«Vamos a firmar un contrato con el consorcio ganador a los efectos de traspasar la Cía. Del Gas a la explotación por treinta años mediante un pago anual con la obligación de que la empresa extienda sustancialmente los servicios en Montevideo preservando el trabajo de los actuales funcionarios de la empresa. La sociedad montevideana se […]
«Vamos a firmar un contrato con el consorcio ganador a los efectos de traspasar la Cía. Del Gas a la explotación por treinta años mediante un pago anual con la obligación de que la empresa extienda sustancialmente los servicios en Montevideo preservando el trabajo de los actuales funcionarios de la empresa. La sociedad montevideana se verá beneficiada con un mejor servicio» (1).
«El consorcio se compromete a realizar una inversión de U$S 35 millones en 10 años» (2).
«A largo plazo las tarifas van a ir bajando, en vez de subir. No es el caso de cuando se nombra a Argentina y se está hablando de servicios subsidiados, porque la Compañía del Gas no recibe subsidios del Estado. Entonces, si se optimiza la explotación del servicio, seguramente a mediano plazo se va a producir una disminución en términos reales de la tarifa» (3).
Estas eran expresiones de algunos jerarcas del gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle en 1994, meses antes de la privatización de la Compañía del Gas, cuando se sostenía que la entrega de esta empresa a manos privadas era la única forma invertir en el gas de cañería a fin de que se expandiera su uso y se abaratar su costo.
Diez años después de que GAZ DE FRANCE, a través de su filial GASEBA S.A., tomara el control de la Compañía mediante un contrato de arrendamiento por 30 años, la situación existente es todo lo contrario de tan benévolas previsiones.
Incumplimientos
No otra cosa pensaría la hija de la señora que murió intoxicada con gas mientras dormía en su habitación hace unos años. La misma que logró que la Justicia condenara a GASEBA a pagar 10.000 dólares a causa de su negligencia a mantener correctamente la red de cañerías.
O el dueño del taller de zapatería que en junio de 1999 voló al exterior del mismo porque se le ocurrió encender una garrafa de gas de tres kilos para calentar agua en una fría mañana, sin percibir que durante toda la noche se había concentrado gas de cañería en el interior del local.
Lo absurdo es que en ambos casos los afectados no eran usuarios de gas de cañería, la red que pasaba frente al domicilio de la primera y el taller del segundo tuvo pérdidas que filtraron hacia espacios confinados y ocasionaron tan lamentables desenlaces.
Pero no fueron solamente estos los perjuicios. Además de que casi no se invirtieron los antes mencionados U$S 35 millones en cambiar las cañerías vetustas de hierro fundido (400 kilómetros al momento de la privatización), tampoco se extendió la red a todo Montevideo, lejos de eso el nuevo tendido está confinada a los barrios de alto poder adquisitivo (Carrasco, parte de Malvín y algo más de Pocitos) buscando la rentabilidad inmediata, ni se renovó el parque de medidores, etc.
Eso sí, se ha vivido un permanente aumento abusivo de las tarifas, tanto en el servicio de gas manufacturado como de gas natural actualmente, se perdieron ingresos fiscales para el Estado, (al hecho de que GASEBA paga US$ 30.000 por año y factura 1.5 millones de la moneda norteamericana por mes, debe sumársele las exenciones impositivas a las importaciones y tributos no cobrados por declararse su actividad de «interés nacional»), se tercerizaron funciones esenciales de la empresa, trayendo como consecuencia los accidentes y muertos antes mencionados, pero también serios perjuicios para los usuarios debido a los abusos y falta de idoneidad de las tercerizadoras, se perdieron la mitad de los puestos de trabajo, de 400 a 200 trabajadores, no se incrementaron los salarios desde 1995, y hasta esta semana existían 6 dirigentes sindicales despedidos por el simple hecho de defender el derecho de los usuarios, el país y los trabajadores. Situación revertida luego de una larga lucha de casi 10 años para obtener su reintegro, lo que se efectivizó el pasado miércoles 11.
