El último atentado con bomba contra un edificio de apartamentos en las afueras de la capital de Tailandia, en el que murieron cuatro personas, fortaleció el discurso del gobierno a favor de su Ley de Emergencia, con la que detiene a activistas opositores. La explosión se produjo la semana pasada, apenas horas después de que […]
El último atentado con bomba contra un edificio de apartamentos en las afueras de la capital de Tailandia, en el que murieron cuatro personas, fortaleció el discurso del gobierno a favor de su Ley de Emergencia, con la que detiene a activistas opositores.
La explosión se produjo la semana pasada, apenas horas después de que la administración del primer ministro Abhisit Vejjajiva extendiera el decreto de emergencia por otros tres meses en Bangkok y tres provincias vecinas. En la mira del gobierno están los líderes del opositor Frente Unido Nacional por la Democracia contra la Dictadura (FUNDD), nombre oficial del movimiento de los llamados «camisetas rojas», a los que acusa de estar detrás de la ola de explosiones.
Ese vínculo «emergió por primera vez con la explosión de la semana pasada», aseguró Panitan Wattanayagorn, portavoz del gobierno, al participar el lunes de un seminario sobre la Ley de Emergencia en la Universidad Chulalongkorn de Bangkok.
«Esas personas están conectadas con los camisetas rojas, y son capaces de detonar bombas», añadió. «Está claro. La amenaza es clara», añadió Panitan, coincidiendo con las afirmaciones del primer ministro, quien el viernes había alertado que habría más explosiones.
«Es probable que Bangkok permanezca bajo amenaza de atentados con bomba al menos hasta el mes próximo», dijo Abhisit al diario en inglés The Bangkog Post. «Hay más de un grupo de instigadores actuando en este momento», afirmó.
No obstante, analistas y activistas por los derechos humanos opinaron que no era necesario el estado de emergencia para combatir el terrorismo, y expresaron su preocupación por la utilización de la Ley para silenciar a los camisetas rojas.
«No se necesita el decreto de emergencia en las zonas de los camisetas rojas», dijo Rungrawee Chalermsripinyorat, analista de Tailandia para el Grupo Internacional de Crisis, con sede en Bruselas. «El gobierno podría usar leyes regulares para afrontar los disturbios». «El peligro es que la Ley agrave la actitud de los camisetas rojas, ampliando y profundizando la fuerte división en este reino de Asia sudoriental», explicó a IPS. «Ya generó un amplio resentimiento contra el Estado, porque las leyes han sido usadas para detener gente, y muchos de los arrestados no fabrican bombas», añadió.
Por su parte, expertos en jurisprudencia alertaron que leyes elaboradas para circunstancias anormales se estaban convirtiendo en la norma. «La excepción se está transformando en la regla en muchos frentes», dijo Vitit Muntarbhorn, profesor de leyes en la Universidad de Chulalongkorn. «Las leyes de seguridad nacional se están haciendo permanentes», indicó.
La Ley de Emergencia permite a las autoridades arrestar a manifestantes sin necesidad de acusación formal, llevarlos en centros de detención «no oficiales» e incluso imponer censura en medios afines a los camisetas rojas.
Las medidas fueron impuestas el 7 de abril para frenar los disturbios en las calles de Bangkok. Para entonces, los manifestantes opositores habían llegado a decenas de miles, principalmente de sectores trabajadores del norte y noreste del país.
Las protestas del FUNDD para exigir a Abhisit que disolviera el parlamento y convocara elecciones anticipadas llegaron a un sangriento final el 19 de mayo, luego de choques entre las fuerzas de seguridad y un grupo de hombres armados, vestidos de negro, que disparaban detrás de los camisetas rojas. Dos sangrientos combates entre soldados y manifestantes, el 1 de abril, dejaron 91 muertos, la mayoría civiles, y cerca de 1.000 heridos.
Para fines de agosto, las cárceles en Bangkok y en otras ciudades del norte y noreste tenían a cerca de 470 presos políticos, algunos de ellos arrestados por supuestamente haber participado de actos de violencia, incluyendo atentar contra edificios de gobierno.
La administración de Abhisit «ha usado sistemáticamente el estado de emergencia para retener a personas sin acusación por hasta 30 días en sitios no oficiales», denunció el grupo Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
«La categoría de personas que pueden ser sometidas a cuestionamientos, arrestos y detenciones por parte del Centro para la Resolución de Situaciones de Emergencias (CRES) aparentemente ha sido expandida para abarcar más que a los líderes y miembros del FUNDD, que participaron directamente de las protestas», añadió la organización. «Cientos de políticos, ex funcionarios de gobierno, empresarios, activistas, académicos y operadores de radios comunitarias han sido citados por el CRES», indicó.
Pero el gobierno niega que los camisetas rojas estén en un limbo legal. «No hay cárceles secretas. Nadie está en una cárcel secreta», aseguró Panitan. «Tenemos a 184 personas detenidas en prisiones normales».