El parlamento uruguayo se apresta a tratar uno de los proyectos más determinantes para el cumplimiento de las metas programáticas del Frente Amplio (FA), como es el proyecto de «rendición de cuentas» (conocido en buena parte del mudo como «ley de presupuesto nacional») que el Poder Ejecutivo envió la semana anterior según la mecánica formal […]
El parlamento uruguayo se apresta a tratar uno de los proyectos más determinantes para el cumplimiento de las metas programáticas del Frente Amplio (FA), como es el proyecto de «rendición de cuentas» (conocido en buena parte del mudo como «ley de presupuesto nacional») que el Poder Ejecutivo envió la semana anterior según la mecánica formal prevista. Debido a ello, el jueves pasado, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados integrada con la de Hacienda, recibió al ministro de economía Danilo Astori. Inmediatamente la oposición salió a expresar su inveterada preocupación por el gasto social y el virtual déficit fiscal. Según el diario El Observador, el diputado del Partido Nacional Jorge Gandini sostuvo que la rendición «es engañosa porque lo que trae es financiamiento del gasto que se incrementa». Otro tanto hizo el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez afirmando que «esta rendición sigue estando desfinanciada». Nada que no se repita ante cada presentación del presupuesto, ni que se diferencie de las concepciones universales de las derechas sobre el gasto social, que siempre consideran lastrado, cualquiera sea su monto, aunque debamos interrogarnos permanentemente por la calidad y eficiencia de la inversión social pública.
Más original resulta el cuestionamiento a la ley de inclusión financiera, conocida como de «bancarización», que se coló por la ventana en otro debate de la Cámara. El diputado Jaime Trobo del Partido Nacional sostuvo que «en caso de llegar al gobierno, cambiará varias normas incluidas hoy en la ley de inclusión financiera para asegurar la libertad a los trabajadores (…) le devolveremos a los ciudadanos la libertad de hacer con su sueldo lo que quieran, tenerlo donde quieran y usarlo como quieran». Libertad que la ley no sólo no constriñe, sino que inversamente, asegura. Las causas de la subrepticia preocupación por la «libertad» de los trabajadores y su vulnerabilidad ante la rapacidad bancaria, a la que se sumó el anodino Partido de la Gente, queda exhibida con más claridad en el spot de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (http://www.cncs.com.uy/que-es-la-ley-de-inclusion-financiera/). Allí se la cuestiona por «obligar» al «sector empresarial» a transparentar sus movimientos económicos «minando sus libertades individuales». Sus desopilantes ejemplos van desde la «dificultad administrativa» para pagar sueldos en diferentes entidades bancarias (ya que la ley concede al trabajador la libertad de elegirlas) hasta la «cultura» rural. Entre otros propósitos y múltiples beneficios, la única libertad que la ley intenta restringir es la de evasión fiscal, un aspecto íntimamente conectado con los cuestionamientos presupuestarios con los que inicio este artículo. Aun suponiéndole sinceridad a la preocupación por el déficit, el nivel de erogación no es la única causa a atacar ya que surge de la suma algebraica entre ingresos y egresos. El déficit no sólo puede atacarse reduciendo inversiones (como en su momento popularizó el ex candidato presidencial Lacalle con su alegoría a una motosierra) sino también incrementando ingresos. El reflejo ideológico condicionado sobre el gasto público, al modo del perro de Pavlov, se complementa con la omisión de interés recaudatorio, hasta sobre los impuestos vigentes. No sólo resistirán una revisión de la carga fiscal empresaria, sino inclusive la captura de las actuales obligaciones fiscales evadidas. Los trabajadores no tienen ninguna posibilidad de evadir. Cuando un trabajador va por ejemplo a una carnicería y paga con billetes sin recibir factura alguna (cosa que protagonizo frecuentemente en comercios del interior) el Estado queda relegado de su doble función: recaudatoria y de control. Justamente lo que la ley pretende evitar es que el trabajador resulte cómplice de la potencial maniobra evasiva ajena, otorgándole además el beneficio de una reducción parcial del IVA y consecuentemente del valor de lo adquirido, incrementando su poder de compra.
