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La suerte echada desde el celebrado Premio Nobel de la Paz no ha tenido un desempeño tan satisfactorio. Las condiciones de la década del ochenta provocaron un aumento en la inestabilidad macroeconómica de la región centroamericana y, sin embargo, la década del noventa, con su inflación relativamente invariable y su déficit fiscal no menos impasible, acabó llevándonos a una verdadera crisis social. En efecto, los indicadores macroeconómicos resultaban promisorios al acercarse el fin de siglo. No obstante, la suerte echada desde la algarabía de la caída de muros infranqueables fue menos venturosa. Se proclamó el fin de la Guerra Fría y, pese a todo, en Centroamérica algunos países permanecían divididos en viejos bandos de diestras y siniestras, por demás bastante sospechosos.
La tragedia del istmo coincide, no casualmente, con las medidas tendientes a facilitar el funcionamiento de los mercados y reducir la interferencia estatal. Éste proceso, impulsado por los órganos de financiamiento internacional y las elites de cada país, significó un profundo cambio en materia de políticas comerciales y financieras. El resultado: una virtual eliminación a las restricciones a las importaciones y la privatización de numerosas instituciones estatales. Afirmando la apertura y el libre comercio, y amparados en la supuesta premisa de que la competencia supone mejorías inmediatas, los países centroamericanos emprendieron las reformas estructurales de simplificación y modernización tributaria. El resultado: las polémicas transformaciones no han rendido el beneficio que le mereció su promoción (retórica) política.
Uno de los fenómenos que en mayor grado han perjudicado el desarrollo económico de la región, se asocia con la incapacidad de recaudar efectivamente los tributos (especialmente los impuestos sobre la renta). Y ni qué decir de la administración de tan frugales ingresos fiscales, donde las deficiencias rayan en el paroxismo (¿corrupción?). En ese sentido, según numerosos autores las estructuras impositivas anticuadas, aunado a los incesantes focos de corruptelas, han impedido que los gobiernos hagan los gastos indispensables para aumentar la flexibilidad del sistema económico.
Desde los años ochenta la inflación se ha convertido en un mal endémico. Por supuesto, el vínculo entre el aumento de la inflación y los pagos al servicio de la deuda externa es indiscutible. La aceleración de la inflación durante los años ochenta afectó principalmente a los sectores más pobres, o lo que en este caso particular da igual, a la inmensa mayoría. Sin duda alguna la desigualdad en la distribución de la riqueza es una característica propia de la historia latinoamericana, así pues, como indicaba Bulmer Thomas, las feroces desigualdades han favorecido la concentración del poder en la que el Estado refleja los intereses del grupo dominante. No obstante, debemos recordar que de las cinco repúblicas centroamericanas, Costa Rica es un país cuyo desarrollo capitalista siguió pautas mucho menos agresivas en lo que respecta a la concentración de los medios de producción (entiéndase tierra-trabajo-capital). Esta particularidad vuelve, al dichoso país, especialmente susceptible a los procesos de apertura, pues la composición de su estructura social no cuenta con las rigurosas premisas de proletarización que signan al resto de los países centroamericanos. Además, la frágil y, por lo demás, modesta equidad costarricense, no es si no un resultado del modelo de estado impulsado desde la segunda mitad del siglo XX hasta principios de los ochenta y, valga destacar, éste modelo de estado se caracterizaba por su permanente intervención en cuestiones del mercado.
En Costa Rica el gobierno del Doctor Óscar Arias Sánchez (1986-1990) estuvo condicionado por la inestabilidad política y la tragedia de la guerra en el resto del istmo. Si bien la presencia de grupos armados en Costa Rica más bien fue mínima, Arias consagró su esfuerzo en pos de la consecución de un acuerdo de paz entre los distintos grupos armados y los gobiernos de la región. La labor diplomática de su administración, más que loable por supuesto, trajo como resultado la firma de un acuerdo, en el cual los distintos actores se comprometían a deponer las armas y participar de elecciones libres, cosa que, por cierto, la Nicaragua sandinista venía haciendo desde los albores de los ochenta (la miopía alevosa de Reagan obvió esta condición). De paso el Doctor Óscar Arias fue agasajado por la comunidad internacional con un Premio Nobel de la Paz.
A nivel interno la política económica implementada por Arias Sánchez tendió a la flexibilización de la economía, a través de una reforma estructural diseñada por el Fondo Monetario Internacional. La figura del estado socialdemócrata, acaso un abuso del lenguaje, se desmoronó lentamente como una mitología añeja. Se recortó un ingente rubro del presupuesto destinado a planificación económica y apoyo a los agricultores y, en cambio, se elevó la cuota de subsidios en favor de la inversión extranjera.
