Prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia viola derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tras el golpe de Estado que en junio del 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya (2006-2009) se produjo un serio retroceso en materia de derechos humanos que no sólo incluyó ataques y crímenes por razones políticas, también los derechos sexuales […]
Prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia viola derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Tras el golpe de Estado que en junio del 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya (2006-2009) se produjo un serio retroceso en materia de derechos humanos que no sólo incluyó ataques y crímenes por razones políticas, también los derechos sexuales y reproductivos fueron restringidos.
Mediante acuerdo ministerial 2744 de la Secretaría de Salud, la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) fue prohibida por el gobierno de facto encabezado por Roberto Michelleti. Un mes antes que fuera derrocado, Zelaya había vetado una iniciativa parlamentaria, impulsada por la diputada liberal Martha Lorena Alvarado, que prohibía y penalizaba la PAE. La decisión presidencial había permitido su comercialización y distribución.
Sin embargo, actualmente la promoción, uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la PAE está prohibido, así como la distribución pagada o gratuita y comercialización en farmacias, droguerías o cualquier otro medio de adquisición.
Cifras de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011-2012 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y la Secretaría de Salud muestra que el 24% de las mujeres de 15 a 19 años de edad alguna vez estuvo embarazada, bien sea porque están gestando por primera vez (5%) o porque ya son madres (19%).
Estas cifras refuerzan el estudio «Embarazo adolescente y oportunidades en América Latina y el Caribe: sobre maternidad temprana, pobreza y logros económicos» del Banco Mundial que en 2013 colocaba a Honduras como el cuarto país con la mayor tasa de fecundidad en adolescentes en América Latina después de Nicaragua, República Dominicana y Guatemala. Además, actualmente la tasa de mortalidad materna alcanza a 73 por cada 100,000 nacidos vivos.
Para Merary Ávila, integrante de Feministas Universitarias, el Estado oprime a las mujeres con políticas creadas para restringir su derecho a decidir.
«Desde el principio, cuando se presentan decretos sobre una mejor educación sexual dentro de las escuelas, grupos de poder como [la congregación católica ultraconservadora] Opus Dei y organizaciones provida, están en contra. Esto demuestra que no estamos en un Estado laico porque la religión influye en los poderes del Estado», expresó Ávila, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a Noticias Aliadas.
Los costos sociales de este tipo de políticas por parte de los gobiernos son muy grandes, asegura Karla Lara, artista y comunicadora, promotora de radio «La Rojita», perteneciente a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
Esos costos incluyen, según Lara, «la muerte silenciosa de muchas niñas y adolescentes, un ejercicio de la sexualidad para una reproducción no deseada, el atraso de la incorporación de la mujer a la educación».
Tema en debate
El debate sobre la PAE se reabrió a inicios del 2014 cuando del diputado del Partido Nacional de Honduras, Antonio Leva Bulnes, ginecólogo y obstetra, propuso eliminar la prohibición recordando al Parlamento que la píldora no es abortiva. Si bien el tema volvió a la agenda política, la propuesta se engavetó.
Lara sostiene que colocar estos temas tanto ante la clase política como en los medios de comunicación es aún muy complicado por el fundamentalismo religioso y el machismo existente en el país.
«A veces es difícil hasta en las mismas organizaciones sociales», apunta Lara, «pues aún no se ha entendido que el cuerpo es también un territorio que hay que defender y el más vulnerable de los cuerpos es el de las mujeres». Para Lara, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos se hace mucho en soledad de parte de los movimientos feministas porque cuesta colocarlo como un problema en la agenda política.
Ante el nuevo debate, diversas instituciones y organizaciones se pronunciaron, entre ellas el Colegio de Ginecólogos Obstetras de Honduras, la UNAH y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
En un comunicado publicado el 1 de abril, el CDM señaló que «para las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, cuyos niveles son alarmantes en el país, la única alternativa, ante la posibilidad de un embarazo producto de una violación, son las pastillas anticonceptivas de emergencia. Frente a esta situación vemos cómo nos violan ese derecho, en este estado de Derecho… ¿Estado de Derecho para quién, nos preguntamos?… En este caso, parece que no para las mujeres».
El CDM basa su posición en evidencia científica de que las PAE sólo actúan antes de la unión de un óvulo maduro con un espermatozoide, lo que significa que su mecanismo de acción no tiene efecto alguno sobre la fecundación.
Reformas truncas
Si hablar de anticoncepción de emergencia es tan difícil en Honduras, ya hablar de despenalización del aborto o matrimonio igualitario es casi imposible. La feminista y catedrática Jessica Sánchez dijo a Noticias Aliadas: «Las mujeres ya pasamos a ser el 52% de la población que muchas son jóvenes, que están siendo violadas, asesinadas y hasta culpabilizadas por consecuencias sociales que el mismo Estado promueve con estas políticas, cuando algo sucede sólo se ve a la mujer, no se menciona al hombre como padre ni al mismo Estado».
Desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, muchos países de América Latina emprendieron procesos de reforma del sector de la salud respecto a los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos Honduras. Sin embargo la violación a estos derechos se ha convertido en una política de Estado con la que organizaciones de mujeres en particular han tenido que luchar.
Esta institucionalidad, asegura Sánchez, «redujo la Fiscalía de la Mujer a ser parte de la Fiscalía de Delitos Comunes, y un Instituto Nacional de la Mujer que se quedó bajo el paraguas de una mega Secretaría de Derechos Humanos».
Por otra parte, una política de Estado que pretende controlar la sexualidad de las mujeres agudiza la situación de indefensión si pertenecen a los grupos más vulnerables en el país, incluyendo a las indígenas, garífunas, lesbianas, trans o portadoras de VIH. Por esta razón, la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) se esforzó en el 2009 en crear un espacio exclusivo de mujeres denominado La Esperanza de Mujeres Garífunas dirigida a concientizar sobre los derechos sexuales y reproductivos.
El pueblo garífuna se rige bajo un sistema matriarcal en el que las mujeres están presentes en todos los espacios y estamentos. Mirian Miranda, de OFRANEH, relató a Noticias Aliadas que el trabajo con mujeres se inició debido a la elevada incidencia de enfermedades en el Caribe hondureño, como cáncer de útero o el VIH, por desconocimiento sobre salud sexual.
«Nosotros hemos trabajado temas como el de VIH con otras organizaciones a nivel de participación de mujeres que atienden a mujeres, porque ellas son las visitadas: parteras, medicas caseras, curanderas. Es un asunto muy delicado con un pueblo diferenciado como el garífuna, y además al igual que muchos pueblos indígenas y garífunas del mundo son temas muy difíciles de tratar porque se manejan fuera de la agenda», explicó Miranda.
La OFRANEH también ha impulsado la formación de una red de radios garífunas que, según Miranda, se han convertido en fundamentales para la concientización sobre planificación familiar, uso del condón, y toda la información que reduzca riesgos.