La Integración política latinoamericana

T E X T O D E L E N S A Y O

Teoría de la integración

No existe unanimidad entre los especialistas acerca del contenido conceptual de la teoría de la integración entre naciones y estados. Los autores enfocan la integración desde distintos ángulos y, a partir de ellos, formulan sus propias definiciones, no siempre coincidentes.

El intento de una generalización sobre el tema conduce a considerar la integración como un proceso de unificación de políticas, regímenes e instrumentos entre estados en áreas específicas previamente elegidas. En este marco se pudiera identificar varios ángulos de la integración, entre ellos, aspectos de carácter físico; económico; social; cultural; y político.

La integración física puede ejemplificarse con una carretera cuyo trazado atraviese el territorio de varios estados y que se construya, mantenga y explote de común acuerdo entre dichos estados. Así mismo, una red de transmisión eléctrica, un oleoducto, un gasoducto, la protección y explotación de un río de considerables proporciones, etc.

La integración económica tiene que ver con políticas macroeconómicas, comercio internacional, sistemas fiscales, monetarios, financieros, presupuestarios, salariales.

Lo social y cultural se manifiesta en la integración de sistemas educacionales, de salud, deportivos, culturales, artísticos, de seguridad social, del tránsito transfronterizo de personas, de ciudadanía.

La integración política aborda los aspectos jurídicos y del derecho, la constitución de instituciones – supranacionales o no – que coordinen el desarrollo económico y social, las políticas de defensa y orden interior, de relaciones exteriores, del sistema judicial, entre otros.

El objetivo final del proceso unificador de varios estados, al principio independientes, consistiría en la plena unificación de todas estas partes ya mencionadas, en las cuales perderían la soberanía en cada una de ellas y se subordinarían a las decisiones de órganos supranacionales constituidos a ese fin.

Un aspecto que se debate entre los especialistas es el referido al camino de este proceso integrador total. Una posibilidad es que se comience por la integración física y económica y, después, se pase a la social y política. Otra versión defiende que el primer paso debe ser en el terreno político, de manera que la voluntad integradora de las partes se manifieste en un órgano supranacional con poder suficiente para ir despejando los obstáculos que se presenten en el camino de las demás esferas de la integración de los estados que participan.

El enfoque más viable del proceso integrador consiste en aplicarlo paralelamente en sus diferentes partes físicas, económicas, sociales, culturales y políticas, en el orden e interrelación que demanden y permitan las condiciones objetivas y subjetivas del momento histórico en que ocurren.

Magariños considera que el área más conflictiva para la aceptación de un nivel alto de unificación es generalmente la institucional, pues ésta se relaciona directamente con la noción de soberanía, hiere los nacionalismos vernáculos y plantea el tema de la supranacionalidad. [1]

No obstante esta reflexión, no por ello el aspecto institucional debe dejarse para el final del proceso. De existir las condiciones adecuadas, los avances en la integración institucional que permitan las circunstancias pueden facilitar los acuerdos integradores en lo físico, económico, social, cultural y político. Una clara y pública expresión del objetivo integrador promulgada por los Estados involucrados a través del sistema de Derecho y de la existencia de las instituciones correspondientes, facilitaría la culminación exitosa del proceso.

Esquemas de integración en América Latina y el Caribe

En cuanto a los procesos integracionistas en la región de América Latina y el Caribe posteriores a la II Guerra Mundial, uno de los acontecimientos más trascendentales fue la creación en 1948 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El pensamiento y la acción de la CEPAL, conducidos por su Secretario Ejecutivo fundador Dr. Raúl Prebisch, aportaron aspectos teóricos y técnicos fundamentales para el análisis de la problemática económica de la región.

En 1960 ocurren dos hechos de especial importancia para el futuro del proceso de integración económica de América Latina y el Caribe: la creación del Mercado Común Centroamericano (MCC) y de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). En 1980 la ALALC se convierte en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a la cual Cuba se incorpora como miembro pleno en 1999.

Desde la década de 1960 hasta nuestros días se han registrado numerosos esfuerzos para promover la integración de nuestros países.

El Mercado Común del Sur (Mercosur) fue creado mediante el Tratado de Asunción en 1991 y tiene como objetivo la conformación de un Mercado Común con vistas a la integración económica de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el 2006, Venezuela se ha incorporado a este esquema.

La historia del Grupo Andino comenzó a gestarse el 16 de agosto de 1966, cuando los Presidentes de Colombia, Chile y Venezuela y los delegados personales de los Presidentes de Ecuador y Perú, reunidos en la capital colombiana, firmaron la «Declaración de Bogotá», en la que se sentaron las bases preliminares del pacto subregional.

En la ciudad colombiana de Cartagena, los plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú llegaron a un acuerdo definitivo que se materializó el 26 de mayo, en Bogotá, cuando los delegados de esos cinco países suscribieron el Acuerdo de Integración Subregional. En el 2006 Venezuela abandonó este esquema y Chile, que se retiró del Acuerdo en 1976, ha manifestado su interés en reincorporarse.

El 13 de diciembre de 1991, en el marco de la XI Reunión Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en Tegucigalpa, Honduras, se firmó el Protocolo de Tegucigalpa, que dio origen al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como un nuevo marco jurídico-político para todos los niveles y ámbitos de la Integración Centroamericana, tales como los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos

La Comunidad del Caribe (CARICOM) surgió en 1958, como resultado de 15 años de gestiones a favor de la integración regional, y se constituyó con tres objetivos fundamentales: estimular la cooperación económica en el seno de un mercado común del Caribe; estrechar las relaciones políticas y económicas entre los estados miembros; promover la cooperación educacional, cultural e industrial entre los países de la Comunidad.

El Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) se firmó el 24 de julio de 1994 en Cartagena de Indias, Colombia, con el propósito de promover la consulta, la cooperación y la acción concertada entre todos los países del Caribe. Está integrada por 25 Estados Miembros y tres Miembros Asociados. Otros ocho países no independientes son elegibles como Miembros Asociados. Cuba es miembro fundador de la Asociación.

La Comunidad Sudamericana de Naciones se constituyó mediante la Declaración del Cuzco, el 8 de diciembre de 2004, firmado por los Presidentes de los países de América del Sur. En el Preámbulo de la Declaración se proclaman las aspiraciones y anhelos de los pueblos allí representados a favor de la integración, la unidad y la construcción de un futuro común.

Existen otros esquemas de integración, cooperación, coordinación y consulta entre los países de América Latina y el Caribe. Los aquí mencionados son suficientes para ilustrar la variedad de intentos de vinculación entre las naciones de la región. Todos ellos han proclamados objetivos integracionistas que se han logrado alcanzar sólo en parte. Hay etapas en que avanzan hacia sus metas programadas; pero muy a menudo surgen obstáculos que hacen retroceder los procesos en marcha. Se constata una mayor retórica en los pronunciamientos de los órganos directivos de los esquemas que realidades concretas introducidas en la práctica.

Recientemente, con el establecimiento de gobiernos de orientación democrática y popular, surgieron esperanzas de lograr avances reales en la dirección correcta. No obstante, el imperio norteamericano ha logrado introducir la división entre los países miembros de varios de los mencionados esquemas, los cuales han comenzado a desmoronarse.

En la Comunidad Andina, Colombia y Perú han firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Ecuador aspira a tenerlo, violando los requisitos establecidos por el Acuerdo de Cartagena. Ante esta realidad, el gobierno venezolano que preside Hugo Chávez decidió retirarse de esta Comunidad, mientras Chile intenta reintegrarse.

En el MERCOSUR, Uruguay ha intensificado sus relaciones con Estados Unidos y ha anunciado la posibilidad de establecer un TLC con este país. A su vez, sus contradicciones con Argentina por el asunto de las plantas uruguayas de celulosa han minado la confianza mutua entre ambos gobiernos.

Como resultado de estas crecientes contradicciones entre los países del subcontinente, se delinean dos ejes claramente definidos entre ellos: los que apuestan por una integración con EEUU (México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) y los que insisten en una integración entre ellos mismos y sin los EEUU (Venezuela, Cuba, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay); estos últimos con cierta vacilaciones de Uruguay y Paraguay. Todo ello debilita las posibilidades de ALADI y se reducen sus perspectivas de facilitar un verdadero proceso de integración entre sus países miembros.

Los nuevos factores que juegan un papel positivo dentro de este panorama desalentador son, por un lado, la voluntad integracionista de Venezuela y su entrada en el MERCOSUR y, por otro, el ascenso de Evo Morales, máximo dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), a la Presidencia de Bolivia. El Presidente venezolano Hugo Chávez ha propuesto desarrollar la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) con vistas a lograr la verdadera integración entre los pueblos de la región. El Presidente Evo Morales promueve el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), basados en la cooperación y la solidaridad. El ALBA y los TCP se oponen a los proyectos neoliberales del imperialismo norteamericano, los cuales pretenden anexar las economías latinoamericanas a la de EEUU mediante el ALCA y los TLC. El fracaso del ALCA al no constituirse en todo el territorio regional en enero del 2005, no elimina el peligro se sus perversos objetivos, los cuales se pretenden alcanzar ahora con los TLC bilaterales entre EEUU y cada país latinoamericano por separado.

El errático comportamiento de los esquemas de integración iniciados antes de la proclamación del ALBA y los TCP se debe fundamentalmente a dos factores principales.

El primero y más importante de ellos es la política imperialista del gobierno de los Estados Unidos. Su esencia puede resumirse en establecer en la región un entramado de relaciones económicas y políticas que responda a sus intereses explotadores. Desde el punto de vista económico, se trata de que sus Empresas Transnacionales (ETN) extraigan el mayor volumen posible del excedente productivo de la región. Desde el punto de vista político, establecer gobiernos dóciles que aseguren las condiciones nacionales para que las ETN alcancen los objetivos económicos mencionados. El imperialismo norteamericano trata de impedir por todos los medios -incluyendo el militar- el surgimiento de una fuerza económico-social que se oponga a sus intereses. En particular, es muy sensible al establecimiento de gobiernos populares, con verdadero apoyo de masas, a los cuales ataca por diferentes vías con vistas a desestabilizarlos y crear entornos de ingobernabilidad para derrocar a esos gobiernos.

El otro factor de importante incidencia en los fracasos de los esquemas integracionistas existentes hasta ahora consiste en el comportamiento de las oligarquías nacionales de los países que proclaman la integración. Esta clase social, que solía denominarse como burguesía nacional compradora y que ahora pudiera caracterizarse como burguesía nacional transnacionalizada, es la encargada de asegurar las condiciones que garanticen los intereses imperialistas de Estados Unidos a cambio de recibir migajas del excedente extraído de las riquezas de sus países respectivos. Como clase social, es incapaz de dirigir con éxito los esfuerzos integracionistas que necesita la región para alcanzar su verdadera independencia.

