Argentina y Uruguay finalizaron sin acuerdo las negociaciones técnicas sobre el impacto ambiental de dos plantas de celulosa a instalarse en la ribera oriental de un río limítrofe, con lo que queda abierta la puerta para que Buenos Aires lleve finalmente la controversia a La Haya.
Tras 180 días de reuniones, la comisión binacional dio por concluida este lunes en Montevideo su etapa de análisis sobre los riesgos de contaminación del área una vez que ambas procesadoras de pasta de celulosa para la fabricación de papel estén en funcionamiento en las proximidades de la costa del río Uruguay.
Ante las discrepancias en esta comisión conformada directamente el año pasado por los presidentes Tabaré Vázquez, de Uruguay, y Néstor Kirchner, de Argentina, cada delegación presentó su informe por separado.
El canciller uruguayo Reinaldo Gargano afirmó que el diálogo con Buenos Aires «está roto», mientras representantes argentinos expresaron «decepción» por lo que entienden intransigencia de Montevideo.
El gobierno argentino está «decepcionado» y «desilusionado» ante la «falta de sensibilidad» uruguaya para comprender las discrepancias sobre la instalación de las fábricas en el occidental departamento uruguayo de Río Negro, afirmó este lunes el representante para Asuntos Ambientales de la cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela.
El documento de la delegación técnica argentina, dirigida por Estrada Oyuela, expresa desilusión por la falta de las autoridades uruguayas en proveer información técnica sobre el funcionamiento de las fábricas.
«Necesitamos una descripción precisa del proceso químico de blanqueo, detallando los químicos que se van a usar, las cantidades y en qué orden se van a usar. Necesitamos una indicación precisa del tratamiento de los efluentes líquidos. Queremos saber cómo se van a tratar las emisiones de gases, cómo se van a hacer los filtros y en qué consisten las emisiones», dijo Estrada Oyuela en rueda de prensa.
«Las emisiones autorizadas por la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente, de Uruguay) permiten una excesiva liberación de tóxicos que, acumulados en 10 o 14 años, pueden provocar una contaminación muy seria en la cadena alimentaria, afectando la producción», alertó.
Las fábricas, una de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y otra de la firma finlandesa Botnia, ya están en construcción y requiere una inversión que acumulada llega a 1.800 millones de dólares, con capacidad para producir a partir de 2007 unas 1,5 millones de toneladas al año.
Residentes y autoridades de la vecina provincia argentina de Entre Ríos, con apoyo del gobierno de Kirchner, y ambientalistas locales e internacionales llevan adelante una cruzada contra las fábricas arguyendo que contaminará el río Uruguay.
En el proceso de obtención de pulpa de celulosa a partir de la madera se emplean, además de grandes cantidades de agua, varias sustancias químicas, como cloro o dióxido de cloro, soda cáustica, oxígeno o peróxido de oxígeno e hipoclorito de sodio, que generan organoclorados (dioxinas y furanos), muy tóxicos, persistentes y con capacidad de acumularse en organismos animales.
Las empresas aseguran que usarán la tecnología más avanzada para reducir los riesgos de contaminación, pero Argentina exige estudios independientes e insiste en que no ha recibido toda la información necesaria de Uruguay.
Estrada Oyuela dijo este lunes que la información requerida por Buenos Aires está en manos de las empresas, pero no ha sido brindada por Montevideo.
«Las autoridades uruguayas a veces respondieron que nos habían dado todos los datos que tenían, y a veces nos dijeron que nos habían entregado toda la información que consideraban pertinente», afirmó.
«Nosotros estamos pidiendo el tipo de información que se pediría si un proyecto de esta naturaleza se hiciera en Europa, donde hay que informar sobre la contaminación transfronteriza», añadió.
Sin embargo, representantes de la delegación uruguaya aseguraron haber facilitado a Buenos Aires toda la información científica de la que disponen.
El informe ambiental uruguayo presentado este lunes en la reunión de la comisión binacional subraya que «la tecnología de producción adoptada por ambas plantas está señalada dentro de las mejores tecnologías disponibles establecidas por la Unión Europea».
Asimismo, señala que los niveles de emisión al agua, al aire y al suelo de las dos fábricas están dentro de los parámetros de las normas nacionales de protección ambiental.
La tensión bilateral fue en aumento desde fines de diciembre, cuando vecinos y activistas comenzaron a bloquear de modo temporal y hasta por varios días el tránsito de vehículos hacia puentes que permiten el ingreso a Uruguay, justo en la alta temporada turística del verano austral para este país que tiene en Argentina la mayor cantidad de visitantes.
Su punto más alto llegó en los últimos días, cuando ambientalistas de Entre Ríos y algunos activistas de la organización internacional Greenpeace impidieron el ingreso a Uruguay de varios camiones procedentes de Chile y de Argentina con material destinado a Botnia. Varios de esos vehículos están detenidos desde hace al menos 10 días.
Gargano calificó la acción de los activistas de «secuestro» y lamentó la amenaza del gobierno argentino emitida la semana pasada de llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
«El anuncio indica que no hay voluntad de dialogar. El diálogo está roto, y no por voluntad de mi país», dijo Gargano al diario argentino Clarín.
«Me causa dolor y pena que una amistad de tanto tiempo no haya servido para encauzar esta controversia», añadió.
En los últimos días se especuló sobre una posible reunión entre Kirchner y Vázquez para destrabar el conflicto, pero fue descartada «por ahora» por representantes de ambos gobiernos del mismo perfil centroizquierdista.
Gargano también rechazó las versiones de que se pudiera solicitar una mediación de Brasil en el diferendo, pero confirmó que Montevideo «decidió acudir a los tribunales del Mercosur (Mercado Común del Sur», que integran los tres países y Paraguay, para detener los cortes de puentes y rutas hacia Uruguay.
En tanto, el diputado oficialista uruguayo Víctor Semproni propuso la mediación del Vaticano en el diferendo.
El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, uno de los principales impulsores de la cruzada contra las plantas, se reunió este lunes con ecologistas y habitantes de la ciudad de Gualeguaychú, en esa provincia y distante unos 22 kilómetros del río Uruguay, para intentar convencerlos que depongan la práctica de los cortes de puentes y rutas.
No obstante, los activistas rechazaron la presión de Busti y anunciaron un nuevo cierre irregular de fronteras a partir de este martes y por tiempo indeterminado.
En tanto, Vázquez se reunió este lunes con los líderes de los partidos de oposición para informarles de la controversia con Argentina, y recibió de ellos pleno respaldo. El mandatario tiene previsto también visitar a los demás países de la región para aclarar la posición de su país.