La UE, EE UU, Rusia, China y los gobiernos autoritarios de Asia Central mueven ficha en torno al gran gasoducto que pretende unir el Caspio y el sur de Europa. Desde que en 2006 el conflicto entre Rusia y Ucrania provocó el corte del suministro de gas, la UE ha venido proclamando la necesidad de […]
La UE, EE UU, Rusia, China y los gobiernos autoritarios de Asia Central mueven ficha en torno al gran gasoducto que pretende unir el Caspio y el sur de Europa.
Desde que en 2006 el conflicto entre Rusia y Ucrania provocó el corte del suministro de gas, la UE ha venido proclamando la necesidad de reducir la alta dependencia que la Unión tiene del gas ruso. Como las reservas domésticas de gas disminuyen año tras año, la solución va más allá de las propias fronteras. Un ejemplo del despliegue de las políticas de seguridad energética de la UE es el gasoducto Caspio-Europa, que pretende llevar gas desde el Mar Caspio hasta el norte de Italia a través de cuatro tramos.
Pese a ser un gasoducto no es sólo gas lo que fluye por su interior. Una megainfraestructura de más de 4.000 km canaliza megaintereses y genera conflictos a su paso. El tramo Transcaspian, por ejemplo, se percibe como imposible de ejecutar por quienes conocen la región. Tras la caída de la URSS en 1991 no se ha resuelto el conflicto por el estatus del Caspio, considerado como un lago por Rusia e Irán, dando validez a un acuerdo del año 1921 que les permitiría beneficiarse de su explotación; y como mar por Azerbaiyán y Kazajistán, lo que conllevaría regirse por la legislación internacional marítima.
Si el primer tramo no se construyera, no afectaría al propósito del proyecto, puesto que la mayor parte del gas proviene de Azerbaiyán, concretamente de los 26 pozos de explotación proyectados en el bloque Shah Deniz II, en Sangachal, que podrían suministrar hasta 16.000 millones de metros cúbicos de gas al año (m3/a), cerca de la mitad del consumo anual español. Esto significa que el mayor beneficiario será la República de Azerbaiyán, gobernada desde 1991 por la dinastía familiar de los Aliyev, un régimen autoritario y cleptocrático, cuyo actual presidente, Ilham Aliyev, fue nominado por Transparencia Internacional como «corrupto del año 2012».
El Gobierno azerí intenta lavar su imagen a nivel internacional con la creación de lobbies como The European Azebaijan Society, una organización registrada en Reino Unido que celebra lujosos eventos sociales en Europa, y también con el patrocinio de equipos de fútbol como el Atlético de Madrid.
Sin embargo, el único tramo que tiene una oposición ciudadana manifiesta es el que llega a la Puglia italiana, donde grupos locales han conformado el comité No TAP, por el nombre del último segmento del gasoducto. Este comité ha organizado estudios de impacto ambiental y social alternativos, y los expertos contratados han detectado que el trazado del TAP cruza zonas con riesgo sísmico.
EE UU ha proporcionado un apoyo incondicional al gasoducto y lo cataloga como crucial para la seguridad energética europea. Este hecho contrasta con los planes de Washington de exportar sus excedentes de gas de esquisto al mercado europeo y una eventual competencia directa de éste con el gas del Caspio. Pero el ‘beneficio’ de soldar la economía azerí y turcomana a la europea a través del gasoducto viene por la merma del poder a Moscú y Beijing. El afán anexionista de Putin incluye el control de las Repúblicas del Cáucaso, aunque la posición de la UE es clara y el mismo ministro de Energía de Reino Unido, Michael Fallon, declaraba en su reciente visita a Bakú: «Se detendrán los intentos de Rusia de interferir en el Corredor de Gas del Sur». Turkmenistán, por su lado, está en la órbita de influencia de Beijing y firmó en septiembre de 2013 un contrato con China para la futura venta de hasta 65.000 m3/a.
Estos megaintereses hacen que, pese a que existen serias dudas de que la infraestructura sea verdaderamente rentable por su elevadísimo coste económico, se visualice como imprescindible, indispensable y preferente, y, por tanto, se allane el terreno para permitir su ejecución. Así pues, todos los tramos del gasoducto han sido considerados por la UE como proyectos de interés común, un conjunto de 248 proyectos que pueden gozar de dinero público a través del fondo Connecting Europe Facility, dotado con 5.800 millones de euros, de los Project Bonds Iniciative, o de la buena disposición de bancos públicos para financiar el proyecto. No parece demasiado coherente entonces que en un periodo de recortes, los «escasos» fondos públicos disponibles sirvan como tractores de la inversión privada para disminuir el riesgo económico-financiero de los megaproyectos. La seguridad energética planteada desde los megapoderes presenta multitud de inseguridades para la población en general, convirtiéndola en más vulnerable y dependiente de un modelo obsoleto.
Alfonso Pérez. Observatori del Deute en la Globalització (ODT)