Las declaraciones formuladas por el ex policía Ricardo Medina Blanco, detenido desde el 5 de mayo a partir de una demanda de extradición desde Argentina, han venido a confirmar denuncias difundidas hace ya muchos años. Una vez más fue del lado de las víctimas que se dijo la verdad. Y esta verdad mostró que desde […]
Las declaraciones formuladas por el ex policía Ricardo Medina Blanco, detenido desde el 5 de mayo a partir de una demanda de extradición desde Argentina, han venido a confirmar denuncias difundidas hace ya muchos años. Una vez más fue del lado de las víctimas que se dijo la verdad. Y esta verdad mostró que desde las FFAA se venía mintiendo desde hace decenios.
1- En estos días voceros del gobierno han anunciado la posición del Poder Ejecutivo de no auspiciar la anulación de la ley de impunidad promovida desde algunas organizaciones políticas y sociales. Sobran las razones para prestar atención a este punto de vista.
El tema recién se está empezando a discutir a la luz de algunos hechos que, más de veinte después del advenimiento de la democracia, se han empezado a saber.
2- Estamos hablando de crímenes contra la humanidad cometidos en un período preciso, los años del terrorismo de Estado. Esta fue una modalidad represiva que se aplicó a toda la sociedad uruguaya, sin excepción. Se trata, por tanto, de un asunto en discusión por parte de toda la ciudadanía, de un problema de Estado.
3- En una discusión como esta, las referencias personales tienen un valor muy limitado. Se trata de una problemática (el terrorismo de Estado) sobre la que existen experiencias de lucha política (las denuncias, las distintas formas que a lo largo de los años asumió la movilización popular contra la impunidad, etc.) protagonizadas en forma colectiva.
El análisis sobre esa experiencia colectiva, (plasmada alegatos jurídicos, pronunciamientos sindicales y políticos, congresos y acciones parlamentarias, etc.) tienen, en este terreno, más significación que declaraciones de tal o cual protagonista individual.
3- La ley de caducidad y el «espíritu de la ley de caducidad»
La impunidad -resultado no solo de la ley sino también de la acción política de los gobiernos blancos y colorados de los últimos 20 años- se convirtió en un obstáculo infranqueable para el conocimiento de la verdad.
Ante las denuncias, las Fuerzas Armadas negaron y mintieron. Recién con el advenimiento de un gobierno progresista la situación empezó a cambiar.
4- Los descubrimientos recientes de restos humanos en predios militares y confesiones que comienzan a aflorar muestran del lado de quién estaba la verdad.
Toda apelación a cualquier forma de amnistía a los violadores de los derechos humanos implica la decisión que la sociedad uruguaya y sus instituciones vivan en el ocultamiento y la mentira acerca de tramos trascendentes de su propia historia.
5- Cuando el FA se movilizó contra la ley de impunidad, en los años ochenta, sostuvo que al privar al Poder Judicial de su papel determinante en establecimiento de la verdad y la realización de la justicia se estaba dando un paso que afectaba al estado de derecho y desvirtuaba en profundidad el funcionamiento de las instituciones democráticas. Era acertado.
Las demandas de extradición formuladas ahora desde Argentina ponen en evidencia que la ley de impunidad no fue una salida real sino un remiendo impuesto bajo presión y que tarde o temprano los crímenes reaparecerían en alguna sede judicial.
6- Los fundamentos del FA contra la ley de caducidad
La lucha contra la ley impunidad fue entendida en el FA como un capítulo de la lucha contra el país conservador y por profundos cambios sociales y económicos. En febrero de 1987 dirá Líber Seregni: «Ley de caducidad que es promovida y generada por lo que es un sistema caduco (…) contra lo que tenemos que luchar.
¿Por qué hablé de las contradicciones fundamentales y de la ley de impunidad? Porque están íntimamente relacionadas. En lo profundo una cosa no es independiente de la otra. Los que apoyan el modelo conservador y regresivo, se resignan a una democracia tutelada y apoyan la ley de impunidad. Los que queremos un país donde se resalte la dignidad, donde se exprese la voluntad y la identidad nacional, donde se genere esperanza y alegría, somos las fuerzas del cambio, que impulsamos desde nuestro proyecto nacional, popular y democrático, somos los que enfrentamos la impunidad y apoyamos el referéndum».
