En diálogo con BRECHA, el ministro del Interior revela el sustrato filosófico y político en que se asentarán las profundas transformaciones en materia de seguridad pública. No vamos a ser débiles con la delincuencia común, pero vamos a ser mucho más duros con sus causas económicas y sociales , adelantó. – En la izquierda hay […]
En diálogo con BRECHA, el ministro del Interior revela el sustrato filosófico y político en que se asentarán las profundas transformaciones en materia de seguridad pública. No vamos a ser débiles con la delincuencia común, pero vamos a ser mucho más duros con sus causas económicas y sociales , adelantó.
– En la izquierda hay una interpretación más o menos extendida de que su antecesor, Guillermo Stirling, desplegó en sus seis años de gestión una eficaz estrategia de marketing para difundir una serie de transformaciones, en el campo de la Policía y la seguridad pública en general, que en realidad no fueron tales. ¿Cuál es su percepción? En todo caso, y a casi un mes de haber asumido, ¿con qué herencia no deseada se ha ido encontrando?
– Yo he dicho que quisiera que nuestro ministerio se caracterizara por la obra que hace, no por las denuncias o miradas hacia atrás, que si es necesario se harán. Por consiguiente, pasar raya a una gestión larga como la de Stirling -en realidad el contralor de la función del ministerio tuvo que haber sido la misión de nuestros compañeros parlamentarios en su momento- es un tema complejo; a mí me ha preocupado ver qué encontramos en el ministerio y qué transformaciones corresponde hacer.
En ese sentido, en los dos ejes de cometidos de este ministerio -no los únicos-, que son la seguridad pública y el instituto policial por un lado, y el cáotico sistema penitenciario por otro, nos encontramos con graves carencias. Un sistema carcelario que vive una verdadera crisis humanitaria, con problemas fundamentales sin resolver, como el alojamiento, la alimentación, la salud, por decir algo; y por otro lado un instituto policial también repleto de dificultades, sobre todo en la zona metropolitana. Porque sin duda la experiencia de las comisarías de distrito, lejos de favorecer el papel de la Policía de cara al ciudadano, en la cercanía de los vecinos, es todo lo contrario. Se hizo mucho marketing acerca de la Policía ciudadana, de la Policía de cercanía, y alejamos la base histórica de la Policía, que son las comisarías, vaciadas de contenido y de personal; de forma que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para llenar de contenido el papel de la Policía en las comisarías y dotarlas del personal ejecutivo adecuado para que en la función de seguridad pública inmediata, el primer escalón esté en condiciones de responder satisfactoriamente a las exigencias de la seguridad ciudadana.
Esos cambios también deben operar en el Interior. Cuando hicimos la reunión de jefes de Policía salientes, previo a la asunción, para escuchar un estado de situación jefatura por jefatura, prácticamente no hubo ninguna que no se quejara de carencias de personal, de recursos o de vehículos. O sea que si bien la zona metropolitana es la más compleja, la más difícil, el conjunto del país está lleno de problemas a ser solucionados desde el punto de vista del instituto policial.
– Usted ha hecho algunos anuncios que cambian el eje de la doctrina y la práctica hasta ahora vigentes. Esos anuncios indican que se quiere transitar de una función policial basada en el control y la represión a otra de carácter más garantista, fundada en el respeto a los derechos humanos. La duda reside en el punto de equilibrio entre esos derechos y garantías, por un lado, y la represión o mano dura que una porción importante de la población reclama contra la delincuencia.
– Toda tensión entre la prevención y el enfrentamiento del delito tiene distintos momentos en el devenir de los hechos y los tiempos. Nosotros confiamos más en la prevención, no sólo en la prevención policial, sino sobre todo en la prevención social, cultural, económica, como manera de mejorar sustancialmente la seguridad ciudadana. En la misma medida en que vayamos restableciendo gradualmente la integración de la gente, pasando a nuestros compatriotas excluidos a una situación de inclusión social, cultural, económica, con políticas de empleo, etcétera, vamos a tener muchas menos situaciones de inseguridad pública, de desarrollo de la delincuencia.
