Cuando estudiaba economía en los años ochenta del siglo pasado, leí una frase inquietante de Henry Kissinger, que recuerdo cada vez más, a medida que se profundiza la crisis alimentaria en el mundo, y en particular en nuestro país. Esta frase dice algo así como: “quien controla los alimentos, controla a los pueblos”. Nos recuerda que el problema de la alimentación en los países no es solamente un asunto de producción, distribución y consumo de alimentos sino, principalmente, un tema de relaciones de poder sobre los eslabones que componen la cadena alimentaria.
El Salvador ha sido declarado por la FAO (2024) como unos de los 18 puntos críticos del hambre a nivel mundial. Se le llama punto crítico del hambre a una región o territorio del mundo en donde las condiciones de inseguridad alimentaria alcanzan niveles extremos, llevando a millones de personas al borde de la inanición. Estos puntos críticos suelen estar marcados por una combinación de factores, como conflictos armados, crisis climáticas, pobreza extrema y limitado acceso a alimentos básicos debido a la falta de ingresos para comprarlos en el mercado.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), responsable de movilizar y coordinar la respuesta de actores humanitarios ante emergencias para 2024 en el país al menos 942 mil (13% de la población) necesitarán ayuda humanitaria de emergencia. Al mismo tiempo, el 52% de la población (3.3 millones de personas) se mantienen en una situación de estrés alimentario, es decir, enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades básicas de alimentos. Aunque tienen acceso a alimentos, existen riesgos potenciales de que puedan caer en una situación más grave de inseguridad alimentaria de ocurrir un fenómeno adverso de carácter climático, epidemiológico y/o económico.
Por su parte, según la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET), los hogares más pobres del Corredor Seco en El Salvador recurrirán a estrategias de sobrevivencia tales como reducir el tamaño de las porciones en las comidas, depender de la ayuda de familiares o amigos, restringir el consumo de comida por parte de los adultos para permitir que los niños y niñas coman, o reducir el número de comidas en un día para abordar la falta de disponibilidad de alimentos en el hogar.
Esta crisis alimentaria no solo está afectando la disponibilidad de alimentos, sino que también está profundizando las desigualdades de forma multiseccional. Esto significa que impacta de manera diferenciada a las personas, siendo las más afectadas las mujeres rurales, los niños y las niñas de familias pobres, las personas con discapacidad, indígenas o LGBTIQ+ y personas adultas mayores de las áreas urbanas y rurales.
Las mujeres en particular están siendo afectadas porque son las que asumen la “rebusca” de la comida para toda la familia, en un contexto de alto costo de la vida, desempleo, y aumento de la violencia de género. Las mujeres a menudo enfrentan barreras para acceder a recursos productivos, como tierras, crédito y tecnología agrícola. Esto afecta su capacidad para producir alimentos o generar ingresos. En situaciones de crisis, cuando los precios de los alimentos aumentan o la disponibilidad disminuye, las mujeres pueden verse aún más excluidas de los mercados y las oportunidades económicas.
Las mujeres embarazadas y mujeres lactantes tienen necesidades nutricionales específicas. Durante las crisis, si los alimentos son escasos, las mujeres incluso llegan a sacrificar su propia ingesta de alimentos para asegurar que sus hijos e hijas reciban suficiente alimento. La desnutrición materna afecta directamente la salud de los bebés y puede tener consecuencias a largo plazo para el desarrollo pleno de sus capacidades y para el desarrollo del país.
Adicionalmente, las crisis alimentarias aumentan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia de género. La desesperación y la lucha por los recursos pueden exacerbar situaciones de abuso y explotación por parte de los hombres. En más de un caso, pueden verse obligadas a tomar decisiones difíciles, como realizar trabajo sexual por alimentos o recursos monetarios para comprarlos.
Frente a esta crisis alimentaria, y a estos impactos, el Gobierno de El Salvador se encuentra totalmente alejado de la realidad económica e insiste en repetir las viejas recetas neoliberales que aplicaron los gobiernos de los últimos 30 años. Estas son precisamente, las responsables del hambre que actualmente amenaza a la población salvadoreña, principalmente a las mujeres.
Por ejemplo, el Gobierno se niega de manera contundente a eliminar el IVA a los productos y actividades que forman los eslabones de la cadena agroalimentaria del país, el cual termina trasladándose en un “efecto cascada” al consumidor final con el consiguiente efecto sobre el aumento en los precios. Obviamente, eliminar este impuesto representaría una reducción en la recaudación fiscal, la cual podría ser compensada utilizando otros impuestos de carácter progresivo, como por ejemplo el aumento del IVA a los productos de lujo y eliminando las exenciones fiscales que el gobierno otorga a las grandes empresas nacionales y extranjeras, que según el Ministerio de Hacienda ascendieron a $873,932,487 en el año 2019.
