Introducción: Tres grandes categorías de gobiernos en América latina En América Latina, si exceptuamos a Cuba, podemos señalar tres grandes categorías de gobiernos. En primer lugar, los gobiernos de derecha, aliados de Washington, que desempeñan un papel activo en la región y ocupan una posición estratégica: son los de Álvaro Uribe en Colombia, Alan […]
Introducción: Tres grandes categorías de gobiernos en América latina
En América Latina, si exceptuamos a Cuba, podemos señalar tres grandes categorías de gobiernos. En primer lugar, los gobiernos de derecha, aliados de Washington, que desempeñan un papel activo en la región y ocupan una posición estratégica: son los de Álvaro Uribe en Colombia, Alan García en Perú y Felipe Calderón en México.
En segundo lugar, hallamos presuntos gobiernos «de izquierda» que llevan a cabo una política neoliberal y apoyan a la burguesía nacional o regional en sus proyectos: Brasil, Uruguay, Chile, Nicaragua y el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, de los peronistas argentinos. Son gobiernos que hacen una política neoliberal, que favorece al gran capital, maquillada con algunas medidas de asistencia social. En efecto, doran un poco la píldora neoliberal aplicando programas sociales. Por ejemplo en Brasil, las familias pobres reciben un poco de ayuda del gobierno, lo que le asegura el apoyo popular en las regiones más pobres del país.
Algunos de estos gobiernos intentan mejorar sus relaciones con Washington, especialmente con el establecimiento de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Chile firmó uno y Lula, en Brasil, también busca un acuerdo con Washington en torno a una serie de asuntos políticos. Pero al mismo tiempo persisten grandes divergencias de opinión entre el gobierno de Lula y Estados Unidos. Dichas divergencias se refieren a la defensa de los intereses de la burguesía brasileña que conciernen a la agricultura y a una serie de sectores industriales, especialmente los dirigidos a la exportación, que no aceptan el proteccionismo de Estados Unidos.
En la tercera categoría de países se encuentran Venezuela, Bolivia y Ecuador, que se enfrentan con la oposición activa de importantes sectores de la clase capitalista local y de Washington. Cuba es, en sí misma, una cuarta categoría.
1. Características de las experiencias en curso en Venezuela, Ecuador y Bolivia
La importancia de las movilizaciones populares…
En cuanto a los países que conforman la tercera categoría, Venezuela, Bolivia y Ecuador, hay que señalar que únicamente podremos entender la política de estos países si tenemos en cuenta las potentes movilizaciones populares que jalonan su historia reciente. En Ecuador, cuatro presidentes de la derecha fueron devueltos a sus casas entre 1997 y 2005 gracias a las grandes movilizaciones de la población. En Bolivia surgieron importantes luchas contra la privatización del agua en abril de 2000 y a finales de 2004. Las movilizaciones relacionadas con el gas, en octubre de 2003, derrocaron e hicieron huir (a Estados Unidos) al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Venezuela, desde 1989, ha conocido importantes movilizaciones que inauguraron las grandes luchas sociales contra el Fondo Monetario Internacional, que se desarrollaron a escala planetaria en los años noventa. Pero fueron todavía más espectaculares las enormes movilizaciones populares del 12 de abril de 2002, manifestaciones espontáneas de protesta contra el golpe de Estado para derrocar a Hugo Chávez. Estas movilizaciones consiguieron, directamente, el regreso de Hugo Chávez al palacio presidencial de Miraflores el 13 de abril de 2002. Las grandes movilizaciones populares son un factor decisivo en la existencia y supervivencia de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
… y de la adopción democrática de nuevas constituciones
El segundo punto importante es la revisión de la Constitución. En 1999 en Venezuela, durante el primer mandato de Hugo Chávez, se adoptó por referéndum una nueva Constitución democrática (redactada por una Asamblea Constituyente). Dicha Constitución, que sigue actualmente en vigor, ha garantizado más derechos culturales, económicos y sociales a la mayoría de la población venezolana. Además, la propia Constitución estableció un mecanismo democrático que permite revocar, a media legislatura, a los cargos elegidos a todos los niveles (incluido el presidente de la República). La adopción de una nueva Constitución en Venezuela, posteriormente inspiró a los gobiernos de Bolivia y Ecuador. Ecuador adoptó una nueva Constitución en septiembre 2008 y Bolivia en enero 2009. ¡Son reformas efectivamente profundas! Esos cambios políticos democráticos que se están llevando a cabo en estos tres países no sólo se han silenciado sistemáticamente en los medios de comunicación de los países más industrializados y otros, sino que además dichos medios han orquestado una campaña constante de injurias con el fin de presentar a los jefes de Estado de los tres países como repulsivos dirigentes populistas y autoritarios.