En América Latina y el Caribe, los aspectos más desarrollados de la teoría y práctica de la integración se refieren a la esfera económica y, dentro de ésta, la cuestión comercial y de inversiones. Los Tratados de Libre Comercio que se han venido estableciendo se concentran en la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio exterior, estableciendo zonas de libre comercio y uniones aduaneras. También incluyen la desregulación de controles fronterizos con el objetivo de asegurar el libre flujo de las inversiones entre los países involucrados. Estos tipos de Tratados se basan en la teoría neoliberal y su concepción acerca de que las diferencias entre los países desarrollados y subdesarrollados se pueden superar mediante la especialización que brindan sus condiciones naturales, históricas y culturales acumuladas. Según este criterio, el intercambio internacional de mercancías es resultado de la división del trabajo entre países, donde cada uno produce lo que mejores condiciones tiene para lograr una alta calidad, bajo costo y ventajas competitivas. Esta teoría considera que el desarrollo de los países atrasados se alcanza mediante un proceso espontáneo, sin intervención estatal, y plenamente desregulado. La vida demuestra lo engañoso de estas concepciones, las cuales están concebidas para ocultar los verdaderos propósitos de las Empresas Transnacionales (ETN) y los gobiernos que las sirven. La realidad es que la aplicación de estas teorías neoliberales en la región ha asegurado las condiciones para la explotación de los trabajadores latinoamericanos por parte de las Empresas Transnacionales extranjeras y ha traído mayor diferenciación entre ricos y pobres, deterioro social, aumento del crimen organizado y manifestaciones de ingobernabilidad en los países donde se ha aplicado.

Por otra parte, se ha comenzado a impulsar la integración física, en la cual se destacan las propuestas de Venezuela para crear un gasoducto cuyo trazado parta de este país y llegue hasta Argentina y Chile, atravesando el territorio de Brasil y con ramales vinculatorios con Paraguay y Bolivia. Otro ejemplo lo constituye la carretera proyectada desde la costa del Pacífico de Perú y Ecuador, que atraviese Colombia y Venezuela para salir a la ribera atlántica de Brasil.

En cuanto a lo social, lo más relevante en la actualidad es el esfuerzo de Cuba y Venezuela en la formación de personal facultativo de la salud y la prestación de servicios médicos masivos a las poblaciones de los países de la región. La Operación Milagro que se desarrolla en el campo de la oftalmología constituye un claro ejemplo de las posibilidades que brinda la cooperación social. En un breve lapso de tiempo más de 200 mil pacientes de América Latina y el Caribe han recuperado la vista en virtud de este programa.

Estos avances realizados en el ámbito social se están llevando a cabo en los marcos de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Este proyecto propone una integración diferente basada en la solidaridad y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos y centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Cuestiona la apología y el culto al libre comercio y defiende la elaboración de una agenda económica y social concebida y dirigida por los Estados soberanos, sin influencia de los poderes foráneos de las ETN y los gobiernos imperialistas extraregionales.

El desarrollo conceptual y práctico del ALBA, el cual está en ciernes, constituirá un relevante aporte a la teoría de la integración latinoamericana. Se requiere de una investigación que profundice en los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos de esta nueva propuesta integradora de los pueblos y los Estados latinoamericanos. A su vez, dicha investigación debe revelar las inconsistencias de la teoría neoliberal del comercio internacional y lo pernicioso de su puesta en práctica. En este empeño debe tenerse en cuenta que lo menos trabajado en la teoría y la práctica integracionista se refiere a los aspectos jurídicos, políticos y de Derecho. Ha llegado el momento de poner en primer plano los estudios especializados en esta esfera. En el vasto temario que se pudiera elaborar al respecto, sobresale la organización de los Estados que pretenden integrarse.

La Unión de Estados: Confederación y Federación

Para una mejor comprensión del concepto de Unión de Estados es conveniente referirse a Cañizares y su clasificación de los Estados desde el punto de vista del Derecho Internacional, la cual identifica dos formas de Estado: el simple o unitario; y el compuesto. El primero es aquél que posee un órgano político único que no está ligado con otros Estados, por lo que ejerce directamente el derecho a mantener, sin restricciones, relaciones con los demás Estados. Por su parte, los Estados compuestos entrañan la reunión más o menos completa de varios Estados bajo un gobierno común. [2]

Dentro de los Estados compuestos se incluyen, entre otras formas, las Confederaciones de Estados y las Federaciones de Estados.

En la Confederación, los Estados conservan su personalidad y absoluta independencia tanto en la vida interna como en la externa, salvo en aquellos casos que constituye, en la vida internacional, el objeto de la Unión. Cañizares subraya que la Confederación viene a ser una nueva persona jurídica que surge en representación de los Estados confederados para un objetivo determinado y nada más. En la actualidad, dice, no existen Estados confederados. Antes lo fueron los Estados Unidos entre 1778 y 1787; Suiza desde el siglo XIV hasta 1848; y la Confederación germánica desde 1815 hasta 1866.

En la Federación, los Estados federados constituyen uno solo en el aspecto internacional aunque interiormente cada Estado conserva su independencia, salvo en aquello que sea objeto del Pacto federal y que pertenezca a la jurisdicción del parlamento de la Federación. En la Federación hay, pues, dos legislaciones: la federal; y la local, de los parlamentos locales.

Jordán Quiroga coincide en distinguir, entre las Formas de Estado, al Estado Unitario y a la Unión de Estados. En el Estado Unitario existe un solo centro de poder con órganos únicos (legislativo, ejecutivo y judicial) cuyas funciones son válidas para toda la población asentada en el territorio estatal. Dentro de la Unión de Estados se identifica la Confederación de Estados y el Estado Federal. [3]

Según este autor, la Confederación de Estados es la unión permanente de Estados independientes que se basa en el pacto con el fin de protección externa y paz interna, sin prejuicio que puedan agregarse a otros fines. Los Estados confederados conservan su soberanía y se mantienen independientes. La vinculación entre los Estados es producto de un Pacto, es decir, de una norma de derecho internacional cuyo texto incluirá un determinado número de renuncias, entre las cuales jamás se considerará la delegación de soberanía. El poder de la Confederación alcanza a los Estados confederados y no directamente a la población de cada Estado miembro.

