«Sin más trámite y en forma inmediata.» Así reclaman los familiares de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, presidente y canciller, respectivamente, de la dictadura militar, «por el delito de homicidio con circunstancias agravantes muy especiales en reiteración real, en concepto de coautores […]
«Sin más trámite y en forma inmediata.» Así reclaman los familiares de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, presidente y canciller, respectivamente, de la dictadura militar, «por el delito de homicidio con circunstancias agravantes muy especiales en reiteración real, en concepto de coautores (autores mediatos o intelectuales)», de los secuestros y asesinatos ocurridos en Buenos Aires entre el 18 y el 20 de mayo de 1976.
La fiscal Mirtha Guianze y el juez Roberto Timbal deberán decidir en los próximos días si citan a declarar a Bordaberry y Blanco en función de los nuevos elementos que los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter de León incorporaron en el expediente. La ampliación de denuncia presentada el miércoles 11 fundamenta la acusación de coautoría intelectual de los homicidios en función de nuevos documentos que se refieren a los antecedentes archivados en la cancillería uruguaya sobre informes de seguimientos y disposiciones ordenadas por el entonces canciller Blanco; y a las comunicaciones, informes y telegramas diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, recientemente desclasificados.
El conjunto de elementos constituye una prueba ineludible de la participación y responsabilidad de Bordaberry y Blanco en la conspiración oficial para secuestrar a Michelini y Gutiérrez Ruiz. Entre los documentos acusatorios se incluyen textos del entonces secretario de Estado Henry Kissinger sintetizando las informaciones de embajadores y funcionarios diplomáticos destinados en la región, quienes afirmaban que los asesinatos habían sido cometidos por militares uruguayos operando en Buenos Aires y ordenados por el gobierno uruguayo de la época.
También se incorporan en la ampliación de denuncia los distintos despachos firmados por Blanco reclamando a las autoridades argentinas la vigilancia y el seguimiento de los dos legisladores exiliados. Y se menciona especialmente el decisivo viaje que Blanco realizó a Buenos Aires días antes de los secuestros y que incluyó una conversación reservada, en una embarcación, en el delta del Paraná, entre Blanco y el canciller argentino almirante César Augusto Guzzetti. Junto con el procesamiento y prisión de Bordaberry y Blanco, los abogados solicitaron que el juez disponga el interrogatorio de varios militares uruguayos retirados, individualizados en los diferentes documentos y testimonios como participantes, entre ellos José Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Pedro Mattos.
Si tales citaciones se producen se concretará el anuncio del presidente Tabaré Vázquez de excluir el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz de los beneficios de la ley de caducidad. Pero además, los interrogatorios a los citados militares servirán para bordear otros casos vinculados al Plan Cóndor, donde sus nombres se repiten, en especial el secuestro en Buenos Aires, el traslado a Uruguay y posterior desaparición de María Claudia García de Gelman. Así, las acciones judiciales por el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz se entroncan con los trabajos que un equipo de científicos está realizando en el Batallón 13, donde se presume que fue enterrada María Claudia.
Tales trabajos han despertado inquietud en algunos sectores de oficiales y de sus testaferros civiles. La propuesta de un grupo de generales de realizar una investigación interna sobre los desaparecidos y ubicar el lugar donde se depositaron los restos, ahora va adquiriendo otras tonalidades, al acotarse esa investigación a los elementos recabados por la Comisión para la Paz. La intención inicial de resolver definitivamente la cuestión de los desaparecidos se transformaría en otra vuelta de tuerca de la vieja táctica gatopardista destinada a encubrir, en lugar de descubrir. Vano intento: la experiencia revela que la operación de encubrimiento termina en un costo político altísimo y, además, no detiene el proceso irreversible del conocimiento de la verdad. Tales enseñanzas deberían ser consideradas por aquellos que se prestan al juego de la reserva, de la confidencialidad y de la manipulación a puertas cerradas.