El 10 de mayo moría el abogado Rodrigo Rosenberg. Dos días antes grabó un video en el que acusaba al presidente, Álvaro Colom, y a su esposa de haber ordenado su muerte. El caso sacude a Guatemala, uno de los países más empobrecidos e inestables de América y cuya sociedad parece no poder reconciliarse. La investigación dio un giro el pasado día 6 con la declaración de un pistolero que dijo haber sido contratado por la oposición para matar a Rosenberg y acusar a Colom.
Si una certeza tienen los habitantes de Ciudad de Guatemala es que el ritual cotidiano de la muerte se repe- tirá cada día. En 2008, la media de muertes violentas en la capital ascendió a 12 diarias. En 2009, el promedio ha subido a 16, convirtiendo a la ciudad en uno de los lugares más peligrosos de Centroamérica, la región más violenta del continente. Los efectos de esta situación sobre la población saltan a la vista: la omnipresencia de guardias privados en comercios, alambradas electrificadas sobre los altos muros de los «condominios» en los que la clase media quiere refugiarse de un mundo que percibe hostil, el miedo a utilizar el transporte público, el pánico a ser víctima de un secuestro, el miedo a «el otro», a quien se sienta a nuestro lado en el bus, al que nos roza al pasar…
La violencia se ha filtrado por todos los resquicios de la vida, se ha convertido en el lenguaje dominante de una sociedad en la que no hay disensos, sólo vivos y muertos. Cuarenta años de ideología contrainsurgente convirtieron el «asesinato» en la forma más habitual de hacer política, transformaron al Estado en un delincuente que secuestraba y hacía desaparecer a sus ciudadanos, obligaron a la Justicia a mirar permanentemente hacia otro lado, a ser ineficaz por decreto.
Los más afectados son quienes no tienen recursos suficientes para comprar seguridad.
«Si está viendo este video…»
Pero supongamos que un día la muerte visita una de las zonas donde vive la reducida élite criolla que domina el país. Una apacible mañana de domingo, un abogado, graduado en Harvard y miembro de uno de los bufetes que trabajan para la cúpula empresarial, es ejecutado mientras pasea en bicicleta. Al día siguiente se difunde un video, grabado dos días antes, en el que la victima asegura que el presidente del país, la primera dama y varios empresarios que financiaron su campaña política, habían decidido eliminarle.
La historia es real y las palabras iniciales de su protagonista, Rodrigo Rosenberg, «si estas viendo este video es porque me han asesinado», han dado la vuelta al mundo. El impacto de la grabación fue inmediato en el país. El Gobierno socialdemócrata de Álvaro Colom aún se está tambaleando.
Rosenberg culpó al presidente y su círculo más cercano de la muerte, semanas antes, de uno de sus clientes, el empresario Khalil Musa, y dijo que ahora querían acabar con él. La razón sería una pugna en el seno de la directiva del segundo banco del país, Banrural, una entidad cuyo principal accionista es el Estado. La entrada de Musa en la entidad, explicaba Rosenberg, había generado una reacción en otros sectores del banco que no querían la presencia de alguien «honesto» para poder seguir con sus negocios sucios, entre ellos el lavado de dinero del narcotráfico.
El contenido del video fue inmediatamente difundido. Las palabras del abogado resonaron por toda la capital y cada vez que se repetían, su leyenda de mártir crecía más, especialmente entre la élite. Y es que Rosenberg, aprovechó sus «minutos de fama» no sólo para inculpar al Gobierno en su muerte, sino, sobre todo, para hacer un alegato contra la impunidad y presentarse a sí mismo como el ciudadano que dijo «basta ya».
En un país en el que el 98% de los crímenes nunca se esclarecen, la emotividad de su discurso caló profundo; tanto que, por primera vez en décadas, la clase alta volvió al centro de la ciudad para manifestarse. Decían que Rosenberg les había abierto los ojos, había sido la chispa que prendió sus ánimos de dejar de vivir con miedo, de buscar un sistema de Justicia realmente operativo.
Con estos argumentos también trataron de arrastrar al resto de la ciudadanía, asegurando buscar el fin de impunidad para Rosenberg y también para todos los otros crímenes. Sin embargo, en las movilizaciones que se sucedieron entre el 11 y el 17 de mayo se evidenció el escaso eco de este discurso interclasista. Las caras blancas y las gafas de sol de marca fueron la nota dominante entre las 10.000 personas que se congregaron, por ejemplo, ante el Ayuntamiento capitalino el primer fin de semana posterior al escándalo.