En síntesis se produjo el total incumplimiento de las obligaciones establecidas por el contrato de arrendamiento con el Estado, como tuvo que ser reconocido oficialmente por el ex-ministro de Industria y Energía, José Villar, el 29 de diciembre en el Parlamento, a pesar de las múltiples extensiones de plazo para cumplir con aquellas que se le han otorgado por los anteriores gobiernos. Solamente así se entiende que haya podido actuar con total impunidad durante todos estos años, arrojando como resultado que hoy los usuarios del gas por cañería sean 43.000, dos mil menos que al momento de privatizar, cuando por contrato tenían que ser 80.000.
Daños inestimables
El mismo ex ministro daba una prueba irrebatible de la complicidad de anteriores gobiernos con la empresa francesa, al leer un dictamen jurídico de su cartera. Allí se expresaba que en vista «del atraso en que se encuentra incursa en materia de inversiones la empresa GASEBA Uruguay S.A. (…) según contrato de diciembre de 1994; Resultando: (…) 2º) Que por la cláusula 3.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación, por la que en definitiva se adjudicó a GASEBA Uruguay S.A. la concesión del servicio de marras, se estableció que la falta de cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario o de la sociedad anónima encargada de la prestación del servicio, determina la mora de pleno derecho; 3º) Que a su vez por la cláusula 3.5.5 se pactó que el incumplimiento total o parcial, incluso el incumplimiento defectuoso o tardío de cualquiera de las obligaciones del adjudicatario -a vía de ejemplo, disminución de calidad o seguridad del servicio, atraso en las obras, atraso en el pago de rentas, interrupción del servicio, etcétera-, faculta al Poder Ejecutivo a aplicar medidas preventivas y sanciones, como ser advertencias y multas de hasta U$S 10.000. Considerando: (…) 2º) Que las referidas inversiones tuvieron principio de ejecución, el incumplimiento que motiva la presente es del tipo parcial; 3º) Asimismo, cumplida dicha calificación, procede determinar la sanción a aplicar dentro del elenco que contempla el numeral 2.12, de acuerdo a lo establecido por el numeral 2.11;
4º) Cabe precisar que, si bien es posible, el Estado haga efectivo en forma extrajudicial las garantías constituidas a su favor en función de que el de marras es el primer atraso en que incurre la empresa, es conveniente intimarle primeramente el cumplimiento total de las citadas inversiones a través de una advertencia; 5º) Según el numeral 2.12.2, esta procede en los casos de incumplimiento parcial o incumplimiento defectuoso, debiendo cursar la DINATEN, a la parte responsable, una comunicación mediante la cual ponga de relieve la situación de incumplimiento defectuoso describiendo los hechos y haciendo referencia a los aspectos normativos, estimando los daños y perjuicios que derivan del mismo y otorgando plazo para cumplir.; 6º) Si bien por la Addenda del 6 de febrero de 2002 el Estado y GASEBA Uruguay contemplaron la situación por la que recientemente atravesó la región así como su consiguiente impacto sobre las obligaciones contempladas en el contrato original, no es menos cierto que la concesionaria hasta el momento no ha presentado el plan alternativo de inversiones en los términos que se le solicitó a fojas 21 a 23; 7º) A fojas 29 a 31 la empresa evacuó la vista conferida; 8º) El incumplimiento que motiva la presente, si bien genera daños y perjuicios de entidad al Estado, ellos no resultan cuantificables en la actualidad; 9º) En función de lo previsto en la cláusula 13.2 es prudencial otorgar a la empresa un año de plazo para contemplar las inversiones faltantes. Atento a lo expuesto, el Director Nacional de Energía y Tecnología Nuclear, Resuelve: 1º) Adviértase a la empresa GASEBA que existe incumplimiento defectuoso respecto de las obligaciones que contrajo en materia de inversiones, según detalle de las fojas 54 a 63 del Expediente 58 del año 2003; 2º) Otórgase a la empresa GASEBA un año de plazo para cumplir con dichas obligaciones bajo apercibimiento; 3º) Notifíquese personalmente y comuníquese», etcétera».