El Estado Federal es la unión de dos o más Estados en el que los miembros asociados renuncian a su soberanía particular para conformar una sola y única comunidad política. Los Estados Federados pierden su condición de soberanos y pasan a formar parte de una unidad soberana diferente; el poder central subsiste con poderes locales; estos Estados Federados se hallan regidos por una Constitución Política (Constitución Federal), que es la norma fundamental que rige a la comunidad política en su conjunto, sin que las normas emanadas de la autoridad autonómica (local) de los Estados miembros pueda contradecirla. La autodeterminación de los Estados miembros se subordina a la Constitución Federal. En el Estado Federal, las soberanías de los Estados miembros se funden para dar lugar a un nuevo Estado.

Como se puede apreciar, Jordán Quiroga amplía las posibilidades de los Estados confederados a otros fines no necesariamente vinculados al derecho internacional. Además, subraya el papel del concepto de soberanía y su vinculación a ambas formas de Uniones de Estado. Fue Juan Bodin quien usa por primera vez, en 1576, la palabra soberanía, introduciendo el concepto en la ciencia política.

El profesor D´Estefano Pisani define la soberanía como «la potestad de un Estado expresada mediante su derecho a decidir libremente sus asuntos internos y exteriores del mismo, sin infringir los derechos de los otros estados ni los principios y disposiciones del Derecho Internacional Público.» [4]

La política de la Revolución Cubana acerca de la soberanía como concepto de Derecho político e internacional está claramente definida en las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro el 26 de julio de 1972, en la Plaza de la Revolución «José Martí», cuando expresó: «…!Y, en lo que se entiende como país soberano, nosotros no sacrificaremos un solo atributo de la soberanía por exigencia de los imperialistas! Nosotros, nuestra soberanía podemos diluirla entre todos los pueblos de Latinoamérica, para integrarnos en el seno de una comunidad mayor, nosotros nuestra soberanía podemos diluirla en el movimiento revolucionario, pero frente al imperialismo, ni el más mínimo, ni el más elemental atributo de nuestra soberanía aceptaremos ni discutirlo siquiera». [5]

Confederación de Estados propuesta por Simón Bolívar

En el debilitado panorama de los procesos por la integración de la región hasta ahora promovidos por el gobierno de EEUU y las burguesías nacionales transnacionalizadas, irrumpen con fuerza esperanzadora las propuestas del ALBA y de los TCP. Los esfuerzos en este sentido se han concentrado en los terrenos comercial, económico, financiero y social. Con vistas a consolidar lo ya alcanzado y establecer una base institucional para avances ulteriores hacia la verdadera integración que necesitan los pueblos latinoamericanos, es menester ahora iniciar la elaboración y fortalecimiento de los correspondientes sistemas jurídico y de Derecho. Al respecto resulta imprescindible partir de los Padres Fundadores de las naciones de América Latina y el Caribe. El más descollante en la propuesta institucional lo fue Simón Bolívar y con él se debe iniciar el análisis.

Varios son los escritos en los que se recoge el pensamiento de El Libertador acerca de la solución jurídica de la integración de nuestros pueblos. Pero dos de ellos son los más reveladores de su propuesta: la Carta de Jamaica y el Congreso Anfictiónico de Panamá.

La Carta de Jamaica fue escrita por Bolívar el 15 de septiembre de 1815, cuando la lucha contra el coloniaje español en América aún no se había coronado en éxito. Además de reafirmar la seguridad en el triunfo independentista, El Libertador propone la constitución de una Confederación de Estados Latinoamericanos como la solución institucional para la consolidación de la independencia. En esta ocasión, los términos utilizados por Bolívar fueron los siguientes: «Es una idea grandiosa pretender de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de formarse; mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América…Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración…» [6]

La división entre las fuerzas políticas independentistas y revolucionarias, promovida por las nacientes oligarquías latinoamericanas, era el factor que iba a impedir en aquella época la feliz consecución de la integración de los pueblos de la América española concebida por Bolívar.

Nueve años más tarde, ya como Presidente del Perú, Bolívar convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá invitando para ello a los gobiernos de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala. En el mensaje, con su firma, de fecha 7 de diciembre de 1824, a pocos días de la definitiva Batalla de Ayacucho, se lee:

«Profundamente penetrado de estas ideas invité a ochocientos veintidós, como Presidente de la República de Colombia, a los Gobiernos de México, Perú, Chile y Buenos Aires, para que formásemos una confederación, y reuniésemos en el Istmo de Panamá u otro punto elegible a pluralidad, una asamblea de plenipotenciarios de cada Estado que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias.»

«El Gobierno del Perú celebró en seis de julio de aquel año un tratado de alianza y confederación con el plenipotenciario de Colombia; y por él quedaron ambas partes comprometidas a interponer sus buenos oficios con los Gobiernos de la América, antes española, para que entrando todos en el mismo pacto, se verificase la reunión de la asamblea general de los confederados. Igual tratado concluyó en México, a tres de octubre de ochocientos veintitrés, el enviado extraordinario de Colombia a aquel Estado; y hay fuertes razones para esperar que los otros gobiernos se someterán al consejo de sus más altos intereses.

Diferir más tiempo la asamblea general de los plenipotenciarios de las repúblicas que de hecho están ya confederadas, hasta que se verifique la accesión de los demás, sería privarnos de las ventajas que produciría aquella asamblea desde su instalación.»

«…El Istmo está a igual distancia de las extremidades; y por esta causa podría ser el lugar provisorio de la primera asamblea de los confederados…»

«…Nada ciertamente podrá llenar tanto los ardientes votos de mi corazón, como la conformidad que espero de los gobiernos confederados a realizar este augusto acto de la América.» [7]

Como respuesta a la convocatoria de Bolívar, la Asamblea Americana del Congreso de Panamá sesionó del 22 de junio al 15 de julio de 1826. En ella se elaboró y fue aprobado el «Tratado de unión, liga y confederación perpetua», cuyo Artículo 1º rezaba: «La República de Colombia, Centro América, Perú y Estados Unidos Mexicanos, se ligan y confederan mutuamente, en paz y guerra, y contraen, para ello, un pacto perpetuo de amistad firme e inviolable y de unión íntima y estrecha con todas y cada una de dichas partes.»

