Declaración Política
Promesas rotas…
«Deuda Pública. Conocido es que la crisis financiera provocada por la aplicación del modelo neoliberal absorbió las reservas estatales y elevó la deuda en moneda extranjera del sector público a más del 100% del PBI. Por lo tanto, la deuda externa ha pasado a ser una restricción de primer orden, que el reciente canje de títulos públicos no ha solucionado (…) El relacionamiento con los organismos internacionales deberá basarse en principios firmes de negociación, tanto en lo referente a la deuda que el país mantiene con ellos, como con los acreedores privados (…) Un ajuste recesivo para pagar el servicio de la deuda, por la vía de aumentar los impuestos o reducir el gasto socialmente necesario, sería equivalente a pagar deuda a costa de más hambre, más desempleo, menos salud, menos educación, menos vivienda digna para los uruguayos y uruguayas, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. (Grandes Lineamientos Programáticos Para el Gobierno 05-10. Aprobado por el IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio, diciembre 2003)
Ni siquiera esta propuesta mínima e insuficiente ha sido cumplida. Incluso esta línea, de tímida resistencia al FMI que se anunciaba, fue abandonada. Por el contrario, el 8 de junio, en Washington, el gobierno presidido por Tabaré Vázquez y gerenciado por el ministro Danilo Astori, terminó por subordinarse a las condiciones impuestas por las instituciones financieras internacionales. La Carta de Intención firmada con el FMI profundiza la continuidad del programa neoliberal y entreguista, por lo tanto, remacha la hipoteca sobre la soberanía nacional. Para el pueblo trabajador más de lo mismo: confiscación salarial, trabajo precario, desempleo y pobreza. El sólo hecho de que el gobierno destine apenas el 0,7% del PIB (Producto Interno Bruto) a la «emergencia social» y ¡siete vez más! a pagarle a los «acreedores internacionales» (banqueros, especuladores, instituciones financieras internacionales) demuestra la naturaleza del programa progresista. Como si faltara alguna prueba adicional, el 20 de mayo, fecha significativa en la historia de las luchas democráticas y populares, el gobierno se despachó con el decreto que venía a desconocer el mayoritario pronunciamiento del 31 de octubre de 2004 respecto al agua. Bajo tales condiciones, las promesas de «justicia social» y «país productivo» caen en el vacío, cediendo el paso a los intereses de las clases propietarias que exigen una mayor «rentabilidad empresarial» y al «clima de negocios» que imponen los capitalistas extranjeros para «invertir». De allí que no sorprenda la decidida actitud del gobierno a favor de las multinacionales de la celulosa, aún a costa de la destrucción del ambiente y la contaminación de poblaciones enteras.
El Presupuesto quinquenal (votado por todos los parlamentarios del Frente Amplio) es el corolario de todo este despropósito progresista. No sólo porque ajusta hacia abajo, congela ingresos y reduce las inversiones públicas, sino porque se adapta sumisamente a las exigencias fiscalistas del FMI que no atiende en ningún sentido las necesidades reales del país y su gente. Las próximas medidas que se preparan van en la misma dirección. La supuesta «reforma tributaria» mantiene el impuesto a los salarios, afecta a las capas medias asalariadas y a los pequeños y medianos productores, mientras que mantiene intacto el patrimonio de los grandes capitalistas. Es decir, se trata de una «reforma» que continúa con la desvalorización de la fuerza de trabajo y con la política expropiadora del neoliberalismo. Trazadas estas pautas estratégicas, el gobierno se dispone a avanzar en la privatización de las empresas del Estado, bajo el eufemismo de la «asociación público-privado»; en la «autonomización» del Banco Central (como lo exige el FMI); y en «racionalizar» (como lo exigen el Banco Mundial y el BID) aquellos resortes estratégicos que son imprescindibles para un desarrollo soberano (recursos naturales, energía, telecomunicaciones, servicios municipales, etc.).
A todos estos aspectos, vinculados con lo económico y productivo, le siguen los relacionados con la capitulación del gobierno respecto al imperialismo norteamericano, como por ejemplo, aprobar las maniobras UNITAS, enviar tropas de ocupación a Haití y aceptar todas las cláusulas coloniales del Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos, verdadera herramienta de dominación que viola nuestra constitución, desconoce nuestra soberanía, la libre autodeterminación de los pueblos y los pronunciamientos populares en los aspectos relativos al agua y las empresas públicas.
En esta perspectiva de oposición, desde posiciones de izquierda y de ruptura radical con el programa y la estrategia progresista, la lucha por los derechos democráticos y contra la impunidad ocupan un lugar central. Tanto la represión en la Ciudad Vieja, como las sentencias y procesamientos que criminalizan la lucha social, demuestran que el aparato represivo y el poder judicial continúan al servicio de un régimen político de dominación, de clase, que trasciende las coyunturas gubernamentales; de igual forma que la impunidad del terrorismo de Estado garantiza la existencia misma del núcleo duro del aparato estatal: las fuerzas armadas.
Juzgar y condenar a los ladrones, torturadores y asesinos de la dictadura, no es sólo un deber ético en nombre de la verdad y la memoria de nuestros muertos y desaparecidos; es un imperativo político de plena actualidad. No hay democracia con tutela militar. No hay democracia si no se desmantela el aparato represivo. Es por ello que la lucha por la
Anulación de la Ley de Impunidad tiene un carácter estratégico para el movimiento obrero y popular, para el desarrollo de su organización y movilización, de su lucha contra los capitalistas que esgrimen la amenaza permanente de la represión. Y es, al mismo tiempo, la principal batalla contra cualquier intento de dar vuelta la página y el punto final.
Ante este panorama, las luchas sociales y la resistencia popular son la única alternativa. Enfrentando la prepotencia patronal contra los trabajadores y denunciando el chantaje de las corporaciones empresariales que se niegan a digerir hasta el más mínimo de los avances en los derechos sindicales; luchando contra el programa económico del gobierno y del FMI. La resistencia obrera y popular que se ha manifestado en estos últimos meses – a través de ocupaciones, huelgas, cientos de nuevos sindicatos, manifestaciones, escraches, marchas, campamentos, y diversas manifestaciones de protesta – se irá desarrollando en la medida que el modelo neoliberal y entreguista siga imperando. Es en tal sentido que insistimos (y continuaremos insistiendo) sobre una necesidad impostergable: construir y organizar una oposición desde principios de izquierda , un bloque político y social de carácter antioligárquico, antiimperialista y anticapitalista que se transforme, desde la lucha, en la herramienta que levante e impulse un programa alternativo, de transformaciones profundas y revolucionarias.
HACIA LA LIBERACION NACIONAL Y EL SOCIALISMO
UNIDAD DE LOS REVOLUCIONARIOS
Montevideo, 22 de diciembre 2005
COLECTIVO MILITANTE
REFUNDACIÓN COMUNISTA
COORDINADOR ARTIGUISTA DE LIBERACIÓN 1971
FRENTE REVOLUCIONARIO POR UNA ALTERNATIVA SOCIALISTA
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO ORIENTAL