Los gobiernos sucesivos siguieron un curso bastante similar al de Arias: más programas de ajuste estructural y mayor apoyo a la inversión extranjera. En razón de la explícita prohibición de la reeleción presidencial, consagrada hasta hace poco en la Constitución Política, el Doctor Arias se dedicó a sus negocios familiares (nada modestos por cierto). Nadie podría dudar que la vanidad y la presunción es uno de los motores más efectivos de la humanidad, pues bueno, bastaron apenas diez años para que el Premio Nobel se afanara en buscar una forma de reelegirse presidente. Presentó un recurso ante la Sala Constitucional del Poder Judicial (Sala Cuarta), órgano encargado de atender las violaciones al orden constitucional, en el que alegaba una supuesta inconstitucionalidad en la prohibición de la reelección presidencial. El recurso fue rechazado. No satisfecho con la resolución, Arias aguardó por un reacomodo en el seno de la Sala misma: algunos magistrados se fueron y llegaron otros quizás más amistosos (¿familiares?). 1 En su segundo intento, la Sala Cuarta falló, sospechosamente, a favor de la reelección, violando, al efecto, las normas elementales del derecho por cuánto modifica la constitución sin llevar a cabo una constituyente. Las implicaciones de tan penoso acontecimiento son en verdad escabrosas: cierta estancia del Poder Judicial incurre en flagrantes injerencias y se ocupa de funciones cuya competencia son de exclusiva propias del Poder Legislativo. Los móviles son claros: favorecer al expresidente Arias quien representa de manera cabal los intereses económicos de los grupos más poderosos. El expresidente Luis Alberto Monge (no precisamente un baluarte de la política progresista), miembro, al igual que Arias, del Partido Liberación Nacional lo calificó de «golpe de estado técnico»
Antes bien es preciso señalar que en Costa Rica la dichosa Sala Cuarta se ha convertido en una suerte de gobierno paralelo que se inmiscuye, desde la facultada casi omnímoda que le confiere su potestad constitucionalista, en todo cuánto ocurra en el país. Por decir algo: hace unos meses emitió un fallo en favor de una Compañía Minera que pretende impulsar minería a cielo abierto en el norte del territorio, el contrato había sido suspendido pues los estudios de impacto ambiental alertaban del inminente riesgo que esta actividad representa, sin embargo la Sala obligó al gobierno a restituir la concesión.
Lo cierto es que al fin el Doctor Arias Sánchez pudo optar por la reelección. Violando las normas del Tribunal Supremo de Elecciones (un órgano totalmente autónomo) Óscar Arias inició una abrumadora y despampanante campaña prematura (varios meses antes de lo que establece el Tribunal) cuyo costo alcanzó cifras inimaginables y aún así, pese a tan ostentoso despliegue, a la fecha el Tribunal Supremo de Elecciones no consigue determinar quién es el ganador de los comicios celebrados el pasado 5 de febrero.
Poco más de una decena de candidatos participó en la sobredicha elección, de ellos, únicamente el candidato del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís, se acercaba las proyecciones de Arias. No obstante, conviene señalar que las encuestas en oscura confabulación con los poderosos medios de comunicación del país, proclamaban la victoria apabullante de Arias desde meses atrás. La realidad fue otra. Hasta hoy, según el conteo de votos, Arias supera a Otón Solís por apenas un margen inferior al 1%, de suerte que órgano electoral no estima prudente declarar el triunfo a menos que se complete el conteo de las papeletas.
La suerte echada desde el celebrado Premio Nobel de la Paz, ciertamente, no ha tenido un desempeño tan satisfactorio. La postulación de Óscar Arias como candidato a la presidencia se enmarca dentro de un contexto de indiscutible relevancia: la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El gobierno actual ha valorado la posibilidad de aprobar el acuerdo comercial por cuánto una amplia mayoría de los movimientos sociales han manifestado su oposición, sin embargo Arias en repetidas ocasiones ha reiterado su conformidad con el mismo. A través de este tratado Costa Rica se compromete a abrir el monopolio estatal de telecomunicaciones y generación eléctrica, entre otras cosas que ponen en entredicho la noción de soberanía y solidaridad. Efectivamente el señor Arias es una carta que se juegan las elites económicas de Costa Rica y el imperialismo norteamericano, pues el candidato Otón Solís (que si bien es un acaudalado terrateniente) ha declarado su rotunda negativa a darle curso al Tratado de Libre Comercio (TLC). Costa Rica es el único país centroamericano que aún no ha ratificado el TLC. Las presiones de distintos sectores exportadores así como del embajador norteamericano no se han dejado esperar Numerosos analistas han destacado el peligro que representa el TLC en materia de aumento del desempleo, y baste añadir, en ese sentido, que en el istmo centroamericano Costa Rica es el país con un menor índice de migración ilegal hacia los Estados Unidos. La suerte está echada desde las urnas, las magistraturas o las calles. Alea jacta est, como bien dijo César antes de cruzar el Rubicón, esperemos pues que esta misma sentencia no sea mascullada por las hordas de ciudadanos desempleados en las entrevistas riberas, no del Rubicón, sino del Río Bravo.
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1 La esposa de uno de los magistrados de la Sala Constitucional es prima del Doctor Óscar Arias Sánchez