Pero la ideología subyacente a la defensa del dinero metálico, las monedas y billetes, es más profunda, excediendo largamente los aspectos pragmáticos y las mercedes de la picardía cuasi delictiva. La ideología dominante considera al mercado al amparo de la intimidad, aun contradiciendo el componente patriarcal del que también es heredera. Porque el patriarcado inscribe al dinero (junto al lenguaje y al poder) como naturales de los circuitos públicos masculinizados, mientras que los circuitos femeninos se despliegan en un mundo intimista, sentimentalizado, significado socialmente como subalterno, de remanso, privado de las características de productividad, poder organizacional y potencialidad cognitiva del primero. La compleja urdimbre ideológica con la que el capitalismo invierte las esferas pública y privada (por ejemplo formalizando y normativizando las camas de los ciudadanos y los derechos sociales y hereditarios que surgen del cumplimiento de sus normativas) impregna el sentido común, haciendo indispensable desmontarla en sus secretos y remilgados pactos de sentido.
La delectación por el soporte físico del dinero (y su atesoramiento, intercambio y movilidad) en oposición al soporte digital y su registro, no proviene del carácter fálico que el formato digital también asegura, sino del anonimato que garantiza. En efecto, ambos son soportes del mismo signo de valor que es la moneda nacional (al igual que lo es del patrón dinerario actual en el dólar) pero los soportes materiales de la riqueza, modifican las características sociales del uso y distribución de ella y hasta algunos rasgos ontológicos. La intangibilidad no le quita materialidad y potencia. Las finanzas mundiales someten depredatoriamente al mundo en la práctica, sin mayor necesidad de soporte metálico ya que se estima que el 90% del dinero oficial internacional existe en formato digital y se transa mediante algoritmos y encriptaciones. Los trabajadores no pueden esperar otra cosa que beneficios de la inclusión, ya que no tienen nada que ocultar ni posibilidades de evadir, aunque quisieran. Mientras tanto, patriarcas y matriarcas con fortunas líquidas no ven en el soporte metálico otra cosa que la oportunidad para seguir negreando trabajadores y eludir obligaciones fiscales mediante el secreto de las transacciones entre ignotos. Dejaré para otro trabajo el análisis de los casos de Dinamarca y China que merecen ser tomados como ejemplo.
En un plano más fáctico, el argumento del costo digital es verdaderamente risible. Como si el dinero físico careciera de él, con la necesidad permanente de reposición de piezas por desgaste, su transporte y custodia, además de las incomodidades y riesgos que conlleva su portación o la morosidad circulatoria que le es propia. Pero si para algún segmento económico-social carece de costos, es precisamente el del trabajador. La apertura de una caja de ahorro con una tarjeta de débito (que permite comprar con ella, deduciendo algo del IVA) y realizar 5 extracciones y transferencias, tanto como consultas, es gratuita en la banca privada y pública. Pero además el estatal Banco República se acerca al 50% de participación sobre el total de la actividad que se reparten entre otros 10 bancos privados, agregando otras facilidades gratuitas, sin perjuicio de cuidar a los más vulnerables de la usura de diversas empresas menores de servicios financieros extra bancarios.
Por último, no quisiera dejar de mencionar el negocio privado de las monopólicas terminales de cobro llamadas posnet cuando en redes sociales circulan versiones que vinculan a un hijo del Presidente Vázquez con él, cosa que no he podido corroborar. En cualquier caso, creo indispensable el desarrollo de una doble táctica. Por un lado desmonopolizar el posnet mediante las alternativas tecnológicas ya existentes como las lectoras de tarjetas mediante interfase con los celulares (del tipo mercado pago). Por otro, evitar toda intervención privada en algo que tiende a la obligatoriedad y al ejercicio de un derecho, introduciendo a la empresa estatal de telecomunicaciones, Antel, en la implementación monopólica del sistema en comercios e inclusive en particulares. Si no puede producir tecnología propia, deberá ser importadora exclusiva y comercializadora.
Si a la derecha le preocupa tanto el déficit fiscal, podrían contribuir a reducirlo o inclusive transformarlo en superávit, con sólo influir en sus acaudalados electores mediante alguna campaña de reclamo de honestidad cívica y fiscal.
O en su defecto, al menos llamarse a prudente silencio.
Emilio Cafassi. Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires.
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