Tomando la definición que hiciera Pedro Narbondo, un Estado de bienestar de izquierda tendría vocación universalista y procuraría desmercantilizar bienes y servicios en clave de derechos sociales. Al contrario, un Estado liberal-residual piensa derechos y políticas focalizados en los sectores insolventes.
Si miramos históricamente, desde fines del siglo XIX los estados occidentales centrales han construido dos tipos de respuestas para la pobreza que el capitalismo genera en la clase que lo sostiene: la protección social (destinada a los trabajadores asalariados formales y sus familias) y la asistencia (destinada a minusválidos, niños y ancianos incapaces de trabajar). Durante una parte del siglo XX, la llamada «época de oro», se lograron niveles de bienestar relativamente altos, ampliando la protección social y minimizando la asistencia. Aunque las desigualdades sin duda continuaron, el conjunto de la población -de manera cuasi universal- alcanzó el disfrute de algunos bienes y servicios públicos considerados básicos, y por tanto derechos universales. Aunque incompleto e inconcluso, Uruguay también vivió este proceso.
Pero el siglo XXI nos encuentra con la recreación de la vieja dualidad protección versus asistencia, profundizando -con las actuales respuestas para los sectores más pobres de nuestro país- la focalización residual.
La crisis de 2002 parece haber permitido que la izquierda, luego en el gobierno, naturalizara la priorización pragmática de la emergencia y la focalización del gasto en los pobres y extremadamente pobres. El «combate» a la indigencia y la pobreza pareció habilitar la desaparición del discurso del debate por la distribución y la desigualdad, quedando sólo la discusión técnica sobre cómo llegar a los más pobres entre los pobres.
Con el Plan de Equidad, a partir de 2008, esta tendencia no se revirtió, y al definir la asignación familiar ampliada se empezó a hablar de otorgar una prestación económica destinada a «complementar» los ingresos familiares del hogar en situación de vulnerabilidad socioeconómica, o con la Tarjeta Uruguay Social (Tus) de «mejorar» el acceso a alimentos y bienes que, sin embargo, se reconoce son «de primera necesidad» para los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema.
Se puede preguntar: ¿es malo en sí mismo querer ayudar a los más vulnerables?, ¿está mal acaso querer empezar por los que están peor?
Se puede responder que sabemos desde hace tiempo, en las ciencias sociales, que estas políticas no son sólo producto de una determinada correlación de fuerzas, sino que poseen una gran capacidad de producir efectos. Entonces el problema no es empezar por los más pobres, sino ocultar sistemáticamente a nivel práctico y discursivo el conflicto distributivo. Y al menos, como riesgos, se pueden detectar tres efectos producidos por este tipo de políticas.
I. Confundir mínimos con básicos
La provisión mínima de necesidades básicas de subsistencia forma parte de la tendencia creciente a identificar semánticamente lo mínimo con lo básico, y de equipararlos en el plano político y decisorio. Así, ha ganado hegemonía una concepción minimista de las necesidades y de la responsabilidad pública por su cobertura.
Mientras lo básico requiere inversiones sociales de calidad para preparar el terreno a partir del cual se puedan prestar más y optimizados servicios -y es el principal resorte que impulsa la satisfacción de las necesidades humanas-, lo mínimo hace referencia a lo ínfimo, lo menor, y niega el óptimo de atención, lo básico.
Cuando se discute sobre transferencias y prestaciones olvidamos muchas veces que los montos que están en juego son ínfimos o miserables; no garantizan siquiera el nivel de supervivencia biológica (también podríamos preguntarnos si alcanzar sólo la alimentación imprescindible para no morir de hambre puede ser considerado vida humana). La asignación familiar, por ejemplo, para una familia con un hijo de 3 años a cargo, es al día de hoy 1.299 pesos mensuales (1). Esto da unos 43 pesos diarios. Además esta relación decrece cuando el número de hijos aumenta (¡no vaya a ser que se tengan hijos sólo para sumar de a 43 pesos diarios!).
El capitalismo actual genera porcentajes cada vez mayores de empleos precarios, inestables, informales, o directamente de desocupación. Para amortiguar los efectos de esta realidad, enseguida se percibió por parte de los estados el lugar estratégico (incluida la seguridad pública) que tienen las transferencias de ingresos condicionadas. Pero se trata de políticas sociales para este mundo: lejos del sentido de solidaridad, pacto social, reforma democrática y redistributiva.
Tenemos ahora la conjugación de políticas selectivas y focalizadas para los más pobres -lo que algunos autores han llamado el proceso de asistencialización de las políticas sociales- con la transformación en mercancía de determinados servicios -por la vía de su privatización- destinados a quienes pueden pagar, profundizando una dualización de la política social.
