En lo que va de 2021, al menos cuatro defensoras han sido detenidas de manera arbitraria, y cerca de 30 personas más tienen órdenes de captura en su contra por reclamar su derecho a sus territorios ancestrales.
Mientras, se cumple un año de la desaparición forzada de cuatro jóvenes de la comunidad de Triunfo de la Cruz, que el Estado hondureño aún no ha esclarecido, y otro año desde el asesinato de un líder comunitario de Punta Piedra. Empresas turísticas y monocultivos de palma africana presionan sobre el territorio del caribe hondureño en el que este pueblo afrodescendiente reside desde el siglo XVIII.
Detrás de las reseñas turísticas que presentan las playas del Caribe hondureño como paradisíacas, y de los reality shows que muestran sus islas como parajes vírgenes y deshabitados, se encuentran relatos de despojo y violencia contra el pueblo garífuna, que resiste desde su apego a su cultura, su identidad y su territorio.
El pueblo afrodescendiente garífuna, presente en varios países del Caribe centroamericano, llegó a Honduras en el siglo XVIII y mantiene una lengua, unas tradiciones y una cultura propias, cuya supervivencia está directamente relacionada con su permanencia en sus territorios ancestrales.
Pese a ello, lo largo de su historia han sufrido despojos y desplazamientos forzados de sus tierras, primero por la presencia de las compañías multinacionales dedicadas a la exportación de fruta, que se instalaron ya en el siglo XX, y más tarde con el auge del turismo y la instalación de monocultivos para generar aceite de palma, producto del que Honduras es el octavo exportador mundial.
El largo historial de persecución, represión, asesinatos y desapariciones contra líderes y lideresas garífunas, pero también contra indígenas, ambientalistas y otras personas defensoras de derechos humanos, ha crecido tras el golpe de Estado de 2009, y Honduras se ha convertido en el país más peligroso del mundo para defender la tierra, el agua y los recursos naturales, según Global Witness. “Ser defensora en este país es sinónimo de muerte”, dice en una entrevista telefónica Aurelia Arzú, subcoordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que lucha por los derechos del pueblo garífuna en Honduras.
Arzú pone como ejemplos de la persecución contra este pueblo el asesinato del líder de la comunidad garífuna de Punta Piedra Antonio Bernárdez en junio de 2020, la detención arbitraria y criminalización de cuatro defensoras de la tierra garífunas entre marzo y julio de 2021, y la desaparición forzada, hace ya más de un año, de cuatro jóvenes de la comunidad de Triunfo de la Cruz.
Cuatro defensoras criminalizadas
Entre el 3 de marzo y el 10 de julio de 2021 han sido detenidas de forma arbitraria cuatro defensoras garífunas: Jeny Boden Ruiz, Silvia Bonilla, y las hermanas Jenifer y Marianela Mejía Solórzano, según los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), que han rechazado la “criminalización de personas defensoras de derechos humanos garífunas”.
Las cuatro defensoras pertenecen a la comunidad garífuna de Cristales y Río Negro, que lleva años denunciando que parte de sus territorios ancestrales han sido ocupados por hoteles y complejos turísticos, y afectados por la actividad de terminales de cruceros. Muchas de estas empresas son propiedad de inversores extranjeros, como el canadiense Randy Jorgensen, fundador de una plataforma de pornografía y conocido como “el Rey del Porno” en su país. Las cuatro defensoras criminalizadas han sido acusadas de delitos de daños, amenazas, robo y usurpación de tierras, en procedimientos que tanto la CIDH como la OACNUDH califican de “uso indebido del sistema penal como práctica de hostigamiento” contra defensoras de derechos humanos. Advierten además de que esta criminalización “promueve un estigma colectivo” y envía un mensaje intimidatorio.
“No es posible que nos violenten, que nos lleven presas y nos acusen de estar robando nuestras propias tierras, que son nuestras por derecho”, expresa Arzú. La defensora señala que a Silvia Bonilla, de 73 años, la detuvieron cuando se encontraba en un transporte público, la esposaron, y la retuvieron durante toda la noche hasta trasladarla a la ciudad de Trujillo. “Es un irrespeto total a su edad, y ni siquiera preguntaron por su estado de salud”, enfatiza la representante de OFRANEH.
