modelo de forestación asociado a ellos, no deja lugar a dudas: se juega un proyecto de desarrollo nacional por varias décadas hacia adelante. La experiencia del Anglo duro 104 años, asociada en forma directa a la ganadería, que era la cultura productiva dominante en el país. La opción actual por la celulosa es de mayor envergadura aún, en todos los planos.
La previsión estratégica de Arocena se reduce a pensar cómo mitigar los impactos del previsible cierre de las megaplantas, que da por descontado cuando se modifiquen las circunstancias del mercado mundial que lo hacen viable, a través de un llamado a la innovación y la creatividad. ¿No sería mejor invertir el sentido de ese proceso? O sea, desarrollar nuestra creatividad para NO PASAR por la crisis monoindustrial, a la que debería agregarle la crisis del monocultivo. ¿Qué es más razonable?
El «plan nacional de desarrollo» implícito en este enfoque es el de que Uruguay no tiene otra alternativa que adaptarse a las decisiones de los actores externos del país, en este caso las «megainversiones» en la forestación y la producción de celulosa. La estrategia local debe preocuparse entonces solamente por el momento en que esos capitales se vayan. Pero ¿cuál será el legado económico, social y ambiental de este proceso? Arocena sólo parece considerar la experiencia del Anglo en Uruguay.
En realidad, el caso de la Liebig Co. tiene diferencias significativas con las Ence, Botnia y Stora-Enso de hoy (ver recuadro). Estas se asemejan a las mayores empresas del mundo en la extracción de petróleo, gas y minerales en gran escala. Uruguay no posee experiencias con actividades extractivas e industriales de este porte y si va a tenerla debería estudiar la historia y prepararse. Algunas expresiones de suficiencia que se utilizan para obviar el problema evidencian más bien su ignorancia.
Hablamos de la crisis monoindustrial y nos olvidamos que ya estamos en la «crisis del monocultivo». ¿Qué futuro se le abre a la gente que ha sido y sigue siendo expulsada ahora del campo por el monocultivo de árboles? ¿Qué perspectiva se le está dando a los productores ganaderos y agrícolas que intentan permanecer? Y, en 30 años más, ¿cómo quedará la tierra en los millones de hectáreas plantados con pino y eucalipto? Existen suficientes experiencias como para responder la última pregunta.
¿Precisamos soportar 30 o 40 años estas monoindustrias y monocultivos para llegar a una industria diversificada y duradera, con dignidad social y ambiente sano? Es otro cuento lindo para dormir la siesta. Visión estratégica y creatividad están demostrando realmente los que, para evitar ese duro callejón, proponen soluciones que significan más trabajo para los uruguayos y conservan mejor su salud y el ambiente.
Desarrollo nacional y participación social
Un aspecto importante de la preocupación de Arocena se refiere a la participación social en el desarrollo, porque en la búsqueda de soluciones a la crisis monoindustrial incluye «la capacidad innovadora de la población» (local, naturalmente), así como la iniciativa en el mismo sentido de la industria dominante y de los gobiernos local y nacional.
En los últimos tiempos, junto con la incorporación del concepto de sustentabilidad, ha quedado claro que la participación social es un componente estratégico del desarrollo. Los proyectos de desarrollo sin esa participación no generan procesos duraderos, la inversión puede dar el lucro esperado, pero los beneficios para la población local son muy pobres, además de aumentar los legados ambientales negativos.
Esta conclusión adquiere especial validez en los proyectos de explotación de recursos naturales –como es el caso que nos ocupa aquí–, al punto que varios investigadores y analistas han elaborado la teoría de «la maldición de los recursos», según la cual los países con importante dotación de riquezas naturales han estado más expuestos a procesos de corrupción política, deterioro social y conflictos permanentes.
La participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo que las afectan es una de las vías fundamentales para evitar tales males. Esta participación debe superar las formas de delegación del poder político propias de la democracia representativa y las relaciones tradicionales de las empresas con su entorno social. E incluye el análisis de los proyectos desde su origen, su ejecución y la planificación del final.
A este respecto deberían tenerse en cuenta las discusiones del sector de las industrias extractivas, donde está bastante difundido el concepto de «licencia social para operar». La expresión indica que, si no se logra el acuerdo de la comunidad, un proyecto de esa envergadura puede volverse inviable. No se trata de una aprobación a la ligera, en su versión más estricta se habla de «consentimiento libre, informado y previo».
Aunque pueda sorprender, las poblaciones más concientes en la actualidad de este requisito son las comunidades indígenas, por haber sido de las más marginadas y perjudicadas por ese desarrollo, mientras que las comunidades pobres no-indígenas resultan más vulnerables a los manejos de empresas y gobiernos que usan ciertos valores todavía arraigados en la cultura y el sistema político nacionales.
Sin embargo, hoy en día, este es un proceso muy dinámico. Las poblaciones locales están adquiriendo otra conciencia de sus intereses y derechos. Es una conciencia de participación. No esperan a ser llamadas y no entregan la representación a terceros, exigen un lugar propio en el proceso de toma de decisiones. Este nuevo actor tiene mayor interés en evitar los desastres, no apenas en remediarlos.
22 de diciembre de 2005