La mano no debe temblar más

El comandante del Ejército, Angel Bertolotti y la totalidad de los generales en actividad se reunieron con quienes violaron los derechos humanos y son acusados de crímenes aberrantes, algunas de lesa humanidad y otros delitos – quizás dentro del mismo marco – que todavía se están cometiendo ya que se trata de la desaparición forzada de personas cuyo destino todavía se mantiene en el más insondable misterio.

¿Es posible que la cúpula de generales, nombrados en sus cargos por las instituciones de la democracia, dialogue en un plano de igualdad con presuntos criminales? Recordemos que para ostentar el grado de general es necesaria la nominación del Poder Ejecutivo y la posterior venia que otorga el Senado de la República.

¿Es posible apuntalar la democracia con un trámite tan fuera de lugar por parte de los más importantes militares que hoy se encuentran al frente del arma Ejército?

Si a estos criminales, «presuntos» hasta que se pruebe lo contrario, se les debía comunicar una resolución en torno a su presentación ante la Justicia, bastaba con enviar a un subalterno para que les realizara la comunicación, o en un trámite más simple, se los llamaba por teléfono. Porque, además, lo que se comunicaría no era otra cosa que debían presentarse a declarar cuando la Justicia lo estableciera. ¿Habrán existidos otras consideraciones que no conocemos?

¿Qué significado tiene esa aberrante decisión de otorgar un plazo al grupo de los violadores de los derechos, muchos de ellos criminales de lesa humanidad, cuando el comando solo puede hacer cumplir lo que dispone la Ley?

Muy floja la actitud de los generales y peor la del comandante del Ejército, que evidentemente trata de maniobrar para lograr un equilibrio, objetivo más que evidente que está mostrando su falta de poder real.

El tema de los violadores de los derechos humanos es demasiado claro en el Uruguay. La pomposamente llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, votada por el Parlamento post dictadura y luego ratificada en un plebiscito por la mayoría de la ciudadanía, fue un texto malo, que en lugar de pacificar logró que las heridas nunca se cerraran. Los familiares, esposas, hijos y nietos de las víctimas siguen pidiendo justicia, la que no existe ni existirá pues el país con esa Ley de «impunidad», se cortó el único brazo que podría haberle servido para que las cosas volvieran a su lugar.

Los militares involucrados en las violaciones de los derechos humanos reclaman una impunidad irrestricta alegando que cumplían órdenes. Sin duda, fue así, porque además de los gendarmes pretorianos que agredieron al pueblo, estuvieron quienes impulsaron el quebranto de las instituciones y dejaron que la Doctrina de la Seguridad Nacional de convirtiera en un texto de cabecera de los represores.

Todo ello para imponer un modelo económico, el neoliberal, en el marco de la guerra fría. Cuando los enfrentamientos entre las dos grandes potencias «autorizaban» las transgresiones, la tortura era un método de trabajo e, incluso, se manejaba el asesinato y la desaparición de las personas como un mecanismo político idóneo para establecer, por intermedio del miedo, un modelo económico favorable a los intereses de la banca «internacional» enclavada en los EE.UU.

Los encargados de la aplicación de estas políticas fueron gobiernos, cívicos, cívicos-militares o militares de la época. Y los encargados de la represión funcionarios del Estado que vestían para su función específica, uniformas militares o policiales.

El pueblo, la gente, fue la víctima de todo aquello, de un Estado ilegal que hizo primar la agresión, la injusticia, buscando al «enemigo» en donde no estaba y lapidando a las personas no por sus acciones, sino por sus ideas.

La Ley de caducidad quiso poner punto final a la protesta que creció en intensidad cuando se recuperó la democracia. Fue un juego de complicidades y cobardías. Y hoy, cuando han pasado 19 años de su aprobación, de todo aquello, de la vigencia de esa impunidad y las heridas siguen abiertas y nadie puede aventurar un pronóstico.

Por supuesto que la jugada final la tiene en sus manos el gobierno que encabeza el doctor Tabaré Vázquez, con la posibilidad de terminar la deliberación en los cuarteles, resolviendo la situación del permisivo comandante del Ejército, un contradictorio personaje, con actitudes claudicantes frente a los «retirados», a quienes acoge en su despacho del Comando del Ejército, actuando como una especie de «mediador» entre los que quieren mantener eternamente la impunidad y los que, por el bien del país y de las propias Fuerzas Armadas, reclaman la verdad y – en casos específicos – que se haga justicia.

Todos sabemos, además, la enormidad de la injusticia que determinó la Ley caducidad. Esa Ley sigue vigente y los militares y policías que han delinquido durante los plazos establecidos en la misma, no serán castigados por sus delitos. Solo se les pide que concurran a declarar en los estrados judiciales sobre lo que saben.

¿Es posible aceptar que se nieguen a declarar?¿Es posible que se establezcan mecanismos para tratar de amparar a estos personajes, los que asesinaros a la nieta del poeta Juan Gelman, los que secuestraron y también asesinaron al químico chileno Eugenio Berrios, acción tardía del «Plan Cóndor», en que coordinaron sus acciones represivas ejércitos el cono sur? Decimos que tardía porque fue posterior a que caducara la vigencia de la referida Ley. ¿A quienes participaron en la masacre de Buenos Aires en que perdieron la vida Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz?

¡Es evidente! Hay que restablecer el orden en los cuarteles, evitar el estado de asamblea permanente, que tiene un tono claramente conspirativo. Y ello, no está en manos del endeble y contradictorio comandante del Ejército.

Lo está – ¡es evidente! – en las del presidente de la República.

(*) Periodista.