Y el Artículo 2º: «El objeto de este pacto perpetuo, será sostener en común, defensiva y ofensivamente si fuera necesario, la soberanía e independencia de todas y cada una de las potencias confederadas de América contra toda dominación extranjera…»

Casi al final del documento, el Artículo 31 decía: «El presente Tratado de unión, liga y confederación perpetua será ratificado, y las ratificaciones serán canjeadas en la villa de Tacubaya, una legua distante de la ciudad de México, dentro del término de ocho meses, contados desde la fecha, o antes si fuese posible.» [8]

El Tratado no entró en vigor, pues sólo fue ratificado por la Gran Colombia, que entonces abarcaba los territorios actuales de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Por su parte, Argentina, Brasil y Chile no enviaron representantes. Este fue el momento en que más cerca estuvo la constitución de una Unión de Estados de las Repúblicas que recién se habían independizado de la España colonial. Después de la muerte de Bolívar y durante el resto del Siglo XIX, las oligarquías que tomaron el poder no fueron capaces de establecer la unión estatal proclamada en el Congreso de Panamá. Lo mismo ocurrió a lo largo del Siglo XX, cuando el imperialismo norteamericano logró sus propósitos divisionistas, con el contubernio de las burguesías nacionales de los países sudamericanos.

A inicios del Siglo XXI, el gobierno estadounidense mantiene su misma política de explotar a los pueblos al sur del Río Grande e imponerle sus designios. Pero han aparecido nuevas condiciones en el panorama político de Latinoamérica. En primer lugar, la conciencia antiimperialista de las masas se ha incrementando, su organización en disímiles movimientos sociales progresistas se ha extendido y han surgido gobiernos de carácter popular donde las burguesías transnacionalizadas han sido desplazadas del poder, como en Cuba, Venezuela y Bolivia.

Por segunda vez en doscientos años de independencia surge de nuevo una posibilidad real de crear una Unión de Estados independientes en nuestro subcontinente. Existen factores objetivos y subjetivos que crean las condiciones para lograr la integración que reclaman nuestros pueblos.

Ya hay pronunciamientos oficiales al respecto. En el discurso Clausura de la II Cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el 17 de abril de 1999 celebrada en República Dominicana, Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, planteó: «Insisto en que además de este elemento económico, yo me atrevo a plantear una vieja idea que he oído, he discutido desde México hasta Argentina, es la idea que marchemos hacia una Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños». [9]

Y en el Acto de la firma del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, realizado el 19 de octubre de ese año, Chávez expuso: «Nosotros desde Caracas seguimos y seguiremos impulsando la idea bolivariana de lograr la integración política de nuestros Estados y nuestras Repúblicas. Una Confederación de Estados de América Latina y del Caribe, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un plan para una década? No tenemos un plan de mediano plazo, imperativo es que hagamos un plan…». [10]

El anhelo de Bolívar para crear la Confederación de Estados Latinoamericanos vuelve a plantearse como posibilidad real de constituirse. ¿Por qué una confederación y no otro tipo de unión estatal? Porque la confederación es la forma relativamente más simple y asequible en las actuales condiciones. Ella se establecería, en un inicio, como un acto de defensa colectiva ante la posibilidad de una agresión militar por parte del gobierno de los EEUU. No hay que esperar a que en todos los países la burguesía transnacionalizada sea desplazada del poder para constituir la Unión de Estados en la región de forma simultánea en todos los países. Es posible iniciar la creación de la Confederación entre dos o tres países. Los que tienen las mayores posibilidades actualmente son Cuba y Venezuela, en primer lugar y, después, Bolivia.

A partir de este eje bipartito o tripartito, según sea el caso, se pudiera avanzar en la incorporación de otros Estados a la Confederación. En ello hay que tener en cuenta el hecho cada vez más evidente de que en un país en el que la clase políticamente dominante sea la burguesía nacional transnacionalizada no se completan plenamente las condiciones subjetivas para incorporarse a una Confederación de Estados realmente independiente, aunque siempre pueden surgir excepciones.

El hecho de establecer un poder confederado de carácter popular y antiimperialista en América Latina, aunque sea en dos o tres Estados, crearía condiciones inéditas en el subcontinente en pro del movimiento social progresista y demostraría el debilitamiento del imperio norteamericano en la región. Ello sería un factor político y económico de considerables proporciones para impulsar la lucha popular en los demás países latinoamericanos a favor de una verdadera solución a sus ancestrales males económicos y sociales. Sería una fórmula para insertar a América Latina y el Caribe en la economía internacional estableciendo un poder político de creciente influencia en la arena mundial. Surgiría así el germen de lo que pudiera constituir una Unión de Estados desde México hasta Argentina, incluyendo el Caribe; una nueva fuerza regional en los marcos del mundo multipolar que se pretende alcanzar. Este proyecto confederado concitaría el apoyo de las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias en el resto del Mundo. Es de esperar que la constitución de tal Confederación generaría la hostilidad de los círculos de poder en EEUU, para lo cual habría que estar preparados de antemano.

Los esfuerzos integracionistas en la región han destacado los aspectos comerciales, económicos, financieros y, muy recientemente, los sociales. En general, la unión política se ha mantenido al margen de los intentos de integración debido a las presiones del gobierno norteamericano y a la posición contraria a dicha unión por parte de las burguesías nacionales transnacionalizadas. Cuando se ha abordado la unión política, como es el caso de la Comunidad Sudamericana de Naciones proclamada en el Cuzco a instancias de Brasil, ello ha quedado en meras declaraciones y no se ha avanzado en la consecución de sus objetivos prácticos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se hace necesario que los intelectuales y académicos que se especializan en la integración latinoamericana, en especial, los juristas, comiencen a poner en primer plano los aspectos jurídicos y de Derecho que pudieran coadyuvar, en perspectiva, a la constitución de la Confederación de Estados Latinoamericanos.

