Perú es el tercer país más peligroso de Latinoamérica para los defensores medioambientales. Honduras, el más peligroso del mundo. Según la ONG Global Witness, solo en los últimos 5 años ahí fueron asesinados 109 de estos activistas. La semana pasada, a la macabra lista se le sumó Berta Cáceres, la líder indígena más reconocida de […]
Perú es el tercer país más peligroso de Latinoamérica para los defensores medioambientales. Honduras, el más peligroso del mundo. Según la ONG Global Witness, solo en los últimos 5 años ahí fueron asesinados 109 de estos activistas. La semana pasada, a la macabra lista se le sumó Berta Cáceres, la líder indígena más reconocida de Honduras. Su lucha en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca la llevó a ganar el prestigioso premio ambiental Goldman 2015.
La balearon estando en su casa. Ningún oficial la resguardaba, si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había decretado desde 2009 que se le otorgaran medidas cautelares para su protección, pues recibía numerosas amenazas de muerte.
Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue una visible opositora al golpe de Estado de 2009 en su país. Un derrocamiento que se consolidó con la ayuda de Hillary Clinton – por entonces secretaria de Estado de EEUU -, como lo señala esta misma en su último libro de memorias.
Inmediatamente después de la ruptura del orden democrático se disparó la violencia, llevando la tasa de homicidios de Honduras a ser la más alta del mundo (entre 2008 y 2011, se incrementó en un 50%). También se criminalizó incluso más a las poblaciones indígenas, como dijo Berta después de ser injustamente arrestada en 2013.
Aún así, el Departamento de Estado de EEUU continuó asistiendo a las fuerzas de seguridad hondureñas con equipos y entrenamiento militar, contraviniendo las leyes estadounidenses que prohíben ayudas de esta naturaleza cuando existan sospechas fundadas de violaciones a los derechos humanos, como es el caso de Honduras.
Patrick Leahy, senador estadounidense y artífice de esta ley, señaló refiriéndose a Berta que «ni aún una activista social reconocida a nivel internacional está a salvo en Honduras si levanta la voz en contra de la corrupción o el abuso de la autoridad».
Defensores de los derechos humanos en todo el mundo exigen una investigación exhaustiva e independiente.Las autoridades hondureñas insisten en que el asesinato de esta líder fue propiciado por conflictos internos del COPINH y no por las empresas y/o autoridades que la amenazaron. Así, tienen retenido en el país al activista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de Berta y tiroteado junto a ella. Castro ha rendido su declaración en varias oportunidades – sin tener copia de ninguna – y hasta el momento se le ha impedido volver a México, arriesgando más su vida a cada minuto que sigue en la zona.
Fuente original: Diario Exitosa
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