En completo estado de shock. Así se quedaron las fuerzas progresistas paraguayas tras ver cómo en apenas 30 horas el Gobierno de Fernando Lugo era expulsado del poder mediante una versión ampliada y mejorada del golpe de estado institucional que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009. Honduras entonces y Paraguay ahora muestran el […]
En completo estado de shock. Así se quedaron las fuerzas progresistas paraguayas tras ver cómo en apenas 30 horas el Gobierno de Fernando Lugo era expulsado del poder mediante una versión ampliada y mejorada del golpe de estado institucional que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009. Honduras entonces y Paraguay ahora muestran el modelo de golpes del siglo XXI: incruentos en el momento (aunque no posteriormente, como se ha demostrado en Honduras); periódicos en lugar de tanques; manipulación de un entramado jurídico escasamente democrático y, finalmente, el asentimiento internacional para legitimar la subversión de lo decidido en las urnas.
La historia del Paraguay es la historia de cualquier país pobre y se ha contado mil veces: recursos ingentes (soja y algodón, carne y electricidad) en manos de una pequeña oligarquía mientras el resto vive en la pobreza o en la miseria absoluta. Paraguay tuvo en 2010 el segundo crecimiento del Producto Interior Bruto más alto del mundo, con un 14%. Los beneficios fueron para las 600 familias que controlan el país, mientras que el 53% de los más de seis millones de habitantes vive en la pobreza y el 19,4% se sitúa en la pobreza extrema (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2011).
En 2008, la Alianza Patriótica para el Cambio, un frente progresista encabezado por el exobispo Fernando Lugo, ganó las elecciones y alcanzó por primera vez la Presidencia. Aunque el Partido Colorado ha sido el hegemónico -es el único que hasta ese momento había gobernado- el resto de los denominados ‘partidos tradicionales’ (Partido Liberal, UNACE, Patria Querida…) se beneficiaba del poder a través de su presencia en el Senado, Congreso, gobiernos departamentales, ayuntamientos y otras instituciones. A nivel ideológico no hay diferencias: terratenientes ultraconservadores y/o capitalistas neoliberales con ninguna sensibilidad social y fuertemente personalistas. Sus cúpulas están copadas por grandes empresarios, terratenientes y agroindustriales, con unas prácticas que bordean lo delictivo o caen de lleno en ello. Los medios de comunicación de masas están en sus manos. El 80% de la ciudadanía se informa a través de la televisión, cuyas cadenas son propiedad de esta oligarquía, mientras que tan sólo el 10% tiene acceso a Internet, por donde circula la información alternativa (Latinobarómetro).
Esta casta dominante es la que ha impedido que exista un impuesto sobre la renta, la que ha deforestado el 90% del país para dedicarlo al agronegocio, la que impone un gravamen a las exportaciones de tan sólo el 3% cuando lo habitual es un 30%, la que no invierte en economía productiva y se dedica a la importación y exportación, actividades que no aportan valor añadido… Todo ello con la anuencia de multinacionales, gobiernos occidentales, Banco Mundial y Fondo Internacional. El resultado es un estado prácticamente inexistente e incapaz de cubrir las necesidades más básicas de una población mayoritariamente pobre.
Puerta a la esperanza
El triunfo de 2008 supuso una pequeña puerta a la esperanza, pero el nuevo gobierno nacía maniatado. El Senado y el Congreso estaban en poder de la oligarquía. Tan sólo cuatro representantes eran progresistas. La causa de este desequilibrio es únicamente atribuible a la propia Alianza, cuyos partidos concurrieron por separado a las elecciones parlamentarias, dispersándose el voto. Además, para lograr la Presidencia se pactó con los liberales, a quienes se cedió la Vicepresidencia. Un acuerdo contranatura que ha originado que hoy el presidente golpista de Paraguay sea el hasta ahora vicepresidente de Fernando Lugo, el liberal Federico Franco.