Las experiencias de estos tres países andinos, en relación con la adopción de nuevas Constituciones, son muy ricas. Deberían inspirar a los pueblos y las fuerzas políticas de los demás países. Sólo hay que comparar la situación de Europa, con la ausencia de un procedimiento democrático para la aprobación del Tratado constitucional. Por supuesto, las experiencias en curso en Venezuela, Bolivia y Ecuador también tienen contradicciones y límites importantes que hay que analizar.
Recuperación del control público sobre recursos naturales
Un tercer punto importante: los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador tomaron medidas para reforzar el sector público y obtener el control de los recursos naturales. En Venezuela, el Estado tomó el control de la gran compañía petrolera PDVSA que, aunque era pública, favorecía los intereses privados y declaraba la mayoría de sus rentas en Estados Unidos. Fue una batalla muy dura. La clase capitalista organizó un golpe de Estado en abril de 2002 seguido de un cierre que paralizó la empresa en diciembre de 2002 y enero de 2003. El producto interior bruto de Venezuela se hundió en los primeros meses de 2003, pero finalmente el gobierno recuperó el control de la situación con el apoyo de la mayoría del pueblo. El Estado venezolano también ha conseguido el control de un importante campo de petróleo, la falla del Orinoco. En Venezuela, el Estado produce dos tercios del petróleo, y un tercio lo producen las grandes compañías petroleras. Pero actualmente el petróleo se explota en el marco de nuevos contratos negociados en los que el Estado recauda más rentas que antes. Hay que añadir otras nacionalizaciones: la producción y distribución eléctrica, las telecomunicaciones (CANTV), la siderurgia (SIDOR, que cuenta con 15.000 trabajadores), el sector del cemento y algunas empresas de producción alimentaria (Cargill). Sin olvidar la reforma agraria, dirigida a entregar la tierra a quienes la trabajan.
Bolivia nacionalizó el petróleo y la producción de gas en 2006. Evo Morales envió al ejército para controlar los campos petroleros, pero las multinacionales siguen estando activas ya que son ellas las que extraen el petróleo y el gas. Claramente, el Estado es el propietario de las riquezas naturales, pero son las grandes multinacionales quienes explotan el petróleo y el gas. De ahí la importancia estratégica de los acuerdos entre Venezuela y Bolivia, que permitirán a Bolivia reforzar una compañía petrolera pública para extraer y refinar el petróleo y el gas. Bolivia no tiene refinería; las que tiene Ecuador son insuficientes. Bolivia y Ecuador exportan petróleo e importan combustible y otros productos refinados. De ahí, también en esto, la importancia de acuerdos estratégicos entre Venezuela, Ecuador y Bolivia para reforzar la autonomía de los dos últimos.
Lo que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen en común con la segunda categoría de países (Brasil, Uruguay, Chile, Argentina), es una política determinada de programas de asistencia pública. No se trata de rechazar pura y simplemente estas medidas, pero es totalmente necesario promover la creación de puestos de trabajo, subir fuertemente los salarios y garantizar más derechos sociales y económicos para los asalariados, campesinos, artesanos, comerciantes, pensionistas y otros subsidiados sociales. Venezuela y Bolivia han avanzado en esta dirección pero todavía queda mucho que hacer.
Ecuador: ¿estarán a la altura de las expectativas suscitadas por la auditoría?
Ecuador emprendió una importante iniciativa relacionada con la deuda pública. Rafael Correa creó, en julio de 2007, la Comisión de auditoría integral de la deuda pública interna y externa (CAIC). Era una comisión compuesta por doce miembros de los movimientos sociales y ONG de Ecuador, seis miembros de campañas internacionales para la anulación de la deuda del Tercer Mundo (formé parte de la Comisión como representante del CADTM) y cuatro representantes del Estado (el ministerio de Hacienda, el Tribunal de Cuentas, la Comisión anticorrupción y la fiscalía general). Lo que es interesante, es que aquí no se habla de representantes de la sociedad civil (que incluye a las asociaciones patronales, por ejemplo), sino de delegados de los movimientos sociales como el movimiento indígena (CONAIE) y otros movimientos sociales radicales de Ecuador. Esta Comisión que se reunió por primera vez los días 23 y 24 de julio de 2007 presentó su informe final al presidente Rafael Correa el 23 de septiembre de 2008 y al público el 20 de noviembre 2008. Las recomendaciones que yo apoyaba dentro de la comisión no fueron seguidas por el Gobierno 3 . Mi posición era abogar por un acto soberano de declaración de nulidad de las deudas identificadas como nulas. Un acto soberano existe en el derecho internacional y no pasa por una negociación, sino por un acto unilateral. También yo proponía combinar eso con enjuiciar en el país a los responsables, extranjeros o nacionales, del endeudamiento fraudulento, ilegítimo.
