—El Gobierno de Xiomara Castro, que lleva casi un año y medio de gestión, comunicó el pasado 7 de abril que extiende por 45 días más el estado de excepción parcial iniciado el 6 de diciembre de 2022 y que ya cuenta con tres prórrogas. El objetivo de esta ampliación, que se aplicará a 73 municipios más e involucra en la tarea a las Fuerzas Armadas, es continuar combatiendo la delincuencia común y el crimen organizado en el país (sólo en 2022 fueron responsables de 3.519 muertes violentas). Otro de los aspectos del plan de seguridad fue el anuncio de Castro de intervenir el Sistema Penitenciario, con “mano dura y orden” como respuesta a la violencia desatada en las cárceles por presos del crimen organizado (maras).
—A pesar de que la inseguridad es un problema grave en Honduras -como en toda Centroamérica-, varias de esas medidas han despertado críticas entre los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales. La oposición, por su parte, señala que cuando LIBRE era oposición, este tipo de medidas punitivas eran criticadas, aunque algunos diputados del propio partido oficialista han objetado el espíritu de las políticas de seguridad. No debe soslayarse, sin embargo, que la política contra el crimen organizado de Bukele es vista con buenos ojos en los países centroamericanos que lo padecen desde hace décadas.
—En cuanto a la problemática de la corrupción, el Gobierno y la ONU anunciaron la semana pasada que en los próximos días una misión exploratoria de expertos vsitaría el país como paso inicial para una eventual instalación de la CICICH (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras). A pesar de la firma, en diciembre de 2022, del memorandum de entendimiento entre Xiomara Castro y la ONU, aún no están acordadas las condiciones para garantizar la imparcialidad y la independencia de la Comisión. La ONU plantea que el mecanismo tenga facultades para realizar investigaciones de forma independiente y constituirse como acusador privado”, y el Gobierno propone que la acusación penal corresponda al Ministerio Público. En el ámbito interno, la disputa mayor se centra en la solicitud del Partido Nacional de garantizar que esta comisión investigue también la gestión del expresidente Manuel Zelaya.
—La Ley de Justicia tributaria es otro de los grandes ejes políticos del Gobierno hondureño. Esta iniciativa gubernamental consta de 41 artículos tiene como objetivo establecer un sistema tributario progresivo, justo y transparente con propuestas como: i) reconocer a nivel constitucional la progresividad recaudatoria, ii) derogar los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales establecidos a partir de 2009, iii) establecer auditorías regulares para evitar abusos de las empresas que mantienen beneficios fiscales, iv) crear dos nuevos regímenes de exenciones para fomentar la industria nacional y atraer la inversión extranjera y, v) cambiar el principio de renta territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales.
—Actualmente el proyecto de Ley está en etapa de socialización en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con apoyos propios suficientes como para ser aprobada, ya que necesita mayoría simple (65 de los 128 diputados) y LIBRE sólo cuenta con la mitad. Sin embargo, como ha sido la tónica del Gobierno desde sus inicios, ha debido negociar con otras fuerzas políticas iniciativas importantes, como la Ley de Presupuesto y la elección de los 15 miembros de la Corte Suprema.
—Es importante tener en cuenta para la futura votación que los apoyos estables al Gobierno en el Congreso tienen poco peso (dos bancas de los partidos Demócrata Cristiano y el Partido Anticorrupción) y que el Partido Salvador de Honduras (con el que LIBRE se presentó a las elecciones) hoy es su principal opositor. Salvador Nasralla, presidente de dicho partido y aún vicepresidente de la Nación, ejerce la crítica constante al Gobierno. Un dato significativo de cara a la votación de ese partido sobre la reforma tributaria es que el secretario de Desarrollo Económico (PSH) renunció a su cargo recientemente por su desacuerdo con la propuesta. En cuanto a los dos partidos opositores tradicionales, es poco probable que el Partido Nacional (43 curules) apoye, aunque la votación del Partido Liberal (22) es incierta.
—El Partido Liberal ha acompañado (no sin negociaciones) muchas de las iniciativas del oficialismo, incluida la Ley de Presupuesto y la lista de candidatos a la Corte Suprema; a diferencia del Partido Nacional (representante de los poderes fáctios hondureños), sus filas suelen estar más divididas en temáticas progresistas. Quizás esos hayan sido motivos importantes para que el pasado mes de abril Manuel Zelaya -presidente de LIBRE y exmiembro del PL-, les haya propuesto a los liberales conformar un cogobierno. Si bien ésta fue rechazada con diversas argumentaciones y existan voces contra la reforma en el PL (al igual que con la derogación gubernamental de la Ley de Trabajo por Hora), lo cierto es que no está descartado que LIBRE pueda contar con votos de ese partido.
—En cuanto a política exterior, la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán y el restablecimiento con China el pasado mes de marzo fue, sin dudas, el hecho más trascendente, al representar un duro revés para la diplomacia estadounidense en Centroamérica (sólo Guatemala y Belice reconocen a Taipei en la región). Dicho giro diplomático condujo al arribo al país caribeño de una delegación china que trabajó en la preparación de acuerdos comerciales y de inversión.
—Es probable que existan conflictos con productores y exportadores que, desde 1941 -cuando el dictador Tiburcio Carías Andino reconoció a Taiwán-, han ido construyendo relaciones comerciales con la isla. En 2022, la balanza comercial entre Honduras y Taiwán alcanzó los 129 millones de dólares, con un saldo favorable para Honduras de 66 millones. Los principales productos exportados fueron mariscos y frutas.
—En cuanto a la economía del país, según estimaciones del Banco Central de Honduras, entre 2023 y 2024 el PIB del país crecerá entre 3,5% y 4%, y este crecimiento estaría basado en “el consumo privado apoyado por los ajustes salariales, comportamiento favorable de las remesas familiares y el crecimiento del crédito, así como mejora de la inversión pública dirigida a programas y proyectos del sector energía, infraestructura vial, productiva y social, complementado con el mayor gasto social focalizado”. También para 2023 se prevé una reducción de la inflación (en 2022 fue del 9,8%) y un incremento del 8,5% de las remesas provenientes de EE. UU, que en 2022 ascendieron a casi 8.700 millones de dólares. En cuanto a los salarios, en febrero el Gobierno acordó con trabajadores y empresarios un aumento del salario mínimo del 9,8%.
—Finalmente, en cuanto a las temáticas aquí abordadas, el último estudio de opinión en Honduras (ERIC) dado a conocer el pasado 9 de mayo, arrojó que: i) el 36,2% de los hondureños cree que en primer lugar el Gobierno debe resolver la crisis económica (36,2%), luego la problemática del empleo (33,8%) y en un alejado tercer lugar combatir la violencia (8,7%). La mejora del problema de la Salud y la Educación, y de la corrupción quedan en tercer y cuarto lugar con 8,5% y 7%, respectivamente; ii) el promedio de calificación del Gobierno de Castro es de 4,46 en una escala del 1 al 10 (fue de 6 en 2022); iii) el 48,4% de la gente cree que la imagen de la presidente se mantiene igual y el 34,3% que ha empeorado; y iv) el 61% cree que Xiomara Castro no tiene el control en las decisiones de gobierno (principalmente atribuido a Manuel Zelaya).
Camila Vollenweider es máster en Sociología por la Universidad Autonoma de Barcelona (UAB) y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC), Argentina. Se desempeñó como docente en la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) y como investigadora del CIETES-UNRN.
Fuente: https://www.celag.org/honduras-informe-de-coyuntura-politica/