Las autoridades de la enseñanza pública han reiterado su propósito de iniciar, en el año lectivo de 2006, la enseñanza de la historia reciente de nuestro país. Es una decisión acertada, que merece todo el apoyo. Durante demasiado tiempo, los hechos de los últimos treinta años constituyeron una zona desierta, un vacío de conocimiento para […]
Las autoridades de la enseñanza pública han reiterado su propósito de iniciar, en el año lectivo de 2006, la enseñanza de la historia reciente de nuestro país.
Es una decisión acertada, que merece todo el apoyo. Durante demasiado tiempo, los hechos de los últimos treinta años constituyeron una zona desierta, un vacío de conocimiento para las generaciones que se sucedieron en las aulas uruguayas. Una omisión en el saber acerca de hechos ocurridos en el país que lo afectaron profunda y duraderamente. No solo sucesos políticos sino también culturales, sociales y económicos. Hechos que aportan principios de comprensión acerca de las realidades actuales.
* Una comunidad desinformada acerca de su pasado inmediato no está en condiciones de tomar el presente en sus manos. Actúa por inercia o por las órdenes de jefes, tecnócratas o profetas, amplificados de acuerdo a la voluntad de los medios de comunicación que reproducen siempre el poder de unos pocos. Conocer el pasado libera, provee de herramientas racionales con las que, asumiendo la realidad de lo pasado, enfrentar lo porvenir.
Por ejemplo, en estos días, decenas de miles de familias padecen la dispersión efecto de las migraciones masivas. ¿Sobraba o sobra gente en el Uruguay? Ese país que durante siglos había sido tierra de amparo, lugar anhelado por los europeos para instalarse y prosperar, ¿por qué empezó a expulsar a su gente?
¿Tendrá algo que ver con los cambios políticos y económicos que se sucedieron desde fines de los 60, cuando se empezó a atacar las bases de la industria, cayó el salario real y las fracciones financieras de la clase empresarial se impusieron en el gobierno, desplazando a los sectores políticos de perfil más popular y nacionalista?
Los cien mil montevideanos que fueron arrojados a la periferia, ¿se fueron por el solo gusto de cambiar de barrio? ¿O fueron expulsados por un determinado modelo económico? Conocer el origen de este desalojo, que es una derrota social y nacional significativa, es el principio para empezar a revertirlo.
¿Será por eso que los conservadores y las derechas tienen tanta aprehensión frente a esta decisión de enseñar la historia próxima?
* En general los argumentos que exhiben los que se oponen a esta decisión es que se corre el riesgo que la izquierda, o los docentes de izquierda, aprovechen estos cursos para hacer proselitismo político.
Aunque no creo que esto constituya un riesgo serio, todos tenemos que estar atentos para evitarlo. Por respeto a los jóvenes y a la calidad de la formación ciudadana, intelectual, moral y científica que se aspira a construir.
En todo caso me preocupa ahora otro aspecto, previo, de la cuestión: la tarea de trasladar lo sucedido en el pasado inmediato no puede asignarse exclusivamente a responsabilidad de la ANEP o a los profesionales de la docencia.
Para empezar, es necesario poner en manos de todos los estudiantes de los centros de formación docente el material oficial ya disponible. Documentación estatal que en parte permanece «clasificada», es decir, en secreto. ¿Quién y con qué criterios hizo la «clasificación»? ¿Con el criterio de las sectas gorilas capitaneadas por Gregorio Álvarez y Paulós?
Es necesario terminar con la actitud asumida hasta ahora por los jefes militares según la cual todo lo militar es secreto, sea lo que sea. Aunque se trate de un accidente. Todavía, a las personas que llevan adelante un juicio contra el Ministerio de Defensa por las muertes y mutilaciones causadas por la caída de helicópteros sobre el público durante una exhibición en 1971, no tienen, hasta hoy, acceso a los peritajes realizados por los fabricantes.
Otros documentos oficiales, que en su momento tuvieron una gran significación, si bien no son secretos, en los hechos no se encuentran disponibles con facilidad. Por ejemplo, los informes realizados por el Parlamento en 1985, a los que me referiré mas adelante.
