Durante mucho tiempo, las derechas le endilgaban a la izquierda el sambenito de no ser auténticamente democrática. Sostenían que la izquierda procuraba aprovecharse de las instituciones de la democracia pero que cuando consiguiera alcanzar el gobierno liquidaría la vida de los demás partidos e impondría un sistema dictatorial y autoritario. Fue una impugnación frecuente y […]
Durante mucho tiempo, las derechas le endilgaban a la izquierda el sambenito de no ser auténticamente democrática.
Sostenían que la izquierda procuraba aprovecharse de las instituciones de la democracia pero que cuando consiguiera alcanzar el gobierno liquidaría la vida de los demás partidos e impondría un sistema dictatorial y autoritario.
Fue una impugnación frecuente y de larga data, un proyectil siempre a mano al que no vacilaban en recurrir hasta los políticos de pensamiento más profundamente autoritario, como Pacheco o Bordaberry, que ellos sí, no titubearon en avasallar las libertades y vaciar de contenido las instituciones democráticas, cancelando toda actividad política y enviando a la paliza o a la cárcel a todos los que se les pusieron en el camino.
1- La perversión autoritaria de la democracia no fue fruto de la maldad intrínseca de los hombres que estaban al frente de los partidos tradicionales y de las fuerzas armadas sino que se fue imponiendo en forma paralela al triunfo de las nuevas concepciones económicas de asolaron a América Latina en los años 60 y 70.
Las políticas de recortes a la democracia son simultáneas a los albores del neoliberalismo económico, de las políticas de libre mercado, antiestatistas, contrarias a toda forma de protección del espacio económico nacional, sumisas a los lineamientos que en toda la región imponía el nuevo evangelio del fondomonetarismo.
Desde una concepción en que la meta se limitaba exclusivamente cumplir con los acreedores, aumentar las exportaciones y disminuir el déficit fiscal, deterioró los servicios sociales, bajó en picada el salario real y aumentó la brecha entre ricos y pobres. Al malestar y a las resistencia provocadas se les respondió, justamente, «dándolo vacaciones a la democracia» como cínicamente se dijo por entonces.
2- La aplicación del modelo implicó restricciones institucionales profundas y duraderas. La receta neoliberal admite pocos testigos y muy pocos protagonistas. De ahí una acción del Estado autoritario apuntada a alejar al pueblo de los debates de fondo, desalentando la participación y cualquier clase de protagonismo político que pretendiera ir más allá de los partidos conservadores, la prensa sumisa y las burocracias obedientes.
Las decisiones políticas tendieron a centralizarse en el Poder Ejecutivo. El Parlamento, incluso antes del golpe de estado de 1973, fue privado de manera creciente de gravitación. Y con él, los partidos políticos como instancias de debate democrático de orientaciones que luego se transformarían en las decisiones políticas del Estado.
Cuanto menos testigo mejor. Cuantos menos interlocutores, más aceitados los mecanismos de poder destinados a imponer un plan que, acertadamente, se calificó como una «remodelación conservadora del país»
En ese proceso hubo reformas constitucionales (que acrecentaron del Poder Ejecutivo en perjuicio del Parlamento), hubo decretos y con el acostumbramiento se formaron «callos» en la prácticas políticas y de administración que tendieron a reforzar esa tendencia a la concentración, al secreto, a la ausencia de una auténtica dinámica de contraposición de ideas en los partidos y en las instancias representativas de la democracia uruguaya.
3- En los últimos años, en el seno de la izquierda, se desarrolló un debate importante acerca de la democracia y de ese debate surgieron propuestas y líneas de acción que tienen como centro el propósito de avanzar en una nueva línea de acción política en pos lo que se ha definido como ‘profundización de la democracia’ o «democracia sobre nuevas bases».
En síntesis podríamos decir que el pensamiento de izquierda parte de la constatación de la subsistencia de una serie de factores que restringen la democracia y de otros que la amenazan.