Aunque la acción de Gobierno de Fernando Lugo ha sido muy tímida, algunas iniciativas han permitido un cierto empoderamiento de las clases populares y, sobre todo, proyectaban la sensación de que había futuro y de que éste iba a ser mejor que el pasado: gratuidad en la precaria atención sanitaria, abolición de la tasa de matrícula en la educación pública, desayuno en los colegios en un país donde buena parte de la infancia hace tan sólo una comida al día…
Estas medidas fueron respondidas con una violencia extrema por parte de la oligarquía. Los políticos y su coro mediático acusaron al Gobierno de incitar a la lucha de clases, de ser agente del comunismo internacional, títere de Chávez… Al mismo tiempo, las bases populares que llevaron a Lugo al poder le pedían que profundizara en las reformas estructurales.
La expulsión de Fernando Lugo estuvo siempre en el ambiente. De hecho, la Embajada de Estados Unidos alertaba en 2009 de la posibilidad de un golpe de estado, según los papeles de Wikileaks. Sólo era cuestión de esperar a que ocurriera un suceso al que aferrarse para asaltar el poder. Esperar a que ocurriera…, o provocarlo.
Matanza en Curuguaty
El 15 de junio, el desalojo de unos 400 carperos -nombre del movimiento de campesinos sin tierra en Paraguay y que hace referencia a las ‘carpas’ o tiendas con las que se instalan en las tierras ocupadas- de una finca de un oligarca colorado acabó con once campesinos y seis policías muertos y más de 40 heridos.
Según versiones de la prensa, los carperos recibieron a balazos a los agentes. Este relato no concuerda con los antecedentes. En Paraguay, un país eminentemente agrícola en el que el 80% de la tierra cultivable está en manos del 2% de la población, las ocupaciones de tierra son frecuentes. Los campesinos nunca han recibido a tiros a la policía ni poseen armas automáticas. Tampoco parece muy verosímil que sean capaces de realizar disparos a la cabeza y el cuello a 30 y 40 metros de distancia. De hecho, la primera línea policial acudió con las armas enfundadas y a paso tranquilo para dialogar con los carperos, como suele hacer en estos operativos.
Provocado o no, la oligarquía ya tenía en sus manos el suceso que tanto había esperado. Sin esperar a las investigaciones judiciales, comenzó a preparar el golpe exprés que en una semana acabaría con Lugo. Los medios de comunicación fueron el arma de destrucción masiva utilizada. Desde el primer momento instalaron dos mensajes: Fernando Lugo era el responsable de la matanza de Curuguaty y Fernando Lugo sería también el responsable de los estallidos de violencia que se producirían si no renunciaba. Miedo y culpabilización a partes iguales.
La incipiente red de medios públicos creada por el Gobierno, con una penetración mínima, era incapaz de contrarrestar el monopolio informativo de facto. El papel de los grandes emporios de comunicación en estos nuevos golpes de estado obliga a repensar la necesidad de contar con medios públicos y privados de gran difusión para apoyar con un mensaje propio los procesos democráticos.
La cúpula de la Iglesia Católica también jugó su papel. La víspera del juicio político a Fernando Lugo, los obispos del país pedían a Fernando Lugo que renunciara para evitar «la violencia y el derramamiento de sangre». La jerarquía eclesiástica se plegaba a la estrategia golpista de propagar el miedo entre la población y de culpar de una eventual violencia a quien no la había originado.
El golpe
El viernes 22 de junio, a las 17 horas, Fernando Lugo era destituido por el Senado mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. El juicio político es una figura constitucional contradictoria en un régimen presidencialista como el paraguayo y que se torna en aberrante al carecer de ley o reglamento que lo desarrolle. De esta forma, los cargos electos sometidos al juicio político no saben a qué atenerse ni cómo van a ser juzgados, lo que supone una vulneración del debido proceso que asiste a todos los ciudadanos en cualquier procedimiento y, en consecuencia, el quebrantamiento de un derecho humano fundamental.
