La disociación entre la realidad y la construcción discursiva parece ser una tónica de nuestro tiempo. A eso se refiere el sociólogo uruguayo Rafael Bayce analizando la «hiperrealidad» construida por los medios masivos de comunicación cuando nos dice que «El filósofo francés Jean Baudrillard afirmaba, hace ya 40 años, que estábamos en camino a vivir […]
La disociación entre la realidad y la construcción discursiva parece ser una tónica de nuestro tiempo. A eso se refiere el sociólogo uruguayo Rafael Bayce analizando la «hiperrealidad» construida por los medios masivos de comunicación cuando nos dice que «El filósofo francés Jean Baudrillard afirmaba, hace ya 40 años, que estábamos en camino a vivir en un mundo en el que la realidad construida pasaría a ser más real que la real»1 . Lo mismo puede aplicarse a algunos de los principales referentes del segundo gobierno del Frente Amplio cuando, mediante ejercicios retóricos verdaderamente admirables, intentan enmarcar las políticas que impulsan como parte de un rumbo al socialismo. Es el caso del Ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker cuando señala que en Uruguay «los ejes de la transformación tienen que ver con la redistribución de la riqueza, las reformas protosocialistas, la economía social, la participación social que genera poder popular, no con mayor estatización a ultranzas. Y es en ese camino que transitó el primer gobierno del frente, en ese camino transita este gobierno y en ese camino transitará el tercer gobierno del frente amplio»2 .
Otro caso paradigmático, y tema central de esta nota, es el de la senadora y primera dama Lucía Topolansky. En recientes declaraciones al programa Visión 7 Internacional3, la senadora se explayó sobre las «reformas socialistas» del actual gobierno del Frente Amplio poniendo como principales ejemplos la creación de un fondo para el financiamiento de emprendimientos cooperativos (FONDES), la aprobación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR, Ley 18.876) y el accionar del Instituto Nacional de Colonización (INC)4. Sobre este último Topolansky afirmó «ahora, desde que está el Frente Amplio hemos reflotado el Instituto [de colonización], hemos creado nuevas colonias con una nueva lógica, para que la gente pueda en lo personal y en lo colectivo generar oportunidades para radicarse en el campo… capaz que no coincide en el imaginario con la idea de la reforma agraria (…) es la manera de entregar tierras, el camino que elegimos (…) hay algunos colectivos como el de los cortadores de caña y demás que ahora tienen dos colonias ya5, de productores, el ingenio [azucarero] es público en este momento, era privado6… son transformaciones que de repente no tienen el titular o el glamour que uno… además nosotros no somos muy declarativos (…) de repente en esto hemos hecho cambios más profundos que Venezuela, pero los caribeños son coloridos, hablan a ritmo de las maracas» . Esto no es todo, Topolansky también destaca la creación de una colonia de tamberos en uno de los latifundios históricos de la familia Gallinal, históricamente vinculada al Partido Nacional, y la recuperación de las tierras históricas que habían sido de la familia Artigas (sic) para crear una colonia de ganaderos7.
Parecería que en nuestro país estamos transitando por profundas transformaciones sociales de la mano de una firme política estatal de distribución de tierras, que incluso supera en mérito las acciones del gobierno bolivariano de Hugo Chávez Frías. Sin embargo, y como nos advierte la propia Topolansky en la entrevista ya mencionada: «una verdad a medias, una descontextualización son formas de mentira» . Por eso, nos parece importante hacer el esfuerzo de ver la realidad desde otra óptica más «contextualizada».
La ofensiva del capital y la política colonizadora
Lejos de la romántica visión colonizadora de la senadora oficialista, en la última década hemos asistido a una profunda transformación de la estructura nacional de la mano de la expansión e intensificación de las relaciones capitalistas de producción en el campo, con el protagonismo de empresas regionales y transnacionales financiadas por el capital financiero. Estamos asistiendo al desembarco del agronegocio en rubros como la soja, el trigo, la forestación, la ganadería y el arroz, todos rubros orientados a la exportación que acumularon en 2011 un total de 3.200 millones de dólares, 40% de las exportaciones.