Pero naturalmente la Policía no puede mirar para el costado frente a esa realidad mientras no ocurran estas políticas y estos cambios; entonces ahí juega mucho la prevención, la disuasión, pero en caso de que eso no sea suficiente, enfrentaremos con mucha firmeza la delincuencia en nuestro país. El que crea que vamos a ser débiles frente a la delincuencia está equivocado; eso sí, vamos a ser mucho más duros con las causas económicas y sociales de esta situación de desintegración de la sociedad uruguaya, producto de una política pertinaz de clase de los sectores dominantes del país que han impuesto esta realidad y son los directos responsables de que en Uruguay haya más delincuencia y más inseguridad. Son sus políticas, sus pertinaces acciones contra el pueblo las que están determinando esta situación, y no la presencia de un ministerio con sentir humano de las relaciones sociales, con concepciones garantistas desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos en todos los recintos carcelarios, policiales y demás. Y seguiremos confiando en que las políticas humanitarias en sede policial y en sede carcelaria son las que corresponden a cualquier situación, más allá de los grados de violencia o de delincuencia que ocurran. No se puede enfrentar esa realidad con políticas de violencia estatal, de terrorismo de Estado, como ocurrió en la dictadura.
– A propósito de sus definiciones, llamó la atención el enfoque de su discurso del 2 de marzo, el día que asumió como ministro. Sostuvo que los integrantes del nuevo gobierno son «hombres y mujeres que hemos hecho la opción de los desheredados y olvidados de la tierra, de los trabajadores manuales e intelectuales, de los excluidos y discriminados que conforman una extendida fuerza social motor de los cambios que el país y el mundo necesitan». Y agregó que la importancia histórica del triunfo de la izquierda no obedecía sólo a un recambio de personas, sino «especialmente a un cambio en la representación social» del gobierno. ¿De qué modo se traduce esa concepción en la praxis del ministerio?
– Se traduce de muchas maneras. Yo hablaba justamente de que este nuevo gobierno expresaba desde el punto de vista social intereses distintos de los de gobiernos anteriores, que eran la expresión política de las clases dominantes. Desde ese punto de vista nosotros somos la expresión política de las clases excluidas, postergadas, de los trabajadores, y por consiguiente pensamos las cosas desde esa perspectiva. Así como los anteriores gobiernos pensaban desde la perspectiva de las clases dominantes, de los empresarios y demás, nosotros tenemos la perspectiva de los pobres, los trabajadores, los oprimidos.
Las clases dominantes siempre -de alguna manera eso es el derecho penal- penalizan la pobreza, castigan duramente los delitos que cometen los pobres. Es excepcional que haya integrantes de las clases dominantes en el sistema carcelario. Nosotros vamos a poner el acento en el delito organizado, en el delito mafioso, que es en general el delito de cuello blanco, de gente de muchísimos recursos que opera en la sociedad y le hace mucho más daño a la economía y a la sociedad que el delito común. El clan de los Peirano por dos veces en la historia saqueó al país, y lo dejó al borde de la crisis económica, bancaria y política. Ahora acabamos de detener a un gran operador de la droga, un hombre inmensamente rico a través del delito organizado y mafioso. No es casual que en los primeros veinte días de gestión del gobierno se hayan hecho las intervenciones más grandes de los últimos tiempos en nuestro país. Y va a seguir siendo así, porque la dirección Antidrogas ya ha recibido mi pleno respaldo, incluso antes de asumir, y va a tener todo lo que necesite de nuestro ministerio.
– El anuncio de que la Policía no intervendrá administrativamente en el desalojo de empresas ocupadas por sus trabajadores, ¿debe entenderse como una decisión derivada del cambio en la representación social del gobierno al que usted aludía?