Muchas constituciones latinoamericanas están plagadas de estas auténticas ‘minas’ jurídicas colocadas para evitar el acceso de clases populares al poder, inevitablemente articuladas en torno a un líder carismático dadas las condiciones socioculturales del subcontinente. Con estas disposiciones se busca defenestrar al líder para destruir al movimiento. Por ello, es fundamental que las fuerzas de progreso acometan reformas constitucionales en profundidad una vez que lleguen a los gobiernos y tengan una mayoría parlamentaria suficiente.
Lugo no tuvo más que 24 horas para preparar su defensa y sus abogados tan sólo dos horas para intervenir ante el Senado. Entre las acusaciones, apoyar delitos y actos de violencia, respaldar a grupos terroristas, querer acabar con la democracia e imponer un partido único, atentar contra la soberanía del país, incitar a la lucha de clases… A la hora de demostrar con pruebas estos cargos, el documento fiscal señala que las acusaciones «son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas». El juicio se llevó a cabo con el concurso indispensable de los liberales, que hasta el día anterior formaban parte del gobierno de Lugo.
De nuevo, en Latinoamérica se vulneraba la legalidad para expulsar a un presidente que había sido elegido por el pueblo en unas elecciones libres, democráticas y transparentes. Técnicamente, un golpe de estado.
Nada más acabar la votación, la policía dispersó con agua a presión y gases lacrimógenos a las 10.000 personas que se agolpaban frente al Parlamento, vigiladas durante todo el día por francotiradores en los tejados. En la mente de todos estaba el Marzo Paraguayo de 1999, cuando siete personas fueron asesinadas en esa misma plaza mientras protestaban de forma pacífica contra el gobierno de Cubas Grau.
En realidad, la carga no iba dirigida contra la multitud, sino contra el presidente Lugo. Era una advertencia de lo que podía ocurrir si se resistía al golpe. Pocos minutos después, Fernando Lugo comunicaba al país su renuncia. Después, el hasta entonces vicepresidente Federico Franco juraba en el mismo Parlamento como presidente frente a un puñado de senadores, en contraste con la toma de posesión de Lugo, cuatro años antes, arropado por decenas de miles de personas.
Los obispos daban el último espaldarazo al golpe con una ‘Eucaristía por la Paz’ celebrada al día siguiente en la catedral de Asunción, situada justo frente al Parlamento, a la que asistió en primera fila el presidente golpista con su esposa. La fotografía de Federico Franco en esa misa pasará a la misma colección que las del dictador Francisco Franco entrando bajo palio a la iglesia o Pinochet comulgando. Esa misma catedral mantuvo sus puertas cerradas la tarde anterior cuando miles de personas intentaban entrar para huir de los gases lacrimógenos y los chorros de agua.
El golpe estaba consumado. A diez meses de las elecciones -el próximo 21 de abril- la oligarquía vuelve a controlar los resortes del poder -ministerios, secretarías de Estado, fuerzas policiales y militares, presupuesto, medios públicos, sectores estratégicos…-.
La resistencia se organiza
Lentamente, el frente democrático comienza a reaccionar. Pasado el shock inicial, los partidos de izquierda y progresistas y las organizaciones y movimientos sociales han creado el Frente Nacional para la Defensa de la Democracia y una red de información (la página oficial que centraliza todas las noticias es www.paraguayresiste.com). La acción interior y la presión exterior -con Argentina a la cabeza, en contraposición con el Gobierno de España, uno de los primeros en avalar al nuevo Ejecutivo- se combinan. Fernando Lugo ejerce como símbolo de la legitimidad democrática.
Revertir la situación a corto plazo es casi imposible. El horizonte está en las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril. El reto es conseguir que el Frente Nacional para la Defensa de la Democracia se transforme en una plataforma unitaria que presente un candidato de consenso y, sobre todo, unas listas unitarias al Congreso y al Senado para evitar la situación de insuficiencia parlamentaria de estos cuatro años. De esta forma, no sólo se conseguirá volver a tomar el poder, sino que la izquierda transformadora habrá salido reforzada y podrá continuar, ya de forma decidida, el proceso de cambio democrático iniciado en abril de 2008.
Alejandro Fierro es periodista
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