La ley de reparación a las «víctimas de la sedición»

El proyecto, que otorga una reparación de 150 mil dólares a los familiares directos de 66 policías, militares y civiles «víctimas de la sedición», causó estupor en filas del Frente Amplio (FA), cuyos legisladores enfrentarán la disyuntiva de defender y aprobar la iniciativa presidencial o provocar una crisis interna en las filas del gobierno. También generó duros rechazos en organismos de derechos humanos porque, en el mismo texto, se incluyen como beneficiarios de la reparación a los familiares de 26 desaparecidos.

Una compulsa entre dirigentes frenteamplistas -con las limitaciones impuestas por la Semana de Turismo- reveló que la iniciativa, aunque había sido anunciada en el discurso que Vázquez pronunció el 2 de marzo en la plaza Independencia, no fue analizada formalmente ni en los órganos de conducción del fa ni en la bancada parlamentaria oficialista.

Si, como explicó el vicepresidente Rodolfo Nin -el único vocero del gobierno que justificó la medida-, el proyecto de ley pretende ofrecer «una mirada generosa» sobre el pasado, el gesto (que insumirá un gasto de 13 millones 500 mil dólares) fue interpretado por amplios sectores de la izquierda como «injusto», «erróneo», «aberrante», «insólito».

IRRITANTES DIFERENCIAS

El proyecto borra de un plumazo el conjunto de definiciones sostenidas por el FA sobre las causas y las responsabilidades del terrorismo de Estado que asoló al país. En los considerandos del texto se afirma que «se pretende cerrar definitivamente una dolorosa etapa (…) teniendo en cuenta el ambiente de violencia extrema reinante en el país y la inquebrantable defensa que hicieron militares y policías de una sociedad que se encontraba conmovida por dicha situación». Esta interpretación del pasado reciente explica las afirmaciones de Vázquez, en su discurso del 2 de marzo, sobre el «nunca más entre orientales», que omitió una referencia al terrorismo que, impulsado desde el Estado, adquiere una connotación y una significación claramente definidas y condenadas en diversos tratados y convenios internacionales.

La «generosidad» que le atribuye el vicepresidente Nin a la iniciativa no se compadece con algunos tratamientos que configuran una inequidad. El proyecto de ley repara económicamente a los «caídos en defensa de las instituciones democráticas y de la libertad» en el período comprendido entre 1962 y 1976, «tanto en el territorio nacional como fuera de él». Hasta el presente, las reparaciones a las víctimas de la dictadura fijaban 1973 como la fecha inicial.

Todo los posibles beneficiarios de la reparación son policías, militares y civiles asesinados o muertos en enfrentamientos; no hay un solo caso de desaparición forzada. Sin embargo, el gobierno no consideró establecer una reparación para los militantes políticos, sindicales o sociales muertos en enfrentamientos o muertos debido a las torturas durante los interrogatorios. En ese sentido quedan fuera de la lista víctimas tales como Líber Arce y Hugo de los Santos, estudiantes caídos en manifestaciones antes del golpe de Estado; así como Jorge Salerno, Ricardo Zabalza, Ricardo Cultelli, Armando Blanco, Alberto Candán, Ivette Jiménez, Nicolás Gropp, Luis Martirena, ejecutados durante su detención; o prisioneros políticos como Graciela Estefanel, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Floreal García y Mirtha Hernández, cuyos cuerpos acribillados fueron abandonados en las cercanías de Soca.

El proyecto de ley incorpora otra diferenciación irritante: repara a los desaparecidos cuyos casos fueron investigados por la Comisión para la Paz, pero omite a unos 150 desaparecidos secuestrados en Argentina y Paraguay por militares y policías uruguayos. En este aspecto hay una doble discriminación: por un lado deja fuera a desaparecidos «del exterior», mientras que incorpora a policías, civiles y militares caídos fuera de frontera; y por otro ignora que al menos una veintena de los desaparecidos de Buenos Aires fueron trasladados a Uruguay en el llamado «segundo vuelo», cuya desaparición definitiva por lo tanto se concretó en el país.