– Es así. Un ministerio con la representación social que nosotros invocamos tiene una visión diferente de la lucha social. Justamente por representar esos intereses, por tener las ideas que tenemos, toda la vida hemos concebido las ocupaciones como una modalidad de la huelga, que es un derecho consagrado constitucionalmente…
– Que naturalmente interfiere con otros derechos también establecidos en la Constitución, como de propiedad que tienen los empresarios…
– Ahí se genera un conflicto frente al cual el gobierno o la administración no están facultados para intervenir; cuando hay conflictos de intereses y de derechos interviene el Poder Judicial. Estaremos a lo que resuelva el Poder Judicial por el proceso regular que establece este tipo de contiendas de intereses, como es el ejercicio del derecho de huelga y el derecho de propiedad. Nosotros entendemos que la ocupación es una modalidad del derecho de huelga, en cambio la derecha entiende que es una manera ilícita de ejercer el derecho de huelga.
– ¿Qué ocurre si una situación como ésa ocurre en una empresa estatal, como UTE o ANCAP, que brinda un servicio público esencial?
– Ése es otro tema; allí hay un servicio público cuya continuidad hay que preservar. De cualquier manera el camino indicado es el del Poder Judicial también en esos casos.
– ¿En qué otras cuestiones se notará esa nueva concepción que guía su gestión ministerial?
– En el tema carcelario. Por algo antes se jugó a una estrategia de endurecimiento represivo, de endurecimiento penal, que generó esta situación de verdadera crisis humanitaria. Por algo los gobiernos anteriores fueron acumulando presos sobre presos hasta tener esta explosión de 7.500 procesados y penados en un país que, si se aplicaran las tasas normales de penados y procesados, no podría tener más de 1.500, 2.000 reclusos. Tendremos una sensibilidad social distinta, con independencia de que también en el tema de las modalidades penales pondremos mucho más el acento en las penas alternativas, en la rehabilitación, que es un mandato constitucional que nadie ha cumplido. Esa sensibilidad humanista que viene caracterizando a nuestro ministerio es muy distinta a la que tuvieron las administraciones anteriores.
– ¿En qué consiste exactamente la ley de urgente consideración que se enviará al Parlamento como resultado de la declaración del «estado de emergencia humanitaria» en las cárceles?
– Hay varias cosas que están en proceso de definición en cuanto a sus alcances. Se trata de una ley que apunta a mejorar la seguridad ciudadana, porque resolviendo mejor los problemas penitenciarios estamos defendiendo mejor la seguridad pública. El proyecto no está totalmente terminado, pero tiene cuatro o cinco ejes. Por un lado está la creación, por primera vez en el país, de un patronato de atención a las víctimas del delito, pensando en los tremendos problemas y traumas que tiene, sobre todo, la gente pobre víctima del delito, las barriadas populares del país, que no tienen cómo superar material y psicológicamente esta situación. Por otro lado, y para estimular la rehabilitación del recluso, estamos pensando en una norma de redención de la pena por estudio y por trabajo, de manera de estimular a que estudie y trabaje, que pueda ser recuperado, rehabilitado, como manda la Constitución.
En tercer lugar están las medidas para aligerar las libertades, tanto las provisionales como las anticipadas. En el actual sistema, el funcionamiento del proceso penal hace que haya muchas personas que pueden estar en condiciones de tener la libertad y no la tienen; entonces habrá normas que faciliten estas excarcelaciones, naturalmente caso por caso, presentándose al juez de la causa para ver si están o no comprendidos en estas nuevas normas.
Después también tenemos un conjunto de artículos que derogan la fuerte penalización que ocurrió en la administración anterior, que es una de las causas del tremendo hacinamiento que hoy tienen nuestras cárceles. Son normas que se incluyeron en la ley de seguridad ciudadana, que por ejemplo hacen inexcarcelable la mera tentativa de una rapiña, el hurto agravado, etcétera. O sea, hay una serie de normas que han penalizado fuertemente determinadas formas delictivas generando una gran asimetría en el propio sistema penal uruguayo, que es duro con el pobre que comete delitos contra la propiedad, y es absolutamente blando, permisivo y olvidadizo cuando se comete un gran delito contra la sociedad y la economía, como es el caso de los saqueadores de los bancos que hoy están presos pero que tienen penas irrisorias. Obviamente tenemos que corregir esas asimetrías, no desde un punto de vista de derecho penal de carácter revolucionario, sino del propio derecho liberal. Esta ley de urgencia contendrá también una norma aprobando el tratado contra la tortura y todas las formas de apremio al ciudadano.