Los TLC de la UE con países latinoamericanos a debate

Representantes de la sociedad civil europea y americana siguen informando en Bruselas por qué estos Acuerdos son injustos, asimétricos y perjudiciales para las poblaciones americanas. Solicitan que no sean aprobados.

Si Europa permitiera que las multinacionales entraran a explotar sus territorios sin ninguna clase de regulación y que se pusiera en riesgo la vida de sus habitantes, la propiedad de la tierra, sus recursos naturales y el equilibrio ambiental, la UE caería estrepitosamente. Si además, el capital extranjero entrara arrasando los derechos laborales, sociales, económicos y culturales de sus países, no quedaría en tierra ni el más endeble de los cimientos sobre los que se construyó la UE.

Pues Europa esta próxima a hacer lo que no quiere para ella, si los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Asociación entre la UE con Colombia, Perú y Centroamérica, son aprobados por el Parlamento Europeo. Quienes negociaron tanto de parte de la UE como de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, únicamente lo hicieron teniendo en cuenta los intereses de las empresas locales y multinacionales, asumiendo con desdén las necesidades de más de cien millones de habitantes de esos países.

Para deslegitimar las solicitudes de los pueblos afectados por estos acuerdos comerciales, el lobby multinacional y los gobiernos locales, argumentan que las poblaciones o son manipuladas por fanáticos de izquierda o que son pueblos que se oponen al desarrollo sin darse cuenta de los múltiples beneficios que les van a reportar las grandes exportaciones salidas de sus territorios.

Redes europeas con sede en Bruselas como Oidhaco, Grupo Sur, Cifca y Alop, que han apoyado a las sociedades civiles de los países inmersos en estos acuerdos, realizan diversas actividades en el Parlamento Europeo (PE) para dar a conocer el drama de las poblaciones americanas que aumentará todavía más con la entrada en vigor de estos TLC. Una de ellas ha sido la Conferencia «América Latina: recursos naturales y acuerdos comerciales», celebrada en la Comisión Internacional del Parlamento Europeo (INTA). Allí acudieron expertos de América que denunciaron que estos TLC no han tenido en cuenta ni requisitos medioambientales ni los reclamos de las sociedades donde se desarrollarán megaproyectos de extracción minera, hidroeléctricas y monocultivos.

Alberto Alonso-Fradejas, de la organización Congcoop (Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala) denuncia que en su país existe una «fiebre del oro verde», desencadenada por la crisis financiera, energética y ambiental, y por políticas como la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea ha conducido a que «en 10 años, un 29 % de las tierras dedicadas al cultivo de alimentos y otro 20 % de selva tropical fueran destinadas a la plantación de palma aceitera en Guatemala», que no produce alimentos y que han desplazado el cultivo del país, el maíz, producto esencial en la dieta de indígenas y campesinos.

«La deforestación y el abuso del empleo del agua en cultivos para agrocombustibles y en la extracción minera son responsables directos de las inundaciones en invierno y la sequía en verano que ha llevado a una vulnerabilidad ambiental extrema y a impactos sociales muy negativos», argumentó en el PE Amanda Cruz, directora ejecutiva del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Ante el eslogan de que los megaproyectos traen consigo empleo, esta experta económica lo contradice de plano. «No sólo no han traído más empleo en los campos sino que el desempleo, la precarización y la informalidad ya rondan el 70% en Centroamérica». Cruz advirtió de que estos TLC no generan empleos decentes «y violan los estándares de la OIT».

«Nadie pagará los pasivos ambientales porque no hay capacidad física ni presupuestaria para hacer un control efectivo de estos proyectos, y porque en estos TLC no existen garantías de que las empresas respondan», recalcó Tatiana Rodríguez de la organización colombiana Censat-Agua Viva. «Aquí se ha negociado únicamente en beneficio de los grandes capitales sin tener en cuenta las consecuencias negativas ni mucho menos quiénes serían los responsables para pagar por ellas», concluyó Rodríguez.

Para conocer la nefasta influencia que pueden tener estos acuerdos sobre poblaciones enteras en Centroamérica y Suramérica, hay que tener en cuenta cuatro elementos fundamentales allí que son vitales para la pervivencia de culturas autóctonas y de comunidades campesinas y negras: la tierra, el agua, la soberanía alimentaria y el tejido social.