Ecuador representa, por lo tanto, un ejemplo de un gobierno que adopta la decisión soberana de investigar el proceso de endeudamiento con el fin de identificar las deudas ilegítimas y el objetivo anunciado del no pago de dichas deudas. La elección de Rafael Correa a la presidencia modificó la correlación de fuerzas e hizo converger sobre este país la atención tanto de los gobiernos de los países ricos, como de las instituciones multilaterales, los mercados financieros, los gobiernos latinoamericanos y los movimientos altermundialistas . Todos acechan y se preguntan, unos con esperanza y otros con temor, qué medidas adoptará el gobierno de Correa en materia de endeudamiento: ¿estarán a la altura de las expectativas suscitadas por la auditoría? Nada está garantizado de antemano, Rafael Correa y su gobierno pueden dudar, como tantos otros gobiernos, y no ser lo suficientemente audaces. Un elemento decisivo será la capacidad que tenga la población de transformarse en agente directo del cambio.
Los tratados de comercio entre los pueblos
En oposición a los tratados de libre comercio que firman algunos países de América Latina con Estados Unidos o la Unión Europea, merecen destacarse los nuevos acuerdos que se firmaron entre los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Cuba. Hay que citar, por ejemplo, los 20.000 médicos cubanos que van a trabajar voluntariamente en Venezuela para proporcionar medicina gratuita, prioritariamente en los barrios pobres, o las 40.000 operaciones de cataratas u otros problemas oftalmológicos, de las que se beneficiaron gratuitamente los ciudadanos venezolanos en hospitales cubanos. A cambio, principalmente en forma de trueque, Venezuela proporciona petróleo a Cuba. El mismo tipo de acuerdos se aplica entre Venezuela y Bolivia. El otro elemento positivo en cuanto a la integración es la continuación de la ampliación del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). Al comienzo incluía a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En 2008, se ha extendido a Honduras y a la isla Dominica. Y se puede comprobar, desde hace unos meses, un acercamiento prudente de Ecuador.
En conclusión de esta primera parte, las experiencias que se llevan a cabo en estos países son muy diferentes de la imagen caricaturesca y negativa que presentan la mayoría de los medios de comunicación. Los procesos en curso son complejos y a veces contradictorios, los retrocesos son posibles, incluso probables; quizás los gobiernos no puedan llegar lo suficientemente lejos en las transformaciones políticas y sociales a favor del pueblo. La desestabilización orquestada por las clases dominantes locales y Washington puede ralentizar el proceso en curso. Las vacilaciones de los gobiernos pueden desembocar sobre más de lo mismo. Claudio Katz subraya una evolución posible: » La trayectoria seguida por la revolución mexicana ilustra otro desemboque posible de los procesos nacionalistas actuales. Este acontecimiento fue celebrado oficialmente durante décadas como un hito de la emancipación, pero en los hechos permitió la gestación desde el estado de una clase capitalista. Muchos relatos han ilustrado cómo los próceres revolucionarios se enriquecieron con los fondos públicos a costa de la mayoría popular.
Esta duplicidad entre el mito liberador y la realidad opresiva dominó durante décadas la vida política mexicana y debe ser observada con atención en Venezuela, Bolivia y Ecuador. La creación de un segmento de privilegiados -desde las propias entrañas de un proceso liberador- constituye uno de los grandes peligros que afrontan los procesos radicales de los tres países. » 4
2. Cuando los movimientos de izquierda llegan al gobierno no tienen el poder
Es el caso ecuatoriano, como también lo fue el de Allende en el Chile de los 70, el de Hugo Chávez en Venezuela, el de Evo Morales, es el caso de cualquier gobierno de izquierda en una sociedad capitalista. Un frente electoral o un partido de izquierda llega al gobierno, pero no al poder, porque el poder económico, está en manos de la clase capitalista (grupos financieros, industriales, agrupaciones de bancos, medios de comunicación, de comercio, etc.). Esta clase capitalista tiene el poder económico. Además tiene el Estado, el aparato de la justicia, los ministerios de Economía y finanzas. Esta clase controla los medios de comunicación. En el Ecuador como en Bolivia o Venezuela, si el gobierno quiere realmente cambios estructurales, tiene que entrar, en un momento dado, en conflicto con el poder económico para quitar el control de la clase capitalista sobre los medios de producción, de servicio y de comunicación. Las tensiones están dadas, pero los cambios estructurales no se han dado a nivel económico.
Hagamos una comparación histórica.
