Los análisis de coyuntura política deben tener ingredientes de economía política, caso contrario se corre el riesgo que los problemas analizados y soluciones propuestas no sean efectivas y más bien profundicen el conflicto al generar mayor inestabilidad y desinformación en la población, acompañado de violencia e incluso violaciones sistemáticas de derechos humanos.[1] No cabe duda que hay dedicatoria y beneficiarios de estos análisis, que no dudan en presentarlos como válidos dotados de alta cientificidad que no la tienen.
En el Perú como ejemplo, con el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo, el argumento es que violó la norma constitucional al pretender disolver el Congreso de la República, sin considerar que este órgano legislativo conspiraba desde el primer día de la instalación del gobierno, al grado de prohibir al presidente salir del país para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa en Honduras, Xiomara Castro (2022-2026), igual contra todas aquellas políticas y decisiones que no fueran a favor de la libertad de mercado e intereses económicos de grupos oligárquicos limeños. Estos grupos y sus voceros defienden el golpe de Estado, el encarcelamiento del presidente y la institucionalidad sitiada, pero en las calles se generaliza la represión brutal contra los indígenas.
En Honduras, la oposición política no acepta que las elecciones fueron ganadas por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) en alianza con otros partidos, con más de 1.7 millón de votos, y se han dedicado a desestabilizar la gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. No importa que las acciones tomadas como el subsidio a los combustibles, subsidio de la energía eléctrica, transporte, créditos blandos para la siembra de granos básicos, hortalizas y vivienda popular, entrega de insumos agrícolas, bonos de la tercera edad, aumento del presupuesto de salud y educación, beneficien mayormente a la población de menos recursos; su consigna es seguir el camino de la desestabilización.
A estas acciones se suma el rescate de la soberanía del territorio nacional, institucionalidad, recursos naturales y de empresas públicas, y la vigencia de una política económica menos ortodoxa que la promovida por los gobiernos anteriores con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que, entre otras cosas, devuelva el “valor” al trabajo y los salarios afectados por la vigencia de la Ley de Empleo por Hora que lo único que promovió fue la pobreza y migración. Esta ley fue derogada, y las centrales obreras y organizaciones sociales consideran que no hay marcha atrás con esta decisión.
En 2022, las baterías de la oposición política estuvieron enfiladas a la crítica de las políticas económicas y sectoriales ejecutadas. Se cuestionó el aumento del Presupuesto de Ingresos y Egresos sin considerar las deudas pendientes de pago y los compromisos financieros adquiridos por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), siendo el más importante el pago del servicio de la deuda externa que se ha honrado por el gobierno actual.
Igual, ejerció presión a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para que el gobierno aumentará la Tasa de Política Monetaria (TPM), como lo hicieron otros países con resultados no muy satisfactorios en la reducción de la tasa de inflación (mayormente importada), y el uso de reservas internacionales para financiar el presupuesto frente al aumento del costo del dinero en los mercados internacionales. Para el caso, países vecinos como Costa Rica y Guatemala con economías más fuertes que la hondureña, ajustaron sus TPM pero lo logrado en inflación fue marginal. Costa Rica ajustó la TPM de 0.8% en 2021 a 5.2% en 2022, pero la inflación en este último año fue de 9.0% (CEPAL: 2022), o sea 1.2% menor que la inflación estimada para Honduras. En el caso de Guatemala el ajuste fue de 1.8% en 2021 a 2.1% en 2022, pero la inflación estimada fue de 9.7%. Ello no quiere decir que nunca se ajustará, sino que hay que considerar umbrales o límites para el ajuste, sopesando los efectos en la contracción del gasto que se dirige a la generación de empleos y producción alimentaria.
Además, no fue bien vista (incluso por la Embajada de Estados Unidos en Honduras) el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ni la estrategia de renegociación de contratos de energía con empresas térmicas, eliminación de fideicomisos, derogación de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) y racionalización de las exoneraciones fiscales.
En el Congreso de la Republica los diputados de la oposición, incluso del Partido Salvador de Honduras, en alianza con LIBRE, pero que parecen activistas de Partido Nacional, han congelado la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica 2023, sino se aprueban reformas como destinar 5,000 millones de lempiras de fondos de partidas contingentes al aumento del salario de maestros y personal de salud, así como aumentar el presupuesto de gobiernos locales sin la vigencia de planes de inversión municipal siguiendo las orientaciones del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) que coordina la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE). Se habla incluso del pago de “coimas” exigidas por los diputados para otorgar el voto favorable al presupuesto 2023, que superan los 2 millones de lempiras por diputado.