Conflictos económicos y sociales que devienen en grandes violaciones a los derechos humanos

En todos los territorios de América Latina, en las últimas tres décadas, con el desarrollo de megaproyectos en áreas rurales, las poblaciones se han visto afectadas por conflictos generados por la extrema protección por parte de la fuerza pública a los intereses de las empresas que explotan los recursos, y por la ausencia de respeto a los derechos de las comunidades. En la actualidad el 38% de la prospección minera mundial y el 27% de la prospección de oro tienen lugar en Suramérica. Como consecuencia directa de estos megaproyectos extractivos, poblaciones que vivían de los pequeños cultivos y de la pesca y la caza, han sido desplazadas de sus tierras para garantizar las grandes explotaciones mineras y acuíferas, así como los megacultivos. El impacto ambiental y humano es tal en América Latina, que se calcula que entre 1990 y 2000, se deforestaron 467.000 kms. cuadrados para destinarlos a la agroindustria, explotaciones mineras e hidroeléctricas. En 2005, la deforestación de la Amazonía brasileña era de 700.000 kms. cuadrados.

A manera de ejemplo, en la selva de Brasil, en el Estado de Marañón, la etnia Awá sólo cuenta con 450 miembros. Esta etnia está a un paso de su extinción. «Son la tribu indígena más amenazada de la Tierra», advierte Raquel García, portavoz de Survival International para Latinoamérica y España. «La gran crisis se inició en los años 70 a raíz de la explotación de las cercanas minas de hierro de Carajás, impulsada por el propio Gobierno. Se construyeron carreteras y ferrocarriles y llegaron los colonos y los problemas», explica García para El Periódico de Catalunya. Survival explica en una nota que la «situación es tan grave que algunos ya hablan de genocidio». El oscarizado Colin Firth, en un vídeo que Survival ha emitido para pedir al mundo la protección de esta etnia ancestral, denuncia. «Están talando ilegalmente la selva de los Awás. Cuando los madereros los ven, los matan. Sus arcos y flechas no son rivales para las pistolas… En cualquier otro momento de la historia, aquí terminaría todo: otro pueblo barrido para siempre de la faz de la Tierra. Pero vamos a luchar para que el mundo no deje que eso pase de nuevo».

La ofensiva empresarial es causante directa de los conflictos sociales en la región. En Perú, por ejemplo, según datos de la Defensoría del Pueblo, existen más de 60 disputas por el impacto de la minería en las reservas de agua. «Al cierre del 2010, se estima que en América Latina existen al menos 155 conflictos activos en 168 proyectos mineros», apunta Gian Carlo Delgado en el artículo «Extractivismo, fronteras ecológicas y geopolíticas de recursos». En él describe también que las «situaciones de despojo de tierra y agua, de violación al derecho de consulta y otros derechos humanos básicos, y hasta el asesinato de líderes han sido constantes en los movimientos de ambientales de la región».

En los conflictos creados por los megaproyectos, los gobiernos emplean a la fuerza pública para presionar a las comunidades con el fin de que desalojen las zonas. En no pocos casos, cuando no son suficientes los ejércitos legales para desplazar a las poblaciones, aparecen los escuadrones de la muerte que bañan con sangre el territorio para expulsar a sus verdaderos dueños. Presionan con paupérrimas ofertas de compra de la tierra que vienen acompañados directamente de amenazas. «O la vende usted o se la compramos más barata a su viuda», ha sido la estrategia de los paramilitares en Colombia que han conseguido echar de sus tierras a la mayoría de los 5.5 millones de desplazados, dejando a su paso, miles de cadáveres. En Centroamérica también ejércitos privados han empleado estas tácticas de tierra arrasada. En todos los casos primero crean un conflicto, asesinan pobladores, los despojan de su tierra, y tiempo después llegan las grandes empresas a explotar los territorios.

Las poblaciones que han tenido que desplazarse por extracciones mineras a cielo abierto, presas hidroeléctricas y grandes explotaciones minerales, quedan rotas tanto en su cultura como en su tejido social. Con los grandes proyectos se crean campamentos para los trabajadores que en su mayoría son forasteros. Y para que ellos se encuentren a gusto fuera de sus lugares de origen y lejos de sus familias, se crean negocios de ocio que rompen con la tradición cultural de la región. Son miles de casos en los que mujeres indígenas, negras y campesinas se han visto abocadas a la prostitución para conseguir la subsistencia diaria de sus familias que antes estaba garantizada. Los hombres de las comunidades a su vez, se ven inmersos en casos de alcoholismo, consumo y venta de drogas. Poblaciones que no conocían problemas intrafamiliares como consecuencia del consumo de alcohol o drogas, de repente se ven completamente destrozadas.

