No a la violación de derechos humanos y ecológicos en el Sur. Sí a leyes que penalicen las violaciones de las multinacionales. Suiza es el país con mayor densidad de multinacionales en el mundo por habitante. Las ONG ponen en jaque a las trasnacionales.
¿Cómo evitar que la multinacional Syngenta obtenga beneficios multimillonarios vendiendo en el Sur pesticidas prohibidos en Europa por su toxicidad? ¿Cómo hacer para que la Glencore no sea responsable de desplazamientos forzados de pueblos para explotar materias primas de los subsuelos de Colombia, Bolivia o el Congo? O para impedir que la Triumph licencie en masa a trabajadores sindicalizados de Filipinas… Interpelación que fundamenta la Campaña «Derecho Sin Fronteras» que acaban de lanzar en Suiza más de cincuenta importantes ONG de cooperación; de derechos humanos; organizaciones sindicales y campesinas; asociaciones de solidaridad y del mundo de las iglesias. El Gobierno y el Parlamento deben asegurar que las empresas trasnacionales que tengan su sede en Suiza respeten los derechos humanos y ambientales en todo el mundo de forma similar. Las normas exigidas en Suiza deben valer en el planeta entero. Entrevista con Michel Egger, uno de los responsables de la plataforma Alianza Sur y coordinador de la Campaña en la región francófona.
P: ¿Cuál es el marco político en el que la sociedad civil suiza lanza esta campaña?
Michel Egger (ME): Esta iniciativa debe comprenderse en el contexto de la actual mundialización. A nivel internacional, las multinacionales, es decir las sociedades trasnacionales, no dejan de aumentar su poder. Y, al mismo tiempo, las medidas de regulación que podrían limitar esa tendencia y garantizar el respeto de los derechos humanos y ambientales, no avanzan a la misma velocidad. Existe un pacto global a nivel de las Naciones Unidas sobre el tema e incluso iniciativas de auto-regulación voluntaria de algunas empresas. Pero no es suficiente. Constatamos una especie de desfase entre el avance del poder de las multinacionales y los medios existentes para regularlo. Suiza es el país con mayor densidad de multinacionales por habitante en el mundo. Muchas de las cuales violan los derechos humanos y del medio ambiente en los países donde están establecidas, principalmente a través de sus filiales o de las empresas que las abastecen. La legislación suiza no incluye disposiciones que obliguen a las multinacionales helvéticas a responder de sus actividades en el Sur. Tampoco da la posibilidad a las víctimas de obtener reparación alguna. Ellas no pueden ni iniciar causas colectivas en el plano civil ni estar representadas por asociaciones a nivel penal.
P: ¿Qué mensaje tratan de promover las ONG helvéticas?
(ME): Es primordial que el Estado defina un marco jurídico que exija a las multinacionales helvéticas obligaciones claras. Que tome medidas para que ellas no violen los derechos humanos y del medio ambiente en el extranjero. Convendría, entonces, eliminar la separación jurídica entre la sede central y las filiales. Además, es necesario ir creando las bases legales para que las personas que sufren perjuicios por las actividades de esas multinacionales, de sus filiales o sus proveedores, puedan iniciar un proceso jurídico en Suiza con el fin de obtener reparación. La ley suiza, por el momento, no lo permite. Por el contrario, autoriza que las sedes centrales de dichas multinacionales no asuman sus responsabilidades.
P: ¿Podría definir bien precisamente los objetivos específicos de la Campaña «Derecho sin Fronteras»?
ME: Hay dos objetivos que se van a promover en dos etapas consecutivas. En un primer momento, promoveremos la sensibilización de la opinión pública sobre los problemas referidos. Vamos a presentar ejemplos de casos concretos de empresas violadoras de derechos humanos y del medio ambiente en el Sur. En esa etapa de lanzamiento queremos que la población, así como los miembros de las organizaciones que promueven la campaña, comprendan la gravedad de la situación y la laguna de los instrumentos para cambiarla tanto a nivel de derecho helvético como de política gubernamental. En un segundo momento trataremos de convencer al Parlamento -en el plano nacional y eventualmente cantonal- para introducir modificaciones legales con el fin de que las multinacionales deban tomar las medidas necesarias para respetar los derechos humanos y ambientales y que las víctimas puedan acceder a la justicia. Eso implicará la revisión del Código Civil y Penal. En síntesis, empezaremos por la sensibilización sobre el problema para pasar luego al plano político y jurídico.
P: La insensibilidad de la mayoría de las multinacionales en los países del Sur no es para nada nueva. Diría incluso que es la norma corriente de su práctica desde hace lustros por no decir siglos. ¿Por qué lanzar entonces una campaña de esta naturaleza justo ahora? Habría podido tal vez promoverse antes…
ME: Tal vez se pueda explicar por el contexto internacional actualmente favorable. En 2005 ya se lanzó una iniciativa similar a nivel europeo. Y pensamos que es importante que Suiza y sus trasnacionales no queden afuera. Por otra parte, hay desde hace algunos años un movimiento internacional, en el marco de las mismas Naciones Unidas, para regular -todavía bastante soft– a las multinacionales. Son muy importantes los aportes de John Ruggie, antiguo Representante Especial de las Naciones Unidas para la cuestión de los derechos del hombre y de las sociedades trasnacionales y otras empresas. Ruggie definió un marco de referencia fundado sobre tres pilares conceptuales: la obligación de los Gobiernos de proteger a las poblaciones contra las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros -incluidas las trasnacionales-. La responsabilidad de éstas de respetar los derechos humanos. Y, también, el derecho de las víctimas a una reparación a través del acceso a la justicia. La campaña que lanzamos se inscribe en ese marco. Exige a Suiza que tome en serio esas obligaciones. Nuestro país, cuna de los derechos humanos y sede de numerosas multinacionales, puede y debe jugar un rol pionero en esta temática.
P: ¿Una declaración de guerra de las ONG contra la empresa privada? Justo cuando una de los principios de la cooperación oficial helvética es promover la colaboración entre el sector público y el privado.
ME: No lo entendemos como una declaración de guerra. Pero es cierto que la cooperación pública suiza al desarrollo es muy permisiva con el sector privado. Muchas ONG suizas mantienen una mirada crítica. Ya que para nosotros la primera contribución del sector privado al desarrollo consiste en respetar y promover los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Es esencial que nuestro Gobierno se muestre más crítico y más exigente con las multinacionales suizas. Es necesario que se elabore una estrategia más coherente de los actores de la política exterior de nuestro país: la Secretaria de Estado para la Economía; la Cancillería y su división política y la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (COSUDE).
Sergio Ferrari, colaboración de prensa E-CHANGER ONG suiza de cooperación solidaria miembro activo de la Campaña Derecho sin Fronteras
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