Tanto Bonilla como Jeny Boden se sometieron a una audiencia judicial y fueron sobreseídas por falta de pruebas en su contra, mientras que las hermanas Mejía Solórzano soportan medidas alternativas a la prisión preventiva, a la espera de ser procesadas, y podrían enfrentar una pena de diez años de prisión. Además de ellas, cerca de una treintena de personas tienen órdenes de captura en su contra dentro de la misma causa judicial.
«El momento de la detención de las hermanas es preocupante, ya que tuvo lugar un día antes de la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia de las comunidades garífunas emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015», expresó en un comunicado Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. La relatora se refiere a las sentencias que la Corte Interamericana dictó a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, en las que reconoció la violación de sus derechos y exigió al Estado hondureño que titulase, demarcase y delimitase los territorios tradicionales de las comunidades garífunas.
La audiencia para revisar el cumplimiento de estas medidas se celebró el 4 de marzo de 2021, y en ella la Corte Interamericana constató que el Estado hondureño no ha cumplido con los plazos fijados para la reparación de las comunidades y la demarcación de sus territorios, y que sus gestiones para cumplir con las sentencias han sido “lentas” e “insuficientes”. La Corte también instó al Gobierno hondureño a garantizar la protección del derecho a la vida de las comunidades garífunas, a raíz de la desaparición forzada de cuatro jóvenes de la comunidad Triunfo de la Cruz en julio de 2020.
Cuatro jóvenes desaparecidos
El 18 de julio de 2020, alrededor de las 5:30 de la madrugada, un grupo de hombres armados y vestidos con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) entraron por la fuerza en las casas de cuatro miembros de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, y detuvieron a Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix, y Alberth Sneider Centeno. Desde entonces, continúan desaparecidos.
Sneider Centeno es representante comunitario de Triunfo de la Cruz, miembro de OFRANEH y había tenido un papel de liderazgo para el seguimiento de la sentencia de la Corte IDH de 2015 que obligaba a la demarcación de las tierras y la reparación de su comunidad. En septiembre de 2020, la propia Corte ordenó al Estado investigar y encontrar a los cuatro defensores desaparecidos, pero después de un año no se han producido avances en las investigaciones ni se ha identificado a los culpables. “Ha sido un año de sufrimiento de las madres de los compañeros, de los familiares y de todo el pueblo garífuna, un año sin saber dónde están y qué fue lo que pasó. El Estado se tira a silencio para no responder, hace caso omiso de lo que pasó. Es inaudito cómo es posible que hayan entrado a las comunidades, hasta las propias casas, para secuestrarles y violentar sus derechos”, dice Arzú.
Ante la falta de acción del Estado, familiares de los desaparecidos y activistas de OFRANEH han puesto en marcha un Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA, en sus siglas en garífuna), pero las autoridades hondureñas no aceptan que se incorpore a la investigación. “Nosotros exigimos que el SUNLA se reconozca, ya que el Estado no tiene voluntad de hacer una investigación exhaustiva. Exigimos saber qué pasó con los compañeros desparecidos. Queremos saber dónde están, por qué no están aquí con nosotros”, sentencia Aurelia Arzú.
Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, señala en una entrevista telefónica que “el rechazo frente al SUNLA es una muestra de la falta de compromiso y de voluntad de las autoridades de encontrar con vida a los cuatro activistas desaparecidos, y de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de sus familiares”. Guevara Rosas recuerda además que, en el momento en que se produjeron las desapariciones, la zona de Triunfo de la Cruz estaba sometida a restricciones de movilidad para contener la pandemia de la covid-19, por lo que los agentes policiales eran los únicos que podían ingresar en el territorio.
Hoteles de lujo y despojo de tierras
Mirado desde un mapa, Triunfo de la Cruz aparece como un pueblo pegado al Caribe hondureño. A un lado del municipio, la línea de costa se ve cuajada de establecimientos turísticos, desde campings hasta complejos hoteleros como el Indura Golf & Beach Resort, perteneciente a la cadena de hoteles de lujo Hilton. Una noche en este hotel puede costar entre 127 y 192 dólares por persona, casi la mitad del salario mínimo en Honduras, establecido en 10.022 lempiras (unos 417 dólares).
