Las tareas en el Batallón n° 13 en busca de un cementerio clandestino serán una exhumación de los secretos guardados durante 30 años por el grupo de militares que monopolizó los crímenes de lesa humanidad. Cuando el equipo de científicos de la Universidad vaya lentamente descubriendo las fosas que alguna vez contuvieron restos de desaparecidos, […]
Las tareas en el Batallón n° 13 en busca de un cementerio clandestino serán una exhumación de los secretos guardados durante 30 años por el grupo de militares que monopolizó los crímenes de lesa humanidad.
Cuando el equipo de científicos de la Universidad vaya lentamente descubriendo las fosas que alguna vez contuvieron restos de desaparecidos, se estará confirmando, primero que nada, la existencia de ese -y no es el único- cementerio donde se ocultaron las pruebas del delito; al mismo tiempo, puesto que las tumbas fueron removidas, se confirmará que al comienzo de la primera presidencia de Julio María Sanguinetti los cadáveres fueron exhumados en lo que se llamó «Operación Zanahoria». Después, quizás, se rescaten evidencias, por más pequeñas que sean -fragmentos de huesos, dientes, cabellos, trozos de telas- que permitirán realizar estudios de ADN para determinar la identidad de quienes fueron allí enterrados. Con ello se avanzará otro poco en la reconstrucción del drama de cada uno de los desaparecidos, porciones de historia que serán iluminadas con la verdad.
Pero no será la historia completa, porque la información sobre el lugar donde fueron depositados los restos sigue siendo un misterio; la Comisión para la Paz recogió una versión según la cual los restos fueron arrojados al mar. Para darle crédito, habría que saber las coordenadas del lugar, el avión o barco que los transportó, los nombres de la tripulación, la fecha en que se realizó, y la identidad de quien ordenó el traslado. Mientras tanto será una simple versión brindada por los mismos que asesinaron a los desaparecidos, que siguen ocultándose al amparo de la caducidad, y a los que, desde las sombras, no se les puede dar crédito.
Los trabajos en el 13 de Infantería tendrán otra consecuencia determinante en la reconstrucción de la infamia del terrorismo de Estado: permitirán confrontar la hipótesis de que muchos de los uruguayos secuestrados en Argentina en realidad fueron trasladados a Uruguay, donde finalmente fueron sometidos a la «solución final». Hasta ahora se contabilizaban unos 150 uruguayos desaparecidos en la vecina orilla, más una treintena de prisioneros que desaparecieron en Uruguay, de los cuales la Comisión para la Paz define la gran mayoría como «aclarados». El estudio geoarqueológico del material aerofotogramétrico realizado por los técnicos de la Facultad de Ciencias identifica por lo menos una quincena de lugares, en un predio de 15 hectáreas en los fondos del Batallón 13, donde pudo haber enterramientos. De ahí la sospecha de que en ese lugar fueron enterrados prisioneros capturados en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay.
En los hechos hay más que una sospecha: María Claudia García de Gelman, la nuera del poeta argentino Juan Gelman, fue enterrada allí. Al respecto son coincidentes varios testimonios obtenidos por Gelman en la investigación personal que le permitió, a despecho de la tenaz interferencia de Sanguinetti, ubicar aquí en Montevideo a su nieta, y reconstruir, excepto en el último capítulo, la tragedia de María Claudia. Esta joven argentina no tenía ningún vínculo político con Uruguay. Fue detenida junto con su esposo Marcelo Gelman y secuestrada en Automotores Orletti, donde operaban los comandos uruguayos del Cóndor. A diferencia de su compañero, asesinado en Buenos Aires, María Claudia sobrevivió, pero sólo porque estaba embarazada de siete meses y algunos de los militares y policías uruguayos, el «Turco» Arab, el «Pajarito» Silveira, el «Conejo» Medina, resolvieron apropiarse del hijo que estaba por nacer, para regalarlo a un funcionario policial que, coincidentemente, fue nombrado jefe de Policía de un departamento por Sanguinetti en su segunda presidencia.