Martí y la Unión Latinoamericana

José Martí retoma el pensamiento de Bolívar acerca de la unidad latinoamericana y lo desarrolla acorde a los más avanzados tiempos históricos que le tocó vivir. El período cuando publica sus principales escritos sobre este tema corre a partir de 1875 hasta la víspera de su caída en combate el 19 de mayo de 1895. Es en Nuestra América, publicado por primera vez el 1º de enero de 1891, donde Martí concentra sus ideas principales acerca de la unión de los pueblos de la América antes española. A diferencia de Bolívar, Martí no se extiende en proponer las formas jurídico-institucionales concretas en que debiera plasmarse esa unión. No obstante, deja constancia de sus consideraciones al respecto en algunos de sus escritos.

El historiador Ramón de Armas [11] recoge un fragmento textual al respecto, el cual Martí redactó en un cuaderno de apuntes personales durante su estancia en Venezuela en 1881. En dicho texto Martí defiende la idea de «una gran confederación de los pueblos de la América Latina«. En el mismo artículo, De Armas menciona que en enero de 1884, en la revista neoyorquina La América, acerca de la integración de los pueblos latinoamericanos Martí escribe: «… aquellos que son en espíritu, y serán algún día en forma, los Estados Unidos de la América del Sur».

Al contrario de sus pocas referencias a las formas jurídico-institucionales que adoptaría la unión de los pueblos de América Latina, Martí actualiza y enriquece ampliamente el contenido de esa unidad: acentúa el antiimperialismo en su proyecto, destaca el carácter popular en su concepción republicana donde no caben las oligarquías latinoamericanas y subraya la autoctonía del empeño.

En su concepción latinoamericanista, avizoró con precisión el peligro que significaba el imperialismo norteamericano para la verdadera independencia y el desarrollo económico y social de los pueblos al sur del Río Bravo. No sólo fue una expresión teórica, sino que llevó esta concepción a su acción práctica revolucionaria. La lucha armada que encabezó en Cuba contra el colonialismo español la veía Martí como condición necesaria, junto a la liberación de Puerto Rico, para cerrar el paso al gigante que amenazaba desde el Norte. Solo la unidad latinoamericana basada en la conciencia antiimperialista de sus pueblos podía ponerlos a salvo de los voraces apetitos del naciente capitalismo monopolista en Estados Unidos.

La República democrática martiana se apoya en una verdadera participación popular de las más amplias masas oprimidas, de grupos étnicos preteridos y de las clases y grupos sociales explotados. [12] Hay muchas referencias en su obra que demuestran la preferencia de Martí por los trabajadores y las capas humildes de la población. Baste mencionar cuando escribió «…pues mi hijo, señores, aunque en mis versos le llame yo mi príncipe, será un trabajador, y si no lo es, le quemaré las dos manos…» [13]

Junto al carácter democrático de la república que propugnaba, Martí alertó de los peligros del caudillismo militar que tanto daño hizo en la primera etapa de la independencia latinoamericana. Para prevenir la superioridad de las fuerzas militares sobre los poderes democráticos que representaban al pueblo, en 1889 escribió: «el único modo de vencer al imperialismo en los pueblos mayores, y el militarismo en los menores, es ser todos soldados». [14]

Martí proclamó que la unidad latinoamericana se alcanzaría por vías autóctonas. Rechazó la imitación y el copismo de experiencias ajenas, aunque no desdeñó tomar en cuenta las referencias internacionales para las soluciones de los males latinoamericanos y la construcción de la América nueva. «Ni de Rousseau ni de Washington viene nuestra América, sino de sí misma», escribió para reafirmar esta idea [15] .

HACIA UNA CONFEDERACION DE ESTADOS CUBA-VENEZUELA

Antecedentes en Los Soles y Rayos de Bolívar

La década de 1820 a 1830 fue testigo de un auge de las ideas y acciones independentistas en Cuba. Fue el único momento en el que predominaron las ideas separatistas antes de 1868, cuando el independentismo se hizo definitivo con el inicio de la Guerra de los Diez Años encabezada por Carlos Manuel de Céspedes. Los cambios en la geopolítica mundial determinaron, entre otros factores, este comportamiento del ideario político en Cuba en una fecha tan temprana del Siglo XIX.

El período de 1808 a 1823 resultó muy significativo para España y sus colonias americanas. En mayo de 1808 Napoleón invadió el territorio español y designó Rey de España a su hermano José Bonaparte, decisiones facilitadas por las pugnas entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, pues ambos ambicionaban el trono español. El 2 de mayo se produjo el levantamiento de Madrid contra la invasión extranjera, el cual fue ahogado en sangre, aunque la resistencia popular contra el ejército napoleónico duró seis años. En el propio 1808 Napoleón implantó en España la llamada Constitución de Bayona, la primera aplicada en el país. El 19 de marzo de 1812 las Cortes declararon que la soberanía del Estado reside en la nación y no en el Rey, el cual tiene que subordinarse a la Constitución. Ante el debilitamiento del poder de Napoleón en Europa y el auge de la resistencia ibérica, su hermano José abandona definitivamente suelo español el 23 de marzo de 1813. El 22 de marzo de 1814 Fernando retornó al Trono, suprimió la Constitución y reimplantó el absolutismo. Pero en 1820, con el pronunciamiento de Rafael Riego, se le impuso a Fernando VII la Constitución, rigiendo en España un régimen de monarquía constitucional hasta 1823, cuando Fernando VII asumió nuevamente el poder absoluto y suprimió la Constitución.