En el caso de la forestación, y a partir de una política de promoción y subsidios aprobada en 1987 por la Ley 15.939 votada por todos los partidos políticos, hemos llegado a un escenario en el cual tres empresas extranjeras (UPM de Finlandia, el consorcio Montes del Plata propiedad de Arauco de Chile y Stora Enzo de Suecia, y Weyerhauser de EE.UU.) controlan 650.000 hectáreas, lo que representa cerca del 70% de la superficie forestada en el país. Estas mismas empresas también controlan la fase industrial y de comercialización: UPM (ex-Botnia) y Montes del Plata montaron, gracias a la concesión estatal8 de zonas francas libres de impuestos, mega-industrias de producción de pulpa de celulosa. En el caso de la agricultura (soja y trigo fundamentalmente) 8 empresas, 7 extranjeras y una nacional, controlan 600.000 hectáreas, 50% del área sembrada. Asimismo las principales transnacionales agrícolas están presentes en Uruguay, en particular controlando la venta de insumos (Monsanto, Nidera, BASF) y el acopio y comercialización de los granos (Cargill, ADM, Bunge). En los casos de ganadería y el arroz existe una gran concentración en la fase industrial, controlada fundamentalmente por capitales brasileños: en la industria cárnica cerca del 48% de la faena y 60% de las exportaciones (en manos de las empresas Marfrig, JBS-Friboi, Minerva) y el 87% en la industria arrocera9, rubro en el cual empresas brasileras también controlan buena parte de la fase agrícola.
Esta ofensiva desbocada del capital transnacional en el sector agropecuario provocó, como no podía ser de otra forma, un intenso dinamismo en el mercado de tierras tanto en la compra/venta como en los arrendamientos. Esta situación no es exclusiva de Uruguay, por el contrario se trata de un proceso regional. América del Sur es una de las zonas del planeta más codiciadas por los compradores de tierra, lo que agudiza la concentración de la tierra en la zona del mundo donde este recurso está peor distribuido10. En el contexto regional, Uruguay es de los destinos más interesantes para los grandes inversores por la acumulación de cualidades agroecológicas (suelos fértiles, régimen de lluvias regular, temperaturas templadas), bajos precios relativos de la tierra en comparación con Brasil y Argentina, y gran disponibilidad de tierras.
En nuestro país entre el 2000 y el 2010 se comercializaron 6,4 millones de hectáreas (600.000 hectáreas por año) lo que representa más del 33% del territorio nacional (con 16,4 millones de hectáreas productivas). El precio de la tierra se quintuplicó pasando de 4 50 a 3200 dólares la hectárea entre el 2000 y el 2011, mientras que en el balance de las transacciones de compra-venta entre 2000 y 2008 las personas físicas (muchas de ellas uruguayas) vendieron 1,8 millones de hectáreas, mientras las sociedades anónimas compraron 1,7 millones de hectáreas. Algo similar sucedió en el mercado de arrendamientos, para lo cual fue fundamental la Ley 16.223 aprobada en 1991 que derogó el plazo mínimo para el arrendamiento de tierras. Entre el 2000 y el 2010 se registraron incrementos significativos en la superficie arrendada que acumuló en el período 7,3 millones de hectáreas, con un promedio anual que pasó de 400.000 a 1.100.000 hectáreas, al tiempo que la renta de la tierra pasó de 28 a 128 dólares por hectárea. Este dinamismo representó un desembolso por concepto de operaciones de compraventa de 6.300 millones de dólares, y por concepto de operaciones de arrendamiento de 520 millones de dólares 11.
