Mientras el gobierno de Haití prepara «una atractiva ley que atraerá a inversores» en el sector minero, organizaciones de la sociedad civil se movilizan y forman redes para defender los recursos naturales de su país. Un tercio del norte de Haití ya es objeto de investigaciones, exploraciones y explotación por parte de firmas extranjeras. Mientras, […]
Mientras el gobierno de Haití prepara «una atractiva ley que atraerá a inversores» en el sector minero, organizaciones de la sociedad civil se movilizan y forman redes para defender los recursos naturales de su país.
Un tercio del norte de Haití ya es objeto de investigaciones, exploraciones y explotación por parte de firmas extranjeras.
Mientras, unos 2.400 kilómetros cuadrados ya se destinaron a compañías haitianas que representan a intereses estadounidenses y canadienses.
Algunos estiman que la riqueza mineral de Haití, principalmente oro, cobre y plata, podría ascender a unos 20.000 millones de dólares.
Las concesiones se otorgan en negociaciones a puertas cerradas, lo que provoca malestar entre muchos haitianos, quienes temen que el gobierno esté permitiendo un saqueo sistemático de los recursos naturales.
Pero la agencia minera gubernamental dijo a Haiti Grassroots Watch (HGW) que su objetivo es lograr que el país sea más «atractivo» para potenciales inversores.
«Necesitamos una ley que sea atractiva», dijo Ludner Remarais, director de la Agencia de Energía y Minería (BME, por sus siglas en francés). «Una ley que seduzca a los inversores». La actual legislación es obsoleta, según Remarais.
Haití vive una «fiebre del oro» desde hace unos cinco años, cuando el precio de ese y otros minerales se incrementó.
El 20 de febrero, luego de que una investigación reveló que 15 por ciento del territorio haitiano se había licitado, el Senado adoptó una resolución demandando que cesaran todas las actividades de exploración y explotación para permitir un debate nacional sobre los contratos.
«Estamos respetando escrupulosamente esa decisión», aseguró Remarais, pero añadió que la resolución no podía anular los derechos ya concedidos.
Resistencia local
Organizaciones de campesinos y grupos defensores de los derechos humanos, la soberanía alimentaria y el ambiente temen los potenciales efectos de la industria minera en la calidad del agua y la tierra.
Estos grupos conformaron el Colectivo Contra la Minería, que asiste a otras asociaciones locales con información y campañas de toma de conciencia.
El 5 de julio, más de 200 agricultores del área en torno al yacimiento de Grand Bois, unos 11 kilómetros al sur de Limbé, en el departamento Norte, se reunieron en una iglesia del lugar para discutir el futuro de las operaciones mineras.
«Cuando alguien habla sobre minería, nuestra historia nos hace pensar en esclavitud, en la ocupación de nuestras tierras», dijo Willy Pierre, profesor de ciencias sociales en una escuela cercana. «Podríamos perder nuestros campos fértiles. Nos expulsarán de nuestra tierra. ¿Por qué habríamos de irnos?», preguntó.
El yacimiento de Grand Bois es rico en oro y cobre, según los últimos estudios realizados por la compañía canadiense Eurasian Minerals. La firma tiene la concesión de la BME a través de su subsidiaria haitiana, la Société Minière Citadelle S.A.
En el encuentro, muchos presentes dijeron estar nerviosos por los proyectos. «El negocio de la minería debe ser una lección para todos nosotros», advirtió Jean Vilmé, agricultor de la región de Bogé.
«No solo pereceremos nosotros, los que vivimos en torno al yacimiento, sino que todo el país será absorbido», advirtió.
Hace dos semanas, unos 50 miembros de organizaciones locales y nacionales se reunieron en la localidad de Jean Rabel, en el departamento Noroeste, que carece de calles, de servicios de agua y de instalaciones médicas.
Los participantes presenciaron y debatieron un vídeo sobre minería en Haití y discutieron los pasos a seguir.
A comienzos de este mes, unos 60 representantes de las asociaciones que conforman el Colectivo organizaron una reunión de un día entero en Montrouis, al noreste de Puerto Príncipe.
En ella discutieron formas de proteger el agua subterránea, la soberanía alimentaria, la agricultura, la biodiversidad, la salud y la propiedad de la tierra.
Clébért Duval, miembro de la asociación de campesinos Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen («pequeños productores haitianos que trabajan unidos», en creole), sostuvo que un Estado que defienda a su pueblo debe usar los recursos mineros para «cambiar las condiciones de las masas, de los cultivadores, de la gente vulnerable».
«Eso le daría un nuevo rostro al país», sostuvo.
Sin embargo, indicó, «si el Estado es en realidad un predador que trabaja para las multinacionales y para el sistema capitalista que, como está en crisis, acapara la riqueza de los países pobres, entonces siempre estimulará la minería».
«Todo el dinero que debería ir a la gente termina en las compañías extranjeras, excepto las migajas que reciben los intermediarios. Las firmas mineras se quedarán con toda la riqueza, al igual que lo hicieron en el pasado», afirmó.
Muchos rechazan el argumento del gobierno de que la minería es importante para la economía y el desarrollo del país.
«En 2012, algunas compañías hicieron prospecciones», dijo Vernicia Phillus, de la coordinadora de mujeres de Tèt Kole en Baie de Henne. «Se llevaron muestras de suelo y rocas», recordó.
«Nosotras en Baie de Henne estamos en contra de la minería porque no obtenemos ninguna ganancia. Tendrá un impacto dañino y destruirá nuestras tierras fértiles y nuestros árboles frutales, y secará nuestros acuíferos», alertó.
Haiti Grassroots Watch es una asociación de AlterPresse, la Sociedad de Animación y Comunicación Social (SAKS), la Red de Mujeres de Radios Comunitarias (REFRAKA), radios comunitarias y estudiantes del Laboratorio de Periodismo de la Universidad del Estado de Haití.