En 2023, se elegirán los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y Fiscal Adjunto, por lo que, en teoría, los problemas económicos y sociales dan paso a denuncias, notas periodísticas, foros y análisis de coyuntura sobre el proceso de elección que inició en el mes de Septiembre con la juramentación de la Junta Nominadora que remitirá al Congreso Nacional 45 candidatos a Magistrados de los cuales serán electos 15 Magistrados. Los miembros de la Junta Nominadora fueron seleccionados por las organizaciones e instituciones que tienen la competencia de acuerdo a Ley, y en el caso de la sociedad civil, se supone que fueron elegidos los mejores sin ligamentos a los partidos tradicionales ni envueltos en actos de corrupción y conspirativos.
En Latinoamérica, un “tamiz” de fondo de este proceso es la perdida de las elecciones por gobiernos de corte neoliberal ( Brasil es un ejemplo), que han visto como su elegidos se vuelven rápidamente impopulares, corruptos y violadores sistemáticos de derechos humanos, quedándoles como alternativa el vandalismo y copar los otros órganos del Estado, caso particular de la Cámara Legislativa, Tribunal Supremo, alcaldías o gobiernos locales; lo que ayuda a controlar y/o desestabilizar el gobierno sino se cumplen sus exigencias y de sus “jefes”, donde se incluyen Empresas Transnacionales, Organismos Financieros, narcotraficantes, empresarios locales y Embajada Gringa. La consigna es: Perdí el gobierno, pero no el poder; es más, puedo asumir el gobierno declarando incompetente o antidemocrático al gobernante, ligándolo también a actos de corrupción ya que controlo el Congreso o la Corte Suprema de Justicia.
En Honduras los “astros” se han alineado a la Embajada Gringa que exige que la Corte Suprema de Justicia sea independiente del gobiernocentral (implica que el presidente de la Corte Suprema sea de otro partido político), tal como es la exigencia del FMI para que se reforme la Ley del Banco Central y se le otorgue plena autonomía. A ella se suman ONG que reciben fondos del exterior como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) que opera como una institución con súper poderes en lo que respecta al análisis de coyuntura, denuncias, foros y evaluaciones de la gestión del gobierno y sus funcionarios. La prensa también cumple su función, exigiendo transparencia en el proceso de elección y nombramiento de magistrados no contaminados con la política ni militantes de LIBRE.
Los diputados de la oposición ligados al Partido Nacional, también han atendido el llamado de la Embajada Gringa, donde manifiestan que están dispuestos a apoyar a un candidato del partido Salvador de Honduras, aliado en teoría de LIBRE, para que presida la Corte Suprema de Justicia. A la Embajadora Laura Dogu no le importaron los antecedentes de los diputados del partido nacional, denunciados por golpistas, corruptos y ligados al narcotráfico y lavado de activos; responsables de haber expulsado la Misión de Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). No es de extrañar que la Embajadora Laura F. Dogu, para lograr sus objetivos, se muestre satisfecha si la presidencia de la Corte Suprema recae en un miembro del Partido Liberal oen candidatos afines a Organizaciones de Sociedad Civil que apoyaron al gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), con tal que no asuma el cargo un candidato que simpatiza con el partido LIBRE.
En este orden, preocupan las cartas ( algunos diputados de LIBRE como Bartolo Fuentes las llaman libelos “copy page”, y otros como el Abogado Rodolfo Dumas cartas “oscuras” deterministas que no valorar la capacidad de los políticos y líderes para adaptarse a los cambios; que ha venido publicando la ex/Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, al considerar que en este proceso hay elementos comunes a los suscitados en Honduras en 2008-junio 2029que concluyeron con el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales por los militares con el aval de empresarios, iglesias, Embajada Gringa y oposición política de los partidos nacional y liberal en el Congreso de la Republica.
