Agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial detuvieron anoche en su chalé de Villanueva de la Cañada, en la periferia de Madrid, a la ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón, Isabelita, cumpliendo la orden dictada por el juez federal argentino Raúl Héctor Acosta. El magistrado la acusa de la desaparición de […]
Agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial detuvieron anoche en su chalé de Villanueva de la Cañada, en la periferia de Madrid, a la ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón, Isabelita, cumpliendo la orden dictada por el juez federal argentino Raúl Héctor Acosta. El magistrado la acusa de la desaparición de un joven en la provincia de Mendoza un día antes del derrocamiento de su Gobierno el 24 de marzo de 1976, y de ordenar, a través de tres decretos gubernamentales de 1975, a las Fuerzas Armadas el «exterminio» de los subversivos.
Juan del Olmo, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ante quien fue trasladada, decretó ayer su libertad provisional con comparecencias cada 15 días a petición del fiscal, tras ser reconocida por un forense. Se inicia a partir de ahora un plazo de 40 días en los que el juez Acosta debe fundamentar su pedido de extradición.
El magistrado Raúl Héctor Acosta, de la provincia de Mendoza, mantiene desde hace años una causa abierta por la desaparición, en esa región del oeste de Argentina lindera con Chile, de 19 personas durante el Gobierno de la viuda del general y presidente Juan Domingo Perón. En concreto, ella está acusada de secuestro agravado de uno de ellos, del estudiante Héctor Faggetti Gallego, que tuvo lugar el 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe de Estado militar encabezado por el general Videla que derrocó a Isabelita.
Igualmente el juez Acosta acusa a la ex presidenta por su responsabilidad directa en los decretos 2.7770/75, 2.771/75 y 2.772/75 emitidos por su Gobierno, a través de los cuales el llamado Consejo de Seguridad Interna facultó a las Fuerzas Armadas a «ejecutar operaciones militares para aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país».
El exterminio
El juez destaca en su auto el hecho de que ya en ese momento, en 1975, estaba vigente la ley antisubversiva 20.840 para hacer frente a los grupos armados, por lo que no se explica la necesidad de tales decretos. Estos supusieron que la ley del gatillo fácil y el imperio de la Triple A -la estructura paramilitar ultraderechista del Gobierno que asesinaba impunemente a todo opositor, utilizando todos los recursos del propio Estado-, se vieran reforzados por la entrada en escena de forma abierta de las propias Fuerzas Armadas. Junto a María Estela Martínez de Perón el juez imputa también a varios de sus ex ministros, Antonio Cafiero, de Economía; Carlos Ruckauf, de Trabajo; Manuel Araux Castex, de Relaciones Exteriores; Tomás Vottero, de Defensa y Carlos Emery, de Bienestar Social, e Italo Lúder, presidente del Senado. En el caso de Cafiero, uno de los barones de la derecha peronista, está acusado, al igual que Isabelita, por el secuestro del estudiante Héctor Faggetti, y consiguió eximirse de la prisión tras pagar una fianza de 155.000 euros. Ruckauf, otro barón, solicitó la misma exención, pero el juez la rechazó dado que es diputado y goza de inmunidad parlamentaria.
En la causa seguida por el juez Acosta, el abogado de la ex presidenta, Atilio Neira, dijo en su defensa que ella no puede ser considerada responsable de esos decretos porque no los firmó personalmente, dado que en ese momento estaba de «excedencia», por estrés, y había delegado sus funciones en el presidente del Senado.
El magistrado ha rechazado de plano esos argumentos, en la medida en que Isabelita en ningún momento delegó sus funciones de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A pesar de los numerosos crímenes cometidos antes de la dictadura militar que se instauró a partir del 24 de marzo de 1976, éstos quedaron prescritos y sus principales protagonistas, civiles, policías y militares, consiguieron que sus crímenes quedaran impunes.
Tras la caída de la dictadura en 1983 y los posteriores juicios que se realizaron durante la época de Raúl Alfonsín, las asonadas de los militares carapintadas hicieron que su Gobierno cediera ante ellos y dictara las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida condenando sólo a las tres cúpulas militares. La llegada luego de Carlos Menem al poder terminó de tender el manto de impunidad, al indultar a esos nueve altos oficiales. El hecho de que el secuestro de hijos de desaparecidas nacidos en cautiverio no estuviera cubierto por esas leyes, abrió una grieta, que luego se completaría al ser abolidas las dos normativas, aunque aún siguen vigentes los indultos dictados por Carlos Menem.
Los crímenes de la Triple A, como otros cometidos durante el último Gobierno peronista entre 1973 y 1976, han sido calificados crímenes de lesa humanidad por Norberto Oyarbide, otro juez federal argentino que investiga ese periodo de forma paralela a su colega Rafael Acosta. Esta interpretación jurídica, la única lógica que por otro lado parece pudieran tener los crímenes de activistas sociales, barriales, sindicalistas, periodistas, abogados, políticos y de un sinfín de personas en manos de la paramilitar estructura de Isabelita, permite que esos delitos dejen de estar prescritos.
El juez Juan del Olmo tiene como primera misión preguntar a la ex presidenta argentina si está de acuerdo con la petición de extradición reclamada y, en caso negativo, se iniciaría el trámite previsto por el Convenio de Extradición Simplificada que tienen suscrito España con Argentina. Previsiblemente la acusada presentaría recursos dentro del plazo máximo de 40 días que marca la ley para que se adopte una decisión definitiva.