El estado de derecho en el capitalismo se encuentra crecientemente determinado por los intereses generales del poder político-económico, en el contexto de la especificidad histórica de la lucha de clases. A mayor conciencia y conflicto sociales, correlacionados con mayor grado de expoliación de la fuerza de trabajo, corresponde una agudización de la miseria y retroceso […]
El estado de derecho en el capitalismo se encuentra crecientemente determinado por los intereses generales del poder político-económico, en el contexto de la especificidad histórica de la lucha de clases. A mayor conciencia y conflicto sociales, correlacionados con mayor grado de expoliación de la fuerza de trabajo, corresponde una agudización de la miseria y retroceso en las condiciones de vida de la población, mayor deterioro del estado de derecho. La violación de éste proviene fundamentalmente de los de arriba; de quienes pueden manipular las leyes, tienen el control real del aparato judicial, orientan la actuación del «constituyente permanente» y detentan el monopolio de la violencia considerada legal.
En la actual etapa neoliberal destaca el quebranto en el cumplimiento de los marcos jurídicos vigentes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Las cartas constitucionales, expresión formal de una determinada correlación de fuerzas sociales, casi siempre producto de cruentos procesos revolucionarios o de eclosiones socio-políticas, han sido sistemáticamente modificadas en los últimos 20 años en función de los intereses corporativos trasnacionales y los de sus socios que en el interior de nuestros países trabajan diligentemente para reformar, o violentar las leyes si es necesario, para hacer prevalecer la ganancia privada y mantener un entorno estable para la explotación del trabajo por el capital.
Por exigencias de la Casa Blanca y sin que se haya cometido un solo acto terrorista en México, el Senado mexicano, con obsecuencia, tipificó el delito de «terrorismo internacional», sin que se incluyese en esta reforma al «terrorismo de Estado», que es el crimen internacional más recurrente en los últimos años, perpetrado cotidianamente por agentes de inteligencia, militares y mercenarios principalmente estadunidenses (terrorismo de Estado por contrato). Baste mencionar las actuales guerras de Afganistán, Irak, Palestina, las prisiones clandestinas en Europa, los campos de concentración en Guantánamo, Cuba, y en otros países, así como los asesinatos, atentados, secuestros extraterritoriales, detenciones y torturas efectuados por la Agencia Central de Inteligencia en Europa y otras partes del mundo.
En el nivel local, la justicia entró definitivamente en el mercado como una mercancía más, imperando la ley del más fuerte, del que tiene más recursos para pagar a jueces de consigna; o directamente del poder político que la utiliza para dotar de impunidad a torturadores y criminales (Echeverría, Nazar Haro, etcétera), para proteger a los delincuentes de su propio círculo (familias Sahagún-Fox-Bibriesca-Montiel-Salinas-Madrazo, Amigos de Fox, ejecutivos de Lotería Nacional, Vamos México, Fobaproa, etcétera), y por otra parte, aplicar mano dura para tener bajo control a la oposición política y al pueblo pobre a través de la militarización de la «seguridad pública», la contrainsurgencia y la represión abierta y selectiva.
En estos años se lleva a cabo una especie de privatización de los órganos ministeriales, a través de la cual un particular puede extorsionar legalmente a otro, privándolo de su libertad, con la ayuda de la Procuraduría General de la República, jueces a modo y con el aparato policial a disposición para obsequiar cateos, llevar a cabo detenciones arbitrarias y cumplimentar autos de formal prisión contra inocentes que son víctimas de esta nueva modalidad de «secuestro legal» (caso Fernando Valdés), «perdonables» a cambio del pago de una suma acordada, esto es, el rescate.
También es frecuente acusar de delitos fiscales a los opositores y convertir a Hacienda en una extensión del terrorismo económico para doblegar voluntades o realizar venganzas políticas.
La violación al estado de derecho tiene un efecto cascada y asume características corporativas y clientelares. Al ser las autoridades federales, estatales y municipales, la clase política y empresarial en general, los primeros en violar el estado de derecho, ciudadanos, grupos gremiales, sindicatos, asumen con frecuencia una práctica de violación de la ley: ocupan espacios públicos para provecho propio, incumplen las disposiciones administrativas elementales para la convivencia citadina y rural, roban las cuotas sindicales, corrompen y son corrompidos. El cinismo, la prepotencia y la supremacía de los intereses privados por sobre los colectivos ocupan el lugar de la responsabilidad civil y el empoderamiento colectivo; se construye una cultura popular de la corrupción en la que la honestidad es sinónimo de estupidez.
La PGR y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular, se han envilecido hasta la ignominia, por su actuación facciosa, carencia de profesionalismo, ausencia total de autonomía con respecto al poder económico y político. ¿Qué credibilidad puede tener una Corte que se otorga emolumentos, prestaciones y abiertas prebendas no sólo exorbitantes, sino además vitalicias? ¿¡Que falla siempre en contra del interés público, como el caso de la cooperativa Pascual, o es omisa en cuestiones de trascendencia histórica como las controversias constitucionales contra la reforma en materia de derechos indígenas!?
Desaparecido el delito de disolución social, ahora el poder encarcela a luchadores sociales acusándolos de «ataques a las vías de comunicación», «secuestro» o delitos comunes fabricados, con confesiones arrancadas con torturas, mientras el crimen organizado penetra con mayor profundidad y extensión las estructuras judiciales, políticas, militares y de seguridad pública. ¿Estado de derecho o darwinismo social?
A Fernando Valdés, injustamente preso en el Reclusorio Norte