¿Cuál es entonces el balance entre la política colonizadora «socialista» del gobierno del Frente Amplio y el actual dinamismo del mercado de tierras? Reduciendo el período de análisis a los primeros seis años de gobierno del Frente Amplio (2005-2010) tenemos que las operaciones de compraventa ascendieron a un total de 3,72 millones de hectáreas, mientras que las operaciones de arrendamiento alcanzaron 4,85 millones de hectáreas. Por su parte, y según informa en su página web el Instituto Nacional de Colonización12, en el período 1989-2011 la incorporación de tierras al ente fue de 24.301 hectáreas. Un dato diferente ofrece el Presidente actual del INC, Andrés Berterreche13, que sostiene que durante el gobierno de Tabaré Vázquez se adquirieron 45.000 hectáreas. Asumiendo como válida la cifra de Berterreche tenemos que entre el 2005 y el 2010 la política estatal de colonización representó el 1,21% de las operaciones de compraventa y el 0,93% de las operaciones de arrendamiento. Es decir que por cada hectárea colonizada en el período 2005-2010 se vendieron 83 hectáreas y se arrendaron 108 hectáreas. Si utilizáramos la superficie que figura en la página web tendríamos que por cada hectárea colonizada se vendieron 150 hectáreas y se arrendaron 200 hectáreas. El mapa a continuación muestra gráficamente esta situación para el período 2000-2010: mientras el área colonizada representa la superficie del departamento de Montevideo (el más pequeño del país), el área transada en operaciones de compraventa equivale a los 6 departamentos del litoral, y de ese total el 40% fue adquirido por sociedades anónimas, mientras que el área transada en operaciones de arrendamiento equivale a los 6 departamentos del centro y noreste del país.
¿Será que el anuncio de Topolansky se cumplirá en este período de gobierno? En su página web el Instituto Nacional de Colonización informa que en su plan político para el período 2010-2014 tiene por objetivo incorporar 55.000 hectáreas, cinco veces menos de lo prometido un año antes en la campaña electoral que llevó a la Presidencia a José Mujica, cuando el Frente Amplio prometió entregar 250.000 hectáreas para más de 2500 productores sin tierra14. Que cada uno saque sus propias conclusiones.
«Pusimos un tibio impuesto a la tierra»
Así definió la senadora Topolansky en la entrevista dada en Argentina al Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) aprobado en el Parlamento por la bancada oficialista a fines de 2011. Este impuesto, furibundamente rechazado por las gremiales de la burguesía agraria nacional y transnacional, los partidos de derecha y «sus» medios de comunicación, tiene por objetivo «captar para la sociedad parte de la valorización de la tierra y desalentar su proceso de concentrador»15 . El Poder Ejecutivo en la justificación del proyecto de Ley señaló que en vez de los 4 dólares por hectárea que en la actualidad se paga por concepto de contribución inmobiliaria rural, los propietarios de la tierra deberían tributar 16 dólares por hectárea, al tiempo que afirma que la propiedad de la tierra en Uruguay está mucho más concentrada que los ingresos, en la medida que mientras el 10% de los uruguayos más ricos percibe 30,5% del ingreso total, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra. La Ley aprobada prevé por un lado, la creación de un impuesto progresivo que gravará a los propietarios de extensiones mayores a las 2000 hectáreas CONEAT 10016, lo que abarca alrededor de 1200 empresarios y recaudará aproximadamente 60 millones de dólares al año. Luego de diversas presiones internas y externas al gobierno, este resolvió destinar el total de lo recaudado para la construcción de caminería rural. Por otro lado la Ley modifica el régimen de liquidación de impuestos (IRPF e IRAE) para captar recursos de la valorización de los inmuebles rurales con destino al Instituto Nacional de Colonización, en un monto aún desconocido.