Debieran estar al alcance de cualquier docente o investigador:
1- Los Diarios de Sesiones de ambas cámaras y de la Asamblea General Legislativa, en aquellos tramos donde se elucidan las grandes cuestiones políticas y sociales de fines los años 60 en adelante, como la crisis bancaria, las medidas prontas de seguridad, las detenciones masivas de sindicalistas en los cuarteles, la militarización de trabajadores en huelga del sector privado, el desacato del P. Ejecutivo ante resoluciones de la Asamblea General, la desobediencia del P. Ejecutivo a decisiones de la Suprema Corte ordenando la libertad de detenidos bajo Medidas de Seguridad, etc. Todos hechos ocurridos cuatro o cinco años antes de 1973.
2- Los Diarios de Sesiones de las Cámaras cuando, de abril a octubre de 1972, se discute la declaración de Estado de Guerra Interno, la suspensión de las garantías individuales y la Ley de Seguridad del Estado y se comienzan a realizar las primeras denuncias parlamentarias sobre la práctica de la tortura.
3- Los cuatro o cinco brulotes elaborados por la Junta de Comandantes en Jefe durante la dictadura. Las obras se podrían sintetizar diciendo «son ellos vistos por ellos mismos». Dicen más los brulotes de los Comandantes y su doctrina que todos los»vilipendios» que se puedan proferir contra las brutalidades de la dictadura.
Como contrapartida, en el libro «Vivir en Libertad» de Phillips y Tiscornia, se difundieron, en 2003, algunos textos esenciales para entender la «mentalidad militar» durante la dictadura: los «reglamentos» con los que se intentó regular la vida de los presos en los establecimientos militares de reclusión.
4- Una selección analítica y crítica, desde el punto de vista del derecho, de los principales juicios sustanciados por el Supremo Tribunal Militar condenando a los acusados de delitos políticos en el sentido que en su momento realizara y publicara, en Cuadernos de Marcha, el gran abogado y escritor Carlos Martínez Moreno.
5- Las llamadas Actas del Parque Hotel, en las cuales se transcriben, entre otros tópicos autoritarios, los alegatos de los mandos militares, de julio de 1983, defendiendo la tortura a los presos políticos y las posiciones vacilantes de los representantes de los partidos tradicionales.
6- Los informes técnicos y de las cátedras universitarias sobre la investigación llevada a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca del secuestro y desaparición de Elena Quinteros, el informe final de la Comisión Investigadora instalada en junio de 1990 sobre la responsabilidad de Juan Carlos Blanco y el debate final en el pleno del Senado.
7- Existe una buena cosecha de documentación sobre Uruguay elaborada en otros países. Clara Aldrighi, entre otros, ha realizado una labor extraordinaria de investigación y publicación acerca de documentación de origen norteamericano. Lo que aporta la historiadora tiene una enorme importancia y revela la fina trama de la penetración norteamericana en los asuntos internos de nuestro país, dicho por ellos mismos.
También la hay sobre el secuestro en Porto Alegre de Universindo Rodríguez, Lilian Celiberti y sus dos hijos. La Asamblea Legislativa del Estado conformó una Comisión Investigadora en la que aparecen referencias elocuentes acerca de cómo funcionaba la coordinación represiva en los año 70, la que posteriormente se conoció como «Plan Cóndor». También existe abundante documentación en Argentina y otros países de la región.
Sin menoscabo de los materiales didácticos que se elaboren, más accesibles y abreviados, es imprescindible que este acervo documental esté disponible. Para empezar en la Biblioteca Nacional.
Los dos informes realizados por la Cámara de Diputados en 1985 acerca del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el llamado «Informe Fau» (por Yamandú Fau) y el realizado sobre los ciudadanos uruguayos desaparecidos son inhallables. Ni siquiera están en la Biblioteca Nacional ni en la Sala Uruguay de la misma. Tampoco están disponibles en la Biblioteca del propio Palacio Legislativo.
Vale la pena destacar la gran importancia de estas dos investigaciones, elaboradas en 1985 por representantes surgidos de la soberanía popular. Los mismos contienen un número mayor de datos, testimonios y precisiones sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que el promocionado informe de la Comisión para la Paz del año 2003.