La revuelta popular en Kirguistán este mes es «un llamado de alerta» a la Unión Europea (UE) y a Estados Unidos, que deberían pensar seriamente «sus prioridades políticas en Asia central», coincidieron expertos. «Ignorar las penurias de la gente y hacer la vista gorda a la represión por otros intereses, supuestamente más importantes, no vale […]
La revuelta popular en Kirguistán este mes es «un llamado de alerta» a la Unión Europea (UE) y a Estados Unidos, que deberían pensar seriamente «sus prioridades políticas en Asia central», coincidieron expertos.
«Ignorar las penurias de la gente y hacer la vista gorda a la represión por otros intereses, supuestamente más importantes, no vale la pena», dijo la directora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch (HRW), Veronika Szente Goldston.
«Sean geoestratégicos o de otra índole, esos intereses y la promoción de los derechos humanos y la democracia son rara vez metas que se excluyan entre sí, sino que pueden y deben ser procuradas al mismo tiempo», dijo a IPS en entrevista vía correo electrónico.
En Kirguistán, opositores derrocaron este mes al gobierno del presidente Kurmanbek Bakiyev luego de una breve pero violenta asonada. La ex canciller Roza Otunbayeva se hizo cargo de un gobierno interino.
Mientras, los últimos acontecimientos en Uzbekistán, la nación más populosa de Asia central con 28 millones de habitantes, son una nueva advertencia a Occidente.
En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) distribuyó un crítico informe sobre ese país.
El reporte condenaba el trabajo infantil, la persecución gubernamental contra periodistas y defensores de los derechos humanos, la propagada represión contra la sociedad civil, el persistente empleo de la tortura contra detenidos y la falta de independencia del sistema judicial.
El Comité también criticó «la continuada falta de responsabilidad» por la masacre de 2005 contra en su mayoría manifestantes desarmados en la oriental ciudad de Andiján. Unos 750 civiles murieron en mayo de ese año cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra una protesta pacífica.
Al visitar este mes Uzbekistán, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó al presidente Islam Karimov a atender la situación de derechos humanos, aunque sus comentarios estuvieron más limitados que el informe del Comité. Karimov gobierna ese país de Asia central desde 1989.
A pesar de los documentados abusos, las potencias occidentales han suavizado su postura para con Tashkent por intereses geoestratégicos.
En octubre de 2009, la UE levantó un embargo de armas contra Uzbekistán (la última sanción europea que pesaba sobre ese país) tras destacar «pasos positivos» que habría dado Tashkent el año pasado.
El bloque europeo reconoció la participación del país en un «estructurado diálogo por los derechos humanos», su ratificación de convenciones internacionales que prohíben el trabajo infantil y la introducción de la figura jurídica del «habeas corpus».
Sin embargo, HRW aseguró que, «aparte de conversaciones anuales aisladas (sobre derechos humanos) cuyo contenido y resultado sigue siendo oscuro, el año pasado no se dieron ninguno de los pasos citados por la UE».
Alemania, con una base militar en territorio uzbeko, fue el principal promotor del levantamiento del embargo.
Las ricas reservas de petróleo y gas de los países de Asia central pueden ser una razón para el cambio de postura de la UE hacia Tashkent.
Washington también ha suavizado su discurso contra Uzbekistán, sobre todo luego de que ese país permitiera a las fuerzas estadounidenses usar su territorio como ruta de tránsito hacia Afganistán y concediera la base aérea de Navoi.
En 2005, Estados Unidos debió retirarse de la base después de criticar la masacre de Andiján, por lo cual ahora procura ser más cuidadoso en sus posturas.
Mientras, siguen llegando a Occidente noticias de violaciones a los derechos humanos en territorio uzbeko.
A fines de febrero, se conoció la condena a siete años de prisión del psicólogo y activista contra el sida Maxim Popov, de 28 años.
Popov fue condenado a fines del año pasado por «promover la homosexualidad» y «corromper menores» a través de su campaña de prevención contra el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). La homosexualidad es ilegal en Uzbekistán y castigable con tres años de prisión.
Popov es fundador de Izis, organización uzbeka de lucha contra el sida integrada por jóvenes médicos profesionales y activistas, financiada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Departamento Británico para el Desarrollo Internacional y otros grupos. También publicó un folleto sobre sexo seguro, financiado por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Desde el arresto de su fundador, Izis ha dejado de funcionar.
«El trabajo de Maxim Popov no afectó la reputación de Uzbekistán, pues escribió desde el punto de vista de la medicina contemporánea», dijo a IPS el presidente de la organización Defensores de los Derechos Humanos en Uzbekistán, Surat Ikramov. «El trabajo de Popov no daña a la sociedad musulmana».
«La liberación de Popov sólo podrá obtenerse a través de la presión de los principales socios de Uzbekistán, es decir Estados Unidos y la UE», sostuvo por su parte Nikolai Alekseyev, líder del grupo Orgullo Gay de Moscú.
«Pero el problema aquí es geopolítico, pues Estados Unidos tiene una base militar estratégica en Uzbekistán», dijo a IPS el activista, quien ha promovido el caso de Popov en la UE.
Las probabilidades de que se produzca esa presión internacional son escasas. «La liberación de los defensores de los derechos humanos encarcelados era un criterio explícito que la UE había establecido como condición para levantar las sanciones», dijo Goldston a IPS.