Más allá de ser curioso que no se pueda cuantificar, ni aproximadamente, los daños y perjuicios «de entidad» que genera el incumplimiento al Estado, el mensaje era claro: vos incumplí que nosotros arreglamos.
Fracaso
En pocas palabras, la política neoliberal respecto a un área esencial como la energía, y dentro de ella el gas, ha fracasado rotundamente. Nuevamente queda comprobado que la panacea de la gestión privada de un servicio público es una mera quimera.
En nuestras sociedades capitalistas y dependientes las multinacionales vienen a utilizar la infraestructura ya montada por el Estado en las décadas pasadas, y obtener rápidas ganancias que repatriar a sus casas matrices, bajo la complicidad de gobiernos aliados de esos mismos capitales. Si esto no es posible, abandonan la supuesta «inversión» dejando un desastre atrás, como planea hacer GAZ DE FRANCE en estos próximos meses, vendiendo su paquete accionario en GASEBA a PETROBRÁS.
En tal sentido, la apuesta absoluta a la interconexión energética con Argentina está demostrando su nula sustentabilidad como opción ante la creciente demanda energética en nuestro país. Reiterando el modelo antes descripto, las empresas privatizadoras han exprimido durante diez años el gas natural del país vecino exportando sin control alguno al exterior este recurso energético, sin hacer una sola prospección de nuevos yacimientos. Según Le Monde Diplomatique, «en 1980 se exportaban combustibles por valor de 280 millones de dólares; en 1990 se pasó a 985 millones; en 1995 se llegó a 2.169 millones y en 2004 a 6.171 millones; es decir, en 1990 los combustibles y la energía eran el 8% de las exportaciones totales, y en 2004, el 18%. En un país con muy pocas reservas comprobadas y sin problemas acuciantes de balanza de pagos, se exporta un recurso esencial no renovable; además, se permite que los exportadores no ingresen al país el 70% de esas divisas.» (4)
Así, las estimaciones más benevolentes de reservas hablan de 15 años, lo cual es nada en términos históricos.
Por tanto, hay que aprender de estas lecciones. Un bien esencial para el desarrollo de cualquier sociedad, tanto para consumo final como para la producción, como es la energía debe estar en manos estatales, o, si la coyuntura política nacional y regional no lo permite, su explotación por empresas privadas debe estar sometida a los intereses nacionales mediante una clara política nacional de energía definida por aquel.
En segundo término, deben explorarse otras opciones para generar energía que limiten nuestra dependencia con el exterior respecto a los combustibles, y no solamente apostar a crear una interconexión con Brasil para subsanar los déficits argentinos. Por ello debe planificarse a largo plazo la incorporación de la energía eólica, la biomasa, el alcohol de caña de azúcar, el biogás, etc., a nuestras opciones. (5)
Pero lo más importante es abrir la participación de la sociedad en la definición de las políticas energéticas, especialmente de las organizaciones populares (sindicatos, gremios, cooperativas, asociaciones de usuarios, etc.), a fin de resolver las orientaciones generales que resulten más convenientes para mejorar las condiciones de vida de nuestra población, especialmente de los sectores más pauperizados, y desarrollar nuestra economía.
Sindicato del Gas
Notas
(1) El País, jueves 15 de diciembre de 1994. Página 12. Declaraciones del ex – Ministro de Industria, Energía y Minería Miguel Ángel Galán.
(2) El Observador, jueves 15 de diciembre de 1994, página 8.
(3) Ultimas Noticias. Sábado 8 de mayo de 1993. Pág. 4. Declaraciones del ex – Presidente de la Compañía del Gas, Dr. Cono Crucci.
(4) Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno. Le Monde Diplomatique. Bs. As. 10 de abril de 2005. Página 4.
(5) En los primeros años de la década de los noventa la IMM, encabezada por el Dr. Tabaré Vázquez, impulsó en el depósito de Felipe Cardozo las obras necesarias para comenzar a obtener biogás de la basura orgánica, pero por falta de apoyo del gobierno nacional, bajo administración del Partido Nacional, fracasó.