México es integrante del Comité para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¡Qué bueno! Habría que regocijarse por ello si en los mismos días en que fue elegido no se hubieran producido las violaciones brutales a los derechos humanos que perpetraron las fuerzas represivas en San Salvador Atenco, poco después de […]
México es integrante del Comité para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¡Qué bueno! Habría que regocijarse por ello si en los mismos días en que fue elegido no se hubieran producido las violaciones brutales a los derechos humanos que perpetraron las fuerzas represivas en San Salvador Atenco, poco después de la masacre de trabajadores en Sicartsa y simultáneamente con el asesinato de un líder campesino oaxaqueño, y con la provocación del gobierno guerrerense que declara su intención de construir la represa de La Parota a como dé lugar, lo cual implica reprimir ferozmente la resistencia de los comuneros, ejidatarios y pobladores de la zona. El gobierno mexicano como garante a escala mundial de los derechos humanos, es como si a Kamel Nacif lo nombraran director de un colegio de huerfanitas.
Los hechos en San Salvador Atenco son elocuentes. Un solo ejemplo: dirijo la tesis de maestría en Desarrollo Rural del licenciado en derecho Damián Camacho Guzmán, cuyo tema de tesis es precisamente: Atenco y la construcción de una identidad colectiva. Dicho estudiante es becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y tiene excelentes calificaciones. El día de los trágicos acontecimientos en esa población, le prestaba asesoría a Damián en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, en el Distrito Federal y no sabíamos lo que estaba aconteciendo. En su carácter de observador de los derechos humanos y de abogado, Damián fue al pueblo en cuestión al día siguiente y no entró, sino que se quedó en un hotel de los alrededores dando información a periodistas, algunos de los cuales son testigos del hecho. Allí fue aprehendido con violencia, golpeado y detenido ilegalmente. Fue despojado de su carnet de estudiante de la UAM, de su cédula profesional de abogado, de su dinero y arrojado a la fuerza en una camioneta policial sobre personas inertes y sangrantes, a las que aplastó involuntariamente por horas, mientras sobre él apaleaban a otros presos. Después fue encarcelado en el penal de Almoloyita, durante su calvario no fue notificado de los cargos ni se le permitió ver a un abogado ni a su familia, que mientras tanto recibía amenazas por teléfono. Allí fue rapado a la fuerza y por último fue colocado -vencido ampliamente el plazo legal para formular acusaciones- en la lista de los excarcelables bajo caución, porque «sólo» están acusados de atentados a las vías generales de comunicación, delito que Damián obviamente no pudo cometer, ya que llegó al lugar un día después de los hechos y fue detenido en la puerta de un hotel situado en la periferia del pueblo mientras discutía con periodistas.
De modo que la primera y terrible violación fue a la Constitución y a las leyes y derechos de los ciudadanos, pues las fuerzas llamadas «del orden» detuvieron y apalearon a decenas de personas inocentes, catearon las casas de los habitantes del pueblo sin orden judicial alguna, saquearon y robaron las pertenencias de los ilegalmente presos (hay fotos de destrozos y de policías robando en negocios). Como violación dentro de esa violación, están los abusos sexuales y los estupros cometidos contra las detenidas, convertidas en rehenes y víctimas de las bestias; abusos y violaciones sufridas por las extranjeras, expulsadas también ilegalmente, y denunciados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un intento infame de dividir a sus víctimas pretenden ahora que las violadas sufran un segundo calvario procesando a sus verdugos. Las autoridades dividen a los presos en diversas categorías: unos pocos fueron dejados en libertad sin explicación ni indemnización alguna; otro sector numeroso está con la espada de Damocles sobre la cabeza, porque están acusados de un delito vago, y no probado, y en libertad bajo caución, imponiendo a esos presos la nueva ilegalidad de tener que pagar por un delito que no cometieron, no está tipificado ni demostrado en cada caso. Un puñado, los dirigentes de los campesinos de Atenco, culpables de haber impedido que la oligarquía en el poder se embolsase 4 mil millones de dólares construyendo sobre las tierras ejidales un nuevo aeropuerto, están ahora en Almoloya, con pesadas acusaciones igualmente falsas. Esta maniobra de división no va a impedir que quienes aman la democracia mantengan su protesta organizada hasta que salga el último preso de una represión que, como la de Lázaro Cárdenas, es parte de la campaña del miedo, de la estrategia de la tensión, de una maniobra electoral con métodos fascistas, tendiente a alejar a los timoratos de las urnas y hacer creer a los ciudadanos que el candidato de la oposición cubre la violencia (cuando la violencia viene del poder y, cuando mucho, aprovecha el pretexto de gestos bárbaros y desesperados de algunas de sus víctimas). Junto con las autoridades de la UAM, unidad Xochimilco, que pusieron los abogados de la institución al servicio de la defensa de Damián Camacho Guzmán, junto con el sindicato de esa institución (SITUAM) y con mis colegas del posgrado integrado en Desarrollo Rural, que tiene nivel de excelencia en Conacyt, exijo se haga justicia en el caso de Damián y de todos los que junto a él fueron víctimas de violencia extrema y humillaciones. En particular, reitero que la civilización de un país se mide por el trato que en él reciben sus mujeres, y considero un insulto a toda la Humanidad, el racismo y el machismo, que a cada rato salen a luz, en Ciudad Juárez, en el caso de Lydia Cacho o en los insultos contra Elena Poniatowska, y últimamente, con extrema barbarie, en las violaciones sufridas por las detenidas en San Salvador Atenco.