Desde los inicios del actual gobierno de Estados Unidos (EU) se ha acentuado una política migratoria de corte discriminatorio y en oposición a los derechos humanos de los diversos grupos de migrantes (en especial los de carácter forzado y sin documentos). Las medidas en que se han materializado estas políticas van, desde los intentos de […]
Desde los inicios del actual gobierno de Estados Unidos (EU) se ha acentuado una política migratoria de corte discriminatorio y en oposición a los derechos humanos de los diversos grupos de migrantes (en especial los de carácter forzado y sin documentos). Las medidas en que se han materializado estas políticas van, desde los intentos de construcción del muro, las redadas y deportaciones masivas, la separación de familias y la detención de niños, hasta la delación y cancelación del derecho de asilo, el aislamiento y la reclusión, las agresiones físicas y las muertes de decenas de migrantes. Estas situaciones, ya de por sí graves y frecuentes, se han recrudecido desde el inicio de la pandemia en EU, que ha sido utilizada deliberada y políticamente para promover aún más una agenda oficial claramente antinmigrante y de nacionalismo discriminatorio.
Particularmente en lo referente al derecho de asilo para migrantes forzados, ya desde antes se habían presentado irregularidades frecuentes y serias: faltas recurrentes al debido proceso, reducciones notorias del número de casos/solicitudes procesadas y aprobadas, medidas para forzar a los solicitantes de asilo a permanecer en un país vecino (México) mientras realizaban el trámite respectivo.
A este escenario adverso, se sumó la propuesta del 10 de junio de 2020 de una nueva regla de asilo, medida promovida por los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de EU que busca limitar las interpretaciones de las causas de asilo, así como reducir y acotar el poder de los jueces en los casos de asilo [1]. En los hechos, es un golpe profundo y certero al modelo de petición del derecho de asilo construido por décadas y destinado a la vigilancia de los derechos humanos de los migrantes forzados que, debido a que su vida e integridad física estaban en riesgo, huyeron de sus países de origen por cinco causas tipificadas (“raza”, nacionalidad, religión, postura/situación política y por ser miembro de un grupo social específico).
Esta nueva propuesta de regla está basada en la finalidad de hacer más rápidos los procesos, propiciando deportaciones más aceleradas y hacer más difícil el acceso de los migrantes a los tribunales (tratando de que muchos de ellos ni siquiera lleguen a las cortes) [2]. Uno de los componentes fundamentales es reducir la capacidad de decisión y discrecionalidad de los jueces. Estas acciones, a decir de diversos abogados pro migrantes, afectarán a miles de personas que tienen trámites pendientes de petición de derecho de asilo.
A semejanza de otros ejes claves de la vida política de EU, desde el ejecutivo se ha usado la pandemia para reforzar un modo de hacer política caracterizado por la unidireccionalidad, la falta de inclusión y la instauración forzada de medidas que, lejos de ser negociadas con los poderes legislativo y judicial, se imponen sin miramientos. La situación de contingencia por el COVID 19 ha propiciado un escenario para generar condiciones de excepción en ámbitos particulares de los órdenes socioeconómicos y políticos, y el actual gobierno de EU, particularmente en el tema migratorio, ha sabido sacar un significativo provecho de ello. Esta propuesta de nueva regla de asilo no es un caso aislado. En este sentido, además de las recientes irregularidades y agresiones a migrantes en centros de detención de EU, también están las vertiginosas deportaciones de miles de migrantes que, sin seguir el debido proceso en el seguimiento de los marcos jurídicos correspondientes, han venido aconteciendo desde hace semanas [3].
No obstante, también están las acciones de resistencia que, desde diversos sectores y organizaciones sociales, se están llevando a cabo. Particularmente destacan los grupos pro migrantes y organizaciones con carácter legal que, no sólo han venido denunciando y registrando estos ataques a las comunidades migrantes, sino que también han interpuesto diversos recursos legales para contrarrestar estas medidas. Por su parte, las comunidades migrantes han intentado reforzar alianzas con grupos de apoyo y asesoría jurídica, así como han continuado el respaldo y apoyo aquellos de sus miembros que se encuentran en situaciones más vulnerables y de mayor riesgo.
Desde una perspectiva histórica, se sabe que, muchos de estos migrantes que ahora solicitan el derecho de asilo (por diversas causas de violencia), proviene de países como los del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras), en donde la histórica intervención estadunidense, por décadas y de corte económico (promoviendo reformas estructurales) y político (al desestabilizar regímenes democráticos), ha generado condiciones de vida tan adversas, que producen éxodos masivos, como los que ahora se presentan y que sólo buscan sobrevivir y una existencia digna.
Notas