¿Podrá la Ley tal como establece en la exposición de motivos desacelerar el proceso concentrador y favorecer una política redistributiva? Para tener un punto de referencia, en 2011 la recaudación impositiva proveniente del sector agropecuario ascendió a 266 millones de dólares, lo que representó el 6,5% del PBI sectorial17, cuando el conjunto de la economía tributa alrededor del 17% del PBI según datos de la Dirección General Impositiva (DGI), y sólo el 3,2% del total recaudado por el Estado uruguayo (8.300 millones de dólares). Es conocido que en Uruguay la carga tributaria mayor es sobre el consumo (63,2% de la recaudación total) y las rentas personales (13,7%), mientras que el capital aporta por concepto de rentas empresariales 13,2% del total y por concepto de impuestos a la propiedad 6,5% del total18. Además, es destacable que en 2010 las exoneraciones impositivas al capital ascendieron a 2.300 millones de dólares19. De esta forma el impuesto apenas representará el 2,6% de la exoneración tributaria que disfruta el capital, y como mucho llevará la presión fiscal en el agro al 8% del PBI.
Es por lo tanto inverosímil afirmar que el impuesto tendrá un efecto redistribuidor. Al mismo tiempo, tampoco opone mayores dificultades a la continuación del proceso de concentrador, en tanto no establece ninguna medida efectiva que regule el mercado de tierras. Concedámosle al gobierno el hecho de que en nuestro país la concentración de la tierra es un fenómeno histórico, y que mientras en 1885 sólo 4.000 estancias concentraban el 60% de la tierra, en el año 2000 la misma cantidad concentraba el 55%. No obstante, ninguna medida de fondo ha sido adoptada en los 7 años de gobierno del Frente Amplio para modificar esta situación. Por el contrario, el gobierno impulsa decididamente políticas de fomento a la inversión extranjera, la «niña mimada» del Vicepresidente de la República Danilo Astori, responsables en buena medida del avance desenfrenado de los agronegocios. Basta analizar algunas de las razones con las que Uruguay se presenta al mundo20 como país anfitrión de inversiones: «estabilidad política y social más alta de América Latina, continuo crecimiento económico e inversión pese a la crisis global, atractivos regímenes de zonas francas , puertos libres y aeropuertos libres y amplias exenciones fiscales a las inversiones, acceso al MERCOSUR, una zona de libre comercio con un PIB de 2 billones de dólares, mejor relación costo-beneficio de la mano de obra en la región, los costos empresariales por crimen y violencia más bajos de América Latina» [negritas del autor] .
Y en efecto, los inversores acusan recibo de la política aperturista del Uruguay. Así lo afirma la consultora hindú Allied Venture 21 que destaca como principales virtudes para invertir en nuestro país: ausencia de restricciones a la propiedad extranjera; abundancia de tierra aún sin cultivar; baja densidad poblacional; libre mercado de tierras ; títulos de propiedad legítimos; alta mecanización; baja demanda de trabajo; suelo y clima ideales para la agricultura y la forestación; abundancia de agua ; una democracia consolidada; ausencia de conflictos raciales, religiosos y étnicos; igual tratamiento a los inversores extranjeros que a los nacionales; el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones con India; buena calificación del Departamento de Comercio de EE.UU.; ausencia de restricciones para la radicación o la repatriación de inversiones y dividendos; dolarización de la economía; impuestos de 25% sobre ganancias; facilidad para radicar trabajadores extranjeros; buena infraestructura bancaria; un sólido sistema legal que respeta los derechos de propiedad y los contratos; acceso al mercado del MERCOSUR con 250 millones de consumidores.
Deconstruir la hiperrealidad
El escenario parece claro. La apuesta predominante del gobierno del Frente Amplio se ciñe a generar un clima de inversiones lo más ameno posible para el capital extranjero, y este elige los sectores de la economía que mayor rentabilidad ofrecen en el menor tiempo posible (esta es la lógica del capital). De esta forma, no se trata de factores externos ni de la «herencia maldita», sino que por el contrario son las propias opciones estratégicas del Frente Amplio las que promueven la llegada masiva de capitales al sector agropecuario, y que tienen como consecuencia previsible la tendencia a la concentración de la tierra. En este escenario las políticas colonizadoras y tributarias antes reseñadas lejos están de afectar la dinámica general de acumulación de capital. Ni siquiera representan, y muy a pesar de las ilusiones de la senadora, «islas de socialismo en un mar capitalista», ya que estos emprendimientos deben competir de forma subordinada en el mercado capitalista. Como mucho, estamos ante políticas compensatorias que de forma parcial y muy limitada suavizan algunas de las aristas del modelo de desarrollo escogido. Seguramente, la principal «virtud» de estas medidas refiere al efecto simbólico que generan en la base social frenteamplista, y que son parte de la estrategia orientada a construir un imaginario en el cual el Frente Amplio se legitima como la única fuerza política del cambio. Sin embargo, si de transformaciones y socialismo viene la mano, parece fundamental empezar por interpelar esta hiperrealidad socialista de los actuales gobernantes con los hechos «puros y duros» de su propia gestión que, cada día que pasa, asienta y consolida más y más el modelo societal capitalista.