Uno de los estos elementos es la no aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos para 2023 por el Congreso Nacional, donde se da a entender que el proceso seguido fue el mismo, desconociéndose el trabajo de la Comisión de Presupuesto de Congreso actual y su socialización, incluyendo a los sectores privados, igual la voluntad del presidente Luis Redondo para lograr su aprobación. En aquél entonces era claro las divergencias entre el presidente Manuel Zelaya y Roberto Michelleti, presidente del Congreso Nacional; hoy no. La señora ex/Rectora, agrega un rosario de decisiones y acciones de los poderes del Estado y actores políticos, que condujeron al Golpe de Estado, sin considerar los antecedentes inmediatos ligados a las políticas económicas y sectoriales ejecutadas, como de sus efectos e impactos.
En aquellos tiempos, los llamados grupos de poder económico miraron con malos ojos las medidas de política ejecutadas por el presidente Zelaya y su gobierno, como la prohibición de la minería de cielo abierto y el cambio de fórmula de importación de petróleo, el ajuste del salario mínimo para acercarse al costo de la canasta básica de alimentos, control de las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE, adhesión a PETROCARIBE, el acercamiento con gobiernos de corte progresistas y la política de no devaluación o devaluación marginal como política de Estado; entre otras, lo que motivó el descontento con el gobierno.
Tanto el Congreso de la Republica como la Corte Suprema de Justicia sirvieron a sus propósitos, utilizando la figura del Golpe de Estado bajo la modalidad de golpe “blando”, en tanto los militares no asumieron el poder ya que las demás instituciones siguieron operando aunque en forma ilegal.Curiosamente, ambos poderes de Estado estaban dirigidos por miembros del partido liberal, al cual pertenecía también Manuel Zelaya Rosales.
Si ello fue así, cabría suponer que Julieta Castellanos asume que los grupos económicos y gobierno de EEUU están disconformes con las políticas económicas, sectoriales y acciones tomadas por la presidenta Xiomara Castro en favor del pueblo hondureño, por lo que la elección de la Corte Suprema de Justicia es una oportunidad para profundizar la crisis y pensar de nuevo en un madrugón militar, siguiendo el itinerario del 2008-junio 2009. Para el Vicepresidente del Congreso, Hugo Pino, no hay necesidad de construir escenarios apocalípticos, ya que este Congreso no es mismo que el de 2006-2009. Debería existir mayor seriedad y profundidad en los análisis de coyuntura política e institucionalidad, más aun si provienen desde personas o instituciones ligadas a la academia.
El principal aliado de EEUU en la región es Honduras y su gobierno, en especial para liderar las estrategias de control del narcotráfico y migración. Hay una clara manifestación desde Washington para apoyar a Honduras en su lucha contra la corrupción, impunidad, inseguridad alimentaria y deterioro ambiental, siendo evidente la cooperación de organismos internacionales, especialmente de la banca multilateral, en el financiamiento de proyectos ambientales, energéticos, infraestructura económica y vialidad, aunque no esté vigente un convenio con el FMI. La presidenta Xiomara Castro ha manifestado que su política exterior es amplia y de cooperación con todos los países, incluyendo China, lo cual debe ser entendido con una política de Estado, y no como presuponen dirigentes del partido nacional al considerar dicho acercamiento como un enfrentamiento a los intereses de EEUU en la región.
El directorio del partido LIBRE ha manifestado su total apoyo a la presidenta Xiomara Castro y al actual presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, miembro del partido Salvador de Honduras. Igual, su compromiso de apoyar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) es evidente. También hay plena conciencia en la dirigencia del partido que las condiciones actuales (correlación de fuerzas y votos en el Congreso Nacional), no son favorables para promover reformas electorales y políticas como la consulta a la población sobre la instalación de una Asamblea Constituyente.
A lo mejor es necesario poder seguir una lectura de los acontecimientos políticos desde una visión más amplia, por lo que deberá abrirse un espacio para el monitoreo, análisis, sistematización y divulgación de documentos, declaraciones y noticias generadas por la oposición política que involucra a medios de televisión, radio, las redes sociales, organizaciones de sociedad civil, grupos económicos y academia, y la respuesta oportuna del Partido LIBRE, dirigentes y funcionarios de gobierno.
Nota:
[1]Frank Hinkelammert, el destacado cientista de origen alemán, considera que la interdependencia entre economía y política es propio de la economía neoclásica, además que si bien en determinado momento la política condiciona la economía, en última instancia es esta la que determina aquella. Conferencia del autor en la Inauguración de la segunda Promoción del Postgrado Centroamericano en Economía y Planificación del Desarrollo de la UNAH, Honduras, Tegucigalpa, marzo de 1980.
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