También, con el desplazamiento a lugares cercanos de la explotación, las comunidades quedan del todo vulnerables ante los ejércitos legales e ilegales. Generalmente los gobiernos no realizan las consultas previas a los autóctonos contempladas en las legislaciones nacionales y por Naciones Unidas, sino que aprueban los proyectos, expropian y reubican a las comunidades. Y cuando estas se organizan en resistencia pacífica para impedir que los despojen de sus derechos, esta protesta social es inmediatamente criminalizada. Son acusados de terroristas y transgresores de las leyes nacionales. Viene entonces la estigmatización de la comunidad ante todo el país y la justificación para que los líderes sean llevados ante la justicia. Y con estos precedentes se abre paso a graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición y el asesinato de los líderes de la comunidad.

En el capítulo de derechos sociales y económicos, la expulsión rural, la migración forzada hacia las ciudades, la destrucción de formas de vida, la precarización y flexibilización laboral, traen como consecuencias la división de las comunidades, destrucción de la economía local y, por supuesto, violaciones al derecho a la salud y a un ambiente sano. Porque en la mayoría de megaproyectos tanto la tierra como las fuentes acuíferas son contaminadas, causando graves destrozos por el empleo de metales pesados que conlleva al aumento de la mortalidad infantil, malformaciones congénitas, disminución de la fertilidad y al surgimiento de enfermedades desconocidas en la zona y que afectan sobre todo las vías respiratorias.

Los megaproyectos en América Latina han impactado de manera cruenta la tenencia de la tierra de pequeños propietarios y el territorio de comunidades ancestrales que pasan de ser de su propiedad a pocas manos de terratenientes y grandes empresas. En Colombia, por ejemplo, denuncia Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco que agrupa a 30 organizaciones europeas y cuya sede está en Bruselas, «el 62,6% de la tierra está en manos de un 0.4% de propietarios, mientras que el 86,3% de la gente tiene apenas el 8,8% de la superficie. El valor de la tierra y del territorio es la razón principal del drama que viven millones de colombianos. La presión sobre la tierra para convertirla en corredores estratégicos, zonas de control, proyectos agroindustriales y zonas de minería, es alarmante».

El agua como factor de vida y garantía de la biodiversidad se está acaparando y contaminando de tal forma que han cambiado cursos de enormes ríos, han acabado con muchas especies y el agua ha comenzado a ser un bien escaso para poblaciones que durante siglos la han cuidado y preservado. De esto habló el salvadoreño Carlos Zepeda, autor del documento «Agua para la vida o para el comercio», ante los eurodiputados en Bruselas. «Con estos Acuerdos el agua es tratada como un bien económico y no como un bien público común». Sin instituciones y marcos legales que aseguren el derecho al agua, la población más pobre y vulnerable de Centroamérica, Colombia y Perú sufrirá directamente las consecuencias negativas de los TLC. Recordó también Zepeda que el acceso al agua fue declarado por la ONU en 2010 como un derecho humano. «Asegurar el acceso al agua limpia y sostenible para todos como derecho fundamental es un principio no negociable en términos de desarrollo humano».

Con los megaproyectos de «desarrollo» se ha destruido completamente la soberanía alimentaria al punto que en territorios indígenas de Centroamérica y Suramérica se presentan miles de casos de desnutrición severa en los niños, especialmente en etnias indígenas; se cuentan ya por cientos los niños muertos por física hambre. Y el tejido social preservado por mucho tiempo y garante de la supervivencia de los pueblos, está siendo arrasado porque las comunidades quedan minadas cuando en sus territorios arriba el «desarrollo». Susanna Daag, portavoz de la plataforma europea Cifca, señala: «el modelo exportador promovido por los Acuerdos comerciales conlleva a un aumento de la competencia por los recursos de tierra y agua, en gran parte utilizado por la expansión de las plantaciones de agrocombustibles, monocultivos y proyectos de industrias extractivas, que ya ha demostrado conducir a una disminución en la producción de alimentos y un aumento en el desplazamiento de los pequeños productores».

Está previsto para finales de este verano que el PE apruebe o rechace estos TLC. Los expertos americanos y europeos que asistieron a la Conferencia en la Comisión de Comercio del PE, expusieron su oposición a los Acuerdos y solicitaron su no aprobación en la cámara europea.