Donde sí se vió a la otra parte del país, a ese 60% de población indígena y al 51% que vive en la pobreza, fue en el bando contrario. Colom afrontó las protestas de la élite como un desafío a la estabilidad de su Gobierno y respondió con un golpe de efecto. Utilizó toda la maquinaria estatal para demostrar que no padece de la «soledad» tradicional de los presidentes guatemaltecos. Cientos de autobuses trajeron a sus partidarios de todos los rincones del país. La exhibición de fuerza fue considerable. Varias decenas de miles de personas se concentraron en el Parque Central para apoyarle, algo nunca antes visto en un país en el que 36 años de terror estatal, despolitizaron a la población y destruyeron toda capacidad de acción colectiva.
La amenaza de los políticos
Muchas han sido las ocasiones en que la clase dominante ha podido encabezar en los últimos años protestas contra la impunidad. No en vano abundan los crímenes de alto impacto. El más reciente sucedió a finales de 2008, cuando 16 nicaragüenses que viajaban en un autobús fueron asesinados por grupo de narcotraficantes. Casi dos años antes, tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, con sede en Guatemala, también murieron a manos de unos policías que posteriormente fueron ejecutados en prisión, sin que por ahora se haya esclarecido el caso. Poco después le tocó el turno a un asesor venezolano del Ministerio de Gobernación, Víctor Rivera, contratado por los empresarios para dirigir un comando antise- cuestros que operaba de forma paralela a la Policía. En lo que va de año, además, casi 70 conductores del transporte urbano de la capital han muerto mientras realizaban su trabajo, en su mayoría, por negarse a pagar las extorsiones que las pandillas les exigen.
¿Cuál ha sido, entonces, el factor que ha desencadenado la actual crisis? Muchos analistas coinciden en que, en una era dominada por la imagen, la existencia de un video ha sido fundamental. También el hecho de que Rosenberg perteneciera a la cúpula empresarial, él era «uno de los nuestros», alguien de honestidad probada. Pero si algo ha sido crucial es que este escándalo ha permitido al poder económico criminalizar a un Gobierno que comienza a incomodarles.
En el escaso año y medio en el poder, Colom ha tratado de impulsar algunos cambios en áreas sensibles. Entre ellos destaca la aprobación de una ley que, por primera vez, regula la tenencia de armas y que busca reducir el contrabando y la proliferación de «ejércitos privados», un derecho que los grandes terratenientes siempre se han arrogado para poder «defender» sus fincas.
Pero el motivo de las críticas más fuertes en su contra ha sido el poder que ha ido otorgando a su esposa, Sandra Torres, un personaje que durante las protestas de estas semanas fue blanco de todas las iras. Torres es la responsable del Consejo de Cohesión Social, un ente que coordina los principales programas asistencialistas del Gobierno. Y especialmente uno: «Mi familia Progresa», que consiste en entregar 30 euros mensuales a las familias más pobres del país a cambio de que lleven a sus hijos a la escuela y al médico.
Nadie en el Gobierno lo reconoce, pero es un secreto a voces que este programa pretende crear una base social al partido gobernante con miras a su reelección, algo que desde que fue restablecida la democracia formal en 1986, nadie ha logrado.
Es precisamente este objetivo de querer perpetuarse, posiblemente a través de Sandra Torres, el que parece haber inquietado más a los grandes empresarios. Tras pasar por la experiencia de tener que lidiar con unos militares que acabaron por tener un poder mayor que la propia élite, el poder económico ha apostado por un sistema de partidos débiles. «Así es mejor, los pueden manejar como quieran, los pueden cooptar y después desechar. Mientras no haya nadie con un proyecto de fortalecer el Estado, los negocios seguirán fluyendo como hasta ahora», critica el actual viceministro de Finanzas, Carlos Barreda.
Este funcionario es uno de los máximos impulsores de la reforma fiscal que tiene entre manos Colom, un asunto tradicionalmente tabú para el sector privado. «Tenemos que negarnos a entregarle más dinero a este Gobierno, van a utilizarlo para matar a más inocentes», arengaba un manifestante.