Por ejemplo, la persistencia de la impunidad en todas sus formas, además de ser una burla a la justicia, es una amenaza a la democracia.
Del mismo modo, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos, es un factor de riesgo para la democracia, al poner en manos de los beneficiarios del dominio económico un plus en el plano de la comunicación, el «poder mediático» del que carecen los hombres y mujeres que viven de su trabajo.
El crecimiento de la exclusión social, además de una forma inadmisible de injusticia social, es también un estrechamiento de la democracia puesto que la exclusión social conlleva inevitablemente la exclusión política.
4- La realización del programa de cambios impulsado por la izquierda tiene también una relación estrecha con la profundización de la democracia.
Partimos de la base que, -en eso consiste el cambio- las promesas de construcción de otro Uruguay de justicia, bienestar y libertad son posibles y que están siendo llevadas a la práctica.
Que con este gobierno se puso fin a las políticas de demagogias y promesas incumplidas y que se avanzará en la realización de un proyecto de cambios profundos que inaugurará un nuevo período en la vida de Uruguay.
5- El cumplimiento con el compromiso asumido por el cambio conlleva una ampliación de la convocatoria a la participación ciudadana en el tratamiento de las cuestiones de interés público.
Frente al secreto, ampliación de la comunicación. En lugar de la concentración de las decisiones en organismos ejecutivos, apertura a las instancias públicas representativas como el Parlamento, las Juntas Departamentales, las Juntas Locales y los Concejos Vecinales.
Ampliación a nuevas instancias colectivas de participación social, con la presencia de los trabajadores y los usuarios en el desarrollo de la gestión, en las empresas públicas, como se prevé en las reformas impulsadas en la Salud o como la participación de los docentes en la conducción de los organismos de la enseñanza pública.
6- La ampliación de la participación popular implica un esfuerzo y una dedicación. El propósito de democratizar las decisiones políticas insume más tiempo que el estilo de decisión concentrada en las manos de los órganos estatales ejecutivos.
Convencer lleva más tiempo que mandar. Y más tiempo que enviar a la policía a desalojar a un local ocupado por huelguistas.
Lo de izquierda es convencer.
Las decisiones adoptadas en instancias socialmente implantadas, con presencia de organizaciones cooperativas, gremiales, barriales, culturales y demás tienen la fuerza y la riqueza de lo que se engendró y creció desde las raíces de la sociedad.
Esas decisiones nacen con la comprensión y el apoyo de la comunidad, conciente de los fundamentos de las normas y de las decisiones de gobierno.
Un gobierno progresista no puede repetir las pautas de imposición que caracterizaron a las administraciones neoliberales.
Al tener que vencer las resistencias de las fuerzas conservadoras, y de los intereses políticos y económicos del imperialismo norteamericano, expresión de una porción considerable del poder económico, en los medios y en la administración, la lógica del cambio le exige a la izquierda ganar para su proyecto popular transformador al mayor número de voluntades posibles.
De ahí la necesidad de construir una comunicación que informe y clarifique, que estimule el interés por participar y contribuya a organizarlo. Que muestra la realidad, las opiniones y sobre todo su contexto y sus antecedentes.
7- Pretendemos representar un proyecto de país distinto y antagónico al que derrotamos legítimamente el 31 de octubre del 2004.
Nos propusimos terminar y castigar la corrupción y el despilfarro al que sometieron al país. Tanto las auditorías como el envío de los casos de corrupción a la Justicia no pueden ser demorados.
Aunque es obvio resulta necesario decir que la permisividad con el delito, la complicidad con la corrupción que caracterizó a las últimas administraciones no es nuestro paradigma.
Sería grotesco que aquellas actuaciones desmoralizantes nos sirvieran como «precedente» justificador. O que se tome el fraude contra el Estado como creador de alguna forma de «jurisprudencia» que valide como industria admitida el despojo de los bienes de la administración o de las empresas públicas.