Las razones son numerosas, pero en la conferencia se centraron en estas: las poblaciones directamente afectadas no fueron tenidas en cuenta a la hora de las negociaciones; los estudios de impacto ambiental que reflejan consecuencias negativas sobre la zona no contaron en las negociaciones; no existen legislaciones ambientales en América Latina que de verdad protejan el medio ambiente; traerán consecuencias nefastas sobre las fuentes de agua, la biodiversidad y el tejido social de comunidades campesinas y etnias indígenas y negras; los países americanos de los Acuerdos incumplen la normativa nacionales e internacionales del trabajo, entre ellas el derecho a la sindicalización; generarán más precariedad laboral e incrementarán la desigualdad y la pobreza; las violaciones a los derechos humanos, graves en la mayoría de países firmantes, aumentarán; afectarán negativamente la supervivencia de pueblos indígenas milenarios; dinamizarán todavía más los diversos conflictos en los países; son acuerdos asimétricos en los que únicamente contó el enorme poder de la UE.

Helmer Velásquez, de la organización Congcoop de Guatemala alertó sobre las consecuencias para su país en caso de aprobarse el Acuerdo: «Un proceso de desarrollo que se basa meramente en el comercio no es desarrollo. Cada vez vemos más a una Europa cuyo único interés es extraer recursos naturales de la región. Ya, sin la entrada en vigor del Acuerdo, con la tala de bosques y el uso indiscriminado del agua, nos acercamos a lo que puede ser una crisis devastadora para la región». Recordó además que la palma africana y el azúcar, que serán los productos que Guatemala exportará a Europa, generan muy poco empleo y desplazan los que mantiene el cultivo del maíz. «Este tipo de tratados tiene un impacto demoledor en el empleo rural».

«La UE en las negociaciones fue muy ofensiva en el área de inversiones, obras públicas y propiedad intelectual [caso de los medicamentos y patentes sobre recursos naturales], porque son los temas estratégicos en los que quieren ganar», comenta Lourdes Castro de la organización Grupo Sur. «Las negociaciones deben hacerse entre iguales; las de estos TLC fueron asimétricas con todo el poder para la UE», sentenció.

En ese mismo aspecto, Gabriele Küppers, consejera política del Grupo Verde/ALE en el PE, alertó sobre la forma en que negoció Europa: «Si se miran los TLC con Colombia y Perú, y el Acuerdo con Centroamérica, son casi idénticos. La UE fue ya con un documento con comas y puntos para negociar así: yo quiero esto y la contraparte dijo sí porque muchos de los que han negociado están asociados a sectores que se benefician de eso, en este caso, las multinacionales». Manifestó que no se tuvieron en cuenta las particularidades de cada país. «Sencillamente», añade Küppers, «la UE ha cumplido con lo acordado a su interior entre los años 2005 y 2006, cuando se concluyó que los países que la integran necesitan del acceso ilimitado a los recursos naturales y a todos los mercados». Esto con el fin de no quedarse atrás en la carrera tecnológica y comercial emprendida hace años por países como Estados Unidos, Canadá y Japón. Por último, la asesora del grupo Verde se lamentó que al interior del PE «haya grupos políticos que ven más el impacto positivo para las empresas europeas que para las poblaciones en la región».

«La concentración de la propiedad de la tierra que genera muchos conflictos en nuestros países, y el impulso de megaproyectos que crean más tensión en los territorios, ejercerán una presión muy fuerte sobre el principal recurso de nuestras tierras que es al agua», subrayó la colombiana Tatiana Rodríguez de Censat-Agua Viva. Expuso que los agrocombustibles, la extracción minera y los megaproyectos hidroléctricos, ya han puesto a los pueblos a competir con el uso del agua. «Ahora», dijo, «estos Tratados vienen a engordar los conflictos y contribuirán más al sufrimiento, ya insoportable, para muchas de nuestras comunidades».

Por su parte, Juan Moreno de la Conferencia Europea de Sindicatos recordó a los eurodiputados que una sencilla observación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que persisten las violaciones a los DDHH en toda la región y recalcó que América Latina, particularmente en Colombia y Guatemala, es la región con más sindicalistas asesinados de todo el mundo. «La tasa de sindicalización en este contexto de represión en Guatemala ha descendido del 9% al 2%». Estos Acuerdos declaró Moreno, no obligan ni a los gobiernos ni a las empresas a implementar políticas de empleo decentes. Por tanto, solicitó al PE que rechace estos TLC «porque las condiciones laborales en la región son deplorables y estos Acuerdos las van a hacer todavía más».