María Claudia fue trasladada a Uruguay, a fines de 1976 dio a luz a una niña y después desapareció. Un testimonio contundente sobre el lugar donde fue enterrada corresponde a un personaje insospechado: el ex presidente Jorge Batlle, quien además admitió saber que el asesino fue el capitán de coraceros Ricardo Medina. La noticia de que por lo menos dos mujeres -María Claudia y Elena Quinteros- habían sido enterradas en los fondos del 13 de Infantería se venía manejando desde que el general Alberto Ballestrino, ex jefe de Policía de la dictadura, confesó la existencia de la Operación Zanahoria. La exhumación de los cadáveres fue realizada en 1985, cuando comandaba la unidad el coronel Alfredo Lamy, alias «Mandinga», quien entre 1975 y 1976 revistó como segundo jefe del Batallón 13. Entre 1977 y 1982, Lamy ocupó distintas responsabilidades en el Servicio de Información de Defensa, y después ocupó la comandancia del 13, justo cuando los mandos creyeron oportuno sacar de allí las evidencias de los asesinatos.
Lamy fue una pieza clave de la Operación Zanahoria porque había estado en la unidad en la época de los enterramientos y podía, en 1985, dar indicaciones más o menos ciertas sobre la ubicación de las tumbas, además de supervisar las tareas en el cuartel que comandaba. Pero Lamy no conocía los lugares exactos, por lo que fue necesario recabar los datos de aquellos oficiales que directamente habían supervisado las excavaciones realizadas por simples soldados. Lamy murió en enero de 2002 y se llevó a la tumba los detalles de esa macabra historia, además de lo que conocía sobre las incursiones de uruguayos en Argentina. Pero poco antes de morir, Mandinga fue violentamente recriminado por su supuesta «desprolijidad» en la Operación Zanahoria. Algunos de sus colegas protagonizaron un serio incidente en los salones del Círculo Militar, una vez que la acción judicial de Gelman amenazaba con ventilar en los tribunales los detalles del asesinato de María Claudia.
El secuestro de la joven argentina para robarle el bebé, y el asesinato para ocultar el robo -e impedir un posterior reclamo-, difícilmente podían justificarse como un episodio de la lucha antisubversiva. La posibilidad de que algunos oficiales fueran citados a declarar (todavía no contaban con la complicidad de Batlle, que finalmente incorporó el caso en la ley de caducidad) llevó a reclamar detalles para comprobar que el cuerpo de María Claudia había sido eliminado definitivamente. La discusión en el club militar terminó a golpes e insultos cuando quedó en evidencia que los restos de María Claudia habían sido «olvidados» y no habían sido desenterrados cuando las exhumaciones a pala de las tumbas del Batallón 13.
Ese trascendido, que en los círculos allegados al ex presidente Batlle fue tomado como veraz, supone que el cadáver de María Claudia permanece en los fondos del cuartel del Camino de las Instrucciones. El relevamiento que se realizará con un georradar (instrumento que cuesta aproximadamente 40 mil dólares, y que sería, además, de gran utilidad para el Ministerio de Obras Públicas, pero que el gobierno todavía no se decide a comprar) inevitablemente detectará la tumba de María Claudia, que no aparece en las ampliaciones fotográficas, porque pasados tres o cuatro años de las excavaciones la tierra se uniformiza. Ese sería el éxito mayor de las tareas que comenzarán la semana entrante en el Batallón 13 porque sería la única posibilidad de encontrar los restos completos, que permitirían finalmente darle a Gelman y a su nieta la posibilidad de completar el duelo.
Pero ese sigue siendo el camino más largo. No hay que olvidar que existe un camino mucho más directo para rescatar los restos y completar la verdad: simplemente basta con que aquellos que asesinaron y enterraron digan exactamente qué fue lo que hicieron con sus víctimas. También esa posibilidad es, por ahora, una excepción latente en el caso María Claudia; el presidente Tabaré Vázquez ha declarado que la desaparición de María Claudia no está comprendida en la ley de caducidad. Nada impide entonces que el juez prosiga las actuaciones archivadas por orden de Batlle y cite a declarar a la docena larga de oficiales implicados en el secuestro, tortura, desaparición, robo de bebé y asesinato de la joven. En definitiva: la vía de la justicia para restaurar la verdad.