En 2014 se proyectó la ampliación de este complejo hotelero sobre territorio garífuna, lo que desembocó en intentos de desalojo forzado de la comunidad de Barra Vieja, y en la criminalización de más de 60 de sus habitantes, según un informe de la ONG Global Witness. El informe detalla que el Estado hondureño envió a 80 soldados y 60 policías con maquinaria pesada para ejecutar los desalojos, y formuló las acusaciones contra pobladores y pobladoras a través de la Autoridad Nacional Portuaria. Su interés en el desarrollo del complejo hotelero es evidente: el Gobierno de Honduras es el propietario de la mitad de la empresa que promueve el Indura Beach & Golf Resort.
“El Estado protege los intereses económicos de las grandes corporaciones turísticas en el Caribe hondureño, en menoscabo de los derechos humanos de las comunidades garífunas de la zona”, afirma Erika Guevara Rosas. Añade que, aunque esta dinámica de despojo de tierras es una “cuestión histórica”, se ha profundizado desde el golpe de Estado de 2009, como fruto del “debilitamiento institucional” en el país, y se ha vuelto aún más crítica durante el Gobierno del actual mandatario, Juan Orlando Hernández, en el cargo desde 2014.
Arzú, por su parte, critica que el Estado hondureño tilde a los integrantes de las comunidades garífunas de “brutos” y de personas que “se niegan al desarrollo”, en un discurso racista y estigmatizante. “No es cierto que nos neguemos al desarrollo y al progreso, pero nosotros tenemos derecho de ser consultados de lo que se va a hacer en nuestros territorios. Nosotros cuidamos estas tierras por años, y años, y años, estamos aquí desde antes de que Honduras fuese una república, y tenemos el derecho a que se nos consulte”, afirma.
La memoria de las defensoras
Si regresamos al mapa, del otro lado de los hoteles y campos de golf, ya al borde del municipio de Triunfo de la Cruz, aparece una gran mancha verde: el Parque Nacional Jeanette Kawas. La extensión de manglares, pantanos y selva toma el nombre de una defensora ambiental hondureña que denunció la tala ilegal de madera en zonas protegidas y se opuso a varios proyectos empresariales que dañaban los ecosistemas. Kawas fue asesinada en su casa en febrero de 1995, días después de haber participado en una manifestación en contra de la concesión de títulos de propiedad en el parque nacional Punta Sal. En 2009, la Corte Interamericana condenó al Estado hondureño por su responsabilidad en el asesinato.
El caso de Kawas recuerda tristemente a otro más reciente y conocido: el de Berta Cáceres, defensora ambiental hondureña asesinada en 2016 por su oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, el cual atentaba contra los derechos del pueblo indígena lenca. En julio de 2021, un tribunal hondureño condenó a David Castillo, directivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), que impulsaba el proyecto, como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres. “Si no fuera por la presión internacional, esa sentencia no se hubiera dado. Es un pasito, pero no nos llena, no estamos contentas. Vamos por más, porque los verdaderos asesinos de Berta Cáceres están libres”, expresa Aurelia Arzú. Para Erika Guevara Rosas, la sentencia contra Castillo es “un paso importantísimo” en la búsqueda de justicia por el crimen, pero admite que “no es suficiente” y que sigue siendo necesario “investigar a los perpetradores intelectuales de todo nivel” que estuvieron implicados en el asesinato.
Los precedentes de Jeannette Kawas y Berta Cáceres, y los actuales casos de persecución, asesinatos y desapariciones forzadas suponen una advertencia para las defensoras de los derechos garífunas en Honduras, que deciden continuar con su lucha pese a todo. Como reconocía la defensora y lideresa de OFRANEH Miriam Miranda en una entrevista con Pikara Magazine: “Siento que debo luchar para dejarle a la siguientes generaciones un país mejor. Eso es fundamental en la lucha. Por eso no me rindo y no salgo de Honduras. Es una decisión arriesgada porque estoy en el punto de mira, pero haré lo posible para que no me pase lo que a Berta Cáceres”.