En el tema de DDHH, Colombia es una de los países más azotados por este flagelo. Y las zonas rurales son las más damnificadas y vulnerables ante las diversas violaciones que allí cometen ejércitos legales e ilegales. Vincent Vallies de Oidhaco, lo deja claro: «Allí las zonas de cultivo de palma aceitera y caña de azúcar destinadas a la producción de agrocombustibles se encuentran entre las más afectadas por violaciones a los derechos humanos». Se teme que el TLC agudice la grave crisis humanitaria que aqueja a ese país.

El eurodiputado español del Grupos Socialista, Andrés Perelló, declaró: «si el Tratado no incluye cláusulas de respeto a los DDHH como el acceso al agua y el respeto al medio ambiente, votaré en contra». Catherine Bearder, del grupo Alianza de los Demócratas y Liberales (ALDE), encargada de abrir la Conferencia, recordó cómo los estudios de impacto socioambientales encargados por la Comisión Europea, advierten sobre serios impactos tras la firma de los Acuerdos: «Seguiremos investigando antes de votar». Por su parte, Jürgen Klute, de Izquierda Unitaria Europea (GUE), manifestó que «el PE debe escuchar las voces que dicen no a estos Acuerdos y poner atención a sus recomendaciones».

Haciendo un llamado desesperado para que estos Acuerdos no se aprueben y en defensa de las poblaciones indígenas americanas, Jaime Borda de la organización «Vicaría de Sicuani-Cuzco» de Perú, se explicó así. «Para las poblaciones originarias el agua no sólo es un recurso natural, es vida. Y aquí se ha olvidado que los pueblos indígenas tienen unos derechos, y que hay convenios internacionales como el 169 de la OIT que no se cumplen».

En materia legislativa, Gabrile Küppers denuncia que estos TLC existe una cláusula que no permite incrementar o mejorar la legislación local, «sino bajar o eliminar donde haya un brote de legislación social o ambiental de protección. Un Acuerdo de estos, no debería tocar la posibilidad de que los países fortalezcan sus legislaciones, juzgar a quienes cometen crímenes, y no deberían dar carta blanca a los beneficios de las multinacionales», concluye. Lourdes Castro, por su parte, añade: «Europa negocia con países en condiciones de vulnerabilidad en términos de desarrollo frente a un gigante como es la UE». Y respecto a la atractiva faceta positiva con la que presentan estos TLC ante las poblaciones americanas para venderles que las beneficiadas serán ellas, Castro sentencia: «si los TLC son tan buenos y tan ventajosos, ¿por qué no se negocian, por ejemplo, entre la UE y Estados Unidos?».

Para todos los expertos que asistieron a la Conferencia «América Latina: recursos naturales y acuerdos comerciales» en el PE, para varios analistas especializados en tratados comerciales internacionales y para numerosos eurodiputados, definitivamente los TLC entre la UE con Colombia y Perú y los Acuerdos con Centroamérica, son espléndidos para las multinacionales con las multinacionales y lamentables para los pueblos americanos. La única esperanza que le queda a estas poblaciones, es que el PE no los apruebe o que algunos parlamentos de los 27 que integran la UE los rechacen.

Algunos conflictos generados por multinacionales europeas en América Latina *

Colombia

Proyecto El Quimbo de las empresas italiana y española Enel y Endesa

Construcción de una presa hidroeléctrica al sur del país. Las fuerzas policiales han atacado y desalojado a miembros de las 500 familias que se oponen a este megaproyecto. Un vídeo colgado en Youtube titulado «Lo que el gobierno colombiano no quiere que veamos», del periodista Bladimir Sánchez y que ha sido visto más de un millón de veces, demostró cómo la fuerza pública ataca a los pobladores. El periodista ha recibido múltiples amenazas de muerte. Se sumergirán 7.500 hectáreas de reserva forestal y ya está desviando el curso del principal río del país, el Magdalena. Inundará seis municipios en los que habitan 1500 personas que serán reubicadas. El impacto social es muy perjudicial para la zona porque, además de desplazar a las personas, les priva de sus cultivos tradicionales y de la pesca artesanal, sustento de la economía local. La licencia ambiental estuvo basada en un estudio de impacto de las empresas. El gobierno ha enviado a la zona a 1.200 soldados para garantizar las obras del megaproyecto. Los afectados han creado una asociación (Asoquimbo) para oponerse al proyecto, al despojo, y denunciar las violaciones a sus derechos y el impacto ambiental negativo sobre esta parte de la Amazonía colombiana.

