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Familiares y SERPAJ exigen que el ejército explique por qué mitió (y miente)

Fuentes: Comcosur al día

El hallazgo mismo de restos humanos en el Batallón Nº 13, y ahora la comprobación de que se trata de los de Fernando Miranda, contradice tanto al informe final de la Comisión para la Paz (10.04.03), como al informe entregado por el arma al presidente Tabaré Vázquez el 8 de agosto de 2005. En efecto, […]

El hallazgo mismo de restos humanos en el Batallón Nº 13, y ahora la comprobación de que se trata de los de Fernando Miranda, contradice tanto al informe final de la Comisión para la Paz (10.04.03), como al informe entregado por el arma al presidente Tabaré Vázquez el 8 de agosto de 2005. En efecto, ambos documentos concluían que los detenidos desaparecidos (Miranda incluído) habían sido inhumados en el Batallón Nº 14, para ser posteriormente exhumados y cremados.

El informe del 8 de agosto, incluso señalaba el lugar exacto («con un 99.9 % de probabilidad) de dicho Batallón en el que había sido enterrada María Claudia García de Gelman. Sin embargo, siete meses después, nada ha podido ser hallado allí, y los restos que se han encontrado, lo han sido en lugares de los que el ejército nunca habló. Fue una denuncia anónima la que permitió encontrar a Fernando Miranda, allí donde el ejército decía que no había nada.

Por tal motivo, el coordinador del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Guillermo Paysée, entiende que el presidente Vázquez debería pedir explicaciones al comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, sobre este tema, o el propio militar debería informar por qué el documento no se ajusta a la realidad. «De lo que no cabe duda es que se debe una explicación», ya que esta constatación demuestra que «lamentablemente no ha llegado la etapa de decir una vez por todas la verdad sobre lo ocurrido». dijo Paysée al diario Ultimas Noticias.

Por su parte, ya desde el momento en que se conoció el informe del ejército, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos dejó en claro su disconformidad. «Los datos que se nos han dado son insuficientes, no verificables y varios de ellos, contradictorios. Consideramos insoslayable su rectificación en muchos casos, su ampliación en otros», dijeron entonces, tras compararlo con el de la Comisión para la Paz.

Tras la identificación de Miranda, integrantes del grupo indicaron que ésta es la demostración «fehaciente» de que los informes «carecen de verdad» y de que «le mintieron» a quienes recabaron la información. Los familiares entienden que el presidente Vázquez al menos debería pedir explicaciones a sus comandados sobre esta circunstancia.

Curiosamente, en el día de ayer fuentes militares cercanas al comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, aseguraron muy frescos al diario Ultimas Noticias que en el proceso de elaboración de la investigación sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, se manejó información sobre el eventual enterramiento de Miranda en el Batallón Nº 13, pero que el dato se descartó en base a un criterio cuantitativo: la mayor cantidad de testimonios recabados ubicaban sus restos en el Batallón Nº 14…

Como si fuera un argumento de recibo, los militares dijeron que el hecho de que no toda la información entregada al Poder Ejecutivo coincida con la realidad, no pone en duda todo el documento. «Pese a no estar en el informe, el dato fue manejado, por lo que estamos tranquilos con el trabajo hecho», indicaron muy sueltos de cuerpo, y demostrando una vez más que les alcanza con muy poco para «estar tranquilos».

El hasta hoy estéril informe del 8 de agosto de 2055 fue elaborado en dúo por el general Pedro Barneix (promovido por el presidente Vázquez a la comandancia de la región militar Nº 4, la segunda en importancia) y el general Carlos Díaz (designado comandante en jefe del arma). Hasta el momento, lo mejor que puede decirse de su desempeño como investigadores, es que son inútiles e incapaces. Si así no fuera, serían cómplices de la mentira y el silencio que por más de treinta años ha venido multiplicando el sufrimiento de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.