El debate en Nicaragua sobre una amnistía para el ex presidente liberar a Arnoldo Alemán no es nuevo ni ha sido manejado con disimulo: nos remonta antes de su sentencia a 20 años de prisión por lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos, peculado, asociación e instigación para delinquir y delito electoral. Desde la […]
El debate en Nicaragua sobre una amnistía para el ex presidente liberar a Arnoldo Alemán no es nuevo ni ha sido manejado con disimulo: nos remonta antes de su sentencia a 20 años de prisión por lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos, peculado, asociación e instigación para delinquir y delito electoral. Desde la condena a finales de 2003 se rumora la amnistía, mientras producto de negociaciones políticas surgían «alternativas» fragosas como el beneficio de «país por cárcel».
Amnesia y amnistía son palabras etimológicamente hermanas; la primera es un olvido total, la segunda es el olvido de los ilícitos cometidos como si nunca ocurrieron, extinguiendo toda responsabilidad de los autores. Se aplica a delitos políticos bajo el supuesto que en ocasiones, con cambios de gobierno o regímenes, ciertos delitos dejan de tenerse como tal y castigarlos pierde sentido. Esto es importantísimo para emitir una opinión sobre el actual proyecto de amnistía discutido en la Asamblea Nacional, que había sido descartado desde inicios de 2004 por razones legales: la amnistía es para delitos políticos. Es alarmante que cuatro años después resurja con tanta fuerza este debate, sólo explicable por la afluencia de nuevos elementos enteramente políticos, véase la espada que resultado del escándalo de los CENI pende sobre Eduardo Montealegre (proclamado por un sector de la derecha como «líder de oposición»). Jurídicamente no hay espacio para amnistiar delitos comunes, por muy políticos que sean sus autores. Aquí entra la amnistía, extendiendo el beneficio pretendido por Alemán hasta Montealegre y una lista abierta de personas.
Un borrador extraoficial reciente concede la amnistía a todas las personas nacionales o extranjeras, residentes o no en el territorio nacional, que de 1990 a enero de 2007 ejercieron cargos públicos en los Poderes, Instituciones, Entes autónomos o descentralizados o paraestatales, órganos u organismos del Estado; Regiones Autónomas, departamentos y municipios del país, sus instituciones y dependencias; así como a toda persona contra quien se haya dictado o mencionado en una presunción de responsabilidad penal, civil o administrativa por la Contraloría. Asimismo, detiene todos los procesos iniciados y no iniciados de la CGR, CSJ, tribunales, Policía, Ministerio Público, Procuraduría y/o cualquier otra instancia o autoridad. Y si aún no hemos tocado el cielo del descaro, hay más para Ripley: incluye a los cónyuges o ex cónyuges, convivientes o ex convivientes en unión de hecho, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, ya sean ascendentes, descendientes o colaterales de los imputados. En pocas palabras, prácticamente todo funcionario o empleado público (y sus familiares) que haya pisado una oficina pública en esos 17 años. El diputado Quiñónez calculó en doscientos los ex funcionarios beneficiados con esta monstruosidad, cifra a todas luces conservadora.
¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿No hemos tenido suficientes desgracias en nuestra historia? Como joven, no puedo explicarme qué frágil mecanismo se rompió en nuestra sociedad para llegar a este punto donde se discute con tanta frescura y libertinaje un proyecto tan sórdido para Nicaragua. Existen tensiones políticas en la actualidad, pero jamás serán resueltas por la vía política si ésta continúa aplastando el Estado de Derecho como se pretende. No debería debatirse si se pasa como ley o decreto legislativo, ni siquiera hasta dónde y a quiénes beneficiar; lo único valedero es que no debe haber amnistía. Moralmente no hay lugar para esta burla.
Mientras MRS y FSLN rechazan la amnistía, se escucha con frecuencia la cantaleta liberal que la amnistía permitiría actuar a sus dirigentes políticos sin los supuestos chantajes judiciales del FSLN, alegando la parcialidad y partidización de los tribunales, ¿pero no son estos mismos dirigentes (Arnoldo Alemán et al) quienes participaron de una u otra manera en el reparto de las instituciones nacionales que ahora critican? ¿Por qué en vez de amnistía no se escucha una iniciativa ordenada y efectiva para la debida profesionalización del Poder Judicial, que tanto se necesita, y así probar que no son culpables? ¿Qué será de los millones de nicaragüenses que a diario viven el drama de la retardación de justicia o la negociación de los fallos? La amnistía no solucionará los problemas actuales, sólo puede empeorarlos.
Tres ejemplos de amnistías históricas contrastan con Nicaragua: EE.UU. después de la Guerra Civil (1865), Sudáfrica después del apartheid (1990) y, mi favorito, Trasíbulo, quien 2,400 años atrás fue el primero tras la caída de los Treinta Tiranos. Trasíbulo quería evitar venganzas y persecuciones, y propuso a sus ciudadanos la votación sobre una ley de olvido que fue aprobada, trayendo unidad y estabilidad para Atenas y restaurando la democracia. ¿Por qué los liberales ni siquiera hablan de someter a votación popular, aprovechando las elecciones municipales de noviembre?
El propósito de una amnistía es restablecer la convivencia y la tolerancia entre sectores que han luchado e incluso empuñando armas, pero ese mal endémico que azota Nicaragua, la corrupción, no merece olvido. Debe atacarse frontalmente, abriendo los juicios a quienes corresponda y procurando la recuperación de los bienes robados. Estamos hablando de amnistiar a un ex presidente señalado de robar 250 millones de dólares, ganándose el mal privilegio de ser calificado por Transparencia Internacional entre los diez gobernantes más corruptos a nivel mundial en los últimos 200 años; o de limpiar a los responsables (incluido o no Montealegre) del escándalo de los CENI, calculado en 500 millones de dólares adicionales. Si a eso le sumamos 8 mil millones de córdobas por las resoluciones emitidas por la CGR desde el año 2000, de por sí ya congeladas con amparos bautizados como «inmunidades temporales», hablamos claramente de al menos mil millones de dólares en corrupción amnistiada. ¿Qué podríamos hacer con tanto dinero, que representa sólo la punta de un iceberg gigantesco de corrupción? ¿Acaso hay algún optimista desinformado que imagina que con esta amnistía se acabará la corrupción?
La realidad es triste: las travesuras de los mal llamados Padres de la Patria se diluyen entre las necesidades diarias de un pueblo empobrecido por acciones como ésta. ¿Cómo pedirle a una madre que reclame por algo que no entiende si a duras penas logra alimentar a sus hijos? La amnistía ha sido el remedio jurídico al que han recurrido estadistas con espíritu de nación, pero también ha sido refugio (como la democracia misma) de políticos improvisadores. El descaro inmedible de Alemán reclamando amnistía sólo para él y su familia muestran lo erróneo de este proyecto. ¿Quiere usted amnistía o amnesia? ¿Impunidad o justicia? Un maestro y amigo ha señalado que para construir el futuro primero debemos imaginarlo. ¿Es éste el futuro que estamos imaginando para nuestro país? ¿Hemos cambiado el sueño de una patria pequeña soñada en grande, por un escondrijo lleno de amnistías, impunidades y amnésicos?
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