Honduras

Grupo británico Dinant

Megacultivo de palma aceitera para biocombustibles. Esta empresa está asociada con un terrateniente de la zona, Miguel Facussé, denunciado por numerosas violaciones a los derechos humanos, entre ellas el despojo de la tierra. En los últimos dos años han sido asesinados 46 campesinos, 6 de ellos trabajadores de la empresa. El gobierno ha enviado 1.000 soldados a la región para reprimir la protesta social. Se denuncia también la existencia de grupos paramilitares que aterrorizan a los pobladores para que no reclamen sus derechos. La Corte Interamericana de DDHH ha expresado su profunda preocupación tanto por el asesinato de pobladores como por la impunidad, crisis desatada después del Golpe de Estado.

Empresa cementera francés La Forgie

Allí se ha denunciado la represión laboral, despidos indiscriminados e ilegales a pesar de haber un convenio colectivo, el violento uso de la seguridad privada fuertemente armada en connivencia con la fuerza pública.

Iberdrola en proyecto eólico

Proyecto desarrollado en territorio indígena en la zona denominada Cerro de Hula. La comunidad no fue consultada. Se están rompiendo montañas y soterrando fuentes de agua, acabando con el patrimonio alimenticio de las familias de la zona.

El Salvador

Empresa mixta entre el Estado, Enel de Italia y otra empresa de capital estadounidense.

Se les ha denunciado por evadir impuestos, grave contaminación ambiental, daños en la agricultura local, descomposición social de las comunidades, apropiación de la tierra de pequeños campesinos, no retribución de las prestaciones laborales, y condiciones de trabajo precarias.

Guatemala: Grupo británico Dinant en empresa de cultivos de palma

Allí la criminalización de la protesta social y las luchas de indígenas y campesinos por defender sus derechos son pan de cada día. La empresa EDT Trading se retiró para la participación en un megaproyecto agroindustrial por las denuncias por violaciones a los derechos humanos. También se retiró la alemana DEG de la financiación al Grupo Dinant.

Nicaragua. Grupo Pescanova

Denunciada por violación a los derechos laborales y sindicales, maltrato a los trabajadores a quienes obligan a trabajar durante 12 horas seguidas que, en el caso de los que entran a las seis de la mañana, no se les permite desayunar ni tomar una merienda. Incluso sufren severas restricciones para ir al baño. Ha acabado con las pequeñas camaroneras de la zona y las pocas que quedan son obligadas a vender su producción a la empresa a precios irrisorios. También está denunciada por delitos ambientales como la destrucción de los manglares para la construcción de la granja camaronera y la planta de procesado y congelación de langostinos más grande de América Latina.

Panamá. Proyecto de hidroeléctrico Barro Blanco

Se ha solicitado a la alemana DEG y a la holandesa FMO que se retiren de la financiación del proyecto que ataca directamente a la etnia indígena Ngöbe Buglé. Se construirá una gran presa en territorios ancestrales y para ello se despojará a estos indígenas. Estos pueblos se han organizado para impedir que esto suceda y el gobierno ha enviado a la fuerza pública a reprimir violentamente las protestas. Ya han muerto al menos dos indígenas y muchos más han sido heridos de gravedad. Se habla de muchos desparecidos que se cree, pueden estar muertos.

Repsol YPF en diversos países (recientemente expropiada por el gobierno Argentino)

En Argentina ha sido denunciada por la contaminación de tierras y ríos que ha causado graves enfermedades a las comunidades cercanas a las exploraciones petrolíferas. Particularmente a integrantes de la etnia mapuche que les han detectado en la sangre niveles de 17 metales pesados que superan ampliamente los normales. Allí la empresa tiene diversas denuncias ambientales sobre unos 900.000 kms. cuadrados en diferentes provincias. También disminuyeron las protecciones en seguridad y se le responsabiliza de la muerte de nueve trabajadores en la exploración de Puertollano. De una planta de 55.000 trabajadores que recibió cuando adquirió YPF en la década del noventa, al día de la renacionalización por parte del gobierno argentino, quedaban apenas 6.000.

En Ecuador, la explotación que realiza en el Parque Nacional Yasuni, ha afectado enormemente la vida de los indígenas de la zona, causándoles graves destrozos en las fuentes de agua, la alimentación y la salud. Caso similares se presentan en Bolivia y Perú en los que los más afectados son los indígenas a quienes además de los problemas anteriores, se ha impactado negativamente su hábitat y sus formas de vida tradicionales.

Fuente: http://periodismohumano.com/economia/los-tlc-de-la-ue-con-paises-latinoamericanos-a-debate.html