El arte de la conspiración
Las implicaciones políticas del caso no han tardado en aflorar. En primer lugar porque Banrural es el que maneja los principales programas de Cohesión Social. Pero también por la relación con el caso de dos figuras que remiten al pasado más oscuro de Guatemala: Mario David García, que, además de grabar el video de Rosenberg, arengó desde su programa de radio a la población a derrocar al Gobierno, y de Luis Mendizábal, quien distribuyó la grabación.
Ambos pertenecieron al Movimiento de Liberación Nacional (MLN) un partido histórico de la ultraderecha vinculado a los escuadrones de la muerte de los años 70 y 80. El MLN también estuvo detrás de los intentos de golpes de Estado, entre 1988 y 1989, contra el primer presidente civil, Vinicio Cerezo, para frenar sus intentos de reforma fiscal y las negociaciones con la guerrilla.
Gracias a este caso, Mendizábal y García se han convertido en las caras más visibles de ese monstruo sin rostro que en Guatemala se conoce como «poderes paralelos». Surgidos de las cenizas del Estado contrainsurgente, estos grupos clandestinos se integraron con las antiguas estructuras de la inteligencia militar, los ejecutores de la «guerra sucia contra el comunismo». El experto en análisis estratégico Edgar Celada explica que «la contrainsurgencia supuso la criminalización del Estado, con el agravante de que cuando finalizó el conflicto quienes cometieron crímenes no fueron castigados. La superación de ese Estado criminalizado está siendo muy tortuosa y estamos lejos de haberla logrado. ¿Es, al contrario de lo que se dice, crimen organizado infiltrado en el Estado? No, es un Estado que se criminalizó, creó un monstruo de Frankenstein y se le fue de las manos».
Una vez desaparecida la amenaza de la guerrilla en 1996, las estructuras represivas se vieron en la necesidad de transformarse. Quienes se habían dedicado a secuestrar y asesinar por razones políticas les fue fácil seguir realizando el mismo trabajo por razones económicas. Las mismas redes que controlaban las aduanas para evitar el tráfico de armas hacia los insurgentes, comenzaron a prestar sus servicios al narcotráfico y a los contrabandistas de vehículos robados. Los expertos en inteligencia hallaron un nuevo mercado para sus servicios en el sector privado. Ya se sabe, en un país de intereses atomizados, en el que la vieja oligarquía y los «nuevos ricos» se encuentran en una pugna constante, nunca está de más tener «armas» para defenderse de la competencia.
Mendizábal es considerado uno de los operadores más destacados de los poderes paralelos en los últimos años. Y por ello, su relación con el caso Rosenberg no ha hecho sino alentar las teorías sobre una conjura contra el Gobierno. ¿Qué hacía el abogado paseando en bicicleta, sin medidas de seguridad, si tanto temía por su vida? ¿Pudo caer la grabación en manos de alguien al que no le importó acabar con Rosenberg sólo para perjudicar a Colom y su entorno?
Éstas son sólo algunas de las incógnitas que deberá despejar el organismo encargado de investigar el caso, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2007 después de que el Gobierno pidiese ayuda a la ONU. Fue un hecho sin precedentes en la historia que el propio Estado reconociera que su sistema judicial estaba infiltrado por los «poderes paralelos» y que debía ceder parte de su soberanía.
La labor se anuncia complicada, sobre todo, porque como demuestra la historia del país, este tipo de conspiraciones responden a los intereses de más de un grupo. En este caso, los más visibles han sido los de los que pretendía asestar un golpe a la estabilidad del Gobierno. Sin embargo, todo apunta a que en el trasfondo se encontraría también la voluntad de la banca tradicional por hacerse con un «trozo del pastel» de Banrural. No en vano, esta entidad controla actividades clave para la economía, en especial, el mercado de las remesas que el millón de guatemaltecos que vive en EEUU envía a sus familias.
Entre las primeras pruebas recibidas por la CICIG están las proporcionadas por el pistolero Juan Pérez León, quien el pasado día 6 anunció en Quetzaltenango haber enviado evidencias a la Comisión. Acusó al Partido Popular (PP), la principal fuerza opositora, de haber organizado la muerte de Rosenberg para desestabilizar al Gobierno. Dijo que fue contratado por uno de sus diputados para matar al abogado por 25.000 dólares y una camioneta y que él, a su vez, contrató a otro pistolero, Juan Ordóñez, para que lo hiciera. El PP no le pagó y por eso lo ha denunciado.