El debilitamiento del Estado español durante esta etapa facilitó las acciones independentistas en sus colonias americanas. De 1810 a 1821 surgió un nuevo mundo de repúblicas independientes en Suramérica: Venezuela, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Centroamérica, Panamá, Perú, Bolivia, Uruguay. El 5 de agosto de 1819 el Congreso de Angostura creó la República de la Gran Colombia, que incluyó a Venezuela, Colombia y Ecuador; y designó a Simón Bolívar como su Presidente. El 8 de diciembre de 1824, en la Batalla de Ayacucho, las armas victoriosas del Mariscal Sucre derrotaron definitivamente al poderío español en el subcontinente. El 22 de junio de 1826 se inició el Congreso Anfictiónico de Panamá, mediante el cual se pretendía aplicar las ideas integracionistas de Bolívar, quien concebía las nuevas repúblicas de la América, antes española, formando una gran Confederación que uniera sus Estados.

Es en este marco internacional en el que se desarrollan los acontecimientos en Cuba durante la década de 1820. Ante la invasión napoleónica a España en 1808, el Gobernador en Cuba Someruelos analiza la posibilidad de crear una Junta de Gobierno de forma similar a las constituidas en el resto de las colonias españolas en América y que, en su desarrollo, condujeron a las repúblicas independientes. La resistencia de los recalcitrantes comerciantes españoles de la Isla impidió los intentos de Someruelos, quien asumió el poder absoluto del territorio bajo su mando aunque de 1812 a 1814 rigió en Cuba un régimen constitucional.

Inspirados en el movimiento por la Constitución en la Península o promovidos por las nacientes repúblicas americanas, durante la década se organizaron diversas sociedades secretas que en forma clandestina o con la fachada de logias masónicas, lucharon por alcanzar la independencia de Cuba e instaurar una república regida por una Constitución. En 1810 se descubre la Conspiración de Román de la Luz. Uno de sus participantes, José Joaquín Infante, redactó en 1812 el primer texto constitucional para Cuba que registra la historia. Ese año de 1812 es descubierta la Conspiración liderada por el negro libre José Antonio Aponte, de oficio carpintero tallador, que también planteó entre sus objetivos la abolición de la esclavitud, por lo que fue violentamente reprimida.

La sociedad secreta de mayor extensión por el número de sus miembros y mayor proyección política fue la Conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar. Su objetivo consistía en fundar en nuestro territorio nacional la República independiente de Cubanacán e incorporarla, como parte de la Confederación, a la Gran Colombia que entonces presidía el Libertador Simón Bolívar y abarcaba los actuales países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Junto a sus raíces nacionales, este movimiento independentista estaba fuertemente inspirado y apoyado por el movimiento independentista que en esos mismos momentos triunfaba en la Suramérica antes española. Los organizadores principales de la Conspiración en Cuba fueron el colombiano José Fernández Madrid, el peruano Manuel Lorenzo Vidaurre, el argentino José Antonio Miralla y el ecuatoriano Vicente Rocafuerte. Uno de sus más destacados jefes era José Francisco Lemus, quien había nacido en La Habana y ostentaba los grados de Coronel del Ejército colombiano. El Jefe Supremo de la organización en Cuba, y también de La Habana, era el propio Lemus, secundado por José Teurbe Tolón, en Matanzas, y Martín de Mueces, en Pinar del Río. La influencia de la red también alcanzaba los territorios de Cienfuegos y Camagüey. Una de las características de esta conspiración era su esencia popular. Entre los juramentados se incluían esclavos, campesinos y otros trabajadores, así como funcionarios civiles y militares en posiciones ventajosas, incluyendo familias adineradas y representantes del clero.

Las autoridades colonialistas de la época en Cuba presumían que el 16 de agosto de 1823 era la fecha escogida por los jefes de la Conspiración independentista para alzarse en armas contra el dominio español en Cuba. El éxito de la operación se apoyaba en una simultánea invasión militar que procedente de Colombia traería al país tres mil hombres bajo el mando del General bolivariano Manuel Manrique. Para la fecha, ya las avanzadas colombianas habían explorado las costas cubanas con vistas a precisar los lugares de desembarco.

Lemus había preparado tres Proclamas dirigidas a los Cubanacanos, que así llamaba a los ciudadanos de la nueva República. En la primera enumeraba las causas del levantamiento; en la segunda, exponía el programa del gobierno independiente que se constituiría; y en la tercera, dirigida a los españoles de la Isla, pretendía incorporar a éstos a la causa del movimiento, apoyado en el espíritu constitucionalista que a su parecer sustentaba la mayoría.

El Gobernador de turno, Francisco Dionisio Vives, conocía de la existencia de la conspiración y del escondite de Lemus en Guanabacoa desde el 23 de julio de 1823. En vísperas de la fecha del alzamiento, las autoridades coloniales detuvieron a Lemus y a otros destacados jefes rebeldes, abortando el alzamiento. En la requisa efectuada se ocuparon cinco mil proclamas de las tres clases mencionadas, tres banderas de la nueva República y 595 escarapelas inspiradas en las de Colombia. Ante estas realidades, la invasión del Ejército colombiano no pudo efectuarse.

De los más de 600 involucrados en los hechos conspirativos, solamente unos 100 fueron enviados a prisión. El poder colonial no quiso agudizar más el conflicto y no remitió al patíbulo a ninguno de los encarcelados. Optó por expulsar del país a los más connotados, impidiendo que retornaran a Cuba. Otros lograron fugarse, entre ellos el poeta José María Heredia, quien actuaba en la Logia matancera Caballeros Racionales, vinculada al movimiento de Lemus.