DE VICTIMARIOS A VÍCTIMAS

Tal parece que el Poder Ejecutivo, al hacer suyo el proyecto del diputado García Pintos, no hizo una comprobación de la información que confirma la lista de beneficiarios. «¿Qué sedición ejecutó al coronel Ramón Trabal?», se preguntó el abogado Javier Miranda, de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, al comentar el proyecto de ley. El coronel Trabal fue asesinado en París en 1975 y el entonces dictador Juan María Bordaberry atribuyó el hecho a un comando tupamaro. Sin embargo, el mln negó siempre su responsabilidad. Numerosos indicios sugieren que la muerte de Trabal fue un ajuste de cuentas interno del Ejército; es el único caso de uniformados en que la dictadura no mostró ningún interés por investigar y aclarar. En este extremo, el gobierno estaría confirmando la patraña montada por los mismos verdugos.

Otro tanto ocurriría en el caso del policía Ildefonso Kaulaskas, cuyo cuerpo apareció el 31 de junio de 1971, y cuya muerte se presume que fue obra de los escuadrones de la muerte, en represalia por la presunta vinculación del funcionario con el MLN.

Hay, además, por lo menos cuatro casos de policías y militares caídos en enfrentamientos, pero abatidos por sus propios camaradas. Así habría ocurrido con el inspector Antonio Silveira Regalado, muerto en un allanamiento a una chacra el 22 de diciembre de 1966; Alfredo Pallas, herido de muerte en un allanamiento policial en el balneario Cuchilla Alta, el 13 de febrero de 1970; el capitán Wilfredo Busconi, herido por la espalda en el ominoso operativo de la seccional 20 del Partido Comunista, el 17 de abril de 1972, en que fueron asesinados a sangre fría ocho comunistas; y el capitán Roberto Botti, cuya muerte, el 19 de febrero de 1976, fue atribuida a un tiroteo entre efectivos de distintas unidades militares, durante un allanamiento a una casa donde Botti había montado una ratonera.

Un caso incomprensible es la inclusión de Carlos Abdala, un civil a quien se identificó como ideólogo de los escuadrones de la muerte, y que fuera abatido en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1976, donde fungía como embajador uruguayo. Un terrorista croata -sin ninguna vinculación con el proceso uruguayo- lo confundió con un diplomático yugoslavo.
Al incurrir en las discriminaciones señaladas, la iniciativa del Poder Ejecutivo consagra injusticias tales como reparar a personal policial o militar abatido en represalia por sus propios crímenes (como es el caso de los integrantes del Escuadrón de la Muerte), pero ignora a sus víctimas.

Entre los argumentos que provocan el rechazo de la iniciativa se maneja aquel referido a las indemnizaciones que el Estado ya ha conferido a los familiares. En su oportunidad, Yamandú Fau, entonces ministro de Defensa del segundo gobierno de Sanguinetti, respondió a un pedido de informes del diputado forista Ruben Díaz puntualizando que 17 funcionarios caídos en el cumplimiento de su deber habían sido indemnizados al amparo del artículo 115 de la ley presupuestal 14.106 del año 1973.

Los rechazos al proyecto de ley no se centran en la reparación económica. Fundamentalmente se refieren al sustento político de la iniciativa que, se afirma, tiende a consagrar un plano de igualdad de responsabilidades entre la violencia política y el terrorismo de Estado, es decir, supone la consagración de la teoría de los dos demonios. Organismos de derechos humanos han reivindicado el concepto sostenido por las Naciones Unidas de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado que, además de la reparación monetaria, incluye, en primer lugar, la reparación de justicia y el derecho al conocimiento de los hechos.

Resulta incomprensible, hasta ahora, el móvil que indujo al presidente Vázquez a dar este paso. Existe, en cambio, coincidencia en que no se trata de un acto irreflexivo y tiene, por tanto, una enorme trascendencia política.