En su lugar, el Gobierno de El Salvador ha optado por un viejo truco neoliberal: aumentar la competencia en el mercado de productos agroalimentarios mediante la eliminación por 10 años de los aranceles de importación que pagan los grandes importadores de alimentos. Esto no se ha traducido en el pasado, ni en el presente en menores precios a los consumidores. Más bien, en el modelo de “economía ficción” de la administración Bukele, no cabe siquiera la posibilidad de pensar que la eliminación de aranceles terminará afectando a los pequeños y medianos productores, que no pueden competir con la producción importada y terminarán vendiendo su tierra, sus medios de producción y emigrando fuera del país y/o dedicándose a otra actividad económica,
A diferencia de lo que afirman quienes asesoran a la presidencia, el alza en el costo de la vida en El Salvador no tiene una explicación técnica sino una explicación de economía política: es el resultado de la correlación de poder económico, social y político que favorece la existencia de de salarios ridículamente bajos. También de políticas públicas que favorecen la tasa de ganancia de las grandes empresas productoras, importadoras o distribuidoras de los alimentos que consumen las familias de los sectores sociales populares.
La Encuesta de Hogares 2023 realizada por el BCR, indica que el 84% de las personas que perciben un salario en El Salvador, ganan menos de $400 mensuales, mientras que el costo de la vida se ha estimado recientemente en $920 (CDC, 2023).
A esta brecha entre salarios y costo de la vida se debe agregar el control monopólico de la cadena agroalimentaria salvadoreña, el cual se sitúa totalmente al margen de las ocurrencias económicas del gobernante, que no sabe (o no quiere saber) cómo funcionan las relaciones de poder en la determinación del precio de los alimentos en El Salvador.
Hasta el año 2018, la Superintendencia de Competencia de El Salvador realizó una serie de estudios para determinar el nivel de concentración de los mercados agropecuarios que tienen más relación con el precio de la canasta básica de alimentos. Los resultados fueron desalentadores: no existe en El Salvador algo parecido a la libre competencia en dichos mercados, y aproximadamente 11 grupos económicos concentran la importación de alimentos, las compras a los productores nacionales de alimentos y la distribución de los alimentos.
La evidencia recabada por la SC arroja los siguientes resultados: 1) En la producción y distribución de huevos de mesa existen más de 600 granjas, pero de éstas, 5 empresas controlan el 73 % de ese mercado, y establecen acuerdos entre sí que restringen la competencia y mantienen el precio de los huevos por arriba de lo que establecería mediante la oferta y la demanda; 2) En la producción de carne de pollo, si bien existen más de 100 granjas dedicadas a esta actividad, el 70 % del mercado está concentrado en 2 empresas; 3) En lo que respecta al mercado del azúcar, 2 ingenios (de un total de 6), procesan el 68.9 % de la caña de azúcar mientras que 1 empresa controla el 75% de la producción mayorista del mercado nacional; 4) El mercado de la leche pasteurizada y leche en polvo es dominado por 3 empresas que tienen una cuota de mercado del 71.7 %, y 5) El mercado de los quesos presenta una concentración extrema: 3 empresas controlan el 78 % del mercado del queso duro, el 72% concentra el mercado del quesillo y el 94 % del queso procesado.
Adam Smith, considerado el padre de la Economía Política, conocía tan, pero tan bien el funcionamiento de los salarios y de los precios de los alimentos en las economías capitalistas que advertía a los gobiernos lo siguiente: “Los intereses de los que producen y venden en ciertos ramos del comercio o de las manufacturas, en algunos aspectos, no sólo son diferentes, sino por completo opuestos al bien público. El interés del empresario consiste siempre en ampliar el mercado y restringir la competencia (…) restringir la competencia redunda siempre en contra del interés público, y solo sirve para que los comerciantes, al elevar sus beneficios por encima de lo normal, impongan en beneficio propio una contribución absurda sobre el resto de los ciudadanos”. (La Riqueza de las Naciones, FCE, página 241). ¿Entienden economistas que asesoran la política económica de este régimen en donde está realmente el problema de la crisis alimentaria en El Salvador?
Julia Evelyn Martínez. Economista feminista.
Esta columna fue publicada originalmente en la Revista Feminista Alharaca de El Salvador el 29 de julio de 2024.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.