Elementos para un Programa de Trabajo

El proceso de creación de una Unión de Estados Latinoamericanos es muy complejo pues aborda aspectos de especial sensibilidad para los pueblos y las instituciones de la región. A pesar de que existen numerosas condiciones objetivas y subjetivas para su instauración, hay no pocos factores que se oponen a ello. El principal consiste en el interés de las clases dominantes de Estados Unidos en mantener bajo su dominio económico y político a los países de América Latina y el Caribe, para lo que cuentan con el apoyo de las oligarquías nacionales latinoamericanas. La constitución de una Unión de Estados Latinoamericanos potenciaría las posibilidades para alcanzar la verdadera independencia económica, social y política de todos y cada uno de los países integrantes, sería un factor disuasivo ante la eventualidad de una agresión militar extranjera y le daría un gran poder de negociación a los Estados confederados frente a las amenazas imperiales del gobierno estadounidense. Ello contribuiría a la creación de un mundo multipolar al cual se opone el gobierno imperialista de Estados Unidos.

Teniendo en cuenta estas y otras dificultades existentes, el proceso para alcanzar la Unión de Estados pudiera comenzar con el objetivo de crear una Confederación, aunque no necesariamente con todos los Estados de la región en forma simultánea.

Los países que mejores condiciones presentan para lograr esta aspiración son, actualmente, Cuba y Venezuela. Los múltiples vínculos económicos, comerciales, sociales y políticos creados y en desarrollo entre estos dos países así lo van fundamentando. No se trata de plantearse la constitución de una Confederación entre Cuba y Venezuela como una medida ejecutiva inmediata; sino de comenzar a investigar esta posibilidad y los elementos constitutivos del proceso que pudiera llevarlo a cabo.

En la práctica histórica, las Confederaciones de Estados que han existido se han formado principalmente con objetivos de defensa en períodos de guerra o de amenaza de guerra contra los países confederados. En los tiempos actuales, los motivos para establecer este tipo de unión entre Cuba y Venezuela rebasan este objetivo. Se comprende que el proceso de estudio mencionado llevaría un tiempo relativamente prolongado, con un creciente número de investigadores y especialistas involucrados de forma multifacética. Hay que subrayar que la Confederación no conlleva cesión de soberanía por parte de cada Estado confederado.

El antecedente más inmediato para iniciar la investigación acerca del proceso para la creación de una Confederación de Estados entre Cuba y Venezuela es la Declaración Conjunta firmada el 14 de diciembre del 2004 por los Presidentes de Venezuela y de Cuba, Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz. Esta Declaración constituye el documento programático base que informa la concepción integradora de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) como la ha definido el Presidente Chávez, a quien pertenece la iniciativa. Ese mismo día 14 de diciembre también se firmó un documento ejecutivo de medidas concretas a realizar por Cuba y Venezuela con vistas a hacer cumplir los postulados de la mencionada Declaración Conjunta.

Las decisiones recogidas en ambos documentos ponen en marcha un proceso para la integración de Cuba y Venezuela, abierto a otras naciones latinoamericanas, que va creando paulatinamente las condiciones objetivas y subjetivas para la integración política de los Estados de los dos países con vistas a constituir entre ellos una Unión de Estados, la cual pudiera adquirir la forma de una Confederación.

Uno de los aspectos a evaluar sería la institucionalidad que llevaría a cabo el proceso de establecimiento de la Confederación. Por la trascendencia del objetivo, ello requeriría la participación de los más altos niveles de decisión estatal de cada país. Esto pudiera lograrse con la realización de Cumbres anuales de los Jefes de Estado participantes, quienes estarían asistidos por una Secretaría Permanente de Ministros Plenipotenciarios de ambos Estados. Las decisiones estratégicas a tomar en el proceso tendrían que ser ratificadas por los Parlamentos respectivos e, incluso, las de mayor trascendencia, aprobadas en Referendo Popular.

Para completar la estructura institucional se crearían Comisiones con representantes de ambos Estados las cuales atenderían asuntos especializados. El objetivo de estas Comisiones sería el de precisar, en cada uno de los países, las características de los temas a su cargo así como la vinculación más eficiente de éstos con vistas a constituir la Confederación. Las Presidencias de estas Comisiones serían anualmente rotativas. En el inicio del proceso convendría crear las Comisiones siguientes: Parlamentaria; de Relaciones Exteriores; Constitucional; de Defensa. Teniendo en cuenta los vínculos ya establecidos entre Cuba y Venezuela en algunos temas, también se crearían en esta primera etapa las Comisiones de Salud; de Educación; de Cultura; de Deportes; Comercial; Energética. Más adelante pudieran completarse con las de Economía; Finanzas; Bancaria; de Ciudadanía y Migraciones; de Asuntos Jurídicos; de Lucha contra el Delito Internacional.

En la medida que avance el trabajo de estas y otras Comisiones que pudieran crearse, se irían vinculando entre ambos países y coordinando cada vez más las características de los asuntos tratados. Así se crearían las condiciones para avanzar, desde la Confederación, hacia niveles superiores de la Unión de Estados, pudiendo constituirse, llegado el momento, una Federación con órganos comunitarios de carácter supranacional mediante los cuales, paulatinamente, cada Estado iría perdiendo soberanía en los asuntos que mutuamente se acuerden. De esta forma se lograría alcanzar una mayor integración de ambos países en los aspectos económicos, sociales y políticos.

La Confederación de Estados entre Cuba y Venezuela fortalecería la capacidad defensiva y de desarrollo económico y social de ambos países, así como su actuación soberana e independiente en el ámbito internacional. Los éxitos que se alcancen por la Confederación Cuba-Venezuela pudieran estimular a otras naciones latinoamericanas y caribeñas a incorporarse a dicha Confederación.

En perspectiva, el proceso así desarrollado llevaría a vías de hecho el sueño bolivariano y martiano de constituir un gran Estado multinacional en la región que serviría de factor de equilibrio para el mundo y un contrapeso a las intenciones explotadoras y opresoras del imperialismo encabezado por el sistema económico, político e ideológico imperial de Estados Unidos.