II. Consolidar y naturalizar la dualización
Es habitual escuchar que existen transferencias y prestaciones contributivas y no contributivas. Aquí me gustaría realizar una aclaración: todas las transferencias y prestaciones son contributivas, sólo que algunas lo son directamente y otras indirectamente (vía impuestos indirectos, como el Iva, que sigue siendo el de mayor peso en nuestro país). Esto incluso contribuye a ocultar que los pobres también pagan (y proporcionalmente muchísimo) las prestaciones que reciben. Por otra parte, se dice que las políticas de corte asistencial (no directamente contributivas a través del trabajo asalariado) son un intento por atender a los «nuevos» riesgos sociales. Sin embargo, según sostiene Carmen Midaglia, al separar los componentes contributivos de los no directamente contributivos del sistema de protección social, es alto el riesgo de fragmentar la seguridad social de estas respuestas, consolidando la dualización tanto del esquema de bienestar como del de la estructura social. Este marco dualizado inhibe las posibilidades de interacción y contacto interclases, y la generación de «voz política» de dichas coaliciones a favor de la calidad y el mantenimiento de las estrategias de bienestar. El tratamiento asistencial no directamente contributivo queda entonces confinado a la exclusión de la lógica de los derechos. Conviene recordar aquí que el «índice de carencias críticas», instrumento estadístico con el que se seleccionan los hogares llamados «beneficiarios», continúa siendo secreto al día de hoy. Entonces para garantizar el acceso a la subsistencia tenemos una prestación mínima que no está sujeta a derecho. Los discursos en este sentido son discordantes: por momentos se declara operar en la lógica de derechos, y en otros momentos se expone una concepción de «beneficios» transitorios.
La tensión política entre la igualdad formal de los ciudadanos y las desigualdades reales de sus vidas ha sido permanente en el capitalismo. Pero lo que parece novedoso desde la «izquierda» es una nueva lectura que introduce la desigualdad en el marco de las garantías de la ciudadanía; es decir, legitimar, desde el derecho, derechos desiguales evitando problematizar cómo y por qué se produce y reproduce la pobreza.
El viernes pasado en el artículo de esta misma sección, titulado «¿A quiénes llegan las transferencias?», se mostraba que las que están condicionadas por la renta aseguran sólo un mínimo nivel de bienestar, y que estos ingresos sólo representan un pequeño porcentaje del ingreso total del hogar. Por otra parte, el gasto público destinado no alcanza a ser 0,4 por ciento del Pbi. Esta opción residual en los montos, transitoria en su despliegue y no transparente en la selección de la población, conlleva el riesgo de construir subjetividades agradecidas en la medida que las prestaciones no son derechos consagrados, sino transferencias otorgadas temporalmente a «beneficiarios».
III. De la focalización a la focopolítica
Siguiendo a Foucault, una autora argentina, Sonia Álvarez Leguizamón, denomina «focopolítica» a un nuevo arte de gobierno surgido a fines del siglo XX, cuyo objetivo prioritario sería territorializar y producir formas de autocontrol comunitario sobre las poblaciones pobres. La focopolítica se ocuparía sólo de la vida a niveles «mínimos biológicos» de ciertas poblaciones consideradas de riesgo (los más pobres de entre los pobres y algunas minorías). Se trata de una forma de gobierno destinada a las actuales clases peligrosas. Sin duda, este es un riesgo de las prestaciones analizadas: que toda una semántica de lo ínfimo reoriente definitivamente el conflicto distributivo en términos de pobreza (cuando no de pobreza extrema) y su combate. Riesgoso es también que se consoliden respuestas de tipo compensatorias y residuales, al estar la focalización fuera de discusión.
Esta tendencia no es nativa, existe toda una política trasnacional a cargo de diversos organismos internacionales que propone paquetes de ínfima calidad para los pobres y conlleva también que la racionalidad técnico-burocrática se eleve al rango de vanguardia decisoria, al tiempo que genera una complejidad creciente en los procesos de calibración y sus requerimientos de más dispositivos tecnológicos para contar, identificar, clasificar y controlar a los pobres. Hoy existe en nuestro país un robusto sistema de información social (Siias) que produce permanentemente información sobre las poblaciones (especialmente, aunque no únicamente, las más pobres) y permite su georreferenciación. En definitiva, permite individualizar ciudadanos, georreferenciarlos y conocer sus vínculos con las prestaciones del Estado. No parece exagerado alertar sobre el riesgo que conlleva la gerencia y gestión de información social para el monitoreo y evaluación de los pobres y sus vidas privadas. La focopolítica presupone, a la vez que demanda y fomenta, sistemas de información cada vez más complejos y sofisticados. Esto es, a la vez, un efecto de la focopolítica y una herramienta para profundizarla.
Un desafío: ¿focalización punitiva?
La focopolítica parece haber llegado para quedarse: en los últimos años se han creado programas bajo nuevas y diferentes técnicas de selección, monitoreo y control que se combinan con nuevos criterios de focalización territorial. Basta con mirar algunos programas prioritarios, como Cercanías, Jóvenes en Red y Uruguay Crece Contigo.
Pero más peligrosa aun parece ser la actual mezcla de criterios socioeconómicos y de indicadores de «delitos violentos» como elementos para seleccionar barrios donde el Ministerio del Interior y el de Desarrollo Social realizan acciones conjuntas, pero esa ya es otra historia… o no.
Nota de Correspondencia de Prensa
1) Equivalente a 48 dólares al cambio de hoy.
Fuente original: http://brecha.com.uy/