Notas:
1 http://filosofiauruguaya.spruz.com/forums/?page=post&id=8A64F6DF-70F7-4880-BF04-C0152D817A50
2 politicalatinoamericana.sociales.uba.ar/files/2011/05/ olesker .pdf
3 http://www.youtube.com/watch?v=-5fYr1amdyk
4 Ente público estatal creado en 1948 por la Ley 11.029 con el objeto de promover «la racional distribución de la tierra».
5 Se refiere a «Campo Placeres» (400 ha) de la empresa ALUR SA creado en 2006, y a la Colonia «Raúl Sendic» (2000 ha) del INC creada en 2010, ambas en las cercanías de la ciudad de Bella Unión (Artigas).
6 Se refiere a Alcoholes del Uruguay (ALUR) SA, una empresa privada, no pública, creada en 2006 propiedad en un 90% de la petrolera estatal ANCAP y en un 10% de la petrolera estatal venezonala PDVSA.
7 Se refiere a las Colonias «Reglamento de Tierras de 1815» (Florida) y «Líber Seregni» (Salto) del INC.
8 Por el gobierno de Jorge Batlle en el caso de Botnia y de Tabaré Vázquez en el caso de Montes del Plata.
9 Por un mayor desarrollo ver Radiografía del agronegocio sojero de Oyhantçabal y Narbondo (2011) en http://universidad.academia.edu/GabrielOyhantcabal/Books/827921/Radiografia_del_agronegocio_sojero_2011._Version_actualiza_y_ampliada
10 Por mayor información ver el informe del Banco Mundial de 2010 Rising Global Interest in Farmland. En http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_final.pdf
11 Ver informes del mercado de tierras de la Dirección de Estadística Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,5,150,O,S,0,MNU;E;2;16;10;6;MNU;; y el informe del investigador uruguayo Diego Piñeiro elaborado para la FAO en 2010 «Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina» : el caso de Uruguay».
12 http://www.colonizacion.com.uy
13 http://espectador.com/1v4_contenido.php?id=212912&sts=0
14 www. frenteamplio .org.uy/files/Plataforma_Electoral.pdf
15 Ley 18.876: http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18876&Anchor
16 Los grupos CONEAT son áreas homogéneas definidas por su capacidad productiva en términos de carne bovina, ovina y lana en pie. El índice 100 refiere a la productividad media del país.
17 Ver Anuario de OPYPA (2011) en http://www.mgap.gub.uy/opypa/ANUARIOS/Anuario2011/material/pdf/30.pdf
18 Ver el informe La recaudación de la DGI a diciembre de 2011 , en http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;550;9;D;16189;2;PAG;MNU;E;162;4;MNU
19 REDIU. 2011. En el tren, y siguiendo la misma vía , en http://www.semanario-alternativas.info/archivos/2012/2%20%20febrero/206/PORTADA/paginas%20portada/Articulos/Red_de_Economistas.html
20 http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/innovaportal/v/1090/1/innova.front/invertir_en_uruguay.html
21 Ver el audiovisual «10 principales motivos para invertir en agronegocios en Uruguay» en http://www.youtube.com/watch?v=J_1O2R6l0OM&feature=related.
Gabriel Oyhantçabal es docente universitario, militante sindical e integrante del programa periodístico Arquero Peligro.
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