7- La legitimidad de la ley de impunidad no es tal
¿Qué ocurrió cuando en democracia surgieron las primeras actuaciones del P. Judicial contra los violadores de los derechos humanos durante la dictadura?
Hay mucho sobre este tema en la prensa de izquierda de aquellos años, empezando por Mate Amargo, la Hora Popular, etc.
Los dirigentes del Partido Colorado y los jerarcas de las Fuerzas Armadas se alinearon en defensa de los acusados de los secuestros en Argentina y del asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw.
A partir de la actitud del Jefe del Ejército, Hugo Medina, las FFAA y el P. Colorado asumieron la defensa de los militares requeridos por el P. Judicial. «Era necesaria una amnistía que asegurara la paz» sostuvieron. Si se daba lugar a la justicia, los militares se encargarían de mostrar que en nuestro país no habría paz. En ese clima se deliberó y se votó en el Poder Legislativo y, bajo ese clima de intimidación, votó luego toda la ciudadanía.
La amnistía a los militares mostraba un criterio «de justicia» ya que, unos meses antes, se habían concedido una amnistía para los presos políticos de la dictadura. La «conquista de la paz» se hacía sobre la base de la igualación de la situación de los presos condenados por la Justicia Militar, sin ningún tipo de garantía, con la de los militares que no habían sido nunca indagados.
Las amenazas de golpe militar
La discusión y aprobación de la ley se hizo con el clima enrarecido por las amenazas de golpe. Durante los dos años que insumió la recolección de las firmas necesarias las amenazas continuaron. También los atentados contra locales del FA.
Al principio del año 1989, apenas unas semanas antes de la realización del plebiscito, Wilson Ferreira Aldunate sostuvo (discurso en CAMBADU) que la ley se había aprobado porque el país estaba bajo la amenaza de un golpe militar que hubiera retrotraído la situación al período de la dictadura.
Varios corresponsales extranjeros se pronunciaron en ese sentido. Entre otros, la enviada por la Revista Cambio 16 de Madrid.
El corresponsal de Miami Herald escribió: «Debido a la amnistía no solamente los culpables nunca pagarán por sus crímenes, sino que el país nunca tendrá un verdadero relato de la represión más brutal de su historia. Los defensores de los derechos humanos en Uruguay afirman que tal vez ésta sea la mayor farsa legal firmada por el presidente Sanguinetti. Tal vez es demasiado tarde para contrarrestar la presión impuesta sobre el presidente Sanguinetti por las Fuerzas Armadas Uruguayas, y para prevenir la consumación de esta farsa».
Como ha señalado Raúl Olivera en un trabajo reciente: «Es claro, el cambio que se advierte a partir de ese momento, abril de 1989, en las conductas del Poder Judicial. Los jueces penales, (…) aplicaron con exceso la ley de caducidad enviando todos los expedientes al Poder Ejecutivo para que éste resolviera si se archivaban las denuncias o no. El gobierno, sin excepciones ordenó su archivo. Inclusive, algunos jueces aceptaron pacíficamente, incorporar a la ley delitos anteriores al periodo amparado por la misma y aceptaron que se amparara en ella a los mandos militares y a los delitos económicos, que claramente estaban excluidos de la ley.»
El último Congreso del FA
El documento de respaldo a los Grandes Lineamientos Programáticos emanado del Congreso del 2003 se señala: «La impunidad constituye un verdadero obstáculo a la normalidad democrática para poder superar traumas de un pasado reciente, cuando ella funciona para proteger a agentes gubernamentales (civiles, militares y policías) que han violado seriamente derechos humanos, cometiendo con ello crímenes penales de suma gravedad. Esto implica un agravio a la justicia y afecta seriamente la igualdad de las personas ante la ley».
(…) «lo opuesto a la impunidad es el funcionamiento de la justicia, que coloca a cada quien ante la responsabilidad por sus actos, aporta tranquilidad a la sociedad y constituye un eficaz disuasivo para futuras conductas de violaciones de derechos humanos». (…) «Resulta fundamental establecer la verdad y hacer actuar a la justicia. Verdad y justicia no son valores intercambiables, no es posible renunciar a la justicia bajo ofrecimiento de algo de verdad».
Con arreglo a esas ideas nos movemos por la anulación de la ley.