Cuando la burguesía tomó el poder político en Francia gracias a la revolución de 1789, ella ya tenía el poder económico. Los capitalistas franceses del siglo 18, antes de conquistar el poder político, se habían ya convertido en acreedores del rey de Francia y en dueños del poder económico .
A diferencia de la burguesía, el pueblo no puede comenzar a gestar otra sociedad, sin ejercer directamente el poder del Estado. La repetición del paulatino ascenso que realizaron los primeros industriales y financistas bajo el feudalismo resulta inviable para el pueblo, que no acumula riquezas, no controla empresa, ni administra bancos.
Es desde el poder político que el pueblo puede empezar las transformaciones al nivel de la estructura económica así como empezar la creación de un nuevo tipo de Estado.
A este nivel es fundamental iniciar una relación interactiva entre un gobierno de izquierda y el pueblo que tiene que fortalecer su nivel de autoorganización construyendo desde abajo estructuras del poder popular.
Esta relación interactiva, dialéctica, puede ser conflictiva si el gobierno vacila en tomar las medidas que reclaman las bases.
La presión de las bases es vital para convencer a un gobierno de izquierda de profundizar el proceso de cambios estructurales a favor de una redistribución radical de la riqueza a favor de las y los que la producen.
3. Entre los sectores de izquierda, se discuten dos opciones cuando se trata de pensar en términos de cambios. Algunos buscan la superación de la fase neoliberal recuperando un desarrollo regulado por la acción estatal, otros defienden una ruptura socialista.
El primer esquema lo ponen en práctica organizaciones de izquierda o el partido peronista que están en el gobierno. Es la política, por ejemplo, de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil; esa misma política también es la aplicada por Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, etc. En Argentina, hace dos meses, el gobierno de Cristina Fernandez renacionalizó los fondos de pensión. Entonces vemos que las políticas correspondientes a la primera opción que usted ha mencionado en su pregunta están siendo puestas en práctica. Pero ellas no permiten responder, en mi opinión, al desafío que presenta la crisis global. Se puede constatar que esta práctica política mantiene la dominación de la sociedad capitalista en la que el Estado interviene como bombero para apagar el incendio provocado por la crisis global del capitalismo.
La segunda opción, que propone una verdadera ruptura socialista se encuentra aún en estado de propuesta. No puedo citar gobiernos actualmente en el poder, que pongan en práctica de manera coherente esta orientación, aunque algunos de ellos, como los de Hugo Chávez o de Evo Morales, actúan parcialmente en esta dirección. Sus discursos son de ruptura socialista, pero sus prácticas son más moderadas que el contenido de sus discursos. Entonces, ¿será que el esquema más radical es posible? Ciertamente que lo es. Pero implica profundas movilizaciones sociales para dar prioridad a un verdadero proceso revolucionario como el que triunfó en Cuba hace 50 años, el 1º de enero de 1959. Durante los años que siguieron a la victoria de la revolución cubana, se asistió en la isla a intensas mutaciones: una profunda redistribución de la riqueza en beneficio de la población, la pérdida por parte de los capitalistas de la propiedad de los medios de producción, de servicio y de comunicación, un proceso de democratización. Más tarde, Cuba, sometida al bloqueo de los Estados Unidos y a la influencia soviética, cambió parcialmente de dirección. Pero es imposible olvidar el poderoso impulso revolucionario del comienzo. No veo por qué, frente a esta crisis capitalista global, no puedan aparecer en el futuro, explosiones revolucionarias como las que ocurrieron en Cuba.
4. La situación actual no es simplemente una crisis económica o financiera, la cuestión es mucho más profunda. ¿En qué sentido este enmarañado global tiene que ver también con la crisis de la izquierda?
Existe, en efecto, una crisis de gestión social liberal. Hago referencia a la política del gobierno Lula, a la política del gobierno Zapatero en España, o a la de Gordon Brown, en Gran Bretaña. Hay una crisis profunda, el pueblo que votó para colocar a estos gobiernos en el poder esperaba de ellos otro tipo de política. Es necesario recordar de la elección de Lula, que el programa con el que fue electo en 2002 anunciaba una verdadera ruptura con las políticas neoliberales (no hablo de ruptura con el capitalismo). Al contrario de una ruptura asistimos a una continuidad de las políticas neoliberales. Por tanto, la crisis de credibilidad de la izquierda forma parte de la crisis global.
Además, es claro que las dramáticas experiencias del «socialismo real» del siglo pasado pesan igualmente. En la memoria colectiva, perdura la idea de que el socialismo está asociado con una estatización completa de la economía, con la dominación de un partido único y con la